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INTERNACIONAL

La planificación del Pentágono de los ataques a las «narcolanchas» bajo la lupa

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WASHINGTON — Antes de que la administración Trump comenzara a atacar a personas sospechosas de contrabandear drogas en el mar, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó planes de contingencia sobre qué hacer si un ataque inicial dejaba sobrevivientes, según varios funcionarios estadounidenses.

El ejército intentaría rescatar a los sobrevivientes que parecían indefensos, náufragos y fuera de lo que el gobierno consideraba una lucha.

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Pero volvería a intentar matarlos si realizaban lo que Estados Unidos consideraba una acción hostil, como comunicarse con presuntos miembros del cártel, dijeron los funcionarios.

Tras disiparse el humo del primer ataque el 2 de septiembre, hubo dos sobrevivientes, y uno de ellos pidió ayuda por radio, según informaron las autoridades estadounidenses.

El almirante Frank M. Bradley, al mando de la operación, ordenó un segundo ataque y ambos murieron.

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Los planes de contingencia militares han adquirido un nuevo significado ya que Bradley y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, tienen previsto acudir al Capitolio el jueves para responder preguntas sobre el ataque en medio de un escándalo por el asesinato de los supervivientes.

Los hombres planean presentar una enérgica defensa, según informaron las autoridades, de lo que afirmarán fue un ataque posterior legal contra los sobrevivientes.

Ese momento es solo una pequeña parte de la campaña legalmente controvertida de Trump, que consiste en matar a personas sospechosas de contrabando de drogas en el mar como si fueran combatientes de guerra, pero ahora es objeto de un intenso escrutinio del Congreso.

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Los detalles del plan de contingencia podrían generar más preguntas sobre quién fue responsable del segundo ataque:

El vicealmirante Frank Bradley, nominado a almirante y comandante del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., asiste a una audiencia del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado sobre sus nominaciones en el Capitolio, Washington, el 22 de julio de 2025. (Tierney L. Cross/The New York Times)

el comandante que lo ordenó o el secretario de Defensa que aprobó la operación general.

Muchos críticos, incluyendo algunos legisladores, han afirmado que el ataque posterior podría constituir un crimen de guerra.

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Los defensores de Hegseth y Bradley dijeron que una vez que los legisladores conozcan más sobre los escenarios de planificación y las circunstancias del segundo ataque, serán exonerados.

El presidente Donald Trump ofreció el miércoles su apoyo a ambos hombres.

El Pentágono no respondió a la solicitud de comentarios sobre los planes militares.

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Por órdenes de Trump y Hegseth, el ejército estadounidense atacó 21 barcos en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, matando a 83 personas, como parte de una política legalmente disputada de ejecutar sumariamente a personas sospechosas de contrabandear drogas como si fueran combatientes en un campo de batalla.

Las supuestas comunicaciones de radio de los sobrevivientes iniciales —incluida cualquier grabación de interceptaciones que pueda tener Estados Unidos— pueden no ser los únicos mensajes que los legisladores buscan examinar como evidencia contemporánea de lo que sucedió.

Varios funcionarios estadounidenses declararon a The New York Times que oficiales militares habían utilizado un sistema de mensajes de texto escritos conocido como «Strike Bridge» para comunicarse, tanto durante la planificación de escenarios previos al ataque como durante la propia operación.

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Los mensajes escritos, según afirmaron, incluían comunicaciones entre Bradley y los operadores del Equipo SEAL 6 que dirigían el dron.

Strike Bridge guarda automáticamente esos mensajes, según informaron las autoridades.

Varios funcionarios del Congreso indicaron que los legisladores habían solicitado revisar los registros relacionados con la operación, junto con documentación escrita como la orden de ejecución de Hegseth y las reglas de enfrentamiento.

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No está claro si el Pentágono los entregará.

Funcionarios estadounidenses informaron que el ejército también estaba considerando mostrar a los legisladores el video completo y sin editar del enfrentamiento del 2 de septiembre con el barco.

Funcionarios del Congreso indicaron que los legisladores necesitaban ver la grabación completa para realizar una supervisión adecuada.

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Trump dijo el miércoles que publicaría cualquier video que la administración tuviera del ataque del 2 de septiembre.

Planes

Según los planes que Hegseth había aprobado, Bradley interpretó las supuestas comunicaciones entre los sobrevivientes iniciales y sus colegas como que los sobrevivientes todavía estaban en la lucha, en lugar de ser personas náufragas e indefensas contra las que sería un crimen de guerra atacar.

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El manual de derecho de guerra del Pentágono establece que, para ser considerados náufragos, las personas deben necesitar asistencia y cuidados, y abstenerse de cualquier acto hostil.

Un manual para comandantes navales estadounidenses indica que los combatientes solo se consideran náufragos si han cesado toda actividad de combate activa.

La defensa del Pentágono de sus acciones se basa en gran medida en la premisa de que hubo una «lucha» desde el principio.

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Al defender la campaña de ejecuciones sumarias en el mar como legítima, la administración se ha basado en la controvertida determinación de Trump de que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado formal con los cárteles de la droga y que las personas sospechosas de contrabandear drogas para ellos son «combatientes».

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, participa en la reunión bilateral del presidente Donald Trump con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en la Casa Blanca, el 20 de octubre de 2025.  (Doug Mills/The New York Times)El secretario de Guerra, Pete Hegseth, participa en la reunión bilateral del presidente Donald Trump con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en la Casa Blanca, el 20 de octubre de 2025. (Doug Mills/The New York Times)

Un memorando, aún secreto, de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia acepta las afirmaciones de Trump sobre la naturaleza de los cárteles de la droga y la existencia de un conflicto armado.

Con base en esa premisa, concluye que los ataques con embarcaciones son lícitos.

Una de sus conclusiones clave, según las personas que lo han leído, es que los presuntos cargamentos de drogas a bordo de embarcaciones son objetivos militares legales porque de lo contrario los cárteles podrían venderlos y usar las ganancias para comprar equipo militar para sostener sus supuestos esfuerzos de guerra.

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El énfasis del Pentágono en las supuestas comunicaciones por radio parece basarse en esa lógica.

La idea parece ser que, sin un segundo ataque, otra embarcación podría haber llegado a rescatar no solo a los supervivientes, sino también a cualquier parte del supuesto cargamento de cocaína que la primera explosión no destruyó, por lo que pedir ayuda fue un acto hostil.

Un amplio abanico de expertos legales rechaza la legitimidad de la afirmación de Trump de que se trata de un conflicto armado.

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Afirman que no existe tal conflicto, que las tripulaciones de embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas son civiles, no combatientes, y que Trump y Hegseth han estado dando órdenes ilegales para cometer asesinatos.

El segundo ataque del 2 de septiembre parece haber despertado el interés de la supervisión bipartidista, en parte porque los republicanos pueden criticarlo sin cuestionar directamente a Trump.

Esto se debe a que, incluso si se acepta la afirmación de Trump de que se trata de un conflicto armado, matar a náufragos enemigos es un crimen de guerra.

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Órdenes

Hegseth emitió las órdenes generales que autorizaban al ejército a hundir los barcos, destruir la droga y asesinar a las personas a bordo.

Dichas órdenes, elaboradas antes del primer ataque, se han mantenido prácticamente sin cambios durante toda la campaña, según informaron las autoridades.

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Bradley y sus subordinados desarrollaron los planes y escenarios específicos para la operación basándose en la orden general emitida por Hegseth.

Hegseth revisó esos planes y dio su aprobación para el ataque específico del 2 de septiembre basándose en ellos, pero entregó la dirección de la operación a Bradley.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que Hegseth apoyaba plenamente las acciones de Bradley y creía que seguían los planes que había presentado al secretario y a otros altos funcionarios del Pentágono.

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Tanto Hegseth como Caine estaban monitoreando una transmisión de video en vivo de los ataques, según informaron las autoridades.

Hegseth declaró el martes que no se quedó para ver si había sobrevivientes del segundo ataque que los mató.

c.2025 The New York Times Company

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El régimen iraní identificó a casi 3.000 muertos por la represión mientras la ONU estima que la cifra llegaría a cerca de 20.000

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Una mujer permanece parada en medio de decenas de cadáveres a las afueras de una morgue de Teherán (X)

El régimen iraní publicó este domingo una lista con los nombres de 2.986 personas fallecidas durante la represión de las protestas que comenzaron en diciembre, un balance que Teherán cifra en 3.117 muertos totales. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos advierten que la magnitud real de la masacre perpetrada por la República Islámica podría ser entre seis y diez veces superior, con estimaciones que alcanzan las 20.000 víctimas mortales.

“Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, afirmó el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. El mandatario iraní explicó que la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista publicada “se debe a la identidad desconocida de varias personas y a las discrepancias en el registro del documento nacional de identidad”, que serán incluidas en una lista complementaria una vez corregidas.

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Pezeshkian anunció además que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que “cualquier nueva información y reclamación pueda ser examinada y verificada sin complicaciones administrativas”.

El comunicado presidencial mantiene la línea argumental del régimen, que atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel. “Los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, afirmó Pezeshkian, sin hacer referencias específicas.

Así reprimen las fuerzas de seguridad de Irán durante las protestas

Las cifras oficiales, sin embargo, contrastan drásticamente con los datos recabados por organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, declaró a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país indican que las víctimas mortales podrían alcanzar las 20.000 personas.

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“La magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas a lo largo de este mes ha sido enorme, de miles de personas”, confirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque reconoció que es “difícil verificar las informaciones que llegan desde el país dadas las restricciones continuas sobre el terreno”.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de fuerza letal indiscriminada, con fuerzas de seguridad disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Las morgues desbordadas, el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y los entierros apresurados sin identificación previa apuntan, según estas organizaciones, a un intento deliberado de ocultar la verdadera escala de la masacre.

El apagón casi total de internet impuesto por el régimen desde el 8 de enero ha sido clave para dificultar la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo de ciberseguridad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo explícito de impedir que los ciudadanos difundan imágenes de la represión y de aislar al país del escrutinio internacional. Esta desconexión ha permitido que las fuerzas de seguridad actúen con mayor impunidad, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.

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Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

Las protestas estallaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por el colapso económico que atraviesa Irán. La tasa de inflación alcanzó el 42,2% en diciembre, con un aumento del 72% en el precio de los alimentos. El rial iraní se depreció drásticamente, con el dólar estadounidense alcanzando los 145.000 tomanes.

Lo que comenzó como huelgas de comerciantes se transformó rápidamente en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país, con cánticos contra el líder supremo Ali Khamenei y exigencias de cambio del sistema político. Se trata de las protestas más grandes desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.

La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”, según informaron funcionarios iraníes a medios internacionales.

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Las movilizaciones en todo el país llevan dos semanas

Las fuerzas de seguridad recibieron la orden de disparar para matar sin mostrar piedad. The New York Times verificó videos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y seis barrios de Teherán. En la ciudad de Fardis, testigos alegan que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la semana pasada, en una sesión de emergencia, una resolución con 25 votos a favor que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluyendo niños, y un gran número de heridos”.

El texto, respaldado por Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el de la relatora especial.

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Resurfaced photo links Mamdani to Epstein-connected publicist at New York City event

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

A photo showing Zohran Mamdani at a high-profile luncheon tied to longtime Jeffrey Epstein associate Peggy Siegal has emerged following the release of newly unsealed Justice Department records that also reference his mother, Mira Nair.

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The photo, taken Nov. 15, 2017, shows the now-New York City mayor smiling at the Universal Pictures «Get Out» Peggy Siegal luncheon at Lincoln Ristorante in Manhattan.

The event was hosted by Siegal, a once-powerful Hollywood publicist who later faced industry backlash over her deep social ties to Epstein. 

Siegal was never charged with a crime.

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EPSTEIN FILE RELEASE FEATURES PHOTOS OF MICK JAGGER, MICHAEL JACKSON, DIANA ROSS AND MORE STARS

(L-R) Zohran Mamdani, Daniel Kaluuya, Mira Nair and Shimit Amin attend Universal Pictures’ «Get Out» Peggy Siegal Luncheon at Lincoln Ristorante on November 15, 2017, in New York City. (Owen Hoffmann/Patrick McMullan via Getty Images)

The image surfaced days after filmmaker Nair was named in a newly released tranche of documents connected to Epstein and his convicted accomplice, Ghislaine Maxwell.

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The records, made public Jan. 30, 2026, are part of a broader release of millions of pages detailing Epstein’s social and professional network. The documents do not allege criminal wrongdoing by those mentioned.

In a 2009 email included in the release, Siegal wrote to Epstein about an after-party for the film Amelia, which Nair had directed.

The message states the gathering took place at Maxwell’s Manhattan townhouse and lists attendees including former President Bill Clinton, Amazon founder Jeff Bezos and Nair. 

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The correspondence documents attendance only and does not allege misconduct by those named.

NEW EPSTEIN DOCUMENTS INCLUDE PHOTOS OF BILL CLINTON TOPLESS IN HOT TUB, SOCIALIZING WITH MICHAEL JACKSON

Jason Blum, Allison Williams, Jordan Peele, Daniel Kaluuya, Sean McKittrick and Peggy Siegal smiling.

 (L-R) Jason Blum, Allison Williams, Jordan Peele, Daniel Kaluuya, Sean McKittrick and Peggy Siegal attend Universal Pictures’ «Get Out» Peggy Siegal Luncheon at Lincoln Ristorante on November 15, 2017, in New York City. (Owen Hoffmann/Patrick McMullan via Getty Images)

In the 2017 luncheon photo, Mamdani appears alongside actor Daniel Kaluuya, filmmaker Shimit Amin and Nair as they celebrated Jordan Peele’s movie, «Get Out,» which won the Academy Award for best original screenplay.

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A second image from the same event shows Peele, producer Jason Blum, Allison Williams and Siegal, highlighting the luncheon’s prominence during Hollywood’s awards season.

Another photo from December 2016 also shows Nair attending a private-residence film event with Siegal for «Queen of Katwe.»

CLINTON TEAM DEMANDS TRUMP DOJ RELEASE ‘ANY REMAINING’ DOCS RELATED TO FORMER PRESIDENT, EPSTEIN

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Peggy Siegal and Mira Nair at an event together.

(L-R) Peggy Siegal, Lydia Dean Pilcher, Mira Nair, David Oyelowo and Zoe Oyelowo attend Barbara Broccoli and Walt Disney Studios Host a Screening and Reception for «Queen of Katwe» with Mira Nair and David Oyelowo at Private Residence on December 5, 2016, in New York City.  (Aurora Rose/Patrick McMullan via Getty Images)

At the time, Siegal was a dominant figure in entertainment publicity, known for her access to major studios, A-list talent and industry power brokers.

In 2019, following reporting that detailed her association with Epstein, multiple Hollywood studios, including Netflix, FX and Annapurna Pictures, cut ties with her, according to Variety.

Epstein was first arrested in Florida in 2006 on charges of procuring a child for prostitution and soliciting a prostitute.

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GIANTS CO-OWNER STEVE TISCH RESPONDS AFTER EMAILS BETWEEN HIM AND JEFFREY EPSTEIN INCLUDED IN LATEST DOJ DROP

Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell smiling.

The Department of Justice has released millions of Epstein documents after President Trump signed the Epstein Files Transparency Act in November.  (Patrick McMullan via Getty Images)

He later pleaded guilty, served 13 months in jail with work release and registered as a sex offender. 

He died in a Manhattan jail cell in August 2019 while awaiting trial on federal sex-trafficking charges.

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Maxwell is serving a 20-year federal prison sentence following her conviction for sex trafficking.

Nair, an internationally respected director known for films including Salaam Bombay!, Monsoon Wedding, The Namesake and Queen of Katwe, has long been a fixture in elite film circles, especially in Manhattan.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FOX NEWS APP

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She is married to academic Mahmood Mamdani.

Fox News Digital has reached out to Zohran Mamdani’s office and Peggy Siegal for comment.

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INTERNACIONAL

Argentina le pide ayuda a Estados Unidos para liberar a Nahuel Gallo en Venezuela

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Varios elementos acrecentaron la ansiedad en el Gobierno argentino ante la serie de excarcelaciones de presos políticos que está concediendo el régimen interino de Venezuela y que siguen sin incluir a Nahuel Gallo.

El gendarme argentino, detenido desde el 8 de diciembre de 2024 y sin comunicación alguna con sus familiares en la cárcel conocida como El Rodeo, se convirtió en un asunto de Estado y en un símbolo de reclamo internacional de las autoridades locales, a pesar de que había otros ciudadanos nacionales y de que, al menos a nivel oficial, sigue quedando otro más.

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Uno de los elementos que generó esperanza, en medio de la dependencia total del Gobierno de que las gestiones por Nahuel Gallo las hagan Estados Unidos e Italia, fue que el viernes la ahora presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un proyecto de ley de amnistía general dirigido principalmente a presos políticos.

La medida debe ser aprobada por la Asamblea Nacional para convertirse en ley, y eso ilusionó a los funcionarios y familiares argentinos, que una semana atrás creyeron que Nahuel Gallo salía, pero ello no ocurrió. Salieron otros tres connacionales pero Gallo y el abogado Germán Giuliani no. Salieron Yacoov Harary, Roberto Baldo, Gustavo Gabriel Rivara y el chofer venezolano de la embajada argentina, Marino Mendoza Fuentes. Además de una aministía, Delcy Rodríguez prometió el cierre del centro de detención y tortura conocido como El Helicoide.

Este viernes tampoco hubo otras noticias por el lado de Washington. “Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses de los que se tenía conocimiento que se encontraban detenidos en Venezuela. Si usted tiene información sobre algún otro ciudadano estadounidense que aún permanezca detenido, comuníquese con la Sección de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses”, publicó la embajada de Estados Unidos en Caracas, en medio de la llegada de Laura Dogu la nueva encargada de negocios de Trump en el país caribeño. Nahuel tampoco salió en esa tanda, a pesar de que hubo operaciones secretas en Colombia para esperarlo si salía, en medio de las fuertes presiones de Trump a Rodríguez para que haya cambios en Venezuela. Y nada.

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Pese a que hubo debate entre el chavismo y la oposición sobre el verdadero número de presos políticos excarcelados recientemente en Venezuela, ahora se habla de unos 300. Y cada país se está ocupando de sus propios ciudadanos. Argentina no solo no tiene relaciones con Caracas, desde que el dictador Maduro echó a los diplomáticos argentinos y retiró a los suyos de Buenos Aires. Tampoco tiene interlocutores profesionales, entre otras cuestiones, por los golpes dados al Ministerio de Relaciones Exteriores y porque se despreció la diplomacia multilateralista.

Clarín habló con altas fuentes locales y latinoamericanas que tienen vínculos con la propia Rodríguez y su gobierno. Estas fuentes cuentan que Caracas asegura que el gobierno de Trump todavía no pidió por Gallo. Clarín no pudo corrobararlo. Lo que sí es cierto es que la Argentina no está en las prioridades de Delcy Rodríguez, presionada fuertemente por la administración republicana.

Contaron a Clarín las fuentes que Rodríguez considera que Gallo «no es un preso político», sino que fue a hacer “una operación» en Venezuela, o “inspeccionar la embajada argentina”, sin permisos, donde estaban asilados los colaboradores de María Corina Machado, luego liberados en un operativo de EE.UU. en mayo de 2025. El gobierno argentino y la familia del gendarme siempre sostuvieron que Nahuel, de 34 años hoy, fue a visitar a su pareja venezolana, madre de su pequeño hijo, que después vinieron a la Argentina. Para las fuentes consultadas que se vinculan con Caracas, que madre e hijo vinieran para este país «fue un error», ya que hoy no tiene a nadie en Venezuela. Clarín no pudo confirmar que estas versiones influyeran en las desaparición forzada del gendarme argentino, sin derecho alguno, y cuyo trato por parte de las autoaridades es materia de distintas versiones.

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Pero sí se sabe que desde Argentina hay otros canales alternativos, que no son del gobierno, y que tienen peticiones a Caracas para que excarcelen a Nahuel Gallo, y en las que, como hay amistad, Delcy no estaría pidiendo nada a cambio.

Las fuentes consultadas por este diario también contaron que el caso del Giuliani es complicado, porque lo acusan de delitos comunes relacionados con estupefacientes y no políticos. Clarín no ha visto prueba alguna contra el profesional, cuya esposa lo reclama desesperadamente.

Por ahora, el Gobierno concentró su pedido para que el gobierno de Donald Trump exija a Caracas la liberación del gendarme, en virtud de que es el gobierno republicano el que mantiene a «raya» a Rodríguez y a los jerarcas del chavismo, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado por parte de un comando militar estadounidense.

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Ese pedido lo lleva a cabo en primer lugar el embajador ante los Estados Unidos, Alec Oxenford y su equipo, y por otro lado Pablo Quirno, el canciller, que también lo conversó con el gobierno de Giorgia Meloni, según fuentes europeas.

Enojado por las agresiones libertarias en redes sociales, compartidas por el propio presidente Javier Milei y por su canciller —comparaciones de Brasil con favelas, de Lula con dictadores, y apoyo explícito al precandidato presidencial Flavio Bolsonaro, el último—, Lula abandonó la representación de los intereses de Argentina en Caracas, que pasaron a ser representados por Italia.

En ese caso, por presión de EE.UU. o de Italia, la situación consular de Gallo debería ser representada por los italianos, al menos formalmente. En su momento, el gobierno le pidió a Meloni que se llevaran los asilados de Corina Machado de la residencia, que los ayudaron, pero esa vía no prosperó porque, entre otras cosas no le dieron el salvoconducto. Hasta recientemente fue el canciller de Lula, Mauro Vieira quien concentraba los pedidos por Nahuel Gallo.

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