Durante años, el sector agrícola se ha enfrentado a un mercado laboral escaso, ya que los trabajadores agrícolas envejecen y cada vez son menos los nuevos migrantes y los estadounidenses más jóvenes dispuestos a trabajar en los campos. Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump prometieron que las deportaciones masivas ayudarían, y darían lugar a “salarios más altos con mejores prestaciones” y a una “mano de obra 100 por ciento estadounidense”.

Pero el gobierno ha reconocido discretamente en los últimos meses que sus redadas de migración y la represión en la frontera han agravado el problema. Así que ha recurrido a una fuente alternativa, al abaratar la contratación de trabajadores agrícolas migrantes con visados temporales.

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Muchos agricultores han celebrado esos cambios, introducidos en un programa de visados cada vez más popular conocido como H-2A, y señalaron la dificultad de contratar a trabajadores estadounidenses y las duras condiciones económicas del sector. Pero tanto los defensores de una política migratoria más estricta como los sindicatos se oponen, al argumentar que la medida solo aumentará la proporción de trabajadores extranjeros y perjudicará a los trabajadores locales y reducirá sus salarios.

El debate latente subraya cómo algunos de los principales objetivos del gobierno de reducir la migración, mantener bajos los precios de los alimentos y ayudar a los trabajadores estadounidenses pueden entrar inevitablemente en conflicto. Los intereses contrapuestos en juego muestran también los efectos indirectos del enfoque de línea dura de Trump respecto a la migración legal e ilegal.

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, dijo en un comunicado que el gobierno estaba promulgando “reformas reales para aliviar las cargas normativas y reducir los costos laborales”.

“La economía agrícola se encuentra en una situación difícil, y el presidente Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que los agricultores tengan lo que necesitan para tener éxito”, dijo.

Solo el 0,4% de los agricultores de California declararon haber perdido trabajadores debido a las redadas agrícolas, según una nueva encuesta de la Oficina Agrícola de California y la Universidad Estatal de Míchigan. Pero más del 14 por ciento dijo que las redadas y la ansiedad general en torno a la intensificación de la aplicación de las leyes de migración provocaron la escasez de trabajadores. Entre los cultivos que requieren mucha mano de obra, como la fruta y la verdura, esa cifra era de casi el 20 por ciento.

En un documento normativo sobre la reforma del programa H-2A en octubre, el Departamento de Trabajo reconoció las dificultades para encontrar trabajadores: “El cese casi total de la afluencia de extranjeros ilegales, combinado con la falta de mano de obra legal disponible provoca importantes trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses”.

Estas dificultades, advirtió la agencia, solo aumentarán a la luz del proyecto de ley de política interior de Trump, que plantea la posibilidad de disuadir a unos 225.000 trabajadores. “Esta amenaza crecerá a medida que se desplieguen las herramientas que el Congreso proporcionó en la HR 1, un grande y hermoso proyecto de ley, para mejorar la aplicación de las leyes de migración de la nación”, continuó la agencia.

Debido a los nuevos cambios, la agencia ajustó la forma de calcular los salarios pagados a los trabajadores agrícolas H-2A, lo que redujo efectivamente las tarifas por hora entre 1 y 7 dólares según el estado, de acuerdo con algunas estimaciones. Los propietarios de granjas también pueden incluir ahora el alojamiento como parte del paquete de compensación que ofrecen a los trabajadores agrícolas invitados.

La reducción salarial ha provocado una demanda de la Unión de Campesinos de América, que representa a miles de trabajadores del campo. Sostiene que la norma perjudicará a los trabajadores agrícolas estadounidenses al reducir también sus salarios o expulsarlos totalmente del mercado laboral.

“Estas medidas van a desplazar a los trabajadores agrícolas nacionales, que llevan décadas trabajando en los campos y poniendo comida en las mesas, y van a traer una mano de obra aún más vulnerable a los abusos”, dijo en una entrevista Teresa Romero, presidenta del sindicato, y señaló que los trabajadores H-2A suelen ser víctimas de explotación y la trata.

Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Migración, que apoya niveles más bajos de migración y una mayor aplicación de la ley, estuvo de acuerdo. Es probable que los cambios fomenten una mayor migración extranjera y desincentiven la automatización en la agricultura, escribió en un ensayo de opinión en noviembre, “dos consecuencias contrarias a los objetivos declarados del gobierno”.

Pero para Bruce Talbott, quien opera un huerto de melocotones y un viñedo en Colorado, la medida reducirá su factura salarial y le permitirá contratar a más trabajadores, haciendo que la economía de la agricultura sea un poco más viable. Talbott ha recurrido al programa H-2A durante más de una década, a medida que la reserva de mano de obra disponible localmente se reducía y llegaba a cuentagotas.

Dado que la industria hortofrutícola de Colorado es estacional, dijo que no podía ofrecer empleo durante todo el año como las granjas de California, lo que hace que el ya agotador trabajo de podar árboles y recoger fruta resulte menos atractivo para los trabajadores locales. Un año, al no poder contratar a suficientes trabajadores locales y mientras esperaba que se aprobaran los visados H-2A, el huerto perdió unas 18 toneladas de fruta.

La granja de Talbott emplea anualmente entre cuatro y cinco decenas de trabajadores agrícolas invitados, la inmensa mayoría de los cuales son trabajadores recurrentes y procedentes de México, y solo media decena de trabajadores locales.

“¿Hay estadounidenses muy trabajadores? Por supuesto que los hay”, dijo, “y están en la construcción, en el petróleo y el gas, y en trabajos profesionales. No están en la agricultura estacional”.

El argumento de Talbott sobre la falta de trabajadores domésticos se refleja en los datos. Según el programa H-2A, los empresarios también deben demostrar su incapacidad para contratar a trabajadores estadounidenses. En 2025, solo 182 de los más de 415.000 puestos anunciados recibieron un solicitante nacional.

En las dos últimas décadas, el número de puestos con visado H-2A certificado ha aumentado considerablemente, hasta casi 400.000 en el año fiscal 2025, frente a unos 50.000 en 2005. Estos trabajadores temporales representan ahora el 15 por ciento de todos los trabajadores agrícolas. (Alrededor del 40 por ciento de los trabajadores agrícolas son inmigrantes no autorizados y aproximadamente un tercio son ciudadanos estadounidenses, según las últimas estimaciones del gobierno).

El caso de María, una inmigrante que no está autorizada a trabajar en EE.UU.

María, una trabajadora agrícola de casi tres décadas en Idaho que no quiso compartir su apellido porque no está autorizada a trabajar en Estados Unidos, dijo en una entrevista que había sido testigo directo del crecimiento del programa. En los últimos cuatro años, ha pasado cada vez menos semanas plantando y cosechando cebollas, frijoles, alfalfa y trigo a medida que llegaban más y más trabajadores H-2A.

Para compensar las horas perdidas, María ha recurrido a la venta de tamales, mientras que otros trabajadores locales han aceptado segundos empleos. Y su hijo de 17 años, nacido en Estados Unidos, no ha podido encontrar trabajo en los campos y le han dicho que ya no se buscan adolescentes, dada la disponibilidad de trabajadores H-2A.

Este año, como consecuencia de los recortes salariales a los trabajadores H-2A, María también puede ver cómo sus ingresos por hora bajan de 17 a 11 dólares, una reducción que le ha hecho plantearse abandonar Idaho para buscar trabajo en otra parte.

“No me parece justo que nos bajen tanto el sueldo”, dijo María, señalando que, aunque se acercaba a la edad de jubilación, no podía permitirse dejar de trabajar.

La difícil situación a la que se enfrentan María y su hijo subraya un argumento de los economistas: bajar los salarios de los trabajadores H-2A no hará que haya más trabajadores estadounidenses en la agricultura ni que aumenten los salarios de los trabajadores nativos.

El Instituto de Política Económica, un grupo de reflexión de tendencia izquierdista, calculó que los cambios metodológicos supondrían un recorte de 2000 millones de dólares en los salarios anuales de los trabajadores agrícolas invitados, y de 3000 millones de dólares para los trabajadores agrícolas estadounidenses.

Philip Martin, economista especializado en el trabajo agrícola y profesor emérito de la Universidad de California, Davis, dijo que era escéptico respecto a las afirmaciones del gobierno sobre una inminente escasez masiva de mano de obra agrícola. Sea cual sea la justificación, señaló que las medidas no aumentarían el número de trabajadores estadounidenses en la agricultura.

“Se trata de una cuestión económica básica”, dijo, y añadió: “Si hay escasez de algo como la energía -gas y petróleo-, se sube el precio para dar a la gente un incentivo para salir a buscar más, ¿no?”

Reducir los salarios, dijo, significará en cambio que los agricultores estadounidenses dependerán cada vez más de la mecanización, de trabajadores agrícolas invitados y de la importación de alimentos.

El Congreso también está considerando cambios más radicales en el programa. Un proyecto de ley bipartidista presentado el año pasado agilizaría el proceso de solicitud, reduciría costos y lo ampliaría a empleadores que trabajan durante un año y que actualmente no cumplen los requisitos, como los productores lácteos. (El proyecto de ley también establecería una vía hacia la legalización para los trabajadores agrícolas no autorizados que ya se encuentran en Estados Unidos).

Talbott, operador de la huerta en Colorado, elogió los cambios introducidos por la administración en el programa H-2A y dijo que esperaba que el Congreso pudiera hacerlo más transparente y fácil de utilizar. Aun así, le preocupaba que las medidas fueran “demasiado poco y demasiado tarde”, y señaló que varios cultivadores de su zona ya estaban cerrando sus negocios este año.

“La mano de obra es un componente importante de por qué la gente dice que esta actividad no es viable, ya no me dedico a esto”, dijo.

Por eso, para Talbott, el programa H-2A es esencial. “No podemos cultivar sin volver” a los trabajadores invitados, dijo.

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Charo Henríquez colaboró con traducciones.

Linda Qiu es una reportera que se especializa en verificar declaraciones de políticos y figuras públicas. Ha estado informando y verificando datos sobre figuras públicas durante casi una década.

Charo Henríquez colaboró con traducciones.

Cuba plunged into an unprecedented blackout after its entire electrical grid suddenly suffered a total collapse on Monday, briefly leaving roughly 10 million residents in total darkness. 

«At 1:54 p.m. local time, there was a disconnection of the national electrical grid resulting in a complete power outage across Cuba which includes the Havana metropolitan area,» the U.S. Embassy in Cuba said. 

The nationwide outage comes just two days after a large crowd of protesters, fed up with the island’s energy crisis, were caught on camera attacking a local Communist Party headquarters in Cuba, ransacking the building and attempting to set it on fire.

Efforts to restore electricity are currently underway across the island, with reports indicating that power is slowly returning to some areas.

RUSSIAN ‘DARK FLEET’ TANKER BELIEVED TO BE DELIVERING OIL TO CUBA, DETECTED OFF US COAST AMID TRUMP BAN

«The causes are being investigated and protocols for restoration are beginning to be activated,» the Ministry of Energy and Mines of Cuba said Monday afternoon, referring to the island’s disrupted National Electrical System of Cuba. 

Cuba’s electrical grid has grown increasingly unstable over the years due to aging infrastructure, fuel shortages, and economic restrictions that have limited the country’s access to energy resources – including Washington’s long‑standing oil embargo and recent U.S. actions that disrupted Venezuelan fuel shipments, a key source of the nation’s energy.

Power outages have become a frequent occurrence across the country, disrupting water supply, refrigeration and communications.

«Officials in the US gov must be feeling very happy by the harm caused to every Cuban family,» Cuban Deputy Minister for Foreign Affairs Carlos F. de Cossio said in response to Monday’s blackout. 

MILLIONS LOSE POWER ACROSS CUBA AS TRUMP SANCTIONS CONTINUE TO FUEL ONGOING ENERGY CRISIS

Neya Perez, 86, paints the nails of her neighbor Reyna Maria Rodriguez, 77, during a mass blackout across most of the country, in Havana, March 4, 2026. (Norlys Perez/Reuters)

Cuban President Miguel Díaz-Canel said Friday that no fuel has entered the country for the past three months. Since then, electricity generation has relied heavily on a «considerable contribution from renewable energy sources.»

The total collapse of the power grid came just as officials announced updates to their solar panel project in Villa Clara, describing it as a «national security necessity» amid ongoing restrictions on fossil fuel imports under the Trump administration.

«Amid a context of severe energy constraints and a recurring economic lockdown, #Cuba takes another firm step towards electric sovereignty,» the Villa Clara Electric Company said Monday morning. 

«This connection comes at a critical time: Washington maintains severe restrictions on our country’s access to fossil fuels, funding and technology. Betting on renewables isn’t just environmental — it’s a national security necessity.»

As the island continues to face rolling power outages, residents have been urged to brace for significant disruption and unplug all nonessential equipment, «leaving only essential devices powered on until service stability is restored,» the Villa Clara Electric Company said.

A family has dinner during a blackout in the aftermath of Hurricane Ian in Havana on Sept. 28, 2022. (Alexandre Meneghini/Reuters)

Last Saturday, in a rare display of public dissent driven by frustration over widespread blackouts, anti-government protesters in Cuba reportedly targeted a Communist Party office by hurling rocks, shouting «liberty» and igniting large fires at the scene.  

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The rally, caught on video, began peacefully in the city of Morón late Friday but escalated into violence within hours, Reuters reported, citing local sources.

Fox News Digital reached out to the White House for comment.

Reuters contributed to this report.

The man who worked security for Rep. Jasmine Crockett, D-Texas, but was killed in a standoff with SWAT last week was accused of impersonating a police officer and other offenses, although the congresswoman is defending him, saying his criminal history does not include any violent offenses.

The suspect, who was identified as Diamon-Mazairre Robinson, 39, was shot and killed by Dallas Police SWAT officers on Wednesday. He had barricaded himself inside a vehicle in the garage of a children’s hospital after Dallas Police officers tracked him while investigating an active warrant.

Police deployed tear gas to force him out before the suspect exited the vehicle and pointed a gun at officers, leading officers to shoot him. The suspect did not fire his gun, and no officers were injured.

Dash camera footage of the incident at Children’s Medical Center Dallas was released on Monday.

JASMINE CROCKETT’S ALLEGED SECURITY GUARD KILLED IN STANDOFF WITH DALLAS SWAT TEAM: REPORTS

He was wanted for impersonating a law enforcement officer and had claimed to be one while recruiting for his business that placed off-duty officers in security jobs.

Robinson was driving a replica undercover car with stolen U.S. government plates, often wore fake police uniforms pretending he was a federal agent and created a fraudulent business where he used fake identifying information to hire legitimate police officers for off-duty jobs. Dallas Police also said 11 firearms were recovered during their investigation, including the handgun he was holding during the shooting, which was reported stolen. 

He was also not using his real name, going by the alias «Mike King.»

«The agencies that he reported to work for do not exist. So dignitaries, basically special dignitary police, that agency does not exist within the federal government. So that’s who he portrayed to be. There was no actual federal agency that he worked for that existed. He was very good at hiding his true identity … He had been living like this for many years,» Dallas Deputy Police Chief William Griffith said on Monday.

Dashcam footage of the standoff between SWAT and Diamon-Mazairre Robinson. (Dallas Police Department)

Robinson has a lengthy criminal history, with arrests going back as far as 2010. He has been charged with offenses such as theft and violating probation.

Crockett came to the defense of her former security guard, releasing a statement on Monday saying her office was unable to find any violent offenses in his «limited criminal history.»

«We are saddened and shocked by some of the concerning revelations. Our team followed all protocols outlined by the House to contract additional security. We were approved to use this vendor who also provided security services for additional entities in the local community and worked closely with law enforcement agencies including Capitol Police,» she said in the statement.

The congresswoman said, «the fact that an individual was able to somehow circumvent the vetting processes for something as sensitive as security for members of Congress highlights the loopholes and shortcomings in many of our systems.»

Dallas police officers gather near vehicles outside a hospital parking garage after a SWAT standoff. (FOX 4)

JASMINE CROCKETT CAMPAIGN REPORTEDLY KICKED ATLANTIC WRITER OUT OF RALLY FOR BEING A ‘TOP-NOTCH HATER’

«This is incredibly alarming, especially for those members who receive high volumes of credible and sophisticated death threats,» she said. «This situation reiterates the need for Capitol Police to provide security for members of Congress, especially under this administration’s new normal of inciting attacks on those who dare to speak out. We are fortunate that this is someone who used those loopholes without malice. Furthermore, after an initial review of the limited criminal history of Diamon Mazairre Robinson in Dallas County, we’ve been unable to locate any violent offenses.»

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The progressive lawmaker added that «there was never any reason to suspect that he wasn’t who he held himself out to be,» saying he never endangered her team, worked diligently, coordinated with local law enforcement and maintained positive relationships throughout the community.»

«What we’re now learning about his past doesn’t fit the person we came to know as Mike King,» she wrote. «His death evokes a range of emotions. Our hearts grieve the loss of someone we knew and the lost good that could have come from his redemption.»