En (casi) todas las familias hay secretos. Algunos son nimios y otros pesados. Están, también, los insoportables.

Que alguien a los 47 años se entere de que su abuelo fue uno de los peores asesinos de masas del Siglo XX es uno de esos secretos familiares que integra la tercera categoría.

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Una tarde de un fin de semana de agosto del año pasado, Henrik Lenkeit buscó algo para ver en las plataformas. Se detuvo en un documental sobre nazismo. Un tema que sigue generando mucho interés. Él, un alemán que vive hace años en Mallorca, siempre sintió una especial inquietud con el tema, como tantos otros de sus compatriotas que intentan comprender los motivos de lo que ocurrió en su país.

El documental era sobre Heinrich Himmler, uno de los más poderosos jerarcas nazis. Y uno de los más impiadosos. Probablemente el peor de todos. En la pieza audiovisual fueron pasando por su ascenso en las huestes de Hitler, su llegada a la cima de la Gestapo, cómo creó las SS y la manera en que diseñó e impulsó el sistema concentracionario y la Solución Final. Lo dicho: dentro de los malos, el peor.

De pronto Lenkeit se sobresaltó. En una de las fotos que mostraban aparecía una mujer muy parecida a su madre. Pausó la imagen y se corrigió: la mujer era idéntica a su abuela. Miró detenidamente y se convenció. Esa mujer, que el documental afirmaba que había sido amante de Himmler y con el que había tenido dos hijos, era su abuela. Lo único que no coincidía era el apellido de la mujer, aunque sí el nombre propio, Hedwig. Pero pronto recordó que ese apellido que aparecía el documental era el de su tía abuela.

A partir de ese momento, Lenkeit tardó poco tiempo (muy poco comparado a los 47 años que vivió en la ignorancia) en descubrir que su abuelo materno era Heinrich Himmler, uno de los más terribles criminales del Siglo XX.

Henrik Lenkeit es un pastor cristiano que además es coach de parejas. Nacido en Alemania, vivió algunas décadas en México y se instaló en Mallorca hace siete años. Se casó con una mexicana con la que tienen tres hijos.

Lenkeit debió sentarse frente a su familia y contarles que era nieto de Himmler.

“Mis hijos nunca me habían visto así. Yo era una olla exprés. Tenía que asimilar todo esto. Cuando 47 años de tu vida son una mentira, gran parte de tu identidad muere. Entré en un proceso de luto”, declaró a El País de España unos días atrás

La pesquisa no fue ardua ni debió desempolvar documentos secretos ni trasegar archivos ocultos. En las dos principales biografías del jerarca nazi se contaba que Himmler había mantenido una relación clandestina (al menos paralela con su matrimonio oficial) con Hedwig Potthast desde 1938 hasta el momento de su suicidio en 1945. De esa relación habían nacido dos hijos: Helge, el mayor, y Nanette Dorothea, la madre de Lenkeit.

Al buscar la partida de nacimiento de su madre, se llevó otra sorpresa. Allí figuraba que Himmler era el padre y que la beba había nacido fuera del matrimonio.

Su abuela era Hedwig Potthast. Lo que sucedió fue que poco después del final de la Segunda Guerra cambió su nombre. Eso bastó para que su identidad quedara enmascarada, aun para sus propios nietos, por 75 años.

Hay que recordar que el uso del apellido materno o el de su cónyuge (Hedwig usó ambos) fue una estratagema útil, un buen recurso, de los hijos de jerarcas nazis para intentar llevar una vida normal sin tener que soportar el escrutinio permanente de los demás.

Para estar más seguro, Lenkeit contactó a Katrim Himmler, una escritora e investigadora que fue sobrina de Himmler, hija del hermano, es decir, una prima de su madre. La mujer había escrito un muy documentado libro sobre la vida de su padre y su tío llamado Los Dos Himmler. Ella aportó documentos y lo acompañó a registros para despejar toda duda sobre quién había sido su abuelo.

Con la información absolutamente confirmada, las contradicciones y los dilemas desbordaron a Lenkeit. Por un lado, no podía creer todas las señales que había desdeñado a lo largo de su vida para escapar a esa verdad dolorosa, las oportunidades que había despreciado para abrir los ojos y poder hablar con su madre del tema. Por el otro, lo obsesionaba haber vivido en una mentira durante tanto tiempo, se preguntaba de manera obsesiva (y lo sigue haciendo) quién era él y quiénes sus familiares más cercanos.

Ya es casi un género en sí mismo. Muchos alemanes escribieron libros en los que cuentan la historia de sus antecesores. En realidad narran el descubrimiento (tardío) del pasado nazi de sus padres y abuelos. Tras la muerte de estos y mientras vacían las casas encuentran documentos que prueban la filiación nazi de sus padres. O reciben confesiones de vejez, la develación de secretos que los atormentaron toda su vida. Pero hay una diferencia con la historia de Lenkeit: la mayoría de estos casos son de Mitläufers, es decir, civiles que adhirieron al nazismo, que fueron cómplices, algunos más activos que otros, pero no perpetradores. Y mucho menos jerarcas con el poder de decisión y destrucción de Himmler. Eso es de un tenor absolutamente diferente.

Toda la vida de Henrik y su familia se vio trastocada. Sus cimientos se estremecieron ¿Cómo soportar la revelación de que su abuelo fue un monstruo? ¿Cómo lidiar con el secreto que su madre mantuvo durante tanto tiempo? Son preguntas a las que Henrik Lenkeit todavía no encontró respuestas.

Himmler tuvo una hija con Margarete Boden, su esposa oficial. Gudrun Himmler estuvo detenida por los Aliados tras la guerra. Cuando fue liberada en 1950 tenía 21 años. En su adolescencia, luego de que el padre la llevara a conocer el campo de concentración de Dachau, lo describió como un lugar paradisíaco. Tras quedar en libertad fue una de las pocas hijas de jerarcas nazis que no se ocultó. Pasó a utilizar el apellido de su madre, Bürwitz para facilitar su vida cotidiana. Pero eso no significó que abjurara de los crímenes de su padre. Por el contrario. Aprovechando la devoción de los fanáticos (para ellos se debe haber inventado el término) nazis hacia cualquier nombre o cosa que recordara el Tercer Reich, se convirtió en una impulsora del neonazismo y en defensora de la memoria de su padre. Jamás mostró arrepentimiento ni vergüenza. Hasta llegó a solventar los gastos de la defensa judicial de los criminales juzgados tardíamente como Klaus Barbie. Murió a los 88 años, todavía reivindicando el régimen nazi que su padre había ayudado a imponer.

La historia de los descendientes de líderes tiene varios exponentes. ¿Cómo puede reaccionar un hijo ante el dato de que su padre es un asesino de masas? No hay respuesta posible. Resulta inimaginable para gran parte de la población. Tan inhumano es lo que hicieron que convirtieron a sus propios hijos en víctimas. Que se haya visto afectada su capacidad crítica es, al menos, comprensible. No se puede exigir demasiada lucidez cuando los afectos, los propios recuerdos, la negación y lo aberrante se amontonan. Un posible enfoque de estas historias es el de comprobar hasta qué límites puede llegar la capacidad de negación cuando los afectos están involucrados.

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Algunos se ocultaron y nunca más aparecieron públicamente, trataron de volverse invisibles, siempre con perfil bajo y otros apellidos. Hubo unos pocos que a pesar de las múltiples evidencias, siguieron defendiendo a sus padres, negando los crímenes del nazismo y tratando de reverdecer su ideario antisemita; Gudrun se encontraba en este grupo. Otros se convirtieron en impulsores del pacifismo y denostaron públicamente lo que hicieron sus antecesores y dieron charlas por el mundo tratando que no vuelva a suceder. Henrik Lenkeit, desde la revelación, integra este grupo.

No son muchos los que pueden lidiar con ese legado macabro. Conviven la culpa, el dolor, la incomprensión (propia y ajena), el temor, el odio. Siempre es complicado juzgar a los padres y a los abuelos. Por eso en este tipo de historias hay pocos términos medios. Se los rechaza o se los defiende a ultranza. La mayoría de los hijos juzga a sus progenitores por sus actos privados. Estos descendientes de líderes nazis deben hacerlo también por su atroz actuación pública. Cada uno manejó esa herencia como pudo, pero a todos, de una manera u otra, les fue imposible ignorar el terrible pasado familiar. Todos debieron convivir con el hecho de que ese genocida también era su padre o su abuelo. Algunos muy tardíamente como en este caso.

Henrik Lenkeit desde hace un año intenta lidiar con estos fantasmas del pasado que él consideraba ajenos, pero ahora sabe propios. Sabe que las sombras y los sentimientos encontrados lo acecharan el resto de su vida.

Just hours after railing against the Democratic Party establishment in his victory speech, New York City Mayor-elect Zohran Mamdani hired an all-female transition team full of veterans from the former administrations of Michael Bloomberg, Eric Adams, Bill de Blasio and Joe Biden. 

Among those transition team members is Lina Khan, the former Federal Trade Commission chairperson under Joe Biden. When Lina Khan was chair, the FTC faced accusations from Republicans of eroding agency independence and bipartisanship, collaborating with foreign regulators to undermine U.S. companies, politicizing antitrust enforcement, and unlawful rulemaking. 

Among those accusations were claims that Khan was sidelining career staff in favor of fresh blood from a cadre of dark money nonprofits funded by liberal billionaires like George Soros and Pierre Omidyar, while simultaneously pushing a strong antitrust enforcement agenda supported by such groups.

Mamdani’s decision to tap Khan as one of four co-chairs of his transition team came just hours after he slammed unaccountable elected officials for being more concerned about enriching themselves than fostering the public’s trust. «For years, those in City Hall have only helped those who can help them,» he told supporters Tuesday night. «But on January 1st, we will usher in a city government that helps everyone.»

VAN JONES CALLS OUT ZOHRAN MAMDANI FOR ‘CHARACTER SWITCH’ DURING INTENSE VICTORY SPEECH

However, Mamdani’s appointment of Khan puts that pledge under the spotlight, considering she has been accused of using her position to benefit allies, including those she used to work for. 

During Khan’s FTC chairmanship, she tapped Sarah Miller as a «special adviser» before elevating Miller to her chief of staff soon thereafter. Miller previously led the antitrust advocacy group American Economic Liberties Project (AELP), which, according to tax documents and grant databases, has been given at least between $200,000 and $500,000 by Soros’ Open Society Foundations, the Omidyar Network and the Ford Foundation.

Miller is married to former Bernie Sanders aide Faiz Shakir, the founder of another antitrust advocacy organization called More Perfect Union (MPU). MPU and its affiliated advocacy arm, More Perfect Union Action, have also received hundreds of thousands in backing from the Soros, Omidyar and Ford Foundation networks. When Miller moved to the FTC, her former group, AELP, made her husband Shakir its interim leader. Meanwhile, at the time, AELP also elevated former Omidyar Network consultant Nidhi Hedge to its managing director position, a press release on its website stated, underscoring the intimacy of the network.

Under Khan, the FTC quietly enlisted several employees from another Soros, Omidyar and Ford Foundation-funded nonprofit called the AI Now Institute. The FTC appointed AI Now founder Meredith Whittaker as a «senior adviser on artificial intelligence» in 2021, and at least four other AI Now staffers to advisory roles. At a certain point, AI Now’s entire organization had been called up at some time or another in recent years to advise the commission.

MAMDANI VICTORY SPEECH DRAWS CONCERN AS NYC MAYOR-ELECT VOWS ‘NO PROBLEM TOO LARGE FOR GOVERNMENT TO SOLVE’

Former Federal Trade Commission Chair Lina Khan is sworn in before testifying to the House Judiciary Committee in the Rayburn House Office Building on Capitol Hill on July 13, 2023 in Washington, D.C. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Over time, the AI Now advisors on the trade commission were credited on multiple occasions with helping craft policy and messaging, according to the FTC’s website during Khan’s tenure. The FTC also appeared to adopt policy statements that coincided with opinions from AI Now analyses.

Another adviser brought on to assist the trade commission under Khan, who previously worked at the Omidyar-backed Democracy Fund, had his job description amended shortly after joining to include language about helping the commission on «enforcement efforts.» Law professor John Kwoka, also tapped as an advisor to the commission under Khan, previously advised the Open Markets Institute, where Khan herself was the director of legal policy. The Soros, Omidyar and Ford networks have all passed grants to the Open Markets Institute.

Among the critics of Khan at the time of her chairmanship was Christie Wilson, the lone Republican commissioner at the FTC who eventually resigned due to Khan’s leadership. Wilson accused Khan of flouting due process and the rule of law, while also confirming she sidelined career professionals at the FTC.      

«Former FTC Chair Lina Khan became synonymous with her hostility toward businesses large and small during the Biden Administration and one of the ringleaders of Bidenomics,» said GOP strategist Colin Reed when asked about Mamdani’s transition team appointments. «Already the incoming mayor is breaking one of his core promises to shake up the status quo and usher in a new day.»

When Fox News Digital reached out to Khan about her tenure at FTC, she replied, «No comment.»

Zohran Mamdani, mayor-elect of New York, center, joined by members of his transition team, from left, Elana Leopold, transition executive director, Melanie Hartzog, transition co-chair, Maria Torres-Springer, transition co-chair, Grace Bonilla, transition co-chair, and Lina Khan, transition co-chair, speaks to members of the media at Flushing Meadows Corona Park in the Queens borough of New York on Wednesday, Nov. 5, 2025. (Adam Gray/Bloomberg via Getty Images)

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Matt Gorman, a conservative political strategist in D.C., also slammed Mamdani for claiming to usher in a new era of politics in New York City, but then turning around and «picking from the same old political class of a failed Democratic administration.»

In addition to Khan, Mamdani’s all-female transition team also includes Democratic Party veterans tied to the former administrations of Bill de Blasio, Eric Adams, and Michael Bloomberg. 

The other co-chairs include Maria Torres-Springer, a former top aide under former mayors de Blasio and Bloomberg, and soon-to-be former mayor Adams; Melanie Hartzog, a former New York City budget director who served as the Deputy Mayor for Health and Human Services under de Blasio; and Grace Bonilla, a former Bloomberg and de Blasio aide appointed to lead the former’s Task Force on Racial equity and Inclusion. 

Elana Leopold, a former senior aide for de Blasio, was tapped to be the transition team’s executive director.

Joe Schoffstall contributed to this report.

(Desde San Pablo) Una veintena de organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos humanos se reunieron ayer en Brasilia con el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes en una audiencia pública en el marco de la ADPF de las Favelas. Se trata de una acción judicial presentada ante el STF en 2020 por estas organizaciones para limitar la violencia y los abusos de las operaciones policiales en las favelas de Río. La causa se inició durante la pandemia de Covid-19, cuando las incursiones militares estaban provocando un elevado número de muertes entre los residentes. Entre las peticiones figuraba en ese momento la suspensión de las operaciones policiales en las comunidades, salvo en casos “excepcionales”, petición que el juez Edson Fachin aceptó parcialmente, determinando que la policía de Río solo podía entrar en las favelas en situaciones extraordinarias y previa comunicación al Ministerio Público. La decisión también estableció obligaciones de transparencia, como la presentación de informes detallados sobre las operaciones y el respeto de los derechos humanos. La audiencia de ayer se programó tras la operación Contención de la policía civil de Río de Janeiro la semana pasada, en la que murieron 121 personas en el tiroteo entre delincuentes del Comando Vermelho (CV) y la policía de Río de Janeiro.

Entre el grupo de ONG reunidas ayer en Brasilia se encuentra también el Instituto Ángeles de la Libertad (Instituto Anjos da Liberdade en portugués), presidido, según el sitio web de noticias Metrópoles, por la abogada Flávia Pinheiro Fróes, quien la semana pasada declaró a la periodista Andreza Matais que ahora se ocupa “únicamente de la defensa de Marcinho VP”, uno de los líderes de CV, y no de otros miembros del grupo. Ayer, sin embargo, Fróes declaró que no representaba a Marcinho VP desde 2021 en su solicitud de reconsideración de la prohibición que Moraes le impuso sobre su participación en la audiencia pública. En el texto para justificar su decisión, Moraes escribió que los representantes de personas o instituciones condenadas penalmente por participar en una organización criminal no pueden participar en las audiencias convocadas por el Tribunal Supremo. “Hemos venido a Brasilia para participar porque hemos sido la única entidad que ha recopilado presencialmente material imprescindible para esta audiencia pública, que contiene pruebas de crímenes de tortura y ejecuciones sumarias. Más que abogados, somos testigos”, declaró Fróes al sitio web de noticias Metrópoles.

El Gobierno de Lula también está acelerando el tema de los derechos humanos. “El hecho concreto es que, desde el punto de vista del número de muertos, se podría considerar que la operación ha sido un éxito, pero desde el punto de vista de las acciones del Estado, ha sido desastrosa”, declaró hace unas horas Lula. En cuanto a la operación de Río, el presidente afirmó que es necesario “verificar las condiciones en las que se llevó a cabo, porque hasta ahora solo tenemos las versiones proporcionadas por la policía y el gobierno estatal”. Por ello, Lula propuso una investigación independiente con la participación de expertos forenses de la Policía Federal (PF). “La decisión del juez era una orden de detención, no una orden de masacre, pero se produjo una masacre”, afirmó.

Los habitantes de las favelas de Río piensan de otra manera, no solo los del Complexo da Penha y do Alemao, donde se llevó a cabo la operación el martes de la semana pasada. Según una encuesta de AtlasIntel, el 87,6% de ellos aprueba la operación, una media de casi 9 de cada 10 habitantes. Justo en los mismos días de la encuesta, inmediatamente después de la operación, el fiscal publicó las denuncias de torturas sufridas por la población de las favelas de Río de Janeiro a manos del Comando Vermelho: baños en agua helada, personas atadas a coches en movimiento cuando no asesinadas después de que los tribunales del crimen decretaran su muerte. Una violencia que el CV no solo inflige en Río, sino también en otros estados de Brasil. Un informe reciente del Núcleo de Inteligencia de la Policía Civil de Ceará ha revelado el fenómeno de las expulsiones forzadas de familias de sus hogares por orden de facciones criminales, entre ellas el CV, con 219 casos entre enero de 2024 y septiembre de 2025. Emblemático es el caso de Morada Nova, un pequeño pueblo de Ceará que se ha convertido en un pueblo fantasma precisamente a causa de una guerra entre facciones.

Mientras tanto, el gobierno de Río de Janeiro está planeando nuevas operaciones, al menos una decena según el gobernador Cláudio Castro, una de ellas en diciembre en la zona de Jacarepaguá, en el suroeste de la ciudad, con el objetivo de reconquistar los territorios. La próxima semana, la policía de Río de Janeiro también llevará a cabo operaciones diarias en la zona suroeste de la ciudad y en la Baixada Fluminense para retirar los cientos de barricadas que las facciones criminales han levantado en los últimos años en las entradas y callejones de las favelas. Fuentes policiales han declarado a Infobae que el Complexo do São Carlos podría ser uno de los próximos objetivos, junto con el Complexo da Maré. São Carlos, en particular, se ha convertido en un peligroso foco de delincuencia donde no se han llevado a cabo operaciones policiales importantes desde hace más de dos años. Esto ha permitido que se establecieran líderes de facciones procedentes de otros estados, como Minas Gerais.

En este contexto dramático, el tema de la seguridad, de social se ha convertido en político a pocos meses del comienzo de 2026, un año crucial porque Brasil decidirá quién será su próximo presidente. El martes, el Senado brasileño creó la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el Crimen Organizado, eligiendo como presidente al senador del Partido dos Trabalhadores, el PT de Lula, Fabiano Contarato. La elección de Contarato representa una victoria del Gobierno de Lula, obtenida tras modificaciones en la composición del colegio para asegurarse la mayoría. La oposición, liderada por Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, denunció la interferencia del Gobierno en la formación de la comisión, acusándolo de “asaltar” la CPI para asegurarse el control político. En su primera intervención, Contarato prometió “investigar con independencia, transparencia y valentía”, afirmando que la comisión “llegará hasta lo más alto de la cadena criminal para identificar y castigar no solo a los ejecutores, sino también a los líderes, financiadores y cómplices que se lucran con la violencia y la corrupción”.

Mientras tanto, en menos de una semana se han presentado 51 proyectos de ley al Congreso sobre este tema, una fragmentación que corre el riesgo de favorecer solo a la política y no a la lucha contra la delincuencia. Entre ellos se encuentra también el que clasifica las acciones de las facciones criminales como terroristas, pero que corre el riesgo de convertirse involuntariamente en un regalo para ellas, según magistrados y especialistas. De ser aprobada, la medida quitaría, de hecho, a la policía y a los Ministerios Públicos estatales, en particular a los grupos especiales de lucha contra el crimen organizado, los llamados GAECOS, la competencia en las investigaciones contra el crimen organizado, transfiriendo los casos a la justicia de Brasilia y a la Policía Federal.

El Gobierno también ha presentado su propuesta con el proyecto de ley antifacciones que Lula firmó la semana pasada y envió al Congreso. El texto establece penas más severas para los miembros de las facciones, con penas de hasta 30 años, el máximo consentido en Brasil. El texto no solo no incluye la definición de terrorista para las organizaciones criminales, como desearían los Estados Unidos, sino que está muy lejos de la ley antimafia italiana, considerada una de las mejores del mundo precisamente por la dramática historia de la mafia en ese país europeo. La cadena perpetua, el aislamiento dentro de la cárcel para los grandes líderes de las organizaciones criminales, la confiscación de bienes y penas más severas también por delitos de asociación criminal podrían ser un modelo útil para Brasil.

“Después de que el aumento de los aranceles de Estados Unidos haya vuelto a situar a Lula como favorito para la reelección, la crisis de seguridad pública en Río reaviva las vulnerabilidades políticas y podría modificar el equilibrio electoral en 2026”, escribe Carlos Pereira en O Estado de São Paulo. “La sociedad brasileña parece dispuesta a aceptar —e incluso a exigir— medidas más duras contra el crimen organizado, aunque ello implique costes en términos de derechos civiles o de métodos de actuación policial. En otras palabras, la ventana de la opinión pública, que en el pasado se cerraba ante las acciones represivas, ahora se ha abierto”, concluye Pereira.

En este contexto, preocupa la noticia publicada por el sitio web de noticias R7, según la cual la agencia de inteligencia brasileña, la ABIN, estaría evaluando la posibilidad de cerrar sus superintendencias estatales. El motivo sería la falta de fondos. Según R7, la agencia ha pasado de un presupuesto de 141 millones de reales en 2001 a 64 millones de reales este año (11,9 millones de dólares), su mínimo histórico. Muchos se preguntan por qué, en medio de una crisis de seguridad pública como la que está viviendo Brasil, el país está recortando una herramienta fundamental para combatir el crimen desde la raíz.

Sobre todo porque la delincuencia brasileña es cada vez más transnacional, como demuestra un video difundido tras la operación de Río de Janeiro, pero grabado dos semanas antes en Bolivia, en el que aparece el narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, conocido como “El Jugador”, uno de los más buscados del mundo. En el video aparece junto a miembros del PCC, la principal organización criminal de Brasil, mientras profiere amenazas directas a sus rivales y a las fuerzas policiales y habla de “desatar una guerra” en la frontera con Brasil. “Hoy puedo estar aquí, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro en Colombia. Esté donde esté, estamos listos para hacer la guerra a cualquiera, a la policía. No me importa nadie”, dice Marset.

Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que conduzca a su detención. Acusado de dirigir una red transnacional que ha traficado toneladas de cocaína desde Sudamérica a Europa, en 2024 Marset fue acusado en Estados Unidos de blanqueo de capitales, en el marco de la operación “A Ultranza PY”, la mayor investigación antidroga de la historia de Paraguay. Marset es considerado el líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU) y mantiene alianzas con el clan paraguayo Insfrán y con la ‘Ndrangheta italiana, activa en la distribución de cocaína en Europa. Sus relaciones con el PCC se remontan al período de detención entre 2013 y 2018 en la cárcel de Libertad (Uruguay), donde habría establecido los primeros contactos con miembros de la facción brasileña. Según Jalil Rachid, jefe de la agencia antidroga de Paraguay, la SENAD, la colaboración entre Marset y el PCC representa “una amenaza regional”, ya que el traficante está tratando de expandir sus operaciones aprovechando la poderosa estructura del grupo brasileño.

También preocupa un video que Philippe Marques Pinto, de 29 años, publicó en sus redes sociales mientras se entrena para la guerra en Ucrania. Según la prensa brasileña, Pinto es miembro del Comando Vermelho al servicio de un jefe del grupo en São Gonçalo, en las afueras de Río de Janeiro. Ante la internacionalización creciente del crimen brasileño, el Gobierno de Donald Trump envió el martes una carta al secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, Victor Santos. En el documento, firmado por James Sparks, representante de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, Washington expresa su pésame por la muerte de los cuatro policías en la operación de Río de Janeiro de la semana pasada y afirma que está “a disposición para cualquier apoyo que sea necesario”. “En este momento de duelo, reiteramos nuestro respeto y admiración por el incansable trabajo de las fuerzas de seguridad del estado y nos ponemos a disposición para cualquier tipo de ayuda que pueda ser necesaria”, reza el texto.