INTERNACIONAL
La belleza de la semana: “Jungla”, de Lucia Wilcox, la surrealista olvidada de EE.UU.

Lucia Wilcox nació en 1899, en una geografía que, como muchos otros episodios de su vida, parece desdibujar los límites de la realidad y el mito. Anotada, según ella, como Lucia Anavi en Philippopolis —la actual Plovdiv, Bulgaria—, de padre libanés y madre francesa, la pintura prefería decir que era de Beirut. Tal vez intuía que el origen, más que un punto fijo, es un estado de ánimo, un territorio inestable del que se parte y al que nunca se regresa del todo.
Desde temprano, su biografía estuvo signada por los desplazamientos. En Beirut conoció al estadounidense Marshall Kabbaz, estudiante en el Syrian Protestant College. El matrimonio duró poco, pero le permitió adquirir nueva ciudadanía y, sobre todo, le dio a Alexander, su único hijo. Pronto, la joven madre y su niño se embarcaron hacia París. Era el año 1921, y la ciudad apenas salía de la guerra, convertida en epicentro de todas las vanguardias artísticas y espirituales. Era el lugar en el mundo para estar si se deseaba ser artista.
En aquellos años de bohemia parisina sobrevivía con oficios textiles mientras frecuentaba el Café de Flore, el Académie Ranson y los talleres de artistas mayores como Fernand Léger o Pablo Picasso y tuvo en André Derain, figura clave del fauvismo, a su mentor y referencia.
La capital francesa la arrojó de lleno al vértigo de la experimentación artística y la llevó también a los márgenes del surrealismo: su matrimonio con el pintor italiano Francesco Cristofanetti selló su entrada en ese círculo, donde comulgó con figuras como Jean Cocteau, Salvador Dalí y la diseñadora Elsa Schiaparelli, de quien se hizo amiga y colaboradora.
Cuando el avance de la guerra volvió la Europa continental un territorio inhóspito, reunió el coraje necesario para migrar una vez más. Gracias al apoyo de los mecenas Gerald y Sara Murphy, ambos habitués de la vida cultural neoyorquina, Lucía cruzó el Atlántico rumbo a Nueva York en 1938.
El desembarco en la ciudad marcó el comienzo de una etapa fecunda y transformadora. Encontró cobijo temporal en la residencia familiar de los Murphy en East Hampton, y luego levantó su propio refugio cerca del mar, en los Hamptons. Allí forjó una comunidad de expatriados que huían de la violencia europea y encontró un espacio propicio para empujar los límites de su pintura.
Convertida en una suerte de matriarca del arte, alternaba la creación plástica con generosos banquetes que fusionaban recetas libanesas y parisinas, y recibía en su mesa a figuras como Maria Motherwell, Dorothea Tanning y Max Ernst.
Los años cuarenta encapsularon la etapa de mayor plenitud e invención en su carrera. Conocida por entonces solo como “Lucia” —nombre que la protegía de los vaivenes de sus tres matrimonios—, pintó con intensidad escenas tan fantásticas como desbordantes de vida y placer: mujeres mitológicas, acróbatas, animales exóticos y bicicletas irrumpen en paisajes saturados de colores brillantes.
De estas obras brotan afinidades con Henri Rousseau, ecos del primitivismo de Matisse y, sobre todo, la huella de Marc Chagall, cuyas visiones folklóricas y circenses también habitaron el exilio neoyorquino.
Entre las piezas emblemáticas de la época figura Jungla (Jungle), una suerte de selva encantada atravesada por un sendero que invita a la travesía onírica, donde gatos-jaguares y tigres angelicales danzan suspendidos en el follaje. En Todas eran una iglesia dentro de sí mismo (Everyone was a Church Within Himself), Lucia imagina una catedral de aire, ocupada solo por mujeres: madres y núbiles, ángeles y músicos, todas libres de la opresión del mito masculino, insinuando una liturgia nueva.
Lucia Wilcox no solo pintó y expuso con regularidad —Sus muestras individuales en la galería Sidney Janis y Leo Castelli fueron celebradas por la crítica, que hablaba de un arte vibrante, fantástico y alegre—, sino que dedicó su vida a trazar puentes entre tradiciones e identidades. Casada más tarde con el artista e inventor Roger Wilcox, la casa que ambos rehabilitaron en Amagansett se convirtió en un nexo crucial entre los surrealistas exiliados y los emergentes expresionistas abstractos estadounidenses, como los De Kooning o Jackson Pollock.
En 1972, la ceguera la golpeó de lleno, pero Lucia declaró, con una lucidez provocadora: “Veo mejor que nadie. He eliminado todos los detalles. Mi mente está libre de estática. No tengo distracciones”. Su obra final fue acogida por Leo Castelli en Soho, consagrándola como la santa laica que iluminaba lo inadvertido, casi una versión terrenal de Santa Lucía, patrona de los ciegos, a quien debe su nombre.
Murió en 1974, cuando la historia, siempre presta al olvido, parecía disponer su aura para la desaparición. Sin embargo, su legado —un repertorio de color, desplazamiento, rebeldía y feminidad celebrada— retorna hoy para ocupar un lugar que se le había negado durante medio siglo en una muestra que recupera su legado.
La galería Berry Campbell, en Nueva York, recupera su figura esquiva en la exposición Lucia Wilcox: LUCIA, en la que se exhiben más de 20 obras realizadas en los años cuarenta, etapa determinante tras su llegada a Estados Unidos.
Son escenas de selvas, mujeres aladas, ciclistas, tigres y acrobacias suspendidas en atmósferas fulgurantes, que invitan a entrar en los pasajes y caminos del universo fantástico de una artista inusual, cuya vitalidad rompe el silencio y se impone a la invisibilidad del tiempo.
Fotos: Galería Berry Campbell
INTERNACIONAL
Marjorie Taylor Greene urges Trump to commute George Santos’ federal prison sentence: ‘Far worse offenses’

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Rep. Marjorie Taylor Greene, R-Ga., is urging that President Donald Trump commute former Rep. George Santos’ seven-year sentence, calling the punishment «a grave injustice» and an «abusive overreach by the judicial system.»
The former New York congressman was sentenced to 87 months, or just over seven years, after pleading guilty in 2024 to wire fraud and aggravated identity theft. Santos reported to prison on July 25 to begin serving his sentence.
Santos was assessed the maximum sentence in April by U.S. District Judge Joanna Seybert. He was also ordered to pay nearly $374,000 in restitution and forfeit more than $205,000 in fraud proceeds.
Santos’ guilty plea followed an investigation into campaign finance fraud, donor identity theft and false COVID-era unemployment claims.
FORMER CONGRESSMAN GEORGE SANTOS DELIVERS ‘GLAMOROUS’ FAREWELL BEFORE GOING TO PRISON: ‘THE CURTAIN FALLS’
On Monday, Greene said in a post on X that she sent a letter to the Office of the Pardon Attorney urging Trump to commute Santos’ sentence.
«A 7-year prison sentence for campaign-related charges is excessive, especially when Members of Congress who’ve done far worse still walk free,» she wrote in the post. «George Santos has taken responsibility. He’s shown remorse. It’s time to correct this injustice. We must demand equal justice under the law!»
Greene addressed her letter to the Honorable Edward R. Martin Jr., pardon attorney for the U.S. Department of Justice (DOJ), and she acknowledged the gravity of the actions by her former colleague.
ABREGO GARCIA LAWYERS SEEK SANCTIONS ON TRUMP OFFICIALS OVER STONEWALLING, DEFYING COURT ORDERS
Former U.S. Rep. George Santos arrives to court in Central Islip, N.Y., Aug. 19, 2024. (Stefan Jeremiah/AP Photo)
«As a Member of Congress, I worked with Mr. Santos on many issues and can attest to his willingness and dedication to serve the people of New York who elected him to office,» she wrote. «He is sincerely remorseful and has accepted full responsibility for his actions. Furthermore, my office has spoken with a pastor of his who discussed the regret and remorse of Mr. Santos, agreeing that the sentence imposed is a grave injustice.
«While his crimes warrant punishment, many of my colleagues who I serve with have committed far worse offenses than Mr. Santos yet have faced zero criminal charges,» Greene continued. «I strongly believe in accountability for one’s actions, but I believe the sentencing of Mr. Santos is an abusive overreach by the judicial system.»
Prosecutors shared how Santos and his campaign treasurer, Nancy Marks, doctored donor reports to qualify for national Republican Party funding. They fabricated contributions from Santos’ family and falsely reported a $500,000 loan from Santos, though he had under $8,000 in his accounts.
TRUMP COMMUTES SENTENCE OF MAJOR POLITICAL DONOR IN LATEST ROUND OF CLEMENCY

Rep. Marjorie Taylor Greene, R-S.C., is urging President Donald Trump to commute the seven-year sentence of former Rep. George Santos, who was sentenced for wire fraud and identity theft. (Anna Moneymaker/Getty Images)
He also stole credit card information from donors, including «victims he knew were elderly persons suffering from cognitive impairment or decline» and made unauthorized charges to fund both campaign and personal expenses, according to the DOJ. Santos also used a fake political fundraising company to solicit tens of thousands of dollars, which he spent on «designer clothing.»
During the pandemic, Santos fraudulently claimed over $24,000 in unemployment benefits while employed at an investment firm. He also submitted false congressional financial disclosures to the House.
Santos was elected in 2022 after flipping New York’s 3rd District for the GOP. His resumé was easily debunked. He falsely claimed academic degrees, Wall Street jobs and family ties to the Holocaust and 9/11.
He was expelled from Congress in December 2023 after a scathing ethics report, becoming just the sixth member ever removed from the People’s House.
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Santos has remained publicly active after his sentencing, selling video messages on Cameo and making social media posts.
Unless pardoned, Santos is expected to remain incarcerated until at least early 2032. He has reportedly appealed to President Donald Trump for clemency.
Greene and the White House did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.
Fox News Digital’s Jasmine Baehr contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Censura y control: el plan del Kremlin para aislar a Rusia del mundo digital

La experiencia de navegar por internet en Rusia se ha transformado en una rutina cada vez más limitada y vigilada. Plataformas como YouTube que no cargan, páginas de medios independientes que no se muestran o redes móviles que se interrumpen por horas ya no son fallos técnicos, sino manifestaciones concretas de una política deliberada del Kremlin.
El presidente Vladimir Putin instó al gobierno a “reprimir” los servicios de Internet extranjeros y ordenó a los funcionarios elaborar una lista de plataformas de estados “hostiles” que deberían ser restringidas.
Desde hace más de una década, el gobierno ruso ha desplegado una estrategia progresiva para someter el espacio digital a su control. A través de una combinación de legislación restrictiva, vigilancia masiva y presión sobre empresas tecnológicas, busca asegurar que el contenido disponible en línea se adecue a los lineamientos oficiales. Esta tendencia se intensificó tras las protestas de 2011-2012, cuando internet fue una herramienta clave para la organización ciudadana y la crítica al poder.
El objetivo es claro: construir una infraestructura digital que pueda ser aislada del resto del mundo. En paralelo, se han perfeccionado herramientas de inspección profunda de paquetes (DPI) y sistemas de censura selectiva, inspirados en el modelo chino del “Gran Cortafuegos”.
La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 aceleró este proceso. X, Facebook, Instagram, Signal y otros servicios quedaron bloqueados. También se intensificó la persecución del uso de redes privadas virtuales (VPN), las únicas herramientas capaces de sortear las restricciones.
El acceso a YouTube, plataforma utilizada tanto para el entretenimiento como para el activismo opositor —incluido el canal de Alexei Navalny—, fue limitado intencionalmente. Según el Kremlin, la interrupción se debió a la falta de mantenimiento de equipos por parte de Google, pero expertos en derechos digitales señalan que se trató de una acción deliberada.
Empresas como Cloudflare y proveedores occidentales de servicios de alojamiento web también han sido objeto de restricciones, forzando a muchos sitios rusos a trasladarse a servidores nacionales, donde la vigilancia y el control estatal son mayores.

Una reciente legislación rusa amplía la criminalización de búsquedas en línea de materiales considerados “extremistas”. La definición es amplia e incluye desde contenidos LGBTQ+ hasta las memorias de Navalny. Aunque todavía es difícil rastrear búsquedas individuales a gran escala, los expertos advierten que unos pocos juicios bastan para sembrar el miedo.
El uso de WhatsApp, que tenía más de 97 millones de usuarios mensuales en abril, también está en la mira. Legisladores oficialistas amenazan con su posible bloqueo y promocionan MAX, una nueva aplicación de mensajería nacional creada por la red social VK. La aplicación, todavía en etapa beta, permite enviar mensajes, pagar servicios y acceder a trámites estatales, pero establece que los datos de los usuarios pueden ser compartidos con las autoridades.
Además, una nueva ley exige que MAX venga preinstalada en todos los smartphones vendidos en Rusia, mientras se incentiva a instituciones públicas y empresas a migrar sus comunicaciones a esta plataforma.

El Estado también ha avanzado en consolidar el ecosistema técnico de la red. Aumentó drásticamente el costo de las licencias para proveedores de internet y concentra más de la mitad de las direcciones IP en siete grandes empresas, entre ellas Rostelecom, de propiedad estatal.
Según Human Rights Watch, estas medidas buscan sofocar la infraestructura independiente, y reflejan años de aprendizaje técnico y adaptación del gobierno ruso. La combinación de sanciones occidentales y la salida de empresas tecnológicas tras la invasión a Ucrania ha facilitado este proceso.
Aunque Rusia aún no ha alcanzado el nivel de aislamiento digital de China, se acerca cada vez más. Las interrupciones puntuales de servicios como WhatsApp y Telegram durante el último julio podrían ser ensayos para bloqueos futuros.
El abogado y activista Sarkis Darbinyan advierte que el único modo de imponer aplicaciones como MAX será “cerrar y sofocar” toda alternativa extranjera. Sin embargo, recuerda que los hábitos de uso de internet no se transforman fácilmente: “Estos hábitos se adquirieron durante décadas, cuando internet era rápido y libre”.
Desde el punto de vista técnico, Roskomnadzor —el ente regulador estatal— ha logrado avances en la vigilancia y censura del tráfico digital, refinando métodos de inspección y estrangulamiento selectivo del contenido.
Expertos y organizaciones de derechos humanos califican el avance del Kremlin como una “muerte por mil cortes”. En lugar de un apagón abrupto, la estrategia de Moscú apunta a un control paulatino, multifacético y profundo. En ese camino, Rusia está construyendo una red paralela, cerrada al escrutinio externo, y sometida al poder estatal.
El resultado es un ecosistema digital en retroceso, donde el acceso a información libre se reduce progresivamente y donde las consecuencias por buscar, leer o compartir ciertos contenidos pueden ser graves. Un internet cada vez menos global y más ruso.
(Con información de AP)
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INTERNACIONAL
Japón: Hiroshima llama al mundo a abandonar las armas nucleares 80 años después de la bomba atómica que devastó la ciudad

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