A medida que China expande sus operaciones comerciales en todo el mundo, las empresas implantadas en muchos países enfrentan desafíos cada vez mayores, especialmente en el área de seguridad. Las infraestructuras y los ciudadanos chinos a veces se ven amenazados por el terrorismo, los conflictos, la inestabilidad social y política, la piratería o el racismo antichino. Desde principios de la década de 2000, los ejemplos se han multiplicado en todos los continentes. Estos incluyen el asesinato de 11 trabajadores chinos en Afganistán en 2004 y el asesinato de tres trabajadores en Pakistán en 2007.

Según el Ministerio de Seguridad del Estado de China, entre 2010 y 2015 se produjeron 350 incidentes que involucraron a sus ciudadanos en todo el mundo. Ya se trate de secuestros o ataques terroristas o violencia xenófoba contra ciudadanos y empresas chinas. Desde entonces, la lista ha crecido, especialmente en África y Asia, como con el ataque a la embajada china en Bishkek en 2016, el ataque al consulado chino en Karachi en 2018 o el secuestro de menores en el estado de Osun en Nigeria en 2019.

Pero para hacer frente a estos crecientes riesgos, Beijing no está preparado para desplegar su propio ejército. Esto debido a «la política de no injerencia de larga data de China, el temor de dañar sus relaciones diplomáticas con los países vecinos y posibles aliados, la falta de experiencia de combate del EPL [el Ejército Popular de Liberación, el nombre oficial del ejército chino] y la falta de infraestructuras necesarias», resume un informe del Mercator Institute for China Studies (Merics). Por no hablar de que los países anfitriones suelen oponerse a ello.

La mayoría de las veces, el gobierno chino confía en las fuerzas de los países anfitriones para garantizar la protección de sus proyectos. Pero en algunas zonas, las empresas se sienten mal protegidas por los servicios de seguridad locales y las Fuerzas Armadas, lo que las obliga a recurrir a contratistas privados. Y aunque en este campo, las empresas anglosajonas dominan el mercado, las empresas chinas utilizan cada vez más empresas militares privadas de su propio país.

Estas empresas suelen ser más baratas que los grandes grupos internacionales del sector, y evitan los problemas que plantean las barreras lingüísticas y culturales. Además, «parece que el Gobierno está ejerciendo presión para que dichas empresas nacionales se involucren», indican los investigadores de Merics en su estudio. El mismo informe informa de más de 5.000 empresas militares privadas que operan en China, con una veintena de empresas presentes a nivel internacional. Pero otras estimaciones sugieren que entre 30 y 40 empresas militares chinas están activas en el extranjero.

Si bien sigue siendo difícil obtener datos precisos sobre el número, el tamaño y la ubicación de estas empresas, los informes de grupos de expertos y medios de comunicación indican su presencia en más de 40 países. Un estudio de la Oxus Society for Central Asian Affairs identificó al menos seis empresas de este tipo en Asia Central, por ejemplo en Kazajstán y Kirguistán. El Fondo Carnegie para la Paz Internacional también ha identificado al menos seis que operan en toda África. Entre estos grupos, los más grandes, como China Overseas Security Group y China Security and Protection Group, emplean a varias decenas de miles de personas.

En muchos casos, su implementación acompaña a proyectos desplegados como parte de la «Belt and Road Initiative» (BRI), una compleja red de corredores terrestres y marítimos. Lanzadas en 2013, estas Nuevas Rutas de la Seda han contribuido en gran medida al desarrollo de la presencia económica de China en el mundo, impulsando a las empresas chinas a desarrollarse internacionalmente. En el espacio de una década, Beijing ha hecho florecer proyectos de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones en todo el mundo. Y las empresas militares privadas han aprovechado el movimiento para llenar el vacío de seguridad en las zonas de riesgo.

Por lo tanto, estas empresas sirven esencialmente para promover los intereses económicos de China en el extranjero, particularmente en regiones inestables. Dependiendo del país y del contexto, garantizan la protección de los bienes y las personas, vigilan las infraestructuras y los sitios de operación, pero también escoltan a lo largo de las rutas comerciales (terrestres o marítimas). A menudo, estas empresas brindan apoyo logístico, capacitación, consultoría y servicios de auditoría de seguridad. Algunas también están versadas en ciberseguridad y comunicaciones seguras.

Si bien la mayoría «ofrece servicios de seguridad pasiva, un número creciente de ellas están desempeñando un papel más activo, incluido con la recopilación de inteligencia y la realización de operaciones de vigilancia contra amenazas potenciales», señala el analista Paul Nantulya, del Centro de Estudios Estratégicos para África, en un artículo para el Fondo Carnegie. «Las empresas de seguridad chinas también trabajan en estrecha colaboración con las fuerzas militares locales, proporcionándoles equipos de seguridad de última generación y, a veces, acompañándolas sobre el terreno», agrega. Este fue el caso de Sudán en 2012, Irak en 2014 y Sudán del Sur en 2016 en operaciones de rescate y evacuación.

Si bien su desarrollo está estrechamente ligado al de las Nuevas Rutas de la Seda, el sector comenzó a florecer en 2009 con la legalización de las empresas de seguridad privadas en China. Mientras eran pequeñas y pocas, con actividades limitadas en las décadas de 1990 y 2000, han proliferado considerablemente desde entonces. En 2013, hubo 4.000, luego 1.000 más en 2017, según cifras transmitidas por el Merics. La ley de 2009 amplió su ámbito de acción al tiempo que estableció un marco legal que las somete al estricto control del Estado a través del Ministerio de Seguridad Pública.

Desde la década de 2010, China ha seguido fomentando el despliegue internacional de estas empresas militares privadas a través de una serie de medidas. Las empresas chinas, por ejemplo, están obligadas a que sus empleados reciban formación en seguridad antes de enviarlos fuera de China. Y aquellos que operan en áreas de alto riesgo también deben contar con sistemas de gestión de seguridad en el extranjero y mecanismos de respuesta a emergencias. Una bendición para las empresas.

Un informe de la Oxus Society afirma que un documento del Gobierno chino, que data de 2018, establece regulaciones precisas para las empresas que operan fuera del país. Las empresas militares privadas parecen ser actores clave en la estrategia internacional de China. En particular, el informe estipula que estas empresas deben participar en la recopilación y el intercambio de inteligencia con las embajadas chinas. En el documento también se detallan las medidas preventivas de seguridad que se deben poner en marcha y se establecen varias formas de hacer frente a los escenarios de desastre.

Pero, sobre todo, esta nueva regulación exige que las empresas de seguridad privada que quieran prestar servicios armados en el extranjero sean al menos 51% propiedad del Estado. Hasta entonces, sólo las que operaban en China estaban sujetas a esta obligación. Por lo tanto, el documento pone fin a un vacío legal y prohíbe a estas empresas operar con capital privado mayoritario. Es una forma de que el Gobierno fortalezca su control e influencia sobre estas empresas y sus actividades.

La línea es aún más difusa porque estas empresas están dirigidas y compuestas por ex miembros del Ejército Popular de Liberación, la Policía Armada Popular o las fuerzas policiales. Por lo general, estos últimos mantienen contactos y vínculos directos con las autoridades. «Esto los convierte en actores internacionales complejos, cuasi gubernamentales, cuyo comportamiento no está regulado, ya que los marcos legales existentes -tanto a nivel nacional como internacional- no especifican claramente quién es el responsable de controlar sus operaciones», subrayan los expertos de Merics.

Esta ambigüedad es ventajosa para Beijing. Porque el uso de estos grupos permite a los gobiernos proteger sus intereses sin comprometer a sus fuerzas armadas y no implica ninguna acción oficial. Una forma que tiene China de «mejorar la seguridad local en áreas clave, formar fuerzas militares extranjeras y dar la impresión de apoyar a un gobierno específico sin utilizar medios oficiales de apoyo que puedan despertar el interés o la indignación de la comunidad internacional», resume un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Estas empresas también son útiles para eludir las restricciones legales, especialmente cuando la participación militar directa en zonas de conflicto podría violar el derecho internacional. Pero también son útiles para eludir las leyes del país. «Por ejemplo, la ley interna china regula estrictamente cómo el Partido Comunista (PCCh) puede usar el ejército y los grupos paramilitares», recuerda el informe del CSIS. Por lo tanto, el uso de estas empresas militares privadas le da al Gobierno chino «una herramienta y una mayor libertad para proyectar su fuerza en el extranjero, eludiendo sus propias restricciones».

Sobre todo porque estas empresas operan en una zona gris legal. En la actualidad, no existen normas o tratados internacionales vinculantes que regulen específicamente a las empresas militares o de seguridad privadas. A pesar de las recomendaciones de la ONU y de varios grupos de reflexión, las iniciativas relativas al sector, como el Documento de Montreux de 2008 o el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada de 2013, son todas voluntarias y no vinculantes.

Debido a la falta de un marco regulatorio a nivel internacional o nacional, las actividades de estas empresas chinas en el extranjero están determinadas principalmente por la legislación del país anfitrión y por los contratos firmados con las empresas que las emplean. Pero su presencia no deja de causar muchas controversias y fuertes reacciones en estos países, donde ya existe un fuerte resentimiento entre la población y donde los proyectos chinos suelen ser calificados de «colonialismo disfrazado» por sus críticos.

Desde octubre de 2024, China ha estado trabajando con la junta militar de Birmania para establecer una empresa de seguridad conjunta para proteger las inversiones y el personal chino en el país. La estructura de la empresa, que es privada y en parte birmana, permite tanto a Pekín como a la junta desviar las acusaciones de intervención militar extranjera, que la Constitución de 2008 prohíbe formalmente. Pero muchos lo ven como una violación de la soberanía nacional, ya que Birmania está sumida en una guerra civil desde 2021.

En Pakistán, cuyas regulaciones son muy estrictas con respecto a esta empresas en su territorio, el despliegue el pasado mes de marzo de unos 60 agentes de tres importantes empresas de seguridad privada chinas es objeto de debate. Aunque estas empresas han estado operando en el país durante algún tiempo, hasta ahora sus operaciones dependían exclusivamente de asociaciones locales. Los expertos ven esto como un «cambio significativo en la dinámica de seguridad de las relaciones entre China y Pakistán». Y están preocupados por lo que esto podría representar.

Más recientemente, la captura de varios combatientes chinos por parte de las fuerzas ucranianas ha planteado la cuestión de la implicación de «mercenarios» enviados por Beijing en el conflicto entre Moscú y Kiev. Los expertos prefieren centrarse en los casos aislados de nacionales que se han ofrecido como voluntarios para alistarse. Porque la intervención de las empresas chinas en la guerra iría en contra de la política de no injerencia propugnada por China y porque estas empresas no están entrenadas para luchar en el frente. Pero algunos se preguntan cuál podría ser el futuro.

En un artículo para la plataforma especializada War on the Rocks, el investigador Alessandro Arduino, profesor asociado del Instituto Lau China del King’s College de Londres, recuerda que la política de no injerencia de Beijing «está cada vez más sujeta a debate», mientras que China aspira «a desempeñar un papel más importante en el orden mundial». En esta nueva era de las relaciones internacionales, con «un entorno cada vez más complejo e inestable», estas empresas militares privadas podrían ganar aún más peso en la política exterior china.

Pero se enfrentan a muchos desafíos. El ambiguo estatus y las prerrogativas de las empresas privadas de seguridad en el extranjero están siendo debatidas entre los académicos chinos, indica el analista. Algunos investigadores señalan, en particular, un marco jurídico nacional todavía demasiado vago en lo que respecta a las empresas del sector que operan en el extranjero. También critican la falta de experiencia y habilidades para gestionar las crisis y la gestión de riesgos a nivel internacional. Y exigen el estricto cumplimiento de las leyes del país anfitrión y de las normas jurídicas internacionales, con el fin de preservar la imagen de China.

Para el especialista en seguridad privada china Alessandro Arduino, está claro que «dado el creciente compromiso económico y diplomático de China a escala global, el Gobierno chino dependerá cada vez más de las empresas de seguridad privada, independientemente de sus reservas». Queda por ver para qué lo usará exactamente y «hasta qué punto logrará mantener el control de este sector en rápida expansión» y en plena evolución.