Cuando Yoalbert González llevó a su madre a una cita de inmigración en diciembre, ella fue detenida y, semanas después, deportada a Venezuela, al igual que miles de otras personas de su país durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

González, de 34 años, repartidor en Fort Worth, Texas, que llegó a la frontera estadounidense en 2021 buscando asilo, estaba aterrorizado ante la posibilidad de correr la misma suerte y decidió abandonar el país voluntariamente.

Pero pronto descubrió que marcharse no era tan sencillo como reservar un vuelo.

A muchos venezolanos, entre ellos González, les confiscaron el pasaporte al entrar en Estados Unidos, en virtud de una política federal de larga data que acelera la deportación en caso de que se les niegue el asilo, lo que les impide volar a casa.

Las autoridades venezolanas exigen un pasaporte válido o un permiso de viaje emitido por el gobierno para ingresar al país en avión.

Este documento solo se puede obtener en Caracas, la capital de Venezuela, o en algunos consulados de Latinoamérica, los cuales se encuentran desbordados por este tipo de solicitudes.

Esto hace que reemplazar un pasaporte sea prácticamente imposible para muchos de los casi 700.000 venezolanos que han llegado a Estados Unidos desde 2019.

Si bien el gobierno estadounidense restableció recientemente las relaciones diplomáticas con Venezuela, la Embajada de Venezuela en Washington permanece cerrada al público y ningún consulado venezolano está abierto en Estados Unidos para emitir documentos de viaje.

El proceso para obtener un permiso de viaje también puede ser engorroso y costoso.

Un familiar directo debe solicitar el documento personalmente en Caracas y presentar ante las autoridades un itinerario de viaje y una carta que detalle los motivos del solicitante para regresar.

Algunos venezolanos desesperados se han arriesgado a viajar en embarcaciones peligrosamente sobrecargadas para llegar a Sudamérica, ya que no pueden viajar en avión.

Las autoridades panameñas afirman que más de 20.000 personas cruzaron sus aguas en barco durante el año transcurrido desde que Trump regresó al poder.

La gran mayoría eran venezolanos.

Una de las razones por las que los venezolanos dicen que abandonan Estados Unidos voluntariamente es su temor a ser deportados sin sus hijos, o a pasar largos períodos detenidos si son arrestados.

“Escuché que mucha gente acudía a sus citas y la retenían. Luego le pasó a mi madre. Fue muy frustrante y pensé que me podría pasar a mí”, dijo González, quien recibió autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos mientras su caso de asilo estaba pendiente.

También se le concedió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), otorgado a ciudadanos de países designados que atraviesan disturbios u otras condiciones adversas.

El año pasado, la administración Trump eliminó esta protección para más de medio millón de venezolanos, una medida que aún se encuentra en litigio, pero que, sin embargo, puso fin a este estatus para muchos.

Estados Unidos y Venezuela han estrechado sus relaciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses en enero.

Ahora, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y Delcy Rodríguez, la líder interina de Venezuela, muchos venezolanos esperan que se solucione el problema de los desplazamientos.

Según Oliver Blanco, diplomático venezolano, la misión diplomática del país en Estados Unidos está nuevamente bajo su control y los funcionarios «comenzarán gradualmente a registrar a los venezolanos en Estados Unidos para identificar sus necesidades consulares y reanudar los servicios consulares tan pronto como las condiciones técnicas, operativas y logísticas lo permitan».

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que la llegada de funcionarios venezolanos a Washington representaba un paso hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares.

Sin embargo, los críticos afirman que Washington y Caracas no están actuando con la suficiente rapidez.

El Caucus Venezolano-Estadounidense, un grupo de defensa con sede en Miami, declaró que las incipientes relaciones diplomáticas deben ir más allá de los «gestos simbólicos» y que Venezuela debe reanudar de inmediato los servicios consulares básicos.

Adam Isacson, experto en fronteras de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), un grupo de derechos humanos, dijo que la administración Trump, tras haber puesto en marcha una campaña contra la inmigración, debería estar interesada en facilitar los viajes de los venezolanos que desean regresar a su país.

“Sabemos que están sumamente ansiosos por lograr que los venezolanos se deporten voluntariamente”, dijo Isacson sobre los funcionarios de la administración Trump, “así que me sorprende que no hayan podido presionar al chavismo para que solucione esto”, agregó, refiriéndose al movimiento socialista fundado por el expresidente venezolano Hugo Chávez, y al que pertenece gran parte del partido gobernante, incluido el actual presidente.

Desde mayo de 2025, las autoridades estadounidenses ofrecen pagar a los inmigrantes para que se autodeporten a través de la aplicación gubernamental CBP Home.

Si bien el Departamento de Seguridad Nacional ha afirmado que miles de personas han completado el proceso con éxito, muchos solicitantes venezolanos han reportado dificultades.

Jennifer Ibañez Whitlock, asesora principal de políticas del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo que la organización de defensa escuchó repetidamente que la aplicación «no funcionaba para los venezolanos», ya que requería que los solicitantes tuvieran un pasaporte válido para completar el proceso.

Al mismo tiempo, el gobierno venezolano ha puesto en marcha una campaña mediática para promover la repatriación de algunos de los aproximadamente 8 millones de personas que huyeron del país en el marco de una de las mayores crisis de desplazamiento de la historia reciente de América Latina.

Yelitza Pérez, una inmigrante venezolana de 29 años que llegó a Estados Unidos en 2022, dijo que había solicitado el programa CBP Home a principios de febrero, «pero no recibió respuesta».

En marzo, con la ayuda de su madre, obtuvo un documento de viaje en Caracas.

Sin embargo, al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami, los agentes de la aerolínea no lo aceptaron, alegando que posiblemente fuera fraudulento.

Pérez quedó varada en el aeropuerto con sus dos hijos.

Blanco, el diplomático venezolano, afirmó que las autoridades del país «garantizarían el reconocimiento y la validez de los documentos de viaje» mediante la coordinación con los países vecinos y las aerolíneas.

Miler Angulo, de 32 años, cuyo pasaporte ha caducado y que perdió su estatus de Estatus de Protección Temporal (TPS) en noviembre, ha visto frustrados repetidamente sus planes de regresar a casa.

«Es como si dos paredes se cerraran a mi alrededor», dijo.

Angulo añadió que le aterraba tanto la posibilidad de ser detenida que solo salía de su apartamento en la ciudad de Nueva York para pasear a su perro y para ir a trabajar limpiando casas.

González, el repartidor de Fort Worth, también obtuvo un permiso de viaje a través de su tío y compró un boleto para regresar esta semana.

Su esposa e hijos llegaron a Venezuela y lo están esperando.

Llegó al Aeropuerto Internacional de Miami el miércoles por la tarde para un vuelo a las 7:30 de la mañana siguiente, pero no le permitieron facturar.

El agente de la puerta de embarque le dijo que debía llegar 24 horas antes para verificar su permiso de viaje.

Pagó una multa y esperaba que le permitieran abordar otro vuelo el viernes por la mañana.

“Este país nos abrió sus puertas, pero también se las cerró”, dijo.

“Lo único que deseo es estar ya con mi familia”.

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