INTERNACIONAL
La Unión Europea acusó a la Fiscalía de Guatemala de intimidar y silenciar a los “defensores de la democracia”

La misión de observación electoral de la Unión Europea para Guatemala acusó este viernes a la Fiscalía de intimidar y silenciar a los actores “defensores de la democracia”, que chocan con sus intereses.
Durante una conferencia de prensa, Jordi Cañas, jefe del grupo encargado de hacer un seguimiento sobre el país, cargo contra la “corrupta” y “antidemocrática” fiscal general, Consuelo Porras, y la responsabilizó de liderar estas maniobras contra las voces disidentes en el país centroamericano, que datan desde por lo menos 2021.
“El Ministerio Público continúa su estrategia de intimidación, que tiene como objetivo amedrentar a los actores y operadores políticos, jurídicos, miembros de la sociedad civil, observadores electorales, responsables de los pueblos ancestrales, periodistas y, en definitiva, todo aquel que sea un defensor del marco democrático en Guatemala”, apuntó Cañas.
Así, sumó, lejos de cumplir con sus funciones, “la intención (de la Fiscalía) es clara: extender el miedo a consecuencias penales que paralicen, silencien a los defensores de la democracia”.

Es por ello que el ex eurodiputado consideró que las elecciones previstas para 2026, en las que se definirán los nuevos magistrados del tribunal electoral, la corte constitucional y la fiscalía general, “constituyen una oportunidad para normalizar la situación político-electoral del país”, aunque insistió en que será clave que Guatemala implemente las recomendaciones que su Misión hizo tras los comicios de 2023, para mejorar el sistema de votación.
En línea con los comentarios de la Unión Europea, la semana pasada, la relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, cargó también contra Porras y la instó a poner fin a la “criminalización” de personas que “luchan contra la corrupción” en el país centroamericano.
“La información que he recibido demuestra que el Ministerio Público ha implementado una política de criminalización (contra) grupos específicos”, principalmente con acciones penales y acoso sobre aquellos que “han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos del poder”, dijo la relatora tras una visita de 12 días a Guatemala, en la que evaluó la situación del sistema judicial.

Inclusive, apuntó que las más de 60 denuncias que el Ministerio Público ha presentado contra funcionarios de Justicia se basan en “acusaciones vagas”, repetitivas y “demasiado amplias, inadecuadamente relacionadas con los hechos”, evidenciándose así el acoso y la persecución, y desacreditando a Porras, quien dice ser víctima del Gobierno.
“El Ministerio Público no actúa por presiones ni por agendas ajenas a su mandato, nos guía únicamente la ley y esperamos lo mismo de quienes nos observan: Respeto a nuestra independencia, a la institucionalidad guatemalteca y apertura al diálogo responsable“, respondió Porras, por su parte.
El accionar de la Fiscalía quedó expuesto en las elecciones presidenciales de 2023, en las que Bernardo Arévalo venció a la alternativa del entonces oficialismo de Alejandro Giammattei.
En un intento por impedir el traspaso de mando, Porras y su equipo -sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea- emprendieron todo tipo de medidas en su contra, desde la anulación del Movimiento Semilla hasta allanamientos y cuestionamientos a los resultados electorales.
Sin embargo, sus prácticas se remontan, incluso, a años previos, con la persecución de activistas, políticos y periodistas opositores, a los que acusó falsamente y, en muchos casos, hasta encarceló.
Algunos de ellos son el periodista José Rubén Zamora, el ex fiscal anticorrupción Stuardo Campo, el viceministro Luis Pacheco, el abogado Gustavo Masaya y el líder indígena Héctor Chaclán.
(Con información de AFP y EFE)
INTERNACIONAL
EEUU corregirá los aranceles aplicados a Japón tras detectar un error respecto al acuerdo firmado en julio

Japón informó este viernes que Estados Unidos aplicó de forma incorrecta los nuevos aranceles a productos japoneses, violando los términos de un acuerdo bilateral alcanzado en julio. Washington admitió el error y se comprometió a corregir la orden ejecutiva correspondiente, además de reembolsar los pagos excedentes ya cobrados, según confirmó el negociador japonés en materia arancelaria, Ryosei Akazawa.
“El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido que se cometió un error al establecer un arancel adicional del 15 % sobre gravámenes ya existentes, en lugar de aplicar un arancel fijo del 15 %, como estaba estipulado”, declaró Akazawa a la prensa japonesa en Washington. La información fue confirmada también por la cadena pública NHK, que cubre la visita de la delegación japonesa a EEUU.
El anuncio se produjo tras una reunión de más de tres horas entre Akazawa y los secretarios estadounidenses de Comercio, Howard Lutnick, y del Tesoro, Scott Bessent. Según un comunicado emitido por la Cancillería japonesa, el negociador “confirmó una vez más el contenido del acuerdo sobre aranceles recíprocos e instó a Estados Unidos a corregir la orden ejecutiva lo antes posible”.
La disputa surge luego de que Estados Unidos activara la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump en la medianoche del jueves. La orden impuso un gravamen adicional del 15 % a productos importados desde Japón, lo que en algunos casos elevó los aranceles totales por encima de lo negociado. Tokio sostiene que esta aplicación no refleja el acuerdo alcanzado el pasado 22 de julio, cuando ambas partes pactaron un arancel fijo del 15 %, más bajo que el 25 % previamente amenazado y del 24 % anunciado en abril.
“Es sumamente lamentable que se haya emitido y puesto en vigor una orden presidencial que no cumple con el acuerdo entre Japón y EEUU”, expresó Akazawa. El funcionario también señaló que no se ha fijado una fecha concreta para la corrección, ya que se trata de un procedimiento administrativo interno de Estados Unidos. No obstante, indicó que la modificación “tendrá efecto retroactivo” y cubrirá las tasas cobradas hasta que se aplique la enmienda.
El acuerdo bilateral incluía, además del arancel del 15 % sobre importaciones generales desde Japón, una cláusula clave sobre la industria automotriz. La Administración Trump se comprometió a reducir los aranceles automotrices del 27,5 % al 15 % para vehículos y autopartes japonesas.

Esta rebaja fue negociada a cambio de una promesa de inversión por parte del gobierno japonés en territorio estadounidense. Sin embargo, Tokio aún espera claridad sobre cuándo se aplicará esta reducción.
El gobierno japonés ha mantenido que confía en que Washington cumplirá los términos acordados. En sus declaraciones, Akazawa reiteró que Japón actuará con base en el entendimiento alcanzado y continuará monitoreando los desarrollos administrativos en EEUU.
Este incidente ocurre en un contexto en el que Estados Unidos ha implementado aranceles diferenciados por país como parte de su política comercial bajo el lema “América primero”.
Japón, que buscaba un trato preferencial, consideró que había asegurado un alivio arancelario mediante negociaciones directas. La aplicación incorrecta del gravamen generó preocupación inmediata en Tokio sobre la solidez de los compromisos estadounidenses.
En tanto, Washington aún no ha emitido una orden formal de rectificación. Se espera que el Departamento de Comercio publique una revisión oficial de la orden ejecutiva en los próximos días. Hasta entonces, las empresas japonesas afectadas aguardan una resolución que garantice el reembolso y la estabilidad en las reglas de comercio bilateral.
(Con información de EFE)
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INTERNACIONAL
Estas son las cinco condiciones aprobadas por Israel para poner fin a la guerra en Gaza

Israel dio un nuevo paso en su estrategia militar y política en la Franja de Gaza al definir los términos que, según su gobierno, permitirían poner fin al actual conflicto con el grupo terrorista Hamas. En una sesión clave celebrada este viernes, el Gabinete de Seguridad aprobó una serie de principios que establecen las condiciones mínimas para un eventual alto el fuego, así como un nuevo plan de acción militar centrado en la ocupación de la Ciudad de Gaza, uno de los últimos bastiones del grupo islamista.
Las decisiones se producen en un momento en que el conflicto ha alcanzado un punto crítico tanto en el frente militar como en el terreno diplomático. Las autoridades israelíes sostienen que la derrota total de Hamas y la recuperación de los rehenes son objetivos innegociables. A la vez, se intensifican los debates internos sobre la viabilidad y el impacto humanitario de una ocupación más amplia del enclave palestino.
Los principios, informados por la Oficina del Primer Ministro, son:
- El desarme de Hamas.
- El regreso de todos los rehenes, vivos y muertos.
- La desmilitarización de Gaza.
- Control de seguridad israelí en Gaza.
- El establecimiento de una administración civil que no sea ni Hamas ni la Autoridad Palestina.
Según el comunicado oficial, “una mayoría decisiva de ministros del Gabinete de Seguridad creía que el plan alternativo que se había presentado al Gabinete de Seguridad no lograría la derrota de Hamas ni el regreso de los rehenes”.
Horas antes de la aprobación de la misión, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel no quiere gobernar Gaza. “Queremos entregársela a fuerzas árabes que la gobiernen adecuadamente sin amenazarnos y garantizando una vida digna para los gazatíes; eso no es posible con Hamas”, afirmó.
En la misma sesión, el gabinete también aprobó un plan militar presentado por Netanyahu para que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ocupen la Ciudad de Gaza, situada en el norte del enclave palestino. La decisión fue comunicada oficialmente por la Oficina del Primer Ministro y confirmada por medios locales.
Según el comunicado, las FDI se prepararán para avanzar sobre la ciudad y se comprometerán a garantizar la provisión de ayuda humanitaria a la población civil ubicada fuera de las zonas de combate. La oficina del primer ministro señaló que el gabinete respaldó la “propuesta de Netanyahu para derrotar a Hamas” y que Israel “proporcionará ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.
Indicó, además, que de los 50 rehenes que Israel contabiliza como aún cautivos de Hamas, se cree que 20 continúan con vida. El regreso de estas personas, junto con la eliminación de la capacidad militar del grupo, forman parte central de los principios aprobados.
Medios israelíes señalaron que el plan alternativo rechazado sería el impulsado por el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, quien expresó su oposición a la ocupación total de la franja, argumentando que podría derivar en un desastre humanitario y poner en riesgo la vida de los cautivos.
El comunicado del gobierno se refiere únicamente a la Ciudad de Gaza y no menciona la ocupación de toda la Franja, aunque el jueves Netanyahu había declarado que su objetivo era tomar el control total del enclave. La ciudad representa aproximadamente el 25% del territorio que las FDI todavía no controlan, junto con varios campos de refugiados en el centro de Gaza.
No está claro si las otras áreas no conquistadas serán incluidas en etapas posteriores del plan aprobado. El énfasis en la Ciudad de Gaza indica que la toma de control militar se iniciará de manera gradual.
La ciudad, donde viven cerca de 800.000 residentes, es uno de los últimos bastiones bajo control de Hamas y concentra una alta densidad de población civil. Su eventual ocupación reduciría aún más el territorio habitable para los 2 millones de habitantes de Gaza y anticipa complejidades operativas y humanitarias en las próximas semanas.
(Con información de EFE)
Middle East,Military Conflicts,ISRAEL-GAZA BORDER
INTERNACIONAL
President Trump increases federal law enforcement presence in DC following violent crime surge

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President Donald Trump has directed federal law enforcement to increase its presence throughout Washington, D.C., following a concerning surge in violent crime, including an incident in which a former DOGE worker nicknamed «Big Balls» was brutally beaten in the streets this week.
Trump signed an executive order in March establishing the «Making DC Safe and Beautiful Task Force.» Now the administration is taking a whole-of-government approach by deploying additional law enforcement to increase presence and improve overall public safety in the nation’s capital city, according to a source familiar with the plans.
The operation, which will use both local and federal law enforcement agencies, including Homeland Security Investigations, the FBI, DEA and others, begins at midnight on Thursday and will initially last for seven days with the option to extend «as needed.»
Law enforcement will focus on improving safety in high-traffic tourist areas and other known hotspots.
TRUMP WHITE HOUSE CELEBRATES LATEST CHAPTER OF WINS AT 200-DAY MARK
Following a former DOGE worker nicknamed «Big Balls» being brutally beaten by gang members in the streets of Washington, D.C., President Donald Trump indicated he is strongly considering taking control of the district to stamp out the rampant crime and violence plaguing the nation’s capital city. (Chip Somodevilla/Getty Images and AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
In a statement to Fox News, White House Press Secretary Karoline Leavitt announced «there will be no safe harbor for violent criminals in D.C.» beginning on Thursday night.
«Washington, DC is an amazing city, but it has been plagued by violent crime for far too long,» Leavitt said. «President Trump has directed an increased presence of federal law enforcement to protect innocent citizens. Starting tonight, there will be no safe harbor for violent criminals in D.C.»
She added, «President Trump is committed to making our Nation’s capital safer for its residents, lawmakers, and visitors from all around the world.»
The source familiar with the plans noted that stamping out the «out-of-control violent crime plaguing DC» has been an «ongoing priority» for the president and that the move is him delivering on his campaign promise to restore the capital city.
TRUMP THREATENS TO FEDERALIZE DC AFTER EX-DOGE EMPLOYEE ‘BIG BALLS’ VIOLENTLY BEATEN

A view of the White House at night in Washington, D.C., on Feb. 23, 2022. (Roy Rochlin/Getty Images)
Among the priorities laid out in Trump’s executive order, he directed the task force to deploy a more robust federal law enforcement presence and coordinate with local law enforcement in the District of Columbia, including the National Mall and Memorial Parks, museums, monuments, Lafayette Park, Union Station, Rock Creek Park, Anacostia Park, the George Washington Memorial Parkway, the Suitland Parkway, and the Baltimore-Washington Parkway.
The order also instructs the task force to review and, if needed, revise federal prosecutorial policies on pretrial detention of criminal defendants to ensure individuals who pose a threat to public safety are detained to the maximum extent permitted by law.
Additionally, the order instructs the task force to direct maximum enforcement of federal immigration law, redirecting federal, state or local law enforcement resources to apprehend and deport illegals throughout the area.
WATCH: TRUMP HINTS HE WILL FEDERALIZE DC SOON, BRING IN NATIONAL GUARD AFTER ‘BIG BALLS’ ATTACK

President Donald Trump gestures to the crowd at the Conservative Political Action Conference, CPAC, at the Gaylord National Resort & Convention Center, Saturday, Feb. 22, 2025, in Oxon Hill, Md. (AP Photo/Jose Luis Magana)
The source said the additional law enforcement will be devoted to protecting D.C. residents and visitors from the «scourge of violent crime plaguing» the city.
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«President Trump promised to Make DC Safe Again on the campaign trail – this is another promise kept,» they said.
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