INTERNACIONAL
La crisis de seguridad en Río de Janeiro se instala en la agenda de campaña y crece la disputa política

La tragedia que culminó con más de 120 muertos en dos favelas de Río de Janeiro dominadas por el narcotráfico instaló el tema de la seguridad pública en la agenda de campaña y amenaza con afectar la carrera presidencial de Luiz Lula da Silva.
La crisis de seguridad se trasladó al ámbito político en forma casi inmediata. La derecha bolsonarista en el gobierno estadual carioca acusó al gobierno federal de izquierda de inacción y de dejar “solo” a Río en la lucha contra el crimen organizado.
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La reacción del gobierno de Lula fue inmediata. Negó las acusaciones y envió una misión a hablar con el gobernador Carlos Castro (Partido Liberal, bolsonarista) para consensuar medidas de seguridad. En la mesa está la posibilidad de militarizar sectores clave de la ciudad como puertos, aeropuertos o favelas dominadas por el Comando Vermelho, la principal facción narco.
“Si esta crisis no se gestiona adecuadamente, podría afectar la carrera presidencial de 2026. Esto perjudica al gobierno. El PT (Partido de los Trabajadores, gobernante) tiene un buen desempeño en el ámbito económico gracias a sus políticas sociales para combatir la pobreza, aumentar el salario mínimo, etc. En el ámbito de la ley y el orden, que también abarca costumbres y otras cuestiones morales y culturales, el PT suele obtener malos resultados”, dijo a TN el analista brasileño Fernando Guarnieri.
EL bolsonarismo busca poner el foco de la campaña en la seguridad
Con su líder Jair Bolsonaro preso y condenado a 27 años de prisión por golpismo, la derecha brasileña busca priorizar el tema de seguridad en la agenda pública.
Esta es una preocupación latente para los cariocas en particular y los brasileños en general. Por un lado, un sector clama por políticas de “mano dura” y por el otro crecen las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Imagenes sensibles. Cuerpos yacen en una calle de Rio de Janeiro (Foto: Reuters: Ricardo Moraes)
“Si este ámbito domina la campaña, Lula podría tener problemas. Ha intentado ganar terreno en este aspecto con operativos de la Policía Federal, mostrando una faceta más punitiva para atraer al electorado de centroderecha, pero, dado lo ocurrido en Río, tendrá que pronunciarse sobre las posibles violaciones de derechos humanos, un tema importante para su base de izquierda, pero que aleja al electorado más conservador que intentaba captar», afirmó Guarnieri.
Lula anunció oficialmente que buscará su reelección, a sus 80 años recién cumplidos, en las elecciones presidenciales de octubre de 2026. Del lado bolsonarista, con Bolsonaro fuera de combate, cobra fuerza una candidatura del gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas.
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La analista brasileña Denilde Holzhacker, directora del área de Investigaciones en la Escuela Superior de Publicidad y Marketing (ESPM), dijo a TN : “El tema de la seguridad es uno de los puntos más difíciles para el gobierno de Lula, ya que una parte de la población entiende que el gobierno brindó poco apoyo a los gobiernos estatales».
“Además, es un tema importante para los partidarios de Bolsonaro y la derecha. Por lo tanto, es probable que estos grupos lo utilicen ampliamente en contra del gobierno. Y los gobernadores de derecha también aprovecharán la falta de apoyo del gobierno federal», sostuvo.
La derecha busca utilizar políticamente esta situación a su favor para contrarrestar el “buen momento” político de Lula tras su cumbre en Malasia con Donald Trump en la que limó asperezas y acercó posiciones para aliviar los duros aranceles aplicados por Washington a productos brasileños. Por ello, analistas vaticinan que el gobierno federal pasará ahora a la ofensiva en materia de seguridad para no perder terreno.

Una mujer en duelo besa un cuerpo cubierto, al día siguiente de una operación policial letal contra el tráfico de drogas en la favela Complejo do Penha, en Río de Janeiro. (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes).
“En todos los momentos críticos en materia de seguridad, las acciones del gobierno federal deberían estar dirigidas a buscar la aprobación de una Enmienda de Seguridad (una reforma de seguridad que debe pasar por el Congreso e impulsada por Lula), celebrar una reunión con los gobernadores y anunciar algunas medidas”, dijo Holzhacker.
Para la analista, “Lula viene de un buen momento gracias al progreso de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, pero el tema de la seguridad será utilizado ampliamente por ambas partes. El gobierno federal afirma que los gobernadores son incompetentes y los gobernadores acusan al gobierno de falta de apoyo. En este momento de gran polarización, este será otro tema en la agenda”, indicó.
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Alberto Almeida, analista del Instituto Brasilis y autor del libro El voto del brasileño, le dijo a TN que esta es “una oportunidad para el gobierno federal de mostrar que está preocupado con la seguridad pública”.
La polarización brasileña está también arraigada en cómo encarar el problema de la seguridad y el poder del narcotráfico. “Hay un sector de la población que propugna la mano dura contra los delincuentes, pero también hay consenso en que la policía actúa de forma indiscriminada, que son abatidos inocentes y que los pobres están en la primera línea de tiro”.
“Son dos posiciones que se enfrentan” y que dejan abierto un debate político que se trasladará indefectiblemente a la campaña, concluyó.
Brasil, Río de Janeiro, Narcotráfico
INTERNACIONAL
Trump administration accused of violating court order by sharing Medicaid data with ICE

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More than a dozen Democratic-led states are accusing the Trump administration of violating a federal court order by sharing Medicaid data with Immigration and Customs Enforcement, asking a judge to enforce the ruling.
The states’ complaint asks the U.S. District Court for the Northern District of California to enforce its existing injunction blocking HHS from sharing Medicaid data with ICE.
«The Trump Administration appears to be defying a direct court order blocking it from sharing the personal, sensitive data of individuals including U.S. citizens and lawful permanent residents. It’s invasive — and deeply troubling,» said California Attorney General Bonta, who led the coalition of 22 states. «When Californians signed up for Medi-Cal, they did so with the understanding that their data would not be used for purposes unrelated to administering this program. I urge the court to enforce its earlier order and make clear that these guardrails exist for anyone who is lawfully residing in the United States.»
The complaint stems from a lawsuit spearheaded by California in July 2025 against the Trump administration. The lawsuit accused Health and Human Services of violating federal law through its «mass transfer of sensitive Medicaid data» of both lawful permanent and temporary residents. The lawsuit also argued that the sharing of the personal information will likely create a «chilling effect on individuals’ willingness to enroll in Medicaid programs» for which they are legally eligible.
SECOND FEDERAL JUDGE BLOCKS IRS FROM SHARING ADDRESSES WITH ICE
A split image shows Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents patrolling Terminal C at LaGuardia Airport on March 24, 2026, in New York City (L), and U.S. President Donald Trump arriving at Miami International Airport on March 27, 2026, in Miami, Florida (R). President Trump deployed ICE agents to airports amid TSA staffing shortages, with border czar Tom Homan overseeing the effort. (Michael M. Santiago and Nathan Howard / Getty Images)
A federal judge ruled last December that the Trump administration is not allowed to collect the personal information of lawful permanent residents or citizens, but that it can continue to collect basic information from individuals such as addresses, birthdates and immigration status for residents with temporary status. However, the scope of data that can be collected is limited and cannot include sensitive health information.
The attorneys general accuse Health and Human Services of sharing «a large and complex» set of data on Medicaid recipients with ICE, which is in violation of a federal court ruling allowing the exchange of limited personal information but excluding the information of legal permanent residents. The complaint also accuses the Trump administration of failing to share its criteria for determining if a resident is being «lawfully present.»
CATO Institute Senior Legal Fellow Dan Greenberg told Fox News Digital there is «a strong possibility» that HHS and ICE violated the district court’s order.
LETITIA JAMES SUES HHS OVER TYING FEDERAL FUNDS TO TRANSGENDER POLICY

ICE agents stand at the scene where a woman was shot and killed earlier in the day during an enforcement operation on Jan. 7, 2026, in Minneapolis, Minnesota. (Christopher Juhn/Anadolu via Getty Images)
«The reason this is a strong possibility is that DHHS communications apparently indicate that it shared a ‘large and complex’ dataset of Medicaid recipients with ICE,» Greenberg said. «That phrase suggests that the dataset that was shared with ICE may have included information that is outside the scope of the court order. That is a question of fact: that is why the states are now asking the court to compel the federal government to explain just what was shared and how it is now being used.»
Greenberg also pointed out that the Transformed Medicaid Statistical Information System database does not «appear to have any simple or direct way to identify/single out immigrants who are undocumented,» making «information-sharing that complies with that court order difficult or impossible.»
«The TMSIS identifies people who are only eligible for emergency Medicaid services, but the problem is that this class of people includes both undocumented and lawfully present immigrants,» Greenberg said. «In short, it is as if the court order said that only some of the information in one particular file should be disclosed, but there is reason to believe that DHHS decided that — because they can’t figure out how to separate out this particular type of information – they may have handed over the whole filing cabinet.»

The US Department of Health and Human Services building is shown in Washington, D.C. (Saul Loeb/AFP)
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In addition to California, attorneys general of Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin, and the governor of Kentucky signed on to the complaint.
Fox News Digital reached out to the White House and Health and Human Services for comment.
politics, california, health, immigration, donald trump
INTERNACIONAL
El presidente de Irán sugiere la posibilidad de un acercamiento diplomático en una carta dirigida al público estadounidense

INTERNACIONAL
El mapa del desastre naviero en Ormuz: qué países están pagando el mayor precio

Las empresas navieras de Grecia, los Emiratos Árabes Unidos y China son las más afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz, según datos de Bloomberg y de organizaciones de tráfico marítimo.
Alrededor de 670 buques de carga enviaron señales desde el oeste del estrecho de Ormuz durante el último día, de los cuales 120 pertenecían a empresas de los cercanos Emiratos Árabes Unidos, lo que representa alrededor del 18 % del total.
La guerra estalló el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, lo que desencadenó ataques de represalia en toda la región, con las fuerzas de Teherán apuntando a esta crucial vía marítima.
Las cifras podrían subestimar los totales reales, ya que es posible que algunos buques hayan apagado sus transpondedores.
Grecia
Después de los Emiratos Árabes Unidos, el siguiente en la lista es Grecia: sus empresas cuentan con al menos 75 buques de carga que se encuentran en el estrecho desde el inicio de la guerra, alrededor del 12 % del total.
De esos buques, unos 30 son petroleros o gaseros, según un análisis de datos de Bloomberg, que recopila información de diversas organizaciones.
China

Los países asiáticos se han visto muy afectados por el cierre.
Las empresas chinas cuentan con 74 buques de carga en la zona, 25 de los cuales son petroleros y gaseros. El resto son buques de carga seca a granel, como los portacontenedores.
Japón
Las empresas japonesas tienen al menos 23 buques de petróleo y gas y 16 buques de carga seca en el estrecho.
Además, 25 buques de Hong Kong —13 de petróleo y gas, 12 de carga seca— también se encuentran en la región.
India
Las empresas con sede en la India cuentan con 24 buques de petróleo y gas en la zona.
Las empresas de Singapur y Corea del Sur también se han visto afectadas, con 29 y 22 buques de mercancías, respectivamente, atascados desde que comenzó la guerra.
Vietnam tiene tres grandes buques de transporte de gas en la zona.
Petróleo y gas
Alrededor de 50 superpetroleros (VLCC) parecen estar varados, junto con 11 supergaseros.
Corea del Sur cuenta con siete de los VLCC, las empresas de China y Japón cuentan con seis cada una, y Grecia con cinco.
Buques vinculados a Irán
De las 225 travesías realizadas por buques de carga desde el inicio de la guerra, más de 40 fueron de buques iraníes, según datos de la empresa de inteligencia marítima Kpler.
Otras 60 fueron de buques que no enarbolan pabellón ni son propiedad directa de Irán, pero que están sancionados por Estados Unidos en el marco de su programa sobre Irán.
Travesías griegas y chinas
Unas 35 travesías han sido realizadas por buques de propiedad griega, incluidas ocho de una sola empresa, Dynacom Tankers Management Ltd.
Al menos 20 buques afiliados a China y 13 vinculados a la India han realizado el trayecto.
Algunos buques parecen haber cruzado el estrecho a través de un sistema de verificación en el que Irán concede paso seguro a ciertos buques de países amigos.
Buques estadounidenses en el punto de mira
Cientos de buques parecen estar esperando a que pase la guerra, dados los altísimos costos de los seguros y el peligro para la vida y la carga.
De los buques en la zona que informaron de ataques o actividades sospechosas, alrededor de la mitad estaban vinculados a Europa o a Estados Unidos, según el Servicio de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido y la información sobre la propiedad disponible públicamente.
(Con información de AFP)
Middle East
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