En la penumbra de una noche calurosa, en un pequeño rancherío de casas levantadas entre interminables plantaciones de limón, un agricultor del occidente de México se acercó al sacerdote Gilberto Vergara para suplicarle ayuda.

Sumido en la desesperación, le contó que había decidido dejar secar un tercio de su huerta porque las extorsiones de los cárteles son tan fuertes que no se compensaban con la producción; que las autoridades no actuaban; que los productores de limón se reunían a escondidas y que tenían miedo a que los mataran si levantaban la voz o a morir de hambre si se quedaban callados.

El reciente asesinato de dos prominentes figuras que denunciaron al crimen organizado y las autoridades corruptas —un popular alcalde y un líder limonero — evidenció lo que los pobladores ya sabían: que los cárteles controlan gran parte del estado de Michoacán y su economía.

Ahora que el presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado ataques contra supuestos narcoterroristas en el Caribe y el Pacífico y ha ofrecido a México ayuda militar contra los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a una presión cada vez mayor para poner freno a la violencia.

El sacerdote Vergara no espera mucho del gobierno, pero le ofreció al limonero mediar para que las autoridades escuchen a los verdaderos líderes de las comunidades. Sólo le pidió el nombre después de prometerle que únicamente se lo daría al obispo.

Luego, con la sotana blanca todavía puesta, condujo su camioneta por un polvoriento camino donde a veces los grupos armados ponen retenes o, más hacia los cerros, instalan minas o atacan con drones a sus rivales.

A los cárteles “ya no les interesa bajar el perfil porque tienen al Estado en sus manos, un gobierno cabeza abajo”, aseguró desde su parroquia en las afueras de Apatzingán.

El 1 de noviembre siete disparos acabaron con la vida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, de 40 años, mientras celebraba el Día de Muertos entre cientos de personas en pleno centro de su ciudad y pese a tener 22 escoltas, 14 de ellos Guardias Nacionales.

Semanas después la escena del crimen seguía acordonada junto a flores marchitas, velas y mensajes de duelo. “Ni un paso atrás”, decía uno de ellos.

Manzo –exdiputado del oficialista Morena y luego uno de sus críticos— era visto como el único político que intentaba limpiar de narcos su territorio. Había depurado a la policía municipal. Presumía sus capturas en redes. Visitaba a los vecinos en las zonas más complicadas. En octubre había pedido ayuda al gobierno federal.

“Yo sentía que luchaba por nosotros”, dijo Imelda Peña, una maestra de 42 años que aunque reconoció que Sheinbaum ha endurecido la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, pensaba que no era suficiente. “Ojalá esto sea un punto de inflexión”.

Los vecinos de Uruapan apodaban a Manzo “el Bukele mexicano” en referencia al polémico presidente salvadoreño y muchos lo veían como la persona que podría arrebatarle el gobierno del estado al oficialismo de Morena. Su mensaje de confrontación con los cárteles resonaba en todo el país.

El gobierno federal vinculó su crimen a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero todavía no se sabe quién lo ordenó, el móvil, ni por qué el atacante, un adolescente, recibió un disparo cuando ya había sido detenido. Siete de los nueve procesados hasta ahora eran escoltas de máxima confianza de Manzo.

Ni la actual alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Manzo, ni nadie de su Movimiento del Sombrero, impactados tras las detenciones, respondió a numerosas solicitudes de entrevista de AP.

Cien kilómetros al sur de Uruapan uno puede imaginar la protección que tenía Manzo observando a Guadalupe Mora, autoridad local de La Ruana, quien también cuenta con 22 escoltas y Guardias Nacionales que siguen sus movimientos.

Mora, que no deja de denunciar la inacción del gobierno y el avance de los criminales en su pueblo, pidió seguridad tras el asesinato de Manzo y de un sobrino. A su hermano Hipólito, fundador de las autodefensas que se alzaron en armas en 2013, lo mataron hace dos años.

“Parece que les incomodamos al gobierno y al crimen organizado”, comentó. “Por eso nos están matando”.

Cuando los planes fracasan Michoacán ha sido un dolor de cabeza para muchos presidentes y es ahora uno de los principales retos de Sheinbaum.

En los últimos 20 años han fracasado todas las estrategias federales de pacificación, mientras los grupos criminales se fueron fragmentando y especializando.

Al menos tres de los seis cárteles mexicanos declarados terroristas por la administración Trump —CJNG, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos— operan en Michoacán junto a numerosas mafias locales, algunas de ellas apoyadas por el Cártel de Sinaloa.

Lanzan bombas con drones, usan lanzagranadas fabricados con impresoras 3D, entierran minas artesanales y cuentan con redes de vigilancia de hasta 40 cámaras cada una, según el gobierno del estado. La extorsión a todos los sectores económicos se consolidó como un negocio tanto o más lucrativo que las drogas.

El asesinato de Manzo desencadenó protestas que llegaron hasta la Ciudad de México y en Uruapan unas pintadas acusaban a las autoridades de estar implicadas.

Ante la amenaza de ver una caída en su popularidad, la presidenta Sheinbaum anunció más inversiones sociales y el envío de 2.000 soldados —para sumarse a los 4.300 permanentes y los 4.000 desplegados en los estados vecinos—, el segundo gran operativo su administración tras el de Sinaloa.

La diferencia, según el gobierno, es que ahora hay coordinación e inteligencia. Cortar los vínculos políticos de los cárteles sigue siendo una asignatura pendiente.

Estados Unidos está atento a Michoacán porque es la puerta de entrada de precursores químicos necesarios para fabricar drogas sintéticas. En los últimos dos meses las autoridades mexicanas desmantelaron 17 laboratorios y decomisaron cinco toneladas de químicos y casi 20.000 litros de precursores.

También le interesa porque es el principal exportador de aguacates, cuyos precios suben debido a la extorsión.

Al condenar el asesinato de Manzo en las redes, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau deseó que su recuerdo “inspire medidas rápidas y eficaces”.

Y como ocurrió en Sinaloa a principios de año, muchos pobladores afirmaron que si la presión de Estados Unidos impulsa a México a actuar, bienvenida sea.

El analista David Saucedo cree que la estrategia del gobierno será un combate selectivo contra grupos pequeños pero que generan mucha violencia, algo que le funcionó al actual titular de Seguridad, Omar García Harfuch, en Ciudad de México.

“Michoacán es la suma de los errores del pasado”, lamentó el padre Vergara. “Se inician planes y se abandonan a medio camino, no se tiene la mano firme como para aplicarlos al costo que sea”.

En la zona de cerros tapizada de huertas y ranchos que conecta Apatzingán con la costa la acción criminal es constante. Llega un grupo, se atrinchera en una casa, lucha, se va, llega otro.

Viagras, Caballeros Templarios, Blancos de Troya, Nueva Familia, Cárteles Unidos, Jalisco… los nombres se suceden, pero muchas veces no se sabe quién es quién o si son militares, porque todos llevan equipo táctico. Antes, recordó el padre Vergara, les miraban los pies a los uniformados para distinguirlos de los narcos, que siempre llevaban zapatillas.

La población queda en medio, aterrada por los drones y las minas que hacen retumbar sus casas porque, según reconoció una maestra, a las balas ya se han acostumbrado.

Muchos creen que la paz sólo llegará cuando un grupo domine al resto. Hasta entonces será una guerra sin fin, dijo una mujer que tuvo que huir en marzo de su pueblo con todos sus vecinos. Ambas pidieron anonimato por miedo.

La familia de la segunda mujer regresó cuando llegó el ejército, a excepción de su hijo de 19 años, a quien envió a Estados Unidos porque temía que un cártel se lo llevara para incorporarlo a sus filas.

Ella sabe que los soldados eventualmente se irán y la pone furiosa escuchar al gobierno decir que las cosas están mejorando. La mañana en que habló con AP un anciano de la zona resultó herido cuando una mina explotó al paso de su motocicleta.

Después del asesinato de Manzo y del líder limonero Bernardo Bravo, muchos en Michoacán se preguntan quién denunciará ahora lo que ellos viven.

En algunas comunidades indígenas del norte del estado, como Sevina, el pueblo ha asumido su propia protección. La comunidad reforzó los patrullajes harta de que las fuerzas federales solo ayuden de forma temporal. Nada garantiza que vayan a tener éxito, aunque les inspira la lucha de pueblos vecinos que sí lo han conseguido.

Al sur hay menos optimismo. Los cárteles siguen asfixiando la economía a pesar del reciente despliegue de 800 soldados para proteger a los limoneros. Lo hacen controlando el precio del limón. Ellos deciden a cuánto se compra y se vende y se quedan por adelantado con una parte de cada transacción.

El agricultor que fue a pedir ayuda al sacerdote dijo que recibe por kilo la mitad de lo gasta en cultivarlo, por eso algunos empiezan a secar sus huertas.

Bravo lo llamaba un “secuestro comercial permanente” y organizó protestas para denunciarlo hasta que su cadáver fue encontrado en las afueras de Apatzingán dos semanas antes de que mataran a Manzo. Ahora los limoneros se quedaron sin nadie que levante la voz por ellos.

“No vemos que vaya a haber enderezo”, dice el agricultor. “La delincuencia nos tiene muy agarrados”.