A bipartisan group of Minnesota lawmakers has proposed a bill seeking to ban warrants allowing law enforcement to gather data revealing which cellphones and other devices that were near a crime scene at a specific time.

Democrat state Sen. Erin Maye Quade introduced a Senate bill to ban those warrants in most cases, with Sens. Omar Fateh, also a Democrat, and Eric Lucero, a Republican, joining as original sponsors.

The bill would also allow anyone whose information was obtained during the search to sue law enforcement.

Lawmakers argue the warrants should be prohibited except in emergency situations. They said reverse location warrants, sometimes called «geofence» or «dragnet» warrants, are too broad and violate Fourth Amendment protections against unreasonable searches and seizures.

YOUR PHONE IS NOW A CRIME SCENE IN YOUR POCKET

Critics of the warrants say authorities can gather data on thousands of people near a particular area, including those who attended an event that could be of interest to law enforcement, such as a protest.

«We do believe that we have to balance our constitutional rights and public safety so that we’re not essentially sending law enforcement in to search for a needle in a haystack by exponentially increasing the size of the haystack,» Maye Quade said during a hearing on March 9.

Law enforcement groups, including the Minnesota Chiefs of Police Association and the Bureau of Criminal Apprehension, contend that the bill is too broad, although both have suggested a willingness to negotiate with lawmakers about data privacy concerns.

«We recognize and share the Legislature’s commitment to protecting individual privacy and civil liberties. However, as drafted, this bill would impose an outright prohibition on investigative tools that are lawful, court-supervised, and, in many cases, critical to solving serious crimes and protecting public safety,» the Minnesota Chiefs of Police Association said in a letter to lawmakers.

Senate lawmakers first discussed the bill in the Senate Judiciary and Public Safety Committee on March 9. House lawmakers discussed a companion bill, originally proposed by Rep. Sandra Feist, a Democrat, in the Judiciary Finance and Civil Law Committee on Feb. 24.

This comes amid an ongoing case at the national level, in which the U.S. Supreme Court will hear oral arguments in April on the constitutionality of reverse location warrants.

Between 2018 and 2020, the number of reverse location warrants in Minnesota jumped from 22 to 173.

The Senate bill would allow anyone whose information was obtained during the search to sue law enforcement. (Kurt «CyberGuy» Knutsson)

In 2023, Google said it would stop storing location data in a way that would make it susceptible to reverse location warrant requests. By July of last year, the company said all location history data previously stored on its servers had been wiped or moved to on-device storage.

But groups such as the American Civil Liberties Union and Electronic Frontier Foundation have raised concerns about whether that change is enough.

The warrants appear to still be used in Minnesota, as law enforcement groups argue they play a key role in solving investigations.

Bureau of Criminal Apprehension Superintendent Drew Evans said a ban on those warrants «would have a major detrimental effect on public safety in Minnesota.»

«There are numerous examples of case investigations where reverse location data has saved lives, even just recently,» Evans said in a letter to lawmakers, although he added that he supports «reasonable safeguards for data privacy protections» and would be «more than willing to collaborate on possible solutions to implement more safeguards while still preserving such an important technological tool.»

As written, the Senate bill would prohibit warrants to collect information on devices that searched for a specific keyword, phrase or website. It would also ban similar collection of GPS coordinates, cell tower and Wi-Fi connectivity data.

GRASSLEY: BIDEN DOJ BYPASSED CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS BY SUBPOENAING SENATOR PHONE RECORDS

Minneapolis police in tactical gear arrive on the street in downtown Minneapolis as protesters gather on Jan. 17, 2026, in Minneapolis, Minnesota. (Jim Vondruska/Getty Images)

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Lucero said during the March 9 hearing that the bill should not be viewed as anti-law enforcement, arguing it promotes pro-constitutional principles.

«We simply want to make sure that those time-tested principles are protected in the new digital realm,» Lucero said.

Lucero referenced the Fourth Amendment, which protects against unreasonable searches and seizures unless a warrant specifies a particular place and the person or thing to be seized.

«Reverse search warrants are the antithesis of that,» he said.

The Associated Press contributed to this report.

Durante años, el sector agrícola se ha enfrentado a un mercado laboral escaso, ya que los trabajadores agrícolas envejecen y cada vez son menos los nuevos migrantes y los estadounidenses más jóvenes dispuestos a trabajar en los campos. Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump prometieron que las deportaciones masivas ayudarían, y darían lugar a “salarios más altos con mejores prestaciones” y a una “mano de obra 100 por ciento estadounidense”.

Pero el gobierno ha reconocido discretamente en los últimos meses que sus redadas de migración y la represión en la frontera han agravado el problema. Así que ha recurrido a una fuente alternativa, al abaratar la contratación de trabajadores agrícolas migrantes con visados temporales.

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Muchos agricultores han celebrado esos cambios, introducidos en un programa de visados cada vez más popular conocido como H-2A, y señalaron la dificultad de contratar a trabajadores estadounidenses y las duras condiciones económicas del sector. Pero tanto los defensores de una política migratoria más estricta como los sindicatos se oponen, al argumentar que la medida solo aumentará la proporción de trabajadores extranjeros y perjudicará a los trabajadores locales y reducirá sus salarios.

El debate latente subraya cómo algunos de los principales objetivos del gobierno de reducir la migración, mantener bajos los precios de los alimentos y ayudar a los trabajadores estadounidenses pueden entrar inevitablemente en conflicto. Los intereses contrapuestos en juego muestran también los efectos indirectos del enfoque de línea dura de Trump respecto a la migración legal e ilegal.

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, dijo en un comunicado que el gobierno estaba promulgando “reformas reales para aliviar las cargas normativas y reducir los costos laborales”.

“La economía agrícola se encuentra en una situación difícil, y el presidente Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que los agricultores tengan lo que necesitan para tener éxito”, dijo.

Solo el 0,4% de los agricultores de California declararon haber perdido trabajadores debido a las redadas agrícolas, según una nueva encuesta de la Oficina Agrícola de California y la Universidad Estatal de Míchigan. Pero más del 14 por ciento dijo que las redadas y la ansiedad general en torno a la intensificación de la aplicación de las leyes de migración provocaron la escasez de trabajadores. Entre los cultivos que requieren mucha mano de obra, como la fruta y la verdura, esa cifra era de casi el 20 por ciento.

En un documento normativo sobre la reforma del programa H-2A en octubre, el Departamento de Trabajo reconoció las dificultades para encontrar trabajadores: “El cese casi total de la afluencia de extranjeros ilegales, combinado con la falta de mano de obra legal disponible provoca importantes trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses”.

Estas dificultades, advirtió la agencia, solo aumentarán a la luz del proyecto de ley de política interior de Trump, que plantea la posibilidad de disuadir a unos 225.000 trabajadores. “Esta amenaza crecerá a medida que se desplieguen las herramientas que el Congreso proporcionó en la HR 1, un grande y hermoso proyecto de ley, para mejorar la aplicación de las leyes de migración de la nación”, continuó la agencia.

Debido a los nuevos cambios, la agencia ajustó la forma de calcular los salarios pagados a los trabajadores agrícolas H-2A, lo que redujo efectivamente las tarifas por hora entre 1 y 7 dólares según el estado, de acuerdo con algunas estimaciones. Los propietarios de granjas también pueden incluir ahora el alojamiento como parte del paquete de compensación que ofrecen a los trabajadores agrícolas invitados.

La reducción salarial ha provocado una demanda de la Unión de Campesinos de América, que representa a miles de trabajadores del campo. Sostiene que la norma perjudicará a los trabajadores agrícolas estadounidenses al reducir también sus salarios o expulsarlos totalmente del mercado laboral.

“Estas medidas van a desplazar a los trabajadores agrícolas nacionales, que llevan décadas trabajando en los campos y poniendo comida en las mesas, y van a traer una mano de obra aún más vulnerable a los abusos”, dijo en una entrevista Teresa Romero, presidenta del sindicato, y señaló que los trabajadores H-2A suelen ser víctimas de explotación y la trata.

Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Migración, que apoya niveles más bajos de migración y una mayor aplicación de la ley, estuvo de acuerdo. Es probable que los cambios fomenten una mayor migración extranjera y desincentiven la automatización en la agricultura, escribió en un ensayo de opinión en noviembre, “dos consecuencias contrarias a los objetivos declarados del gobierno”.

Pero para Bruce Talbott, quien opera un huerto de melocotones y un viñedo en Colorado, la medida reducirá su factura salarial y le permitirá contratar a más trabajadores, haciendo que la economía de la agricultura sea un poco más viable. Talbott ha recurrido al programa H-2A durante más de una década, a medida que la reserva de mano de obra disponible localmente se reducía y llegaba a cuentagotas.

Dado que la industria hortofrutícola de Colorado es estacional, dijo que no podía ofrecer empleo durante todo el año como las granjas de California, lo que hace que el ya agotador trabajo de podar árboles y recoger fruta resulte menos atractivo para los trabajadores locales. Un año, al no poder contratar a suficientes trabajadores locales y mientras esperaba que se aprobaran los visados H-2A, el huerto perdió unas 18 toneladas de fruta.

La granja de Talbott emplea anualmente entre cuatro y cinco decenas de trabajadores agrícolas invitados, la inmensa mayoría de los cuales son trabajadores recurrentes y procedentes de México, y solo media decena de trabajadores locales.

“¿Hay estadounidenses muy trabajadores? Por supuesto que los hay”, dijo, “y están en la construcción, en el petróleo y el gas, y en trabajos profesionales. No están en la agricultura estacional”.

El argumento de Talbott sobre la falta de trabajadores domésticos se refleja en los datos. Según el programa H-2A, los empresarios también deben demostrar su incapacidad para contratar a trabajadores estadounidenses. En 2025, solo 182 de los más de 415.000 puestos anunciados recibieron un solicitante nacional.

En las dos últimas décadas, el número de puestos con visado H-2A certificado ha aumentado considerablemente, hasta casi 400.000 en el año fiscal 2025, frente a unos 50.000 en 2005. Estos trabajadores temporales representan ahora el 15 por ciento de todos los trabajadores agrícolas. (Alrededor del 40 por ciento de los trabajadores agrícolas son inmigrantes no autorizados y aproximadamente un tercio son ciudadanos estadounidenses, según las últimas estimaciones del gobierno).

El caso de María, una inmigrante que no está autorizada a trabajar en EE.UU.

María, una trabajadora agrícola de casi tres décadas en Idaho que no quiso compartir su apellido porque no está autorizada a trabajar en Estados Unidos, dijo en una entrevista que había sido testigo directo del crecimiento del programa. En los últimos cuatro años, ha pasado cada vez menos semanas plantando y cosechando cebollas, frijoles, alfalfa y trigo a medida que llegaban más y más trabajadores H-2A.

Para compensar las horas perdidas, María ha recurrido a la venta de tamales, mientras que otros trabajadores locales han aceptado segundos empleos. Y su hijo de 17 años, nacido en Estados Unidos, no ha podido encontrar trabajo en los campos y le han dicho que ya no se buscan adolescentes, dada la disponibilidad de trabajadores H-2A.

Este año, como consecuencia de los recortes salariales a los trabajadores H-2A, María también puede ver cómo sus ingresos por hora bajan de 17 a 11 dólares, una reducción que le ha hecho plantearse abandonar Idaho para buscar trabajo en otra parte.

“No me parece justo que nos bajen tanto el sueldo”, dijo María, señalando que, aunque se acercaba a la edad de jubilación, no podía permitirse dejar de trabajar.

La difícil situación a la que se enfrentan María y su hijo subraya un argumento de los economistas: bajar los salarios de los trabajadores H-2A no hará que haya más trabajadores estadounidenses en la agricultura ni que aumenten los salarios de los trabajadores nativos.

El Instituto de Política Económica, un grupo de reflexión de tendencia izquierdista, calculó que los cambios metodológicos supondrían un recorte de 2000 millones de dólares en los salarios anuales de los trabajadores agrícolas invitados, y de 3000 millones de dólares para los trabajadores agrícolas estadounidenses.

Philip Martin, economista especializado en el trabajo agrícola y profesor emérito de la Universidad de California, Davis, dijo que era escéptico respecto a las afirmaciones del gobierno sobre una inminente escasez masiva de mano de obra agrícola. Sea cual sea la justificación, señaló que las medidas no aumentarían el número de trabajadores estadounidenses en la agricultura.

“Se trata de una cuestión económica básica”, dijo, y añadió: “Si hay escasez de algo como la energía -gas y petróleo-, se sube el precio para dar a la gente un incentivo para salir a buscar más, ¿no?”

Reducir los salarios, dijo, significará en cambio que los agricultores estadounidenses dependerán cada vez más de la mecanización, de trabajadores agrícolas invitados y de la importación de alimentos.

El Congreso también está considerando cambios más radicales en el programa. Un proyecto de ley bipartidista presentado el año pasado agilizaría el proceso de solicitud, reduciría costos y lo ampliaría a empleadores que trabajan durante un año y que actualmente no cumplen los requisitos, como los productores lácteos. (El proyecto de ley también establecería una vía hacia la legalización para los trabajadores agrícolas no autorizados que ya se encuentran en Estados Unidos).

Talbott, operador de la huerta en Colorado, elogió los cambios introducidos por la administración en el programa H-2A y dijo que esperaba que el Congreso pudiera hacerlo más transparente y fácil de utilizar. Aun así, le preocupaba que las medidas fueran “demasiado poco y demasiado tarde”, y señaló que varios cultivadores de su zona ya estaban cerrando sus negocios este año.

“La mano de obra es un componente importante de por qué la gente dice que esta actividad no es viable, ya no me dedico a esto”, dijo.

Por eso, para Talbott, el programa H-2A es esencial. “No podemos cultivar sin volver” a los trabajadores invitados, dijo.

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Charo Henríquez colaboró con traducciones.

Linda Qiu es una reportera que se especializa en verificar declaraciones de políticos y figuras públicas. Ha estado informando y verificando datos sobre figuras públicas durante casi una década.

Charo Henríquez colaboró con traducciones.

La Unión Europea amplió este lunes su lista de sancionados por la represión en Irán con 16 nuevos funcionarios y tres entidades, entre ellos comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, miembros del poder judicial y el responsable del sistema penitenciario del país. El Consejo de la UE aprobó las medidas en Bruselas en respuesta a la participación directa de estos actores en la supresión violenta de las protestas de enero de 2026, que se saldaron con miles de muertos según diversas estimaciones internacionales.

Las nuevas designaciones elevan a 263 el número de personas y a 53 el de entidades sometidas a medidas restrictivas en el marco del régimen de sanciones que la UE mantiene sobre Irán por violaciones de derechos humanos, vigente desde 2011 y prorrogado hasta el 13 de abril de 2026.

Entre los recién incluidos figura el viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad y Orden Público, así como varios comandantes de ramas locales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés). El Consejo también sancionó al Cuerpo Mohammad Rasulullah, encargado de coordinar las fuerzas del IRGC y de la milicia Basij en Teherán, y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Imam Reza, rama provincial del IRGC en Jorasán Razaví, donde la represión fue, según el comunicado, “especialmente brutal”.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, desencadenadas por el colapso del rial iraní y décadas de malestar político acumulado. Lo que empezó como una movilización de comerciantes en Teherán se extendió a más de un centenar de ciudades, convirtiéndose en el mayor levantamiento popular desde la revolución islámica de 1979. El régimen respondió con una violencia sin precedentes: las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes, con las masacres más mortales los días 8 y 9 de enero, según documentó Amnistía Internacional.

Las cifras de víctimas permanecen en disputa. Las autoridades iraníes reconocieron oficialmente 3.117 muertos. La Relatora Especial de la ONU sobre Irán estimó que el número real podría superar los 5.000 fallecidos. La revista Time, citando documentos del Ministerio de Salud iraní, elevó esa cifra a hasta 30.000 personas solo en los días 8 y 9 de enero, dato que no pudo verificarse de forma independiente dado el bloqueo de internet impuesto por las autoridades desde ese mismo día.

La nueva lista incluye también a jueces y fiscales que participaron en procesos contra manifestantes, activistas, periodistas y opositores, algunos responsables de obtener confesiones bajo coacción y dictar condenas severas. Figura asimismo el director de la Organización de Prisiones, bajo cuya gestión se documentaron torturas, detenciones arbitrarias, aplicación de la pena de muerte a menores y violencia sexual contra reclusas.

En el ámbito tecnológico, el Consejo sancionó a Naji Research and Development Company (NRDC), empresa que desarrolló la aplicación Nazer, utilizada por las fuerzas del orden como herramienta de vigilancia ciudadana, y al jefe de la Policía Cibernética de Teherán, responsable de la censura en internet.

Esta ronda se produce en el marco de una escalada sostenida. El 19 de febrero, el Consejo formalizó la inclusión del IRGC en la lista de organizaciones terroristas de la UE. El 11 de marzo, una ronda previa designó a otras 19 personas y entidades, entre ellas el ministro del Interior Eskandar Momeni y el fiscal general Mohammad Movahedi Azad. Teherán calificó esas medidas de “ilegales” e “inmorales” y acusó a la UE de complicidad con lo que describió como una agresión exterior contra el país.

Con Irán sometido simultáneamente a una ofensiva militar exterior y a una crisis de legitimidad interna, la acumulación de designaciones europeas traza un mapa de responsabilidades que, tarde o temprano, alguien tendrá que responder.