Quedan tres semanas hasta que finalice el plazo que España dio a los descendientes de exiliados españoles para que puedan solicitar la ciudadanía de sus ancestros y Argentina encabeza las peticiones: el 40 por ciento del total de solicitudes presentadas se está tramitando en los consulados españoles en suelo argentino.

De acuerdo a la disposición octava de la ley 20/2022 de memoria democrática que el Parlamento español sancionó hace tres años -más conocida como “ley de nietos”-, “todas aquellas personas nacidas fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil”.

La medida se extiende, además, a los descendientes nacidos fuera de España de mujeres españolas que hayan perdido, al casarse con extranjeros, su nacionalidad. Aquí se contempla a las mujeres que hayan atravesado esa condición hasta antes de la Constitución de 1978, a partir de la cual los españoles recuperaron las libertades y los derechos fundamentales que el franquismo había silenciado.

Originalmente, la ley de nietos establecía un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de la ley, para tramitar la solicitud de ciudadanía española pero la demanda fue tan abrumadora que se aprobó una prórroga de un año que finaliza el 22 de octubre.

Este martes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Victor Torres, precisó algunas cifras: hasta finales del mes de julio, ya se habían otorgado 240 mil ciudadanías españolas y 876.321 personas habían presentado la solicitud.

Durante esta semana, Torres estará en Argentina y en Chile para “hacer balance del proceso de solicitudes de ciudadanía” y para reunirse con la comunidad española en esos países.

Antes de subirse al avión, conversó en exclusiva con Clarín.

-Si la ley intenta reparar delitos que no prescriben, ¿por qué tiene una fecha límite para que los descendientes puedan solicitar la ciudadanía española?

-Se estableció primero un plazo para poder solicitar esa nacionalidad con la posibilidad de una prórroga que vimos que era necesaria. Nos hubiese gustado tener más opciones de poder seguir prorrogando, pero hay unos límites determinados. Desde el punto de vista también de los procedimientos administrativos. Es una labor que realizan varios ministerios, el de Asuntos Exteriores, el de Memoria Democrática, y hemos tenido muchas solicitudes. Argentina representa el 40 por ciento de todas. Nuestra voluntad es que podamos tener una ley en vigor y que siga vigente.

-¿Por qué lo dice? ¿Corre peligro?

-Lamentablemente, la derecha y la ultraderecha no apoyaron la iniciativa que llevamos en 2022 al Parlamento de España. No la apoyó el Partido Popular ni Vox. De hecho han presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional y creo que es una verdadera amenaza. Ellos anuncian y afirman que, en caso de gobernar, derogarían esta ley. Incluso la ultraderecha ha especificado que derogaría este artículo en concreto (la disposición octava). Es muy importante que podamos cumplir los plazos y que esta ley siga vigente. Si esta ley se deroga por un nuevo gobierno, todos aquellos que no tengan la concreción quedarán en el limbo y esas solicitudes serán anuladas.

-¿Que la ley siga vigente quiere decir que existirá otra instancia para solicitar la ciudadanía española cuando se acabe este plazo?

-La ley estableció un año de prórroga. La ley de memoria histórica que fue modificada por la ley de memoria democrática puede ser susceptible de ser mejorada con una ley posterior. Mientras tanto, queda vigente. Nosotros estamos abiertos. La situación política en España no es fácil. Las mayorías son difíciles. De hecho, hubo quien no apoyó la ley porque la quería más ambiciosa, y hubo quien no la apoyó porque creía que era una ley que iba contra una etapa que señalan, en muchas ocasiones, como una etapa de progreso, cuando fue todo lo contrario, como fue el franquismo. Tuvimos que encontrar un término medio para poder sacarla adelante.

-Es decir que no se cierra la puerta a que esta misma ley pueda ser modificada en el futuro y se amplíe nuevamente el plazo para nuevas solicitudes de ciudadanía…

-Indudablemente no se cierra la puerta a que la ley pueda ser modificada y se amplíe nuevamente el plazo porque es lo que ya ha ocurrido. De hecho, ¿debimos quizás tener una ley de memoria antes del año 2007? Probablemente sí, pero se hizo en 2007. ¿Que debió ser más ambiciosa? Probablemente sí, pero se hizo otra en el ’22. ¿Que podemos nosotros caminar en el futuro para que esa ley sea todavía más expansiva? Pero por qué no. Para eso también necesitamos, lógicamente, mayorías. Esta es la segunda de las leyes de memoria que se han aprobado en nuestro país. Fue la ley de memoria histórica en 2007, y en el año 2022, la de memoria democrática. En ambos intentos, tanto con José Luis Rodriguez Zapatero (presidente entre 2004 y 2011) como con Pedro Sánchez (jefe del gobierno español desde 2018), la voluntad fue siempre resarcir, que en el fondo es responder a la dignidad de las víctimas, a su familiares.

-¿Usted es consciente de que, además del homenaje que los descendientes de exiliados pueden hacer a sus ancestros al recuperar el vínculo con España, el fin último podría ser obtener la ciudadanía española, en buena parte de los casos, para poder emigrar?

-Nadie deja su hogar por capricho. Quien nace en Argentina querría seguramente morir en Argentina. Si dejás tu hogar, las razones pueden ser variadas. Hay razones de carácter político y de carácter económico. Eliges el destino por esas mismas condiciones. Si hoy España es un país atractivo para personas del exterior, es porque la economía de nuestro país es buena. Compartimos una lengua, una cultura, la integración es más sencilla. Quieren venir a España porque ven prosperidad. Nadie emigra por gusto. La emigración es un fenómeno intrínseco al ser humano, causado por circunstancias exógenas. Uno viaja por placer, pero regresa a su casa cuando termina ese viaje. Por lo tanto no es que tengamos ningún temor. En este momento lo que tenemos es que responder a un derecho y creo que es hacer justicia con esas personas, que son hijos de exiliados que tuvieron que marcharse, que, en el país de sus padres, ahora sean resarcidas.

-¿Existe la posibilidad de que los descendientes de exiliados que accedan a la ciudadanía española reclamen resarcimiento económico?

-En estos momentos eso no está recogido en la legislación en vigor. Está recogida la posibilidad, si así lo desean, de obtener la nacionalidad española. Hay peticiones de otros colectivos, como por ejemplo, que sufrieron el retraso de un país como España con la polio, frente a los países de Europa. Aquí hubo consecuencias mayores, porque no había vacunación. Indudablemente España retrocedió en esos años en una Europa progresista, en la que había democracia y había posibilidad de sufragio. Por supuesto que no aquí (en España). Tenemos también una capacidad limitada. Damos pasos. Podrían ser más largos esos pasos o ir a ritmo mayor. Seguramente es lo que también se nos demanda. Ahora, por ejemplo, estamos con la incautación de los bienes que se perdieron durante la dictadura. Obras de arte, propiedades privadas. Estamos haciendo ese inventario. Hubo obras que se hicieron con presos políticos por parte de empresa que fueron grandes beneficiadas durante la dictadura. No es sencillo poder responder a todas las peticiones, pero sí es verdad que con esta ley también damos pasos hacia delante.

-¿Cómo se articula este gran volumen de personas que van a tener acceso a la ciudadanía española con la gestión de la inmigración, un tema conflictivo en España y en Europa?

-Nosotros tenemos las cosas claras y aparentemente también tiene las cosas claras la ultraderecha en nuestro país, que lo que quiere es levantar muros, llevar los barcos al mar y hacer que nadie salga de sus territorios, aunque ahí se mueran de inanición, de cambio climático, o de invasiones, conflictos o pobreza. Nosotros somos un gobierno progresista que cree claramente que la inmigración es intrínseca a la realidad social. Este es un país donde la migración ha sido clave. Emigración e inmigración en las distintas etapas históricas del siglo XX y del siglo del siglo XXI y la economía de nuestro país no se puede entender si no sabemos la aportación clave que hace la inmigración en nuestro contexto social y económico. Por ejemplo, el 10 por ciento de aportación a la Seguridad Social en nuestro país viene de la inmigración y, sin embargo, esos mismos inmigrantes apenas consumen el 1 por ciento de la Seguridad Social. La locomotora que es España dentro de la Unión Europea, en gran medida, es por esa integración de la inmigración.

-En Buenos Aires está prevista su visita a la ESMA, un ex centro de detención ilegal durante la última dictadura militar argentina. El gobierno del presidente Milei cuestiona las políticas de memoria y que los desaparecidos hayan sido 30.000…

-Soy consciente de ello. Tenemos estudios que acreditan que en España todavía quedan más de 10.000 personas en las fosas que perdieron la vida hace 90 años. Negar eso es negar la historia. Pero no la historia con minúscula; es la verdadera historia. Negar que hubo golpes de Estado en Argentina o en Chile también es negar la historia. Creo que negar la historia es un error, sobre todo porque hay que aprender de ella para no repetir ciertos acontecimientos. Probablemente hay muchas diferencias entre la manera de hacer política que tienen (Javier) Milei y Pedro Sánchez, pero también las hay entre cualquier líder conservador y cualquier líder progresista. Debe unirnos, por encima, la defensa de la democracia.