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INTERNACIONAL

Incluso tras un alto el fuego duramente conseguido, la violencia continúa en Gaza

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JERUSALÉN — El alto el fuego en la Franja de Gaza lleva más de dos meses vigente.

Pero la matanza de palestinos aún no se ha detenido por más de uno o dos días seguidos.

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La muerte puede venir de cruzar la Línea Amarilla, la frontera mal demarcada entre el este de Gaza, donde el ejército israelí se ha atrincherado, y la mitad occidental, donde Hamás intenta restablecer el control sobre los más de 2 millones de residentes de Gaza.

Decenas de veces desde que entró en vigor la tregua el 10 de octubre, los palestinos han sido asesinados por cruzar hacia el este, consciente o inconscientemente.

Sufyan Abu Dalal contempla la casa destruida de sus familiares. Foto Saher Alghorra para The New York Times,

Los palestinos afirman que el continuo derramamiento de sangre demuestra que Israel no respeta el alto el fuego y, en el mejor de los casos, se muestra indiferente ante la vida de los civiles en Gaza.

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El ejército israelí afirma que solo ha abierto fuego en respuesta a violaciones del alto el fuego y que sus reglas de combate solo permiten atacar a quienes percibe como amenazas.

La muerte puede provenir de un parentesco inapropiado, como le ocurrió a gran parte de la familia Abu Dalal en Nuseirat.

Cuando Israel atacó a dos primos el 29 de octubre —según dijo, ambos eran comandantes militantes locales—, ataques con misiles durante la noche destruyeron sus hogares.

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Uno de los hombres murió, al igual que otros 18 miembros de su extensa familia, incluidos dos niños de 3 años.

Los familiares se despiden de Mira Al-Bayoumi, de 4 años, y de su prima Hala Al-Afifi, de 13, en la morgue del Complejo Médico Nasser, en Jan Yunis, Gaza.  Foto Saher Alghorra para The New York Times,Los familiares se despiden de Mira Al-Bayoumi, de 4 años, y de su prima Hala Al-Afifi, de 13, en la morgue del Complejo Médico Nasser, en Jan Yunis, Gaza. Foto Saher Alghorra para The New York Times,

Para Maysaa al-Attar, estudiante de farmacia de 30 años, la muerte llegó por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Recibió un disparo en el abdomen mientras dormía en la tienda de campaña de sus padres en el noroeste de Gaza la mañana del 14 de noviembre.

Tres semanas antes, habían montado la tienda sobre las ruinas de la casa familiar.

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Ali al-Hashash, de 32 años, falleció alrededor de las 8 de la mañana del 6 de noviembre mientras buscaba leña al este de la Línea Amarilla para alimentar a su esposa embarazada, que daría a luz en pocos días, y a su hijo de 4 años.

Según su padre, Hasan al-Hashash, no había gas para cocinar en el campo de refugiados de Bureij donde vivían.

Riesgos

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Es un riesgo que corren muchos en Gaza con la llegada del frío.

El 18 de diciembre, Saeed al-Awawda, un amigo de al-Hashash de 66 años, recibió un disparo mientras recogía leña en la misma zona, según contó al-Hashash.

«Sigo pensando: ‘Ojalá mi hijo solo hubiera perdido la mano, no la vida’».

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El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar israelí, afirmó que los procedimientos del ejército estaban diseñados para evitar bajas civiles.

Cuando palestinos que no están claramente armados cruzan al lado israelí de la Línea Amarilla, explicó, los soldados tienen órdenes de advertirles que se den la vuelta y, como último recurso, detenerlos disparándoles a la parte inferior de las piernas.

Los palestinos que han perdido sus hogares viven entre escombros y carecen de lo necesario.Los palestinos que han perdido sus hogares viven entre escombros y carecen de lo necesario.

Dijo que militantes de Hamas vestidos de civil, a veces con armas ocultas, estaban explorando la Línea Amarilla, lo que hacía que casi cualquiera que se acercara a posiciones israelíes pareciera una amenaza potencial.

“En la mayoría de los casos, las violaciones son cometidas por Hamás”, dijo Shoshani.

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“Y en la mayoría de los casos donde no es Hamás, podemos advertir a la gente y se retractan”.

El ejército israelí no pudo abordar la muerte de al-Attar, de la que dijo no tener conocimiento.

Las autoridades palestinas afirman que 406 personas han muerto desde el alto el fuego, incluidos 157 niños.

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Esto no se compara con la masacre de los dos años de guerra anteriores, que comenzó con el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1200 personas, y que desencadenó una invasión israelí de Gaza en la que, según las autoridades sanitarias locales, han muerto 70 000 personas, un promedio de cientos cada semana.

Pero el creciente número de muertos pone de relieve la fragilidad de la tregua, con una frontera difícil de delimitar, enemigos acérrimos en las proximidades y militantes palestinos que a veces emergen de túneles del lado controlado por Israel y abren fuego contra los soldados israelíes.

El desequilibrio en el número de muertos en ambos bandos refleja también la continuación, a pesar del cese del fuego, de las duras prácticas militares israelíes en tiempos de guerra, de contraatacar con fuerza y ​​permitir ataques contra militantes incluso cuando corren el riesgo de matar a un gran número de civiles.

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Una salida familiar sin retorno

El 17 de octubre, una semana después del alto el fuego, una docena de miembros de las familias Shaban y Abu Shaban se apiñaron en una furgoneta en la ciudad de Gaza para salir de excursión.

Confiando en la relativa seguridad de la tregua, salieron del hacinado campamento de tiendas donde vivían para visitar sus dos casas en Zeitoun, un barrio prácticamente destruido al sureste.

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Una de ellas estaba peligrosamente cerca de la Línea Amarilla, aún sin señalizar.

Othman Shaban, de 14 años, los acompañó. Dijo que la familia llegó a una de sus dos casas para ver qué quedaba.

«Mi padre dijo: ‘Vamos a revisar la otra casa’. Estábamos disfrutando del momento al marcharnos».

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Dijo que él y su padre, que estaba al volante, habían recogido leña en la zona a pie varias veces recientemente, por lo que creían que era seguro.

Othman dijo que su camioneta se topó con escombros que bloqueaban el camino.

«Salí del auto y quité las piedras del camino», dijo.

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Mientras su padre avanzaba con la camioneta para recogerlo, dijo:

«De repente oí una explosión».

Un familiar que se quedó, Mohammed Abu Shaban, dijo que creía que el padre de Othman podría haber conducido sin darse cuenta hacia la Línea Amarilla.

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Posteriormente, el ejército israelí la marcó con bloques de hormigón pintados de amarillo.

“Gaza está tan devastada que es fácil perderse”, dijo Abu Shaban.

Othman sufrió heridas en el cuello y las piernas.

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Todos los que iban en la furgoneta murieron:

sus padres, tres de sus hermanos —una hermana, Nisma, de 16 años, y sus hermanos Anas, de 12, y Karam, de 10—, la hermana de Abu Shaban, su esposo, su hija Jumana, de 9 años, y sus hijos Naser, de 12, Ibrahim, de 6, y Muhammad, de 4.

El ejército israelí dijo en un comunicado que sus fuerzas habían disparado tiros de advertencia contra “un vehículo sospechoso” que había cruzado la línea no marcada, pero que el vehículo continuó hacia ellos “de una manera que les causó una amenaza inminente” y que las “tropas abrieron fuego para eliminar la amenaza”.

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Shoshani agregó que la distancia desde la Línea Amarilla hasta el territorio israelí era de sólo “dos minutos en auto” en muchos lugares.

Pero Othman dijo que no hubo disparos de advertencia, sólo la explosión que mató a su familia.

La descripción de Othman sobre el lugar del ataque —en la calle Saladino, una importante arteria de Gaza, a cientos de metros al oeste de la Línea Amarilla— también contradice la del ejército israelí.

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Según su versión, la furgoneta no estaba tan cerca del territorio ocupado por Israel como para que se percibiera que amenazaba con cruzarlo.

El ejército dice que no hubo ningún ataque en el lugar que describió Othman.

Los rescatistas de Defensa Civil esperaron casi un día para recibir el permiso israelí para recoger los cuerpos del vehículo incendiado, dijo Abu Shaban.

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Encontraron solo nueve, o «ocho y medio», dijo, para ser morbosamente preciso.

Dos blancos, 18 muertos

A pesar de la tregua, militantes en Gaza han abierto fuego esporádicamente contra soldados israelíes.

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En cada ocasión, Israel ha respondido con una fuerza abrumadora contra amplios grupos de objetivos alejados de los lugares de ataque.

El 28 de octubre, un francotirador mató a un soldado israelí en Rafah: el tercer soldado israelí muerto desde el alto el fuego y, hasta la fecha, el último de la guerra.

Esa noche, Israel respondió atacando, matando al menos a 100 personas en Gaza.

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Era medianoche en Nuseirat, a unas 16 millas al norte de Rafah, cuando los misiles alcanzaron la primera de las dos casas pertenecientes a la extensa familia Abu Dalal.

Al día siguiente, el ejército israelí afirmó haber atacado a 25 terroristas en Gaza, entre ellos Yahya Abu Dalal y Nazmi Abu Dalal, quienes, según dijo, eran comandantes del grupo militante Jihad Islámica.

Los militares no dijeron nada sobre víctimas civiles.

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Amr Al-Sabakhi, de 20 años, se encontraba en su casa al otro lado de la calle cuando, según dijo, dos misiles impactaron en la casa de su tía Hala, esposa de Yahya Abu Dalal, de 50 años.

Salió corriendo para intentar ayudar y encontró a su primo Bayan, de 15 años, muerto, con el cuerpo partido en dos. Yahya y Hala estaban muertos.

Los tres hermanos de Bayan también estaban muertos, entre ellos Mostafa, de 11 años, al igual que otros miembros de la familia, incluyendo gemelos de 3 años.

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Otro vecino, Muhammad Qasem, de 41 años, dijo que su madre sufrió una profunda herida en el cuero cabelludo a causa de la explosión.

«Siempre temí que esa casa fuera alcanzada», dijo sobre la casa de Abu Dalal, insinuando la posibilidad de que Yahya Abu Dalal fuera un objetivo israelí.

Pero, añadió, «pensé que al menos habría una advertencia previa, para que los vecinos no sufrieran daños». No hubo ninguna, dijo.

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Shoshani afirmó que los ataques aéreos planeados pasaron por un riguroso proceso de aprobación.

Si bien Israel advierte a los civiles antes de atacar edificios u otras infraestructuras, no lo hace cuando busca eliminar objetivos enemigos específicos, por temor a que escapen, y «no hay ejército en el mundo que lo haga», afirmó.

No dijo si Israel desconocía la presencia de tantos civiles o si decidió que los objetivos justificaban el riesgo de que pudieran morir tantos civiles.

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Otros miembros del clan Abu Dalal acudieron corriendo para intentar ayudar después del ataque aéreo, incluido Nizar Abu Dalal, de 48 años, que vivía a la vuelta de la esquina.

Regresó a casa un par de horas después, según su esposa, Iman Abu Dalal.

Su hija, Dareen, de 23 años, dijo que ella y su madre hablaron sobre la posibilidad de irse, pero decidieron que no tenían ningún lugar más seguro donde ir.

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Poco después de las 3:30 am, Iman Abu Dalal dijo:

“Escuché el silbido de un misil”, luego sintió que era arrojada y rodaba violentamente, antes de desmayarse.

Dareen, dos de sus hermanos y su hija pequeña, Shatha, sobrevivieron al ataque.

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Su padre, Nizar, murió, al igual que su hermano de 24 años, Majd, quien iba a casarse en noviembre.

Sin embargo, su cuerpo fue encontrado días después del ataque, aplastado entre losas de hormigón.

El ejército israelí defendió los ataques a las casas, diciendo que los dos objetivos, Yahya y Nazmi Abu Dalal, «habían estado involucrados durante años en la dirección y liderazgo de actividades terroristas» contra Israel.

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Arriba de la casa de Nizar, donde vivía Nazmi, su hermano, la carnicería era mucho peor.

Nazmi, el objetivo del segundo ataque aéreo, resultó herido, pero sobrevivió. Ningún miembro de su familia inmediata sobrevivió.

Su esposa fue asesinada, al igual que sus siete hijos, cuyas edades iban desde Baraa, de 21 años, hasta Zeinab, de 8 años.

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Baraa se había pintado las uñas esa tarde, dijo su prima Dareen.

Cuando unas semanas más tarde se publicaron los resultados del Tawjihi, el examen de elegibilidad para la universidad para estudiantes palestinos de último año de secundaria, una hija, Duha, de 18 años, había obtenido una puntuación del 96,7%.

c.2025 The New York Times Company

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INTERNACIONAL

Perforan para examinar el hielo derretido de la Antártida desde abajo

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Para observar el futuro de uno de los glaciares más grandes y de más rápido retroceso de la Antártida, los científicos comenzaron el miércoles a perforar un profundo agujero en su núcleo helado.

Un equipo de investigadores británicos y surcoreanos se prepara para utilizar el agujero para estudiar las corrientes oceánicas cálidas que están derritiendo el glaciar Thwaites desde abajo.

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Los científicos temen que, a medida que el hielo flotante de Thwaites se erosiona y debilita, el resto del glaciar pueda comenzar a deslizarse rápidamente de la tierra al océano, lo que contribuiría al aumento global del nivel del mar.

Pero el extremo flotante de Thwaites es demasiado grande para que los robots oceánicos exploren las profundidades de las aguas subterráneas.

Por lo tanto, la mejor manera para que los investigadores recopilen datos en esas aguas es perforar un estrecho agujero con agua caliente en el hielo de 800 metros de espesor e instalar instrumentos en el fondo.

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«Simplemente tenemos curiosidad por ver más de lo que hay debajo de nuestros pies», dijo Keith Makinson, oceanógrafo e ingeniero de perforaciones del British Antarctic Survey.

El agua caliente tocó el hielo por primera vez el miércoles por la noche, tras una cena de espaguetis salteados con maní y atún.

(Tras acampar durante más de una semana en Thwaites para instalar el equipo de perforación, «la variedad de alimentos está disminuyendo», dijo Peter Davis, otro oceanógrafo del equipo).

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Varios miembros del equipo de 10 personas trabajaron durante la noche para operar el sistema de perforación, que incluye una batería de mangueras, cabrestantes, bombas, calentadores, tanques de agua y generadores a nafta, todo ello instalado en una vasta extensión nevada en el tronco principal de Thwaites.

El sistema calienta el agua a 80 grados Celsius (176 grados Fahrenheit) y la bombea a través de una manguera perforadora con una boquilla rociadora en el extremo.

La manguera puede perforar un metro (más de 90 cm) de hielo por minuto cerca de la superficie, aunque la velocidad disminuye en las profundidades del glaciar porque el agua caliente se enfría al descender por la manguera.

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Los investigadores primero perforaron dos pozos no muy alejados entre sí, cada uno de unos 114 metros de profundidad.

Luego, conectaron los pozos en el fondo con una cavidad bulbosa para almacenar agua para el sistema de perforación.

A medida que la manguera continuaba perforando uno de los pozos, el agua de deshielo resultante se acumulaba en la cavidad.

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Desde allí, se bombeaba a la superficie a través del segundo pozo, se calentaba y se reutilizaba para la manguera de perforación.

Won Sang Lee, científico jefe de la expedición de investigación al glaciar Thwaites en la Antártida, 29 de enero de 2026.  (Chang W. Lee/The New York Times)

Tras excavar la cavidad el jueves, los investigadores no estaban seguros de que el sistema de reciclaje de agua estuviera correctamente conectado en su interior.

Así que bajaron una cámara para examinarla.

Una vez que volvieron a levantar la cámara, los miembros del equipo se reunieron alrededor de una computadora portátil para examinar las imágenes del interior del pozo, una experiencia que Won Sang Lee, el científico jefe de la expedición, comparó con ver una endoscopia.

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Al principio, el agujero de treinta centímetros de ancho parecía un agujero, con paredes blancas que habían quedado relucientes y marcadas por el rápido derretimiento.

Luego, a unos 15 metros bajo la superficie, enormes trozos de hielo parecían faltar en los lados.

Eran grietas enormes que parecían retorcerse y extenderse profundamente en el glaciar, como cuevas de yetis.

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Más adelante, estas grietas podrían resultar peligrosas para los instrumentos de los científicos, que podrían engancharse o quedar atrapados al ser bajados al agujero.

Pero el hecho de que el hielo se agrietara no fue una gran sorpresa:

debido a que esta parte de Thwaites se mueve tan rápidamente, estirándose y partiéndose en pedazos en el proceso, el equipo de investigación quiere saber qué sucede en el agua subyacente.

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«Me sorprendería si al perforar no encontráramos ninguna grieta», dijo Makinson.

El jueves por la tarde, los científicos confirmaron que el sistema de reciclaje de agua estaba funcionando y comenzaron el proceso, que duró todo el día, de profundizar el pozo principal, hacia un reino acuático sobre el cual todavía se desconoce mucho.

c.2026 The New York Times Company

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Son of Norway’s crown princess to face rape charges as new Epstein files mention her hundreds of times

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Norway’s royal family is facing an unusually turbulent moment as the son of Crown Princess Mette-Marit prepares to stand trial this week on multiple criminal charges, including rape, just as newly released Jeffrey Epstein documents have revived scrutiny of the princess’s past contact with him.

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The defendant, Marius Borg Høiby, is scheduled to appear in Oslo district court on Tuesday following an indictment handed down last summer after a lengthy investigation. Høiby is not part of the royal household and does not hold any official role.

Authorities arrested Høiby several times in 2024 as allegations mounted, though he was not held in custody while prosecutors built their case.

Prosecutors accuse Høiby of committing multiple sexual assaults over a period of several years and engaging in violent and threatening behavior toward former partners. The alleged incidents span from 2018 through late 2024 and include accusations of violating a restraining order.

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NEW GHISLAINE MAXWELL MUGSHOT INCLUDED IN DOJ’S LATEST EPSTEIN FILES RELEASE

Norway’s Marius Borg Hoiby and Crown Princess Mette-Marit in Oslo, June 16, 2022. (Lise Aserud/NTB via AP)

If convicted, the 29-year-old could face a prison sentence of up to 10 years. Court proceedings are expected to continue into mid-March.

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Following the indictment, defense attorney Petar Sekulic said his client denies all allegations of sexual abuse and disputes most of the charges related to violence.

Crown Princess Mette-Marit

Crown Princess Mette-Marit of Norway visits The International Library Of Fashion at Stasjonsmesterbygningen on Jan. 24, 2025 in Oslo. (Rune Hellestad/Corbis/Getty Images)

The case has proven embarrassing for a monarchy that typically enjoys strong public support in Norway, drawing sustained media attention both at home and abroad.

That attention intensified further last week with the release of a new trove of records connected to Epstein. The documents include hundreds of references to Crown Princess Mette-Marit, who has previously acknowledged and regretted her contact with Epstein.

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Crown Prince Hakon Magnus and Crown Princess Mette-Marit

Crown Prince Hakon Magnus and Crown Princess Mette-Marit attend the Save the Children Peace Prize Party at the Nobel Peace Center on Dec. 10, 2024 in Oslo, Norway. (Per Ole Hagen/Getty Images)

The records, which include email correspondence, indicate that Mette-Marit stayed for several days in early 2013 at a Palm Beach, Florida, property owned by Epstein — a visit the royal household has said was arranged through a mutual friend, according to Norwegian broadcaster NRK.

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In comments to The Associated Press, Mette-Marit said she failed to adequately examine Epstein’s background at the time and expressed regret over the association, calling it an embarrassing lapse in judgment. She also said she sympathizes deeply with the victims of Epstein’s abuse.

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The Associated Press contributed to this report.



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Monopolio, privilegios y falta de competencia: las razones detrás del fallo contra Panama Ports

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Vista aérea del puerto de Balboa, una de las terminales operadas por Panama Ports Company, cuya concesión fue anulada por considerar que generaba ventajas estructurales y limitaba la libre competencia. REUTERS/Aris Martinez

Más allá del impacto político y económico que provocó la decisión, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el marco legal de la concesión otorgada a Panama Ports Company, S.A. (PPC) se sostiene sobre un razonamiento jurídico que va mucho más allá de aspectos formales o administrativos.

El fallo examina el diseño mismo del contrato, sus adendas y su régimen de prórroga, y concluye que, en su conjunto, crearon un esquema incompatible con varios principios constitucionales.

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Uno de los primeros elementos analizados por el tribunal fue el alcance real de los derechos concedidos a la empresa. La Corte estudió si el contrato, aprobado mediante la Ley 5 de 1997, se limitaba a permitir la operación de dos terminales específicas o si, en la práctica, otorgaba a PPC una posición privilegiada sobre áreas portuarias presentes y futuras.

En este punto, el tribunal concluyó que ciertas cláusulas vinculadas a expansiones, áreas adyacentes y derechos preferentes configuraban un control extendido que iba más allá de una concesión ordinaria.

Este análisis llevó a la Corte a vincular el contrato con el principio constitucional de libre competencia. El fallo advierte que, al establecer ventajas estructurales a favor de un solo operador, el régimen aprobado por ley podía generar barreras de entrada para otros potenciales concesionarios.

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Desde esta perspectiva, no se trataba únicamente de un contrato entre el Estado y una empresa, sino de un esquema legal que condicionaba el mercado portuario a largo plazo.

El fallo concluyó que la
El fallo concluyó que la acumulación de privilegios, beneficios y debilidades de control terminó afectando el interés público en una infraestructura estratégica. (Foto: Shutterstock)

Otro eje central del razonamiento fue la forma en que se otorgó y prorrogó la concesión. El tribunal examinó si el Estado había garantizado procesos abiertos, transparentes y competitivos, acordes con el interés público.

En su evaluación, la Corte cuestionó que la prórroga se produjera sin un procedimiento equivalente a una nueva licitación, sin una comparación objetiva de ofertas y sin una revisión integral del desempeño del concesionario.

Para los magistrados, este mecanismo debilitaba el control estatal sobre un servicio estratégico. Al no existir una instancia real de evaluación y competencia, el Estado reducía su margen para renegociar condiciones, exigir mejoras o reconsiderar el modelo de explotación portuaria conforme a nuevas realidades económicas y logísticas.

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El tema fiscal también ocupó un lugar relevante en el fallo. La Corte analizó el alcance de las exoneraciones y beneficios otorgados a PPC y a empresas vinculadas.

En este punto, el tribunal recordó que la potestad tributaria forma parte esencial de la soberanía estatal y que las excepciones deben estar debidamente justificadas, delimitadas y sustentadas en el interés general.

Las cláusulas de prórroga automática
Las cláusulas de prórroga automática fueron uno de los puntos cuestionados, al permitir la continuidad del operador sin una nueva licitación ni evaluación integral. REUTERS

Según la sentencia, el régimen concedido presentaba un grado de amplitud que podía afectar la capacidad recaudatoria del Estado sin una justificación técnica suficientemente demostrada.

Este aspecto fue interpretado como una alteración indebida del equilibrio entre incentivos a la inversión y protección del erario.

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Otro componente considerado fue el ambiental. La Corte revisó si el desarrollo y expansión de las actividades portuarias estaban respaldados por instrumentos adecuados de evaluación de impacto, monitoreo y mitigación.

El fallo señala deficiencias en este ámbito y subraya que la protección ambiental no puede ser tratada como un aspecto secundario en proyectos de infraestructura de gran escala.

En el análisis judicial, la ausencia de evaluaciones integrales y actualizadas se relaciona directamente con el deber constitucional del Estado de garantizar un ambiente sano y de prevenir daños irreversibles, especialmente en zonas costeras estratégicas.

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Un elemento transversal en toda la sentencia es la noción de soberanía y dominio sobre bienes de uso público. La Corte examinó si el contrato y sus adendas preservaban la capacidad del Estado para administrar libremente sus puertos o si, por el contrario, generaban una dependencia estructural frente al concesionario.

El tribunal concluyó que ciertas disposiciones limitaban de forma excesiva la potestad estatal para decidir sobre su propia infraestructura.

El fallo también puso bajo
El fallo también puso bajo la lupa las exoneraciones fiscales otorgadas a Panama Ports, al considerar que podían afectar la capacidad recaudatoria del Estado. REUTERS

Desde esta óptica, el fallo no cuestiona la figura de la concesión en sí misma, sino la forma en que fue diseñada. La Corte reconoce que el Estado puede delegar la operación de servicios, pero subraya que dicha delegación no puede traducirse en una renuncia práctica al control estratégico.

En cuanto a los argumentos de la defensa, PPC sostuvo que el contrato había sido aprobado por ley, refrendado por las autoridades competentes y sometido al control del órgano legislativo.

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También alegó que el análisis pretendido implicaba revisar la conveniencia económica del negocio, lo cual, a su juicio, excedía las funciones del control constitucional.

La Corte respondió señalando que su competencia no se limitaba a verificar el cumplimiento formal de trámites, sino a evaluar si el contenido normativo era compatible con la Constitución.

En este sentido, el tribunal dejó claro que la existencia de refrendos, debates legislativos o controles administrativos no convalida un régimen que vulnera principios materiales.

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El concepto del Procurador General de la Nación, Luis Manuel Gómez Rudy, influyó de manera relevante en el razonamiento final. En su vista fiscal, el Ministerio Público coincidió en que el contrato y su prórroga planteaban problemas en materia de competencia, privilegios, fiscalidad y control estatal.

La naviera Maersk ha manifestado
La naviera Maersk ha manifestado su disposición a asumir de forma temporal la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal mientras se define el nuevo esquema concesionario. REUTERS

Aunque la Corte no adoptó de manera automática todos sus argumentos, sí incorporó varios de sus planteamientos en el análisis.

Finalmente, el fallo concluye que la inconstitucionalidad no deriva de un solo vicio aislado, sino de la acumulación de factores: privilegios excesivos, ausencia de competencia efectiva, debilidad en los mecanismos de control, impacto fiscal, deficiencias ambientales y limitaciones a la soberanía. En conjunto, estos elementos configuraron un modelo incompatible con el orden constitucional.

Desde esta perspectiva, la decisión no se fundamenta en la falta de un refrendo específico ni en un error administrativo puntual, sino en una revisión estructural del régimen concesionario.

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La sentencia establece así un precedente relevante para futuras concesiones en sectores estratégicos, al fijar límites claros sobre el alcance de los derechos que pueden otorgarse, la necesidad de competencia real y la obligación permanente de preservar el interés público.

El embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, no dudó en opinar sobre el fallo de la CSS. El diplomático presentó el fallo como una señal de que en Panamá opera un sistema judicial independiente que puede corregir decisiones contractuales cuando, a su juicio, chocan con exigencias de transparencia y con el interés público.

Su mensaje apunta a un efecto reputacional: la idea de que el país refuerza el Estado de derecho al exigir rendición de cuentas a operadores privados en infraestructura crítica.

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El embajador de Estados Unidos,
El embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, afirmó que la decisión fortalece el Estado de derecho y mejora la confianza de los inversionistas en el marco legal panameño. EFE/Bienvenido Velasco

En la misma línea, el embajador conectó la decisión con dos conceptos que suelen interesar a Washington y a los mercados: seguridad nacional y clima de inversión. Su argumento es que una justicia predecible y aplicada de forma imparcial mejora la confianza, porque transmite que los contratos válidos se respetan y los que no lo son se corrigen, lo que —según su lectura— elevaría el atractivo de Panamá para inversión de calidad y de largo plazo.

Por su parte, el contralor Anel Flores enmarcó el resultado como la culminación de una acción institucional de la Contraloría General de la República de Panamá para preservar los bienes y el patrimonio de los panameños.

Al acudir a notificarse oficialmente del fallo, buscó reforzar la idea de que la Contraloría actuó dentro de su mandato legal y que el proceso respetó el derecho de defensa de las partes, aun cuando el desenlace sea adverso para el concesionario.

El contralor general, Anel Flores,
El contralor general, Anel Flores, acudió a la Corte para notificarse del fallo y reiteró el compromiso de proteger los bienes y el patrimonio del Estado. Cortesía

El contralor además elevó el tono político del mensaje: calificó la decisión como un antes y un después para la relación portuaria del país y sostuvo que, tras el fallo, la responsabilidad sobre los puertos retorna al ámbito del interés colectivo.

El contralor Anel Flores acudió a la Secretaría General de la Corte para notificarse oficialmente del fallo. Como antecedente del caso, la Contraloría General de la República de Panamá había realizado una auditoría sobre la concesión, en la que planteó la existencia de una posible lesión patrimonial al Estado, y a partir de esa actuación institucional presentó demandas de inconstitucionalidad con el argumento de proteger los bienes y el patrimonio públicos.

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