INTERNACIONAL
Las grandes ciudades modernas desafían la biología humana y podrían afectar su evolución, afirma un estudio
Vivir en grandes ciudades representa, para los científicos evolucionistas de la Universidad de Loughborough y la Universidad de Zúrich, un reto para la naturaleza humana. Según advierten, la acelerada urbanización desborda la capacidad de adaptación de nuestra especie y afecta el bienestar físico y mental.
El ser humano comenzó a modificar su entorno hace miles de años, pero la industrialización del siglo XVIII aceleró radicalmente la transformación del hábitat. En la actualidad, la mayor parte de la población mundial reside en áreas urbanas densas, expuesta a contaminación, ruido, luz artificial y con acceso limitado a la naturaleza.
En países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, se estima que las personas pasan hasta el 93% del tiempo en espacios cerrados. Estas condiciones representan una ruptura drástica respecto de las que predominaron durante la evolución de la especie.
Según datos de la ONU citados en Biological Reviews, en 2018 el 55% de la humanidad ya vivía en ciudades y, para 2050, la cifra superará el 68%. Así, el Homo sapiens se ha convertido en una especie urbana, enfrentando desafíos que su biología no termina de asimilar.
La denominada hipótesis del desajuste ambiental advierte que la evolución humana, calibrada durante miles de generaciones en entornos naturales, no puede seguir el ritmo vertiginoso de las transformaciones urbanas.
“Nuestra biología fue moldeada por entornos naturales, pero la industrialización transformó el mundo más rápido de lo que nuestros cuerpos pueden adaptarse”, señaló Danny Longman, especialista en fisiología evolutiva humana de la Universidad de Loughborough, a Newsweek. Ese desfase —denominado “lag adaptativo”— expone al organismo a nuevos riesgos y desajustes para los que no está preparado.
- Función reproductiva: la fertilidad mundial desciende, y dos tercios de la población viven en países con tasas por debajo del reemplazo. Biological Reviews atribuye esta tendencia, entre otros factores, a la exposición cotidiana a contaminantes como pesticidas, microplásticos y productos químicos industriales. Estas sustancias alteran la producción hormonal y afectan la calidad del esperma y la salud reproductiva tanto de hombres como de mujeres.
- Función inmunológica: el sistema inmunitario humano resulta menos eficiente en contextos urbanos por la menor exposición a microorganismos beneficiosos y el aumento de agentes contaminantes en el aire, el ruido y la luz artificial. Esto favorece las alergias, enfermedades autoinmunes e inflamaciones crónicas. Estudios recientes indican que niños y adultos urbanos muestran más alergias y menor respuesta inmunitaria que quienes viven en contacto frecuente con la naturaleza.
- Cognición: la sobrestimulación digital, el ruido, la contaminación y la falta de áreas verdes impactan en la atención, la memoria y la flexibilidad mental. Investigaciones muestran que quienes crecen en barrios densamente urbanizados presentan desarrollos cognitivos más lentos y mayores riesgos de deterioro cerebral en la adultez. Incluso caminar en entornos urbanos puede disminuir el rendimiento intelectual frente al contacto con la naturaleza.
- Condición física: la fuerza y la resistencia físicas también se ven perjudicadas por el sedentarismo, la contaminación y la ausencia de espacios verdes. Niños y adolescentes urbanos tienen peor condición cardiovascular y muscular en comparación con sus pares rurales. En personas adultas, la debilidad y el declive funcional aparecen a edades más tempranas, relacionados con la exposición a partículas contaminantes y la falta de movimiento.
El estrés crónico es uno de los efectos más extendidos de la vida urbana. “El ruido constante, las multitudes, el tráfico, la sobrecarga digital y la escasez de escenarios naturales mantienen nuestro sistema de alerta en estado de activación permanente”, advierte Longman. Esto se traduce en aumento de ansiedad, alteraciones del sueño, trastornos cardiovasculares, síntomas inmunológicos y reproductivos, y deterioro cognitivo.
La evidencia científica lo respalda: Biological Reviews confirma que la exposición diaria a ambientes industrializados incrementa los biomarcadores de estrés y eleva la incidencia de trastornos psicológicos y físicos. Por el contrario, la presencia de espacios verdes en el entorno actúa como factor protector, moderando los efectos negativos del estrés y mejorando la salud integral.
El trabajo liderado por Longman y su equipo señala que la biología de nuestra especie está profundamente condicionada por la herencia evolutiva en contacto con la naturaleza, lo que vuelve difícil la adaptación a un entorno urbano hiperacelerado y artificial. Según los autores, el desajuste entre el diseño biológico y el hábitat citadino explica en buena parte la tendencia al aumento de problemas reproductivos, inmunológicos, cognitivos y físicos observados en poblaciones urbanas.
El análisis final sugiere que el proceso de urbanización, si bien aportó avances tecnológicos y sociales, también ha generado consecuencias imprevistas a nivel biológico. En síntesis, la especie humana enfrenta el desafío evolutivo de habitar ciudades que en muchos aspectos resultan incompatibles con su organismo.
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El presidente Daniel Noboa reformó el Reglamento General de la Ley de Minería mediante el Decreto Ejecutivo No. 273, con el que introdujo cambios en los procedimientos administrativos, técnicos y económicos que rigen la actividad minera en Ecuador.
La norma, suscrita en diciembre de 2025, modifica artículos clave del reglamento vigente desde 2009 y redefine competencias de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), requisitos para concesionarios y reglas relacionadas con exploración, explotación, regalías y cesión de derechos mineros, de acuerdo con el texto oficial del decreto.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento del rol de la ARCOM como entidad encargada no solo del control y la fiscalización, sino también de la regulación, auditoría, vigilancia e incluso administración de contratos en el sector minero.
El decreto amplía de manera expresa sus atribuciones para llevar control estadístico de la producción y comercialización de los recursos minerales, así como para regular aspectos técnicos y operativos de las actividades mineras, lo que supone una mayor centralización de funciones en el organismo de control.
El decreto también introduce cambios en los requisitos para la presentación de posturas y solicitudes vinculadas a concesiones, exploración y explotación. Entre ellos se incorporan exigencias documentales más detalladas, como la obligación de presentar planes de manejo ambiental, información económica, estudios técnicos y certificados de cumplimiento tributario.
En varios casos, el texto establece que estos requisitos deberán cumplirse de manera previa a la autorización de determinadas fases del proyecto minero, lo que podría alargar los plazos administrativos, aunque el decreto no fija tiempos concretos para la tramitación de todos los procedimientos reformados.
En materia de exploración, la reforma delimita con mayor precisión las etapas de exploración inicial y exploración avanzada, estableciendo condiciones para el cómputo de plazos, la ejecución de actividades simultáneas y la obligación de contar con autorizaciones ambientales antes de iniciar determinadas fases.
El decreto señala que el inicio del plazo de exploración avanzada estará condicionado a la emisión de la declaratoria correspondiente y a la obtención de la licencia ambiental, aunque deja abierta la posibilidad de que esta última sea emitida incluso después del inicio formal del período, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la autoridad competente. El texto no aclara cómo se resolverán eventuales superposiciones o retrasos entre ambos actos administrativos.
Otro aspecto relevante es la regulación de la cesión y transferencia de derechos mineros. La reforma incorpora de forma expresa contratos de cesión, transferencia y garantías sobre derechos mineros dentro del ámbito de control de la ARCOM, e incluye operaciones como contratos de crédito minero, de operación y de transacción.
Estos actos deberán cumplir con condiciones específicas y ser registrados ante la autoridad, lo que refuerza el control estatal sobre las operaciones económicas asociadas a las concesiones.
En el plano económico, el decreto introduce ajustes en la forma de cálculo y pago de regalías mineras, especialmente para la mediana y gran minería metálica. Se establece una diferenciación de la base imponible según el tipo de mineral y el régimen aplicable, tomando como referencia el ingreso bruto o el ingreso neto efectivo, con deducciones limitadas para ciertos costos.
El texto detalla fórmulas específicas para oro, plata y otros minerales metálicos, y dispone que las regalías deberán pagarse conforme a calendarios definidos en función del noveno dígito del RUC del concesionario. No obstante, el decreto no evalúa el impacto fiscal de estos cambios ni precisa si implicarán un aumento o reducción efectiva de la carga económica para los operadores.
La reforma también regula de manera más estricta los procesos de renegociación de contratos de explotación minera, estableciendo que durante la etapa de exploración únicamente podrá iniciarse una negociación precontractual, y que los contratos solo podrán suscribirse una vez cumplidos los requisitos técnicos, económicos y ambientales previstos en la ley y el reglamento.
El Ministerio sectorial conserva la facultad de revisar, modificar o condicionar estos procesos para alinearlos con las políticas públicas del sector minero.
Desde el punto de vista institucional, el decreto se apoya en las disposiciones constitucionales que atribuyen al Estado la administración y control de los sectores estratégicos, incluidos los recursos naturales no renovables.
Sin embargo, el texto no desarrolla cómo estas reformas se articularán con los derechos de comunidades, pueblos indígenas o gobiernos locales, ni aborda de manera específica los posibles efectos sociales o ambientales derivados de la aplicación de las nuevas reglas.
En términos generales, la reforma al Reglamento General de la Ley de Minería apunta a un mayor control estatal y a una estandarización más detallada de los procedimientos técnicos y económicos del sector.
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NEWYou can now listen to Fox News articles!
A massive fraud scandal tied to taxpayer-funded daycare, Medicaid and social services programs in Minnesota — involving potentially billions of dollars in suspicious billing — is prompting renewed scrutiny of whether some naturalized Americans obtained U.S. citizenship under false pretenses and whether denaturalization could now be used more aggressively.
The fallout has already led the Department of Health and Human Services to freeze certain childcare payments to Minnesota, citing alleged fraud involving daycare providers throughout the past decade.
Immigration authorities have confirmed they are reviewing whether fraud uncovered in Minnesota could provide the legal basis to revoke U.S. citizenship from naturalized individuals who concealed or misrepresented material facts during the immigration process.
Denaturalization is legally constrained, requires individualized civil court proceedings and historically has been used sparingly.
KAROLINE LEAVITT WARNS ‘PEOPLE WILL BE IN HANDCUFFS’ AS FEDS ZERO IN ON MINNESOTA FRAUD SCANDAL
Attorney David Schoen said it remains legally viable but under extraordinary circumstances.
He said on Fox News the process would likely trigger «significant» court challenges but «it is legally possible. In an extraordinary circumstance, we’d have to know the facts.»
Quality Learning Center in Minnesota was found at the center of an alleged childcare fraud scandal in the state. (Madelin Fuerste / Fox News Channel)
Schoen emphasized that immigration law already provides clearer mechanisms for removing noncitizens, particularly lawful permanent residents who violate the law, describing denaturalization as a far more extraordinary step requiring fact-specific scrutiny.
COMER SUMMONS MINNESOTA OFFICIALS AS HOUSE PROBES MASSIVE SOCIAL SERVICES FRAUD
White House press secretary Karoline Leavitt said on «Fox & Friends» that the administration is «not afraid to use denaturalization,» and confirmed that the Department of Homeland Security (DHS) and the State Department are «looking at» whether citizenship could be revoked in connection with those of Somali origin in the Minnesota fraud probe.
DHS confirmed it is actively reviewing immigration and naturalization cases involving migrants from 19 countries of concern, including Somalia, to determine whether any individuals obtained U.S. citizenship through fraud that could warrant denaturalization.
«Under U.S. law, if an individual procures citizenship on a fraudulent basis, that is grounds for denaturalization,» DHS Assistant Secretary Tricia McLaughlin said in a statement to Fox News.
The review focuses on whether fraud occurred during the immigration or naturalization process, including false statements or marriage fraud used to obtain legal status or citizenship. DHS stressed that denaturalization is governed by strict legal standards and applies only under limited circumstances.
President Donald Trump weighed in on the Minnesota investigations Wednesday, sharply criticizing the state’s handling of fraud and linking the scandal to illegal immigration in a Truth Social post.
«Much of the Minnesota Fraud, up to 90%, is caused by people that came into our Country, illegally, from Somalia,» Trump wrote.
«Lowlifes like this can only be a liability to our Country’s greatness,» he added. «Send them back from where they came, Somalia, perhaps the worst, and most corrupt, country on earth.»
Federal prosecutors say their investigation has expanded to suspicious billing across 14 Medicaid-funded programs, where providers billed about $18 billion since 2018. A preliminary assessment cited by prosecutors suggests «half or more» of that amount could be fraudulent.
The widened probe builds on yearslong scrutiny of Minnesota following some of the largest benefit-fraud cases ever prosecuted in the state, including a pandemic-era food aid scheme involving roughly $250 million in alleged losses. Federal officials say those cases exposed systemic weaknesses in oversight that may extend across multiple aid programs.
Quality Learning Center manager Ibrahim Ali denied any fraud took place, despite a recent report by independent journalist Nick Shirley. (Pool)
HHS CUTS OFF MINNESOTA CHILD CARE PAYMENTS OVER ALLEGED DAYCARE FRAUD SCHEME
Minnesota is home to one of the largest Somali communities in the country. Census Bureau–based estimates suggest roughly 260,000 people of Somali descent live in the U.S. and close to 100,000 are in Minnesota.
Republican lawmakers argue that fraud on such a scale raises broader questions about whether individuals involved were truthful throughout the immigration process — and whether citizenship should shield offenders who obtained it through deception.
House Majority Whip Tom Emmer, R-Minn., called for the deportation of all Somali immigrants involved in fraud cases in Minnesota.
SENATE PRESSURE MOUNTS AS MINNESOTA FRAUD SCANDAL CONTINUES TO UNFOLD
«I have three words regarding Somalis who have committed fraud against American taxpayers: Send them home. If they’re here illegally, deport them immediately; if they’re naturalized citizens, revoke their citizenship and deport them quickly thereafter. If we need to change the law to do that, I will,» he wrote on X.
The renewed focus on denaturalization also aligns with broader efforts inside the Trump administration to tighten the naturalization process itself.
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U.S. Citizenship and Immigration Services Director Joseph Edlow has previously criticized the current citizenship test as «too soft,» calling for deeper civics knowledge and more rigorous English evaluation throughout the naturalization interview.
Historically, the federal government has pursued only a small number of denaturalization cases each year. Civil liberties groups warn that expanding its use could raise due-process concerns, teeing up a potential legal battle.
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«Derechos» de anexión
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