INTERNACIONAL
La ONU exigió que Ortega y Murillo rindan cuentas por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron este jueves que el régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, rinda cuentas por graves violaciones de derechos humanos, incluidas acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Por primera vez, la represión nicaragüense fue denunciada ante la Asamblea General de la ONU como parte de un patrón sistemático iniciado tras las protestas de 2018.
Ortega y Murillo consolidaron un control absoluto del poder, restringieron libertades civiles y desarticularon la oposición. Después de las manifestaciones de 2018, que dejaron cerca de 300 personas muertas, el régimen nicaragüense calificó aquellos hechos como un intento de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua instó a los países miembros de la ONU a reclamar la rendición de responsabilidades a Ortega y Murillo por su presunta participación en “ejecuciones extrajudiciales”, “desapariciones forzadas” y “torturas”. El líder del grupo, Jan-Michael Simon, acusó públicamente a los copresidentes nicaragüenses de haber retirado la nacionalidad y confiscado los bienes de opositores, extendiendo la represión hacia el exterior mediante la comisión de crímenes internacionales.
Ariela Peralta, integrante del grupo, sostuvo en un comunicado que “la comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo; debe adoptar medidas concretas —acciones legales, enjuiciamientos y sanciones selectivas—”.
El grupo recordó el asesinato ocurrido en junio en Costa Rica del mayor retirado Roberto Samcam, opositor exiliado, y advirtió que no descarta la intervención de autoridades nicaragüenses en ese crimen. Reed Brody, experto del panel, señaló que “el gobierno ha construido una maquinaria de persecución que sigue a sus ciudadanos en el extranjero” y que los exiliados “viven en constante miedo”.
El informe de la ONU cuenta con el apoyo de la Unión Europea (UE) y países latinoamericanos como Chile, Brasil y México, y exhorta a que el caso de Nicaragua sea llevado ante la Corte Internacional de Justicia.
La representante del gobierno nicaragüense ante la Asamblea, Eleane Pichardo, apoyada por naciones como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China, Irán y Rusia, rechazó el informe y sostuvo que carece de legitimidad, justificando que este tipo de denuncias propician “agresiones” externas contra el país centroamericano.
Estados Unidos anunció que evalúa la introducción de aranceles de hasta 100% a productos nicaragüenses en respuesta a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega y Murillo, decisión que podría impactar la economía nacional.
Organizaciones opositoras reportaron que Daniel Ortega, quien ocupa la presidencia desde 2007 y cuenta con antecedentes de gobierno en la década de 1980, enfrenta actualmente serios problemas de salud. Estas fuentes aseguran que Rosario Murillo, de 74 años, avanza en una purga interna para consolidar una sucesión dentro del oficialismo.
Por otra parte, la copresidenta Murillo anunció el lunes pasado en Managua que el próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, mil presos comunes con sentencia firme serán excarcelados para pasar al régimen de convivencia familiar, incrementando a 8.400 el número de beneficiados durante 2024.
Las liberaciones se darán en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, conocida como “La Modelo”, ubicada en las afueras de Managua, además de otras siete cárceles, de acuerdo con información oficial. En los últimos diez años, el gobierno nicaragüense ha otorgado este beneficio a 53.164 reos comunes, con un porcentaje de reincidencia del 7,18% según datos proporcionados por las autoridades nacionales.
La práctica de excarcelar convictos antes de que cumplan sus penas ha recibido críticas de organizaciones feministas, que alertan sobre un aumento posterior de feminicidios y delitos tras la liberación masiva de prisioneros.
La ONU y organismos internacionales mantienen bajo observación al gobierno de Nicaragua, mientras instituciones globales y países miembros discuten nuevas sanciones y mecanismos de presión para lograr la rendición de cuentas ante las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
(Con información de AFP y EFE)
Crime,South America / Central America,Obituaries
INTERNACIONAL
Crecen las denuncias tras el anuncio de indultos masivos por parte del régimen cubano: “Es una farsa más del comunismo”
El preso político cubano Lisandro Betancourt denunció su exclusión arbitraria del proceso de indultos
El reciente anuncio del régimen cubano sobre el indulto a 2.010 reclusos suscitó fuertes críticas entre presos políticos, sus familiares y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron la exclusión de quienes cumplen condena por motivos políticos. El caso de Lisandro Betancourt Escalona, uno de los presos políticos más antiguos del país, se convirtió en un emblema de estas acciones.
Desde la prisión El Típico, en Las Tunas, Betancourt, de 63 años, enfermo y con discapacidad física, denunció en un audio difundido por el grupo de asesoría legal Cubalex su exclusión del indulto anunciado por el régimen. “Yo quiero darle a conocer al mundo la verdad del famoso indulto que dio el Gobierno tiránico de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, que es una farsa más y una mentira más“, afirmó.
Betancourt, quien lleva más de 35 años tras las rejas, detalló que en el penal solo fueron indultados seis reclusos, a quienes correspondía la libertad condicional y no les había sido otorgada. “Los demás indultos que se dieron, fueron a personas que ya estaban pasadas de libertad condicional hacía mucho tiempo y les dieron un famoso indulto. Eso es una farsa más del comunismo y el mundo tiene que conocer eso”, subrayó.
El preso político, que tiene amputadas ambas manos, carece de visión en un ojo y padece diabetes, hipertensión, cardiopatía, artritis, gota y un aneurisma, resaltó: “Personas enfermas y con discapacidad como yo no han sido beneficiadas”.
Betancourt Escalona es actualmente uno de los presos políticos de más larga data en las cárceles de Cuba. Fue condenado hace 36 años por “atentado” y “otros actos contra la seguridad del Estado”, figuras penales que la dictadura de la isla utiliza con frecuencia para castigar el disenso abierto.
En el audio, anunció además que comenzará una huelga de hambre como protesta por la arbitrariedad del indulto y su exclusión.
El régimen cubano había presentado el indulto como un gesto “humanitario”, basado en un análisis de la conducta, tiempo cumplido y estado de salud de los sancionados. Según el anuncio oficial, los beneficiados incluirían “jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”.
Sin embargo, la nota difundida por la prensa estatal aclaraba que no serían objeto de la medida quienes hubieran cometido “delitos contra la autoridad”. Justamente esta categoría incluye figuras como “desacato”, “atentado” y “resistencia”, imputaciones habituales contra manifestantes y opositores.
Organizaciones y fuentes consultadas por Infobae consideran que esta exclusión reduce de manera drástica el alcance real de la medida para los presos políticos.
La ONG Prisoners Defenders documentó que la excarcelación se limitó a presos comunes. Javier Larrondo, presidente de la organización, confirmó a Infobae: “En la Prisión de Trabajos Forzosos Toledo 2, Marianao, La Habana, han soltado a 41 presos, todos comunes. Ni uno solo es preso político. Igualmente en la Prisión de Trabajos Forzosos El Yabú. Todos comunes. Se confirma el jueguecito del régimen para intentar engañar a la prensa, a costa de mortificar a los familiares”, expresó.
Larrondo detalló que la situación se repite en otros centros penitenciarios de todo el país, como Boniato, en Santiago de Cuba, Taco Taco, Remedios y La Lima, donde solo han sido liberados presos comunes. “Es un drenaje carcelario de presos comunes por todo el país para abaratar costes penitenciarios al tener la mayor tasa de presos del mundo: 90 mil para 9 millones de habitantes”, destacó a Infobae.
De acuerdo con Prisoners Defenders, Cuba cuenta con 242 centros penitenciarios y correccionales, y las cifras de excarcelados coinciden con la media de liberaciones esperadas por cada centro. “Pero ni un solo preso político excarcelado. Y muchas decenas de nuevos presos políticos se suma cada mes que pasa”, concluyó Larrondo.
El caso de Betancourt Escalona refleja el impacto de la medida en la población penitenciaria política. Mientras tanto, familiares y organizaciones denuncian que la situación en las cárceles cubanas sigue inalterada para los presos políticos, quienes continúan reportando arbitrariedades y condiciones de detención incompatibles con los derechos humanos.
Domestic,Politics,South America / Central America,Government / Politics
INTERNACIONAL
Child of Chinese illegal immigrants charged with planting explosive at US military base
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The Department of Homeland Security revealed that a suspect who fled to China after allegedly planting a deadly explosive device at an important military base is the child of two Chinese illegal immigrants.
U.S. Immigration and Customs Enforcement arrested Chinese nationals Qiu Qin Zou and Jia Zhang Zheng, both of whom were living in the U.S. illegally, Homeland Security said. Their arrests came following two of their adult children, Ann Mary Zheng and Alen Zheng, being connected to a failed plot to detonate an improvised explosive device (IED) at MacDill Air Force Base in Florida in mid-March.
The base, located in Florida, is home to U.S. Central Command, which oversees military operations in the Middle East, and Special Operations Command, which oversees all special operations forces across the Department of War.
The alleged perpetrators of the attempt were born in the U.S. after their parents illegally entered the country, according to the Department of Homeland Security.
ICE DETAINS PRESIDENT OF WISCONSIN’S LARGEST MOSQUE, ALLEGING HE HID CONVICTION FOR ATTACKS ON ISRAELIS
The agency asserted the case «illustrates why the improper recognition of ‘birthright citizenship’ for children of illegal aliens is not only inconsistent with the Constitution, but endangers all Americans.»
Jia Zhang Zheng (left) and Qiu Qin Zou (right) are Chinese illegal aliens whose adult children were allegedly behind an attempted bombing at MacDill Air Force Base. (Octavio JONES / AFP via Getty Images; DHS)
Birthright citizenship refers to the principle that anyone born on U.S. soil is automatically granted U.S. citizenship.
The FBI said Alen Zheng, who is believed to have planted the improvised explosive device at MacDill Air Force Base on March 10, is currently in China. He is facing charges of attempted damage to government property by fire or explosion, unlawful making of a destructive device and possession of an unregistered destructive device, which carry a potential sentence of up to 40 years in prison.
FBI Tampa arrested Ann Mary Zheng March 17 following her return to the U.S. from China, where she had fled with her brother. She has been charged with accessory after the fact and tampering with evidence, facing up to 30 years in prison.
She is accused of hiding or damaging a 2010 Mercedes-Benz to prevent its use in legal proceedings, court documents show.
Prosecutors allege that the siblings attempted to cover their tracks by selling the vehicle to car dealer CarMax. Despite being vacuumed and cleaned, investigators later discovered trace explosive residue inside the vehicle.
The day after Ann Mary Zheng’s arrest, ICE apprehended both parents, Qiu Qin Zou and Jia Zhang Zheng. They are currently in ICE custody, according to the Department of Homeland Security.
Both parents applied for asylum in the U.S. but were denied and ordered removed by an immigration judge in 1998, according to the agency.
The Department of Homeland Security said the Bureau of Immigration Appeals denied multiple attempts by the parents to have their case reopened. Despite this, both remained living in the U.S. illegally for nearly three decades.
The department is positing that this case highlights the «grave danger» of current U.S. law granting automatic citizenship to anyone born on American soil, including the children of illegal immigrants.
WATCH: PRESIDENT TRUMP REVEALS FAMILIES OF SLAIN US SERVICE MEMBERS URGED HIM ‘FINISH THE JOB’
Anne Mary Zheng is charged with accessory after the fact and tampering with evidence, facing up to 30 years in prison. (DHS)
Following the parents’ arrests, Acting Department of Homeland Security Assistant Secretary Lauren Bis said that «automatically granting citizenship to children of illegal aliens born in the U.S. … poses a major national security risk.»
«That reality became apparent last week when two U.S.-born children of Chinese illegal aliens were indicted for planting a potentially deadly explosive device outside MacDill Air Force Base in Florida,» said Bis, who added that, «This incident underscores the severe national security threat that illegal immigration and birthright citizenship pose to the United States.»
Bis also asserted that the policy of granting automatic birthright citizenship «is based on a historically inaccurate interpretation of the Citizenship Clause» of the 14th Amendment.
The Supreme Court is currently weighing the constitutionality of an executive order signed by President Donald Trump that would end birthright citizenship for the children of illegal immigrants. Trump signed the order on his first day back in the Oval Office in 2025.
PETE HEGSETH SIGNS MEMO OPENING DOOR FOR TROOPS TO CARRY PERSONAL FIREARMS ON BASES
Police officers with the Tampa Police Department block traffic along South Dale Mabry Highway near the main entrance of MacDill Air Force Base, which houses CENTCOM headquarters, after a suspicious package was reported at the gate in Tampa, Florida, on March 16, 2026. (Octavio Jones/AFP via Getty Images)
The court held oral arguments on the case this Wednesday, with justices appearing skeptical of Trump’s order.
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Amy Swearer, a senior legal fellow at Advancing American Freedom, described the court’s line of questioning as «disappointing» for proponents of Trump’s stance on birthright citizenship.
«Most people understood coming into this, and I suspect even the government understood coming into this, that this was probably going to be a bit of an uphill battle,» Swearer said.
Despite this, Swearer said, «I do think there’s a path forward» for a Trump victory, though it would likely be narrow and partial.
Fox News Digital’s Alex Nitzberg and Alexandra Koch contributed to this report.
defense, illegal immigrants, immigration, terrorism, china, homeland security, fbi
INTERNACIONAL
La UE y Ecuador consolidaron su cooperación en seguridad para combatir “la delincuencia grave y el terrorismo”
En medio del nuevo estado de excepción en Ecuador, la Unión Europea y el gobierno del presidente Daniel Noboa oficializaron el viernes la ratificación de un acuerdo que fortalece la colaboración con Europol en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.
Según comunicó el Ministerio de Exteriores ecuatoriano, el convenio, firmado inicialmente el 23 de septiembre de 2025 durante la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU por la ministra Gabriela Sommerfeld y el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, busca fortalecer el trabajo conjunto de las autoridades de ambas partes en la prevención y persecución de delitos graves y actos terroristas.
Ecuador se convierte en el primer país de América Latina en suscribir un acuerdo de este tipo con el grupo europeo. El pacto incluye salvaguardias específicas para la protección de derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.
La ratificación se concretó con la firma del decreto por parte del presidente Daniel Noboa y su publicación en el Registro Oficial el 30 de marzo de 2026. Para el gobierno ecuatoriano, este acuerdo representa una herramienta clave para ampliar las capacidades de cooperación bilateral en materia de seguridad.
Ambas partes coincidieron en que el pacto refleja el compromiso de enfrentar de manera conjunta el crimen organizado transnacional y refuerza la cooperación internacional en seguridad.
Ante el escenario de violencia que se vive en Ecuador, Noboa decretó el jueves un nuevo estado de excepción por 60 días para combatir el crimen organizado, medida que afectó a nueve de las 24 provincias del país, incluidas Quito y Guayaquil, las principales ciudades, así como a cuatro municipios de otras tres provincias.
Durante el estado de excepción en Ecuador quedaron suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, permitiendo a la Policía y a las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin orden judicial e interceptar comunicaciones. Las Fuerzas Armadas también se desplegaron para ejecutar operativos contra organizaciones criminales en coordinación con la Policía.
El decreto, emitido en vísperas del feriado de Semana Santa, afectó principalmente a provincias de la costa, región donde operan bandas dedicadas al narcotráfico que utilizan Ecuador como ruta para enviar cocaína —producida principalmente en Colombia— hacia Europa y Estados Unidos. Entre las jurisdicciones incluidas figuran Esmeraldas y El Oro (fronterizas con Colombia y Perú), Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha (donde se ubica Quito) y Sucumbíos, provincia amazónica en la que recientemente se realizaron operativos coordinados con Estados Unidos para desmantelar campamentos de los Comandos de la Frontera.
Desde 2024, tras declararse la “guerra” al crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha decretado varios estados de excepción, algunos de alcance nacional.
El objetivo de estas medidas es frenar el auge de la violencia criminal, aunque Ecuador continúa liderando las tasas de homicidios en Latinoamérica, con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025.
El toque de queda nocturno anterior, impuesto desde el 15 de marzo en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, finalizó a las 05:00 del lunes pasado, dejando un saldo superior a mil detenidos. El Ministerio del Interior reportó 1.283 detenciones, en su mayoría por violaciones al toque de queda, mientras que el Ministerio de Defensa registró 806 capturas y la destrucción de 47 objetivos militares, entre ellos caletas de armas, centros de mando y pistas clandestinas.
Durante la vigencia de la medida, las autoridades incautaron 651 armas blancas y de fuego, 5.069 municiones, 5.401 explosivos, más de 25.000 dólares en efectivo, y destruyeron cinco pistas clandestinas y 256 bocaminas en zonas de minería ilegal.
El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que las operaciones continuarán en todo el país. “Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos”, declaró. Además, subrayó que en 2025 lograron capturar “a todos los cabecillas que nadie se atrevió nunca a tocarlos”.
(Con información de Europa Press)
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