INTERNACIONAL
Indra y la CAF sellan un acuerdo para acelerar la transformación digital en América Latina
En un momento en el que la transformación digital define la competitividad, la calidad de los servicios públicos y la vida cotidiana, América Latina y el Caribe enfrentan un reto estructural: acelerar la modernización tecnológica sin que los proyectos se frenen por falta de financiamiento, brechas de conectividad o trámites interminables.
En ese contexto, Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un acuerdo que busca articular capacidades tecnológicas con financiamiento para impulsar proyectos de alto impacto en la región.
La alianza, firmada en Ciudad de Panamá durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de la CAF, crea un marco para identificar, estructurar y priorizar proyectos de digitalización de servicios públicos, con foco en ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo, inteligencia artificial aplicada y conectividad.
A diferencia de otros acuerdos de cooperación, este no contempla montos preasignados ni compromisos automáticos de financiación, sino un esquema flexible que permite evaluar los proyectos caso por caso, según las necesidades de cada país y su interés público.
Para José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, la relevancia del acuerdo radica en la complementariedad entre ambas instituciones. Desde su perspectiva, Indra aporta experiencia tecnológica internacional y conocimiento sectorial, mientras que CAF suma el músculo financiero y el entendimiento profundo de las prioridades de desarrollo de los países de la región.
“Hay muchos proyectos que se demoran o se caen por falta de financiación. Este acuerdo permite mejorar la calidad de los servicios públicos precisamente porque ayuda a que esos proyectos encuentren un camino más claro hacia su ejecución”, explicó.
Sobre el alcance del acuerdo, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, sostuvo que “la transformación digital es un habilitador clave del desarrollo sostenible en la región. Con este acuerdo, CAF e Indra Group podrán identificar y estructurar proyectos de alto impacto para fortalecer capacidades institucionales, mejorar la eficiencia del Estado y acercar servicios públicos de calidad a millones de ciudadanos en América Latina y el Caribe”.
Uno de los elementos centrales del memorando es la creación de un comité técnico conjunto, integrado por directivos de CAF e Indra, encargado de analizar las demandas de proyectos, ordenarlas y jerarquizarlas en función de criterios como impacto público, viabilidad financiera y madurez tecnológica.
El acuerdo tiene una vigencia inicial de tres años y apunta a reducir los tiempos entre la identificación de una necesidad y la puesta en marcha de una solución concreta, uno de los principales cuellos de botella que enfrentan las iniciativas de transformación digital en el sector público.
De los Mozos subrayó que la intención de Indra es posicionarse como socio tecnológico de referencia para América Latina y el Caribe, apoyándose en su experiencia previa en distintos mercados.
Entre las áreas prioritarias de colaboración, la gestión del tráfico aéreo ocupa un lugar destacado. Indra es uno de los principales proveedores de soluciones en este ámbito a nivel global y recientemente obtuvo contratos relevantes en Estados Unidos y en Europa, como su designación para proyectos de movilidad en Transport for London.
Esa experiencia, explicó De los Mozos, puede trasladarse a aeropuertos y sistemas de navegación aérea de América Latina, donde la optimización de rutas, frecuencias y capacidades resulta clave tanto para la eficiencia operativa como para la seguridad.
Otro eje relevante es la ciberseguridad, un campo que ha ganado centralidad a medida que los Estados digitalizan trámites, bases de datos y servicios esenciales. Si bien el acuerdo no define proyectos específicos de antemano, sí establece que las iniciativas deberán respetar la normativa de cada país en materia de licitaciones, protección de datos y propiedad intelectual.
De los Mozos fue enfático en señalar que el memorando no otorga ventajas competitivas automáticas a Indra: cada proyecto deberá someterse a los procesos de contratación pública correspondientes, garantizando competencia y transparencia.
La conectividad, especialmente en zonas rurales, aparece como uno de los ejemplos más concretos de cómo podría materializarse la colaboración. En amplias áreas de la región, la falta de acceso a internet obliga a las personas a desplazarse largas distancias para realizar trámites básicos o acceder a servicios de salud. Indra, que recientemente integró activos satelitales como Hispasat, plantea que la combinación de tecnología satelital y financiamiento estructurado puede cerrar esas brechas de forma más rápida y eficiente, mejorando la inclusión digital.
Desde la perspectiva de CAF, el acuerdo se alinea con su rol como banco de desarrollo enfocado en mejorar la productividad, la competitividad y la calidad de vida en sus países miembros. La institución aprobó en 2025 más de 18.000 millones de dólares en financiamiento, con un peso creciente de proyectos vinculados a sostenibilidad y transformación digital. El memorando con Indra busca precisamente fortalecer la etapa previa a la financiación: la estructuración técnica de proyectos sólidos, con objetivos claros y resultados medibles.
Un aspecto clave del acuerdo es su énfasis en la implementación. Tanto Indra como CAF reconocen que uno de los riesgos recurrentes en proyectos públicos es que queden inconclusos o se diluyan en el tiempo. Para evitarlo, el comité de seguimiento no solo evaluará nuevas propuestas, sino que dará seguimiento al avance de las iniciativas seleccionadas, apoyándose en casos de uso ya implementados en otras regiones del mundo.
Para De los Mozos, el valor diferencial de esta alianza es su orientación práctica. “Los procesos están claros y la forma de trabajar está definida. Ahora lo que toca es ejecutar y aplicar experiencias que ya existen en otros mercados”, afirmó. En su visión, la transformación digital no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para mejorar servicios públicos concretos, desde la movilidad urbana hasta la atención ciudadana.
La digitalización dejó de ser un concepto aspiracional en América Latina y el Caribe para convertirse en una urgencia estratégica ligada a productividad, soberanía tecnológica y desarrollo sostenible.
Ese fue uno de los ejes del panel sobre el impacto de la digitalización en sectores estratégicos, el rol de los datos, la inteligencia artificial y los marcos regulatorios, realizado en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de la CAF en Ciudad de Panamá.
Desde la perspectiva de Indra Group, José Vicente de los Mozos fue directo al plantear que el llamado “salto digital” no consiste en sumar tecnologías aisladas, sino en asumirlo como una política de Estado sostenida en el tiempo y apoyada en una colaboración público-privada real.
A su juicio, la transformación tecnológica responde hoy a tres factores geopolíticos clave: mejorar la productividad, garantizar soberanía tecnológica y avanzar en desarrollo sostenible, objetivos que requieren planificación, priorización y aliados confiables.
De los Mozos advirtió que los países de la región enfrentan una “urgencia digital” común y que postergar decisiones solo amplía las brechas existentes. En ese contexto, subrayó que sectores como movilidad inteligente, tráfico aéreo, seguridad e infraestructuras críticas concentran las mayores oportunidades de impacto inmediato, siempre que la tecnología se traduzca en mejores servicios públicos y calidad de vida para los ciudadanos.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue el rol del dato y la inteligencia artificial como base de la transformación. Explicó que la región debe avanzar primero en la recopilación y organización de datos para luego aplicar inteligencia artificial de forma efectiva. Como ejemplo, mencionó el uso de plataformas de análisis para sistemas de videovigilancia urbana, donde la IA permite identificar patrones y mejorar la prevención y la respuesta en tiempo real.
La ciberseguridad fue presentada por el directivo de Indra como un elemento transversal y no accesorio del proceso de digitalización. Alertó que muchas infraestructuras críticas en América Latina ya operan en entornos digitales sin niveles adecuados de protección, lo que genera riesgos y debilita la confianza ciudadana. Sin confianza —insistió— no hay digitalización sostenible ni inversión a largo plazo.
Desde la perspectiva multilateral, Eduardo Chomali, Ejecutivo Senior de Transformación Digital y Servicios al Ciudadano del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), sostuvo que el verdadero salto digital de la región pasa por fortalecer las capacidades institucionales del Estado.
Señaló que la tecnología debe traducirse en servicios públicos más eficientes, accesibles y centrados en el ciudadano, y subrayó el rol de los organismos multilaterales para articular financiamiento, asistencia técnica y gobernanza que permitan escalar proyectos digitales con impacto tangible.
El panel también abordó el papel de los datos y la inteligencia artificial como motores de productividad. Eleonora Rabinovich, directora de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para Hispanoamérica en Google, afirmó que la IA ya dejó de ser experimental y hoy está integrada en la vida cotidiana de millones de personas en la región.
Destacó que América Latina tiene la oportunidad de “saltar etapas” si logra combinar talento, infraestructura digital y marcos regulatorios que no frenen la innovación, y remarcó que la adopción de IA en el sector público puede mejorar la eficiencia fiscal y la calidad de los servicios, una visión que también fue compartida por De los Mozos, quien subrayó que el uso estratégico de los datos y la inteligencia artificial debe traducirse en Estados más eficientes y en mejores servicios para el ciudadano.
En paralelo, otros panelistas pusieron el acento en la inclusión y la confianza como condiciones habilitantes. Gloria Guimarães, miembro de la Comisión de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Consejo de Desarrollo Económico Social Sostenible (CDESS), advirtió que la transformación digital requiere preparar a las personas, especialmente a las pequeñas empresas y a los sectores tradicionalmente excluidos.
Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Económicos, Externos y Regulatorios de Vrio Corp, coincidió en que sin conectividad, educación digital y seguridad —tanto física como cibernética— no habrá inversión sostenible ni adopción tecnológica a largo plazo, un punto en el que De los Mozos insistió al señalar que sin confianza y ciberseguridad no puede haber digitalización sostenible.
INTERNACIONAL
En la Rusia de Putin, hacer chistes sobre la guerra en Ucrania o sobre religión te puede llevar a la cárcel
Ser comediante es una cuestión de riesgo en Rusia. Una broma mal calibrada sobre la guerra en Ucrania y chistes religiosos o sobre el gobierno de Vladimir Putin te pueden llevar a la cárcel.
El standupero ruso Artiom Ostanin lo sabe muy bien. Alguien lo denunció por bromear sobre Jesús y sobre un veterano de la “Operación Militar Especial”, el eufemismo elegido por el Kremlin para aludir al conflicto armado. Para Rusia, el que hable de guerra se arriesga a una temporada en una celda.
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“Hoy en Rusia, hacer chistes políticos o religiosos conlleva un riesgo real de persecución penal. No se trata de la sensibilidad pública ni de la reacción social, sino de un sistema represivo de aplicación de la ley”, dijo a TN la activista rusa Olga Romanova, directora de la ONG Rus Sidyashchaya (Rusia detrás de las Rejas).
Por qué es juzgado el comediante Artiom Ostanin
Ostanin está acusado de “incitar al odio y ofender los sentimientos religiosos». Pero también por liderar un “grupo criminal organizado”. Intentó escapar, pero fue detenido en Bielorrusia, la aliada leal de Putin. Sus abogados dijeron que fue golpeado.
La causa empezó a inicios de 2025. Alguien lo denunció por dos bromas hechas en diciembre de 2024 en un club de comedia en el centro de Moscú. En el juicio ya testificaron decenas de testigos que contaron cómo se sintieron ofendidos por las bromas. Artiom Ostanin, en el tribunal de Moscú (Foto: Cortesía/The Moscow Times)
El fiscal del Tribunal de Distrito de Meshchansky de Moscú pidió condenarlo a cinco años y once meses de prisión. El juicio seguirá el lunes.
Según el sitio opositor Mediazona, uno de los chistes involucró a un veterano de guerra, aunque jamás mencionó que había peleado en Ucrania.
La broma se sustentó en una pelea con un hombre sin piernas que se trasladaba en una patineta en el subte y se lo llevó por delante.
“Me estaba mirando como si hubiera estacionado en un espacio para discapacitados. No podría pensar en nada mejor que inclinarme y decir: ‘No vayas tan rápido’. En ese momento, una anciana se apareció detrás de mí y comenzó a gritar que estaba siendo grosero. ¿Y por qué carajo soy grosero en esta situación? Fui literalmente atropellado en el subte. El tipo fue volado por una mina, decidió tomar una esquina a toda velocidad, y de alguna manera yo soy el grosero”, afirmó.
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El chiste sobre Jesucristo es más inocente aún: “Yo solo informé a la gente. ¿Y sabes qué hicieron? Me crucificaron”, dijo Ostanin en su show. También habló sobre los abdominales de Cristo, un lenguaje que testigos en el juicio calificaron como “demoníaco”.
“La actuación contenía burla, ridículo, desacralización y una actitud cínica hacia Jesucristo”, dijo un experto que testificó en el juicio.
“Alto riesgo”
“Cualquier broma, declaración u opinión que no se ajuste plenamente a la postura oficial de las autoridades rusas puede ser motivo de persecución. Si esa broma, opinión o declaración atrae la atención de blogueros del llamado segmento ‘patriótico’, las acusaciones administrativas o penales se vuelven casi inevitables”, dijo a TN la periodista de Mediazona Daria Guskova, que cubrió la historia desde su exilio en Lituania.
Además, afirmó: “El Código Penal ruso contiene numerosas disposiciones que pueden utilizarse con este fin, desde ‘desacreditar’ al ejército ruso hasta insultar los sentimientos de los creyentes”.
Grigory Vaipan, abogado de la ONG rusa Centro Memorial Defensa de los derechos humanos, dijo a TN. “Las bromas políticas y religiosas exponen a cualquier persona en Rusia a un alto riesgo de procesamiento”.
“El gobierno ruso utiliza una amplia gama de leyes con este fin, desde aquellas que prohíben la ‘incitación al odio’ o el ‘insulto a los sentimientos religiosos’ hasta las que suprimen cualquier tipo de discurso contra la guerra en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania”, aseguró.
En este difícil contexto represivo, Romanova contó que “los chistes sobre la guerra en Ucrania están prohibidos”.
“Las leyes son deliberadamente vagas, lo que permite a las autoridades castigar la ironía, la sátira e incluso los comentarios neutrales”, afirmó.
Soldados ucranianos disparan contra drones rusos (Foto: Tyler Hicks/The New York Times)
Ostanin no es el único comediante en problemas.
“Ya hay personas en Rusia que fueron condenadas o están siendo investigadas por chistes, monólogos, publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas”, dijo Romanova.
Para la activista, “los comediantes, blogueros y artistas corren un riesgo especialmente alto porque el humor, por su naturaleza, implica ironía y crítica”.
“El caso de Artiom Ostanin forma parte de un patrón más amplio: el Estado está destruyendo sistemáticamente el espacio para la ironía pública, la sátira y la libertad de expresión. En la Rusia actual, el humor ya no es una forma segura de autoexpresión y las autoridades lo tratan cada vez más como una amenaza», concluyó.
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Pero la censura no solo alcanza a comediantes.
El estreno de la obra teatral Democracia, basada en una pieza homónima de Iósif Brodski, fue suspendido en Moscú tras la denuncia de grupos cercanos al Kremlin, según informó el canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti.
La presión es extrema. Varias figuras públicas y diputados criticaron la exitosa película ‘Cheburashka-2’, protagonizada por uno de los personajes infantiles más queridos en la antigua Unión Soviética y en Rusia. ¿La causa? No promueve la moral conservadora que impulsa Putin.
Rusia, Vladimir Putin, Sumario
INTERNACIONAL
Portland mayor demands ICE leave city after federal agents use tear gas on protesters ‘Sickening decisions’
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The mayor of Portland, Oregon, is calling on U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) to leave his city after federal agents deployed tear gas at a crowd of demonstrators, including young children, outside an ICE facility over the weekend.
Mayor Keith Wilson characterized the protests on Saturday as peaceful, as federal agents reportedly used tear gas, pepper balls, flash-bang grenades and rubber bullets against the anti-ICE demonstrators.
Wilson urged ICE agents to resign and for the agency to leave Portland, denouncing their «use of violence» and the «trampling of the Constitution.»
«Today, federal forces deployed heavy waves of chemical munitions, impacting a peaceful daytime protest where the vast majority of those present violated no laws, made no threat, and posed no danger to federal forces,» he said in a statement on Saturday.
CHICAGO MAYOR BRANDON JOHNSON PUTS ICE ‘ON NOTICE’ WITH EXECUTIVE ORDER SEEKING PROSECUTION OF AGENTS
Mayor Keith Wilson characterized the protests in his city as peaceful, as he called for ICE to leave. (Ali Gradischer/Getty Images)
«To those who continue to work for ICE: Resign. To those who control this facility: Leave. Through your use of violence and the trampling of the Constitution, you have lost all legitimacy and replaced it with shame. To those who continue to make these sickening decisions, go home, look in a mirror, and ask yourselves why you have gassed children. Ask yourselves why you continue to work for an agency responsible for murders on American streets. No one is forcing you to lie to yourself, even as your bosses continue to lie to the American people,» the mayor continued.
The mayor added that this nation «will never accept a federal presence where agents wield deadly force against the very people they are sworn to serve.»
«I share the impatience with those who demand we use every legal tool at our disposal to push back against this inexcusable, unconscionable, and unacceptable violence against our community,» Wilson said. «I share the need to act. Actions that can withstand the scrutiny of the justice system take time – and we cannot afford to lose this fight.»
CBP/BORDER PATROL AGENTS PLACED ON ADMINISTRATIVE LEAVE AFTER DEADLY CONFRONTATION WITH ALEX PRETTI
Federal agents deployed tear gas at a crowd of demonstrators, including young children, outside an ICE facility in Portland. (Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images)
Portland officials are working to operationalize an ordinance, which went into effect last month, that imposes a fee on detention facilities that use chemical agents, the mayor said.
«As we prepare to put that law into action, we are also documenting today’s events and preserving evidence. The federal government must, and will, be held accountable,» he wrote.
«Portland will continue to stand firmly with our immigrant neighbors, who deserve safety, dignity, and the full protection of the communities they help build,» he continued. «We are also proud of the Portlanders who showed up today in peaceful solidarity, demonstrating the strength and clarity of those shared values in the face of federal overreach.»
This comes amid national unrest and bipartisan scrutiny of immigration enforcement tactics following two killings of U.S. citizens by federal immigration agents last month in Minneapolis.
The Trump administration has faced bipartisan scrutiny over its immigration enforcement tactics following two killings of U.S. citizens by federal immigration agents in Minneapolis. (Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images)
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Renee Nicole Good was shot and killed by ICE agent Jonathan Ross on Jan. 7 in Minneapolis, and Alex Pretti was fatally shot on Jan. 24 by Border Patrol agent Jesus Ochoa and Customs and Border Protection officer Raymundo Gutierrez while he was recording immigration enforcement operations in the same city.
Pretti, an ICU nurse, appeared to be attempting to assist a woman agents had knocked down when he was sprayed with an irritant, pushed to the ground and beaten, according to video and witness accounts. An agent was later seen pulling Pretti’s lawfully owned firearm from his waistband before other agents fired several shots, killing him.
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INTERNACIONAL
“As Nasty As They Wanna Be”: qué hay detrás del álbum más censurado en la historia del rap
En 1990, la industria musical de Estados Unidos vivió un hecho inédito: por primera vez, un álbum fue declarado “legalmente obsceno”. El protagonista de este episodio fue 2 Live Crew, un grupo de rap originario de Miami, cuyo tercer disco, As Nasty As They Wanna Be, no solo desató controversia por su contenido, sino que también reconfiguró los límites entre arte, moral y legalidad.
Formado en la década de los 80, 2 Live Crew se caracterizaba por sus letras explícitas, ritmos acelerados y una actitud desafiante que rompía con los códigos de la época. El grupo, liderado por Luther Campbell (conocido como Luke Skyywalker), ya era un referente del subgénero Miami bass, pero no fue hasta el lanzamiento de As Nasty As They Wanna Be, el 7 de febrero de 1989, que se convirtieron en un fenómeno nacional.
El disco, repleto de referencias sexuales y lenguaje explícito, fue el mayor éxito comercial de la banda y obtuvo la certificación de platino de la Recording Industry Association of America (RIAA).
La polémica que rodeó el álbum terminó de definir su lugar en la historia. “Con letras explícitas, ritmos provocadores y una actitud desfachatada, 2 Live Crew se metió directo en el ojo de la tormenta cultural”, señaló Indie Hoy.
La llegada al mercado de As Nasty As They Wanna Be coincidió con una creciente preocupación social e institucional por el contenido de la música popular, en especial el rap, que para muchos sectores conservadores representaba una amenaza para los valores tradicionales.
La controversia alcanzó su punto máximo en 1990, cuando un tribunal del distrito de Florida declaró a As Nasty As They Wanna Be como “legalmente obsceno”, un fallo sin precedentes en la historia de la música estadounidense. El disco, que ya incluía el clásico sello de advertencia parental, pasó a ser el primer álbum en recibir tal calificación jurídica.
Según el fallo, el contenido de las canciones era tan explícito que excedía los límites de la libertad artística y podía ser considerado un delito.
Dos días después de la sentencia, un vendedor de discos de Florida fue arrestado por vender una copia del álbum a un policía encubierto. “La detención convirtió a 2 Live Crew en leyenda. No por romper récords de ventas, sino por entrar a los libros de historia como los primeros músicos en ser procesados por el contenido lírico de su obra”, destacó Indie Hoy.
El impacto del proceso judicial fue inmediato. Figuras públicas, como David Bowie, manifestaron su apoyo a la libertad de expresión artística. Incluso académicos de renombre, como Henry Louis Gates Jr., testificaron a favor del grupo durante el juicio.
Este episodio no solo consolidó la fama de 2 Live Crew, sino que también abrió un debate sobre el papel del Estado frente a las expresiones culturales consideradas ofensivas o disruptivas.
El juicio contra 2 Live Crew no solo marcó un antes y un después en la industria del rap, sino que también sentó un precedente legal de alcance duradero. El disco, que representó el final de la relación del grupo con el sello Skyywalker Records —renombrado luego como Luke Records tras una demanda de George Lucas por el uso del nombre—, pasó a ser un símbolo de la lucha por la libertad artística en Estados Unidos.
La controversia en torno a As Nasty As They Wanna Be se inscribió en una larga tradición de enfrentamientos entre músicos y el sistema judicial. Casos como el arresto de Jim Morrison en 1969 en Miami por “exposición indecente”, el hostigamiento sufrido por Billie Holiday por interpretar “Strange Fruit” o la persecución política contra Fela Kuti en Nigeria por sus letras contestatarias muestran que el arte musical ha sido históricamente terreno de disputa y resistencia.
A pesar de la censura inicial y los problemas legales, el álbum de 2 Live Crew resistió el paso del tiempo como un recordatorio de los riesgos y desafíos que implica empujar los límites del discurso público. “Más allá del debate sobre el tono de sus letras, lo cierto es que su caso marcó un antes y un después en la relación entre música y legalidad”, concluyó Indie Hoy.
As Nasty As They Wanna Be no solo fue un éxito comercial, sino que se transformó en un punto de inflexión en la discusión sobre los límites de la libertad artística y la intervención estatal.
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