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Trump’s Operation Metro Surge located 3,000 missing migrant children in Minneapolis, Emmer says

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The highest-ranking Minnesotan in Congress is arguing that President Donald Trump’s immigration crackdown in his state is already producing incredible results.
House Majority Whip Tom Emmer, R-Minn., told Fox News Digital on Thursday that Operation Metro Surge, the federal law enforcement action in Minneapolis, helped recover some 3,000 migrant children who were previously thought to be missing.
«Do you realize that Operation Metro Surge picked up 4,000 illegal alien criminals? Rapists, murderers, pedophiles, drug dealers — 4,000!» Emmer said.
«And by the way, I was told that, coming down here from the [House floor], that they’ve also located 3,000 missing migrant children. I mean, that’s just in the Minneapolis area. You gotta be kidding me.»
BORDER CZAR HOMAN MEETS WITH MINNESOTA OFFICIALS FOLLOWING IMMIGRATION OPERATION TENSIONS
President Donald Trump’s crackdown in Minneapolis is drawing to a close with thousands of missing migrant children found, and illegal immigrants arrested, officials said. (John Moore/Getty Images; Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)
Emmer, who has emerged as one of Trump’s most outspoken congressional allies during his second White House term, is also an aggressive critic of his state’s Democratic leadership.
He accused Minnesota Gov. Tim Walz and state Attorney General Keith Ellison of rooting against the success of the immigration crackdown in Minneapolis.
«Their crazy sanctuary state and sanctuary city policies literally have allowed these criminals to roam our streets and put our law-abiding, tax-paying, American citizens’ — good Minnesotans’ — lives at risk,» Emmer said.
LEAVITT VOWS NOTHING WILL STOP ICE ENFORCEMENT AFTER 4,000 ILLEGAL ALIEN CRIMINALS CAUGHT IN MINNESOTA
Trump ordered a surge of federal law enforcement, primarily Immigration and Customs Enforcement (ICE) and Customs and Border Protection (CBP), to the progressive-run city in a bid to find and arrest illegal immigrants that have been shielded by its sanctuary policies.

House Majority Whip Tom Emmer, R-Minn., during a television interview at the U.S. Capitol in Washington, D.C., on Sept. 30, 2025. (Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images)
The administration announced on Thursday that it was ending the deployment.
The federal operation in Minneapolis has been controversial at times and led to fierce clashes between law enforcement and city residents. Criticism or praise have largely fallen along partisan lines.
Lawmakers on both sides of the aisle called for added scrutiny after two U.S. citizens were shot during anti-ICE demonstrations there. Renee Nicole Good was killed by an ICE agent after being accused of hitting him with her car while attempting to drive away, while Alex Pretti was fatally shot multiple times by Border Patrol weeks later.
Emmer blamed the chaos on a refusal by state and city Democrats to cooperate with federal authorities.
«I don’t care if you think they were in the right place, the wrong place, it doesn’t matter. A loss of a life is tragic, but it didn’t have to be this way,» he said. «Had there been cooperation, none of this would have happened. If they will cooperate, which it sounds like they are now going forward, things are going to settle down very fast.»

Minneapolis police in tactical gear arrive on the street in downtown Minneapolis as protesters gather on Jan. 17, 2026, in Minneapolis. (Jim Vondruska/Getty Images)
Trump had responded to the uproar by replacing federal leadership there, bringing in border czar Tom Homan to lead the government effort instead of Border Patrol Chief Greg Bovino. Homan’s appointment has been praised by Republicans.
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Emmer said Homan took a «great step» in announcing the drawdown on Thursday, arguing «the numbers speak for themselves.»
«I think what the administration has done is frankly excellent. Tom Homan, I think, announced … that Operation Metro Surge was successful and that they’re going to be ending it and the president approved of that, which tells me that they’re getting the cooperation that they need [from state and local authorities],» he said.
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Sentencian a cadena perpetua sin libertad condicional a adolescente que mató a cinco personas en Carolina del Norte

Un tribunal en Carolina del Norte sentenció el viernes a Austin David Thompson a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la muerte de cinco personas durante un ataque ocurrido en Raleigh en octubre de 2022. El fallo afecta directamente a las familias de las víctimas, a la comunidad local y al debate nacional sobre la responsabilidad penal juvenil en Estados Unidos, dada la gravedad del caso y el contexto en que se produjo.
De acuerdo con información confirmada por AP News, la decisión de la Corte Superior del Condado de Wake se produjo tras considerar los argumentos de la fiscalía y la defensa. El juez Paul Ridgeway optó por la pena máxima permitida por la ley estatal para delitos cometidos por menores, descartando la opción de libertad condicional, debido a los elementos de premeditación y violencia documentados durante el proceso judicial.
El caso de Thompson se inscribe en una serie de tiroteos que han conmocionado a Estados Unidos en los últimos años. El ataque, que comenzó en el domicilio familiar en el vecindario de Hedingham, en Raleigh, y se extendió a varias cuadras del sector, involucró el uso de armas de fuego y dejó un saldo de cinco víctimas mortales, entre ellas un agente de policía fuera de servicio. Según datos de la policía local y los registros judiciales citados por AP News, otras dos personas resultaron heridas y el agresor fue detenido tras autolesionarse.
Austin David Thompson, de 15 años en el momento de los hechos, inició el ataque el 13 de octubre de 2022 en la residencia de su familia. Las investigaciones señalaron que el primer fallecido fue James Thompson, su hermano de 16 años, a quien disparó y apuñaló antes de abandonar la vivienda. Vestido con camuflaje y armado, Thompson se desplazó por el vecindario de Hedingham, donde disparó contra residentes y transeúntes, según el relato presentado por la fiscalía y documentado por AP News.
Las víctimas mortales incluyeron a Gabriel Torres (policía fuera de servicio de 29 años), Nicole Connors (52 años), Mary Marshall (34 años) y Susan Karnatz (49 años). Además de los cinco fallecidos, resultaron heridas dos personas más, entre ellas un agente que participó en la persecución de Thompson. El atacante fue localizado en un cobertizo, con una herida de bala en la cabeza, y trasladado posteriormente bajo custodia policial.

El proceso de investigación, dirigido por la Policía de Raleigh y la Fiscalía del Condado de Wake, incluyó el análisis de dispositivos electrónicos, registros de búsqueda en internet y materiales encontrados en la residencia de Thompson. Según detalló AP News, las autoridades hallaron una nota manuscrita firmada por el agresor con la fecha del ataque, en la que explicaba sus motivaciones: “La razón por la que hice esto es porque odio a los humanos, están destruyendo el planeta/la Tierra”.
Los fiscales presentaron evidencia de búsquedas en el teléfono y en la computadora de Thompson sobre tiroteos escolares, armas, fabricación de explosivos y atentados previos, lo que, según el juez Ridgeway, demostró la existencia de un plan premeditado y consolidó la acusación de asesinato en primer grado. Durante el juicio, se expusieron testimonios de agentes y familiares que corroboraron la secuencia y naturaleza de los hechos.
La defensa de Thompson sostuvo que los hechos ocurrieron durante un episodio psicótico inducido por un medicamento recetado para el acné, que habría disociado al joven de la realidad. Un psiquiatra y un genetista ofrecieron testimonios para respaldar esta hipótesis, aunque el propio acusado no explicó con claridad el motivo detrás de la masacre. El juez Ridgeway concluyó que las pruebas presentadas no respaldaban la existencia de un estado mental alterado por medicación ni de una anomalía genética que eximiera de responsabilidad penal.
El magistrado enfatizó que la gravedad del caso radicaba en la planificación previa y la ejecución sistemática del ataque. Según AP News, Ridgeway afirmó en la audiencia: “Es difícil concebir una mayor muestra de malicia” y consideró que la conducta de Thompson reflejaba “una corrupción irreparable”, elementos que motivaron la imposición de la pena máxima.
La legislación estatal de Carolina del Norte prohíbe la aplicación de la pena de muerte a menores de 18 años en el momento de cometer el delito. Por ello, la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional constituye la sanción más severa posible en este tipo de casos. La ley permite la libertad condicional después de 25 años solo en circunstancias excepcionales y bajo evaluación, opción que el tribunal descartó tras analizar la evidencia y los informes psicológicos.
El fallo, de acuerdo con AP News, se fundamentó en la interpretación estricta del Código Penal estatal y en la jurisprudencia sobre delitos graves cometidos por menores de edad. El juez Ridgeway también tomó en cuenta las solicitudes de los familiares de las víctimas, quienes exigieron la pena máxima durante la audiencia de sentencia.

Durante el proceso judicial, familiares de las víctimas y representantes de la comunidad solicitaron al tribunal la imposición de la pena máxima permitida. Jasmin Torres, viuda del policía Gabriel Torres, expresó ante el juez: “Ninguno de nosotros, las víctimas sobrevivientes, nuestras familias, nuestros amigos, nuestra comunidad, debería tener que preocuparse jamás por un futuro en el que este monstruo quede en libertad”, según declaraciones recogidas por AP News.
Las autoridades del Condado de Wake y representantes del Ministerio Público coincidieron en la necesidad de una sanción ejemplar. El fiscal adjunto Patrick Latour argumentó: “Lo que hizo que cambiara no fue algún medicamento para el acné. Fueron las acciones conscientes, investigadas, bien pensadas, planificadas y decisivas del acusado”.
Durante la investigación, la policía determinó que el arma utilizada por Thompson en la masacre pertenecía a su padre, quien fue acusado de almacenamiento inadecuado de armas de fuego. Según información de AP News, el padre se declaró culpable y recibió una condena suspendida con libertad condicional. La madre del agresor, Elise Thompson, manifestó ante el tribunal: “Ambos perdimos a nuestros hijos, uno a manos del otro. Nunca vimos venir esto y aún no podemos darle sentido”.
El proceso judicial incluyó testimonios de ambos padres, quienes describieron a su hijo como un estudiante con buen rendimiento académico y sin antecedentes de conducta violenta, lo que añadió matices al análisis sobre la responsabilidad familiar y el acceso de menores a armas en el hogar.
La condena contra Austin David Thompson refuerza la tendencia de los tribunales estadounidenses a aplicar la máxima severidad en casos de violencia armada cometida por menores. El caso reabre el debate sobre la prevención de delitos graves por adolescentes y las responsabilidades de los adultos responsables de la custodia de armas.
Según AP News, la comunidad de Raleigh y las autoridades estatales continúan evaluando medidas para mejorar el control de armas y la identificación temprana de riesgos en hogares con adolescentes. Las organizaciones locales han solicitado reforzar la supervisión y la educación sobre almacenamiento seguro de armas, en respuesta a la tragedia y a otros incidentes similares registrados en el estado.
Tras la lectura de la sentencia, los abogados de Thompson anunciaron la presentación de una apelación ante instancias superiores. El proceso de revisión judicial podría extenderse durante varios meses, aunque la pena impuesta se mantiene vigente hasta que un tribunal determine lo contrario. Las autoridades del Condado de Wake afirmaron que continuarán brindando apoyo a las familias afectadas y que revisarán los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias.
El caso de Austin David Thompson se convierte en un referente para futuras discusiones sobre la responsabilidad penal de menores y la seguridad en entornos familiares. Organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios han señalado la necesidad de políticas integrales para abordar los factores de riesgo que pueden desencadenar episodios de violencia de esta magnitud en jóvenes.
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