INTERNACIONAL
La primera ministra de Japón disolvió el Parlamento en vísperas de las elecciones anticipadas previstas para el 8 de febrero
Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, disolvió este viernes el Parlamento en vísperas de las elecciones anticipadas previstas para el 8 de febrero. La decisión se basa en el alto nivel de apoyo que registra su gabinete en las encuestas, con la expectativa de que esto impulse a su partido gobernante, actualmente impopular, hacia la victoria.
Durante la sesión, el presidente del Parlamento leyó la carta oficial de disolución de la Cámara Baja, mientras los legisladores entonaban el tradicional grito de guerra de “banzai”.
La primera mujer en liderar el país comunicó el lunes pasado su intención de disolver la Cámara Baja, con el objetivo de obtener respaldo popular para iniciativas que protejan a los hogares frente al aumento del costo de vida y refuercen el gasto en defensa.
La coalición gobernante, integrada por el PLD y el Partido de Innovación de Japón (JIP), cuenta actualmente con una ajustada mayoría parlamentaria.
La primera ministra apuesta a que el respaldo al gabinete se traduzca en un mandato fortalecido, aunque el PLD enfrenta bajos niveles de aprobación y varios escándalos recientes.
El profesor Hidehiro Yamamoto, de la Universidad de Tsukuba, señaló a la agencia AFP que “no está claro si el alto apoyo público al gabinete de Takaichi realmente conducirá al apoyo al PLD”. Según el académico, la principal preocupación de la ciudadanía gira en torno a las medidas para enfrentar la inflación.
El viernes, datos gubernamentales revelaron que la inflación en Japón se desaceleró en diciembre, impulsada principalmente por los subsidios estatales a la electricidad y el gas. El índice de precios al consumidor, excluyendo alimentos frescos, registró un aumento interanual del 2,4%, frente al 3% de noviembre. Esta tasa, aunque menor, sigue por encima del objetivo del 2% establecido por el banco central local.
El malestar social por el encarecimiento de la vida fue un factor clave en la caída del anterior primer ministro, Shigeru Ishiba, a quien Takaichi sucedió en octubre.
Durante años, la isla enfrentó deflación, pero más recientemente experimentó un aumento en los costos de vida, agravado por la debilidad crónica del yen, que eleva el precio de las importaciones. El arroz se convirtió en un símbolo de la situación: su precio se duplicó a mediados de 2025 respecto al año anterior y, aunque disminuyó en los últimos meses, en diciembre seguía un 34% más alto que doce meses atrás, según cifras oficiales.
Para responder a estos desafíos y fortalecer la cuarta economía mundial, el gabinete de Takaichi aprobó un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes (USD 770.000 millones) para el año fiscal que inicia en abril de 2026.
No obstante, la decisión de disolver la Cámara Baja despertó críticas entre los partidos de oposición. Jun Azumi, del Partido Democrático Constitucional (CDP), advirtió que esta medida podría retrasar la aprobación del presupuesto y “sacrificaría los medios de vida” de la población.
Si resulta elegida, Takaichi se comprometió a reducir el impuesto sobre las ventas de alimentos durante dos años, con el propósito de “aliviar la carga” de quienes enfrentan dificultades por la inflación. Las fuerzas de oposición también solicitaron reducciones fiscales como respuesta al aumento del costo de vida.
Sin embargo, el enfoque de gasto fiscal “proactivo” impulsado por Takaichi podría agravar la deuda pública de Japón, que se proyecta superará el 230% del PIB en el año fiscal 2025-26. La primera ministra sostiene que su política es “responsable”.
El Banco de Japón, encargado de la estabilidad de precios, anunciará su decisión de política monetaria este viernes tras una reunión de dos días. Desde principios de 2024, la entidad ha subido en varias ocasiones los tipos de interés de referencia con el objetivo de contener la inflación.
Se prevé que el banco central mantenga estables las tasas, aunque los analistas estarán atentos a sus comentarios sobre las recientes perturbaciones en el mercado financiero.
(Con información de AFP)
Domestic,Politics,Asia / Pacific,Government / Politics
INTERNACIONAL
Argentina le dio refugio a un brasileño condenado por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva en 2023
Por primera vez, Argentina concedió el estatus de refugiado a un brasileño que escapó de su país a mediados de 2024 después de ser condenado por el ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.
La decisión fue adoptada por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), citada por la agencia de noticias EFE.
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El diario Folha de Sao Paulo y el portal G1 destacaron que se trata de la primera vez que Argentina da refugio a un brasileño condenado por la intentona golpista de seguidores de Jair Bolsonaro contra el presidente Luiz Lula da Silva.
Quién es el brasileño beneficiado con estatus de refugiado
La Conare concedió el estatus de refugiado a Joel Borges Correa, condenado en su país a una pena de 13 años y medio de cárcel por su participación en los hechos de enero de 2023. Se encuentra detenido en Argentina desde noviembre de 2024 tras un pedido de extradición en su contra por parte de la justicia de Brasil.
“Se han evaluado los hechos y circunstancias alegados y la prueba aportada, los que fueron confrontados con la situación objetiva del país de origen, todo lo cual permite encuadrar la solicitud formulada en las previsiones de los mencionados instrumentos legales, considerándose por tanto al peticionante necesitado de protección internacional como refugiado”, señaló la Conare. Simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, irrumpieron en el Congreso Nacional, en Brasilia, el 8 de enero de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)
La resolución fue notificada este martes a los abogados de Borges Correa.
La Conare, organismo que funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional, destacó que el reconocimiento de la condición de refugiado “no implica un juicio de valor sobre la situación imperante en su país de origen y es un acto declarativo e imparcial”.
Hay 300 pedidos de refugio
Borges Correa fue detenido en noviembre de 2024 en un control vehicular tras haber ingresado de forma irregular a Argentina en abril de ese año y tras recibirse un pedido de extradición en su contra, que fue procesado en paralelo con su solicitud de asilo.
El brasileño, de 47 años, estuvo un año detenido en la cárcel de la localidad de Ezeiza. En diciembre pasado se le otorgó la prisión domiciliaria, mientras la Corte Suprema analiza su apelación a la resolución en primera instancia en favor de su extradición.
Según explicó Pedro Gradín, integrante de la defensa de Borges Correa en representación de Hourbeigt Abogados, tras la resolución de la Conare la Justicia argentina debe ahora proceder de inmediato a suspender la causa de extradición contra su cliente.
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“Consideramos que es una resolución ejemplar desde el punto de vista técnico”, añadió. Además, destacó que Borges Correa fue condenado injustamente en un caso de persecución política y en el que se violaron sus garantías.
“Ojalá esto siente un precedente para los otros solicitantes de asilo”, subrayó, aunque aclaró que la Conare debe analizar individualmente cada una de las más de 300 solicitudes presentadas por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) que se fugaron a Argentina tras ser apuntados por la Justicia de su país por su participación en el asalto del 8 de enero de 2023 a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo.
En octubre de 2024 el Tribunal Supremo de Brasil pidió la extradición de 63 implicados en el ataque de 2023 que se fugaron a Argentina para evitar ser procesados o, en los casos de los que ya han sido condenados, cumplir condenas de cárcel por cargos como intento de golpe de Estado.
La Corte Suprema de Brasil condenó a más de 800 personas por el asalto en Brasilia para incentivar una intervención militar contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido el poder una semana antes.
Según la investigación, aquel ataque fue el colofón de una serie de acciones golpistas que buscaron mantener en el poder a Bolsonaro, tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.
El pasado 11 de septiembre, el Supremo condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por “liderar” ese complot golpista.
(Con información de EFE)
Brasil, Lula Da Silva
INTERNACIONAL
Top Iranian cybercriminal on FBI most wanted list reportedly killed in US-Israeli strike
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A top Iranian hacker long wanted by the FBI was killed last week following a joint Israeli strike on Iran, according to an Iranian media outlet.
Mohammad Mehdi Farhadi Ramin, an Iranian man accused of stealing the identities of American citizens and accessing national security data, died in the city of Hamadan, Iran International said, adding that his funeral was held on Monday.
Farhadi had been wanted by U.S. authorities since 2020 for his «alleged involvement in malicious cyber activity» dating back to at least 2013, according to the FBI.
Among his alleged crimes, Farhadi reportedly targeted companies, universities, U.S. defense contractors, and nonprofits to access sensitive data. Authorities say he also stole credit card information and Social Security numbers belonging to U.S. citizens to fund illicit activities, while marketing some of the stolen data on the black market.
HISTORIC US-ISRAEL STRIKES ON IRAN UNDERWAY AS TEHRAN FACES REGIME SURVIVAL TEST
Mehdi Farhadi has been wanted by U.S. authorities since 2020. (FBI)
Ramin was first indicted on Sept. 15, 2020, by a federal grand jury in Newark, New Jersey, for his alleged involvement in a massive, coordinated cyber intrusion campaign on behalf of the Iranian government.
Ramin and a co‑defendant reportedly vandalized websites with ideological messaging meant to project Iranian influence, including images of burning Israeli flags and threats that appeared to «signal the demise» of countries viewed as rivals to Iran, including the U.S., Israel and Saudi Arabia.
AFTER THE STRIKES, HOW WOULD THE US SECURE IRAN’S ENRICHED URANIUM?
An aerial view shows the cityscape of Hamadan, Iran, on Dec. 14, 2025. (Mobina / Middle East Images / AFP via Getty Images)
«They brazenly infiltrated computer systems and targeted intellectual property and often sought to intimidate perceived enemies of Iran, including dissidents fighting for human rights in Iran and around the world,» the Justice Department previously said.
«This conduct threatens our national security, and as a result, these defendants are wanted by the FBI and are considered fugitives from justice.»
An FBI wanted poster alleges that Mehdi Farhadi committed «malicious cyber activity» targeting the U.S. and other countries. (FBI)
Authorities alleged that the suspect also compromised email accounts by creating hidden automated forwarding rules that secretly sent all incoming and outgoing emails directly to him and his co-conspirators.
Top Iranian hacker Mehdi Farhadi was reportedly killed last week in Iran. (FBI)
Officials emphasized that these actions allowed Iran to access a massive volume of stolen information, including hundreds of terabytes of data related to national security, foreign policy, civilian nuclear research, aerospace and unpublished scientific studies.
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Fox News Digital reached out to the Pentagon for more information.
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A senior Trump administration official and former acting U.S. attorney for D.C. is under disciplinary review for his role in President Donald Trump’s anti-diversity, equity, and inclusion initiative — sparking outrage from the Justice Department, which assailed alleged ethics violations against Ed Martin as a «partisan» effort, and one that unfairly targets Trump and his allies.
The disciplinary charge, filed Friday to the D.C. Court of Appeals Board on Professional Responsibility and published Tuesday, centers on a letter sent by Martin to Georgetown Law last February while Martin was serving as interim U.S. attorney for the District of Columbia.
Martin allegedly demanded in the letter that Georgetown Law provide information about its DEI practices and teachings, according to the ethics complaint. It states that without «further explanation,» and without receiving a response from Georgetown Law, Martin then announced he would be imposing sanctions on the school — instructing his staff not to hire any students, fellows, or interns affiliated with the university.
EXCLUSIVE: BONDI TRANSFERS FORMER DEATH ROW INMATES COMMUTED BY BIDEN TO ‘SUPERMAX’ PRISON
A sign at the U.S. Department of Justice is seen on June 14, 2021 in Washington, DC. (Kevin Dietsch/Getty Images)
The Justice Department blasted news of the ethics complaint, telling Fox News Digital on Tuesday that the complaint represented yet another «clear indication» of unfair and «partisan» treatment from the D.C. Bar, a body they argued has continued «to target and punish those serving President Trump while refusing to investigate or act against actual ethical violations that were committed by Biden and Obama administration attorneys,» representing what DOJ spokesperson described as «a clear indication of this partisan organization’s agenda.»
The complaint was signed by the disciplinary counsel for the D.C. Bar, Hamilton Fox, whose role allows him to function similarly to a prosecutor for attorney misconduct cases. Fox previously donated thousands to Obama’s first presidential campaign in 2008, according to FEC records reviewed by Fox News Digital.
The complaint accuses Martin of violating the First and Fifth Amendment of the U.S. Constitution by using his role as a government official to demand that the university change its teachings; failing to give the university a time frame to respond; and threatening adverse action against Georgetown Law for teaching a particular viewpoint.
It also accuses Martin of conducting unauthorized, ex parte communications with the chief judge and senior judge for the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit after he was asked to respond to a complaint about his remarks to Georgetown Law. «In that letter, he stated that he would not be responding to Disciplinary Counsel’s inquiry, complained about Disciplinary Counsel’s ‘uneven behavior,’ and requested a ‘face-to-face meeting with all of you to discuss this matter and find a way forward,’» the complaint said, noting that Martin had copied White House counsel onto the email.
JUDGES V TRUMP: HERE ARE THE KEY COURT BATTLES HALTING THE WHITE HOUSE AGENDA
Ed Martin speaks during a press conference on May 13, 2025 in Washington, D.C. (Photo by Craig Hudson For The Washington Post via Getty Images)
The Justice Department’s second-highest-ranking official, Todd Blanche, sharply criticized the complaint on social media Tuesday, noting: «The DC Bar is such a blatantly Democrat-run political organization.»
«Thank God I’m not a member, and trust me, I never will be,» Blanche said in a post on X.Martin, a former defense attorney who helped represent individuals charged in the Jan. 6, 2021, riot at the U.S. Capitol, has made headlines during his short time at DOJ. His path to confirmation to serve as U.S. Attorney for D.C. stalled last year amid concerns from some Senate Republicans, prompting Trump to install Martin last May as the Justice Department’s pardon attorney.
EX-JUDGES BLAST TOP TRUMP DOJ OFFICIAL FOR DECLARING ‘WAR’ ON COURTS
Emil Bove, now a U.S. Judge for the Third Circuit Court of Appeals speaks with Deputy Attorney General Todd Blanche before his confirmation hearing in 2025. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
Trump also tapped Martin at the time to head up the Justice Department’s so-called «Weaponization Working Group,» or the newly formed internal body within DOJ tasked with probing federal prosecutions viewed by the administration as unfairly partisan.
Martin was removed last month from his role heading up the working group, though no reason for his removal was immediately provided.
The complaint will now be kicked to D.C. Court of Appeals for next steps and review — a notoriously lengthy process that will likely take months, if not longer.
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News of the ethics complaint comes just days after the Justice Department filed a notice of proposed rulemaking in the Federal Register that would allow the department to suspend state bar investigations while the DOJ conducts its own review.
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