INTERNACIONAL
Los referéndums en Italia sobre ciudadanía y trabajo fracasaron por la baja participación y fortalecen a Meloni
La estrategia de Giorgia Meloni funcionó. Los cinco referendos celebrados en Italia durante el fin de semana para reformar las leyes de ciudadanía y ampliar las protecciones laborales fracasaron estrepitosamente debido a la baja participación ciudadana, que apenas alcanzó el 30% del censo electoral. Una cifra muy alejada del 50% más uno necesario para que las consultas fueran válidas y que representa una victoria política para la primera ministra ultraderechista, cuyo Gobierno promovió activamente la abstención.
El resultado supone un duro revés para la oposición de centro-izquierda y los sindicatos, que habían impulsado estas consultas como una forma de presionar al Ejecutivo y movilizar a sus bases en torno a dos temas especialmente sensibles: la integración de los inmigrantes y los derechos de los trabajadores. En su lugar, han cosechado una derrota que Meloni y sus aliados no tardaron en celebrar como una demostración de su solidez política.
“El único objetivo real de este referéndum era hacer caer al Gobierno de Meloni. Al final, fueron los italianos quienes los hicieron caer a ustedes”, proclamó Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra, en un mensaje triunfal en redes sociales acompañado de fotografías de los líderes de la oposición. La provocación resume el tono combativo con el que la derecha italiana vivió esta jornada, convertida en un test político para medir la capacidad de movilización de unos y otros.
Los datos oficiales, procedentes de casi el 90% de las mesas electorales, confirmaron que la participación se mantuvo estancada en torno al 30% tras dos días de votación. Una cifra que no solo frustra las aspiraciones reformistas de la izquierda, sino que además pone de manifiesto la creciente desafección de los italianos hacia este instrumento de participación democrática.
El ministro de Exteriores, Antonio Tajani (Forza Italia), no ocultó su satisfacción: “El Gobierno sale fortalecido y la oposición, debilitada”. Su colega en el Ejecutivo, el ultraderechista Matteo Salvini (Liga), fue aún más directo al calificar el resultado como “una derrota aplastante para la izquierda”, que según él “ni siquiera es capaz de movilizar a sus propios votantes”.
De las cinco consultas celebradas, la más polémica era la que proponía reducir de 10 a 5 años el período de residencia legal necesario para obtener la ciudadanía italiana. Una medida que habría beneficiado a unos 2,5 millones de extranjeros que actualmente luchan por conseguir el pasaporte italiano y que habría facilitado también la nacionalización de sus hijos menores.
Para sus defensores, se trataba de una reforma de justicia social que habría permitido a los italianos de segunda generación —nacidos en el país pero de padres extracomunitarios— acceder más fácilmente a derechos básicos como el voto, el empleo público o la libre circulación por la Unión Europea. Para sus detractores, encabezados por Salvini, suponía una “regalía” inaceptable que rebajaría los requisitos para ser ciudadano italiano.
El escrutinio reveló, además, una curiosa paradoja: incluso entre quienes decidieron votar, el apoyo a esta propuesta fue tibio. Mientras que los cuatro referendos laborales cosecharon más del 80% de votos favorables, la consulta sobre ciudadanía apenas logró entre el 60% y el 65% de síes. Una diferencia de 20 puntos que ilustra las reticencias que genera el tema migratorio incluso en sectores progresistas de la sociedad italiana.
Los otros cuatro referendos abordaban cuestiones laborales promovidas por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal sindicato del país. Sus propuestas buscaban derogar varias normas introducidas en los últimos años que, según los sindicatos, han precarizado el empleo y debilitado los derechos de los trabajadores.
Entre las medidas más destacadas figuraba la eliminación de la norma que permite a las empresas de más de 15 empleados no reincorporar a un trabajador tras un despido declarado improcedente por un juez. También se proponía suprimir el límite de indemnización por despido injustificado en pequeñas empresas y aumentar la responsabilidad de los empleadores en casos de accidentes laborales.
Para la CGIL, estas reformas eran imprescindibles para devolver dignidad al trabajo en un país donde la precariedad laboral se extendió especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, el Gobierno las consideraba un retroceso que habría perjudicado la competitividad de las empresas italianas.
Maurizio Landini, secretario general de CGIL e impulsor de la iniciativa, asumió la derrota con amargura pero sin dramatismo. “Sabíamos que no sería un paseo por el parque”, declaró, descartando dimitir pese al fracaso de unas consultas estrechamente asociadas a su liderazgo. “Hay una crisis obvia de democracia y participación”, añadió, en una reflexión que trasciende el resultado concreto de estos referendos.
El dirigente sindical se aferró a los 14 millones de ciudadanos que sí participaron en las consultas para reivindicar que los temas abordados siguen siendo relevantes. “Es un punto de partida”, insistió, aunque reconoció implícitamente que la estrategia seguida no ha dado los frutos esperados.
Uno de los factores que explican el fracaso de las consultas fue la escasa visibilidad que tuvieron en los medios de comunicación y el debate público. Las encuestas realizadas en mayo revelaron que solo el 46% de los italianos conocía las cuestiones sometidas a referéndum, una cifra que evidencia las dificultades de la oposición para trasladar su mensaje a la sociedad.
La autoridad de comunicaciones AGCOM llegó a presentar una queja formal contra la televisión pública RAI y otras cadenas por la falta de cobertura “adecuada y equilibrada” de las consultas. Una situación que contrastó con el activismo desplegado por el Gobierno para promover la abstención.
Salvini, por ejemplo, aprovechó un acto del grupo Patriotas por Europa —que reúne a líderes de la ultraderecha continental— para reiterar su oposición a las reformas horas antes del cierre de las urnas. “La nacionalidad no es un regalo”, declaró. “Pedimos reglas más claras y estrictas para ser ciudadanos italianos, no basta con unos años más de residencia”.
El fracaso de estos referendos se inscribe en una tendencia más amplia de desafección hacia este instrumento de participación democrática. Desde 1997, solo dos consultas populares han logrado superar el quorum del 50%: la celebrada en 2011 sobre la gestión pública del agua (54,8% de participación) y la de 2020 para reducir el número de parlamentarios de 945 a 600.
Lorenzo Pregliasco, analista político de la consultora YouTrend, consideró que estos datos obligan a repensar el funcionamiento de la institución referendaria. “Muchos creen que debería revisarse a la luz de los altos niveles de abstención y que el umbral de participación debería reducirse”, explicó.
Los cinco referendos fueron impulsados inicialmente por Riccardo Magi, diputado del partido progresista +Europa, y posteriormente respaldados por otras formaciones de izquierda, asociaciones civiles y sindicatos. La iniciativa logró reunir más de 637.000 firmas, muy por encima de las 500.000 necesarias para convocar las consultas.
Sin embargo, conseguir las firmas resultó más fácil que movilizar a los votantes. El resultado deja a Meloni en una posición de fortaleza frente a una oposición que deberá repensar sus estrategias si quiere hacer frente al creciente dominio de la derecha en la política italiana.
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INTERNACIONAL
Estado de emergencia en Perú: cuáles son las fuertes restricciones que paralizarán Lima y Callao por un mes
Lima quedará paralizada por un mes luego de que el presidente de Perú, José Jerí, decretara el estado de emergencia para enfrentar la ola de violencia, lo que implicó la suspensión temporal de algunos derechos constitucionales a partir de este miércoles. La medida también alcanza a la ciudad portuaria de Callao y afectará a más de 10 millones de personas.
Según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure la medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un contexto de múltiples protestas contra el Gobierno y el Congreso por diversos motivos, entre ellos la inseguridad.
Las nuevas normas permiten que las fuerzas de seguridad ingresen a cualquier vivienda y detengan a sospechosos dentro o fuera del domicilio sin orden judicial, y prohíben que la población se reúna para manifestaciones sin autorización de las autoridades.
También contempla que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado mediante patrullas en zonas críticas, como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas, y en otras situaciones de violencia.
Policías y militares custodiarán dependencias públicas e instalarán comandos temporales en coordinación con los municipios más afectados, con operativos de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.
El estado de emergencia establece además restricciones en las cárceles, limitando las visitas a los internos, aplicando apagones en las celdas que permiten únicamente la iluminación y eliminando las antenas telefónicas ilegales en los alrededores.
En cuanto al tránsito, se prohíbe que dos adultos viajen en la misma moto, y las autoridades podrán solicitar documentos de identidad en las calles e incluso ingresar por la fuerza a viviendas.
El Comité de Fiscalización llevará a cabo operativos de control con apoyo de las fuerzas combinadas en áreas donde se identifiquen casos de trata de personas, venta ilegal de drogas y armas.
Las mismas medidas se aplicarán a la venta informal de chips telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia, suspendiendo de inmediato las líneas vinculadas a extorsiones o secuestros, según la ley vigente.
En un mensaje televisado de apenas un minuto a las 20:30 (hora local), Jerí afirmó: «La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y afectando el progreso del país. Pero esto ¡se acabó!«.
Agregó que «el estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao», y subrayó que el gobierno pasa «de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, recuperando la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos».
«Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva Perú!», concluyó.
La medida es la primera acción de envergadura que toma Jerí en casi dos semanas al frente del país, donde la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la población.
El Presidente no aclaró si pedirá al Parlamento derogar seis leyes aprobadas mientras fue legislador, consideradas por expertos como obstáculos para combatir el crimen, ya que eliminan la detención preliminar sin flagrancia, dificultan procesar partidos políticos como grupos criminales, elevan requisitos para confiscar bienes y entorpecen allanamientos y cooperación eficaz.
Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, luego de un desplome en su aprobación.
Durante una multitudinaria protesta la semana pasada, que dejó un muerto en enfrentamientos con la policía, los manifestantes exigieron la renuncia del mandatario, la disolución del Parlamento y la derogación del paquete de leyes que, según expertos, debilitó la lucha contra la delincuencia.
Video
Incidentes durante una protesta frente al Congreso en Perú
Perú registra un marcado aumento de los delitos en los últimos años, con la mayoría de víctimas de la clase trabajadora: los homicidios pasaron de 676 en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión subieron de 2.305 en 2020 a 21.746 el año pasado, según datos de la fiscalía.
El gobierno de Boluarte había declarado un estado de excepción en marzo, que se extendió hasta mayo, medida criticada por su escasa eficacia frente a los grupos criminales.
INTERNACIONAL
Tensión en Colombia: un tribunal dejó sin efecto la condena contra Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal
El Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto este martes la condena que pesaba contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Lo absolvió de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal por los que había sido condenado en primera instancia a 12 años de arresto domiciliario.
“He dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública”, dijo Uribe a la prensa desde su natal Antioquia, en el noroeste del país. Fue una breve declaración en la que agradeció a Dios, a su familia y a los abogados. Además, aseguró que continuará trabajando por Colombia.
Leé también: Trump suspendió su cumbre con Putin y presiona a Zelenski para que le ceda una región de Ucrania a Rusia Álvaro Uribe, en una rueda de prensa posterior a conocerse la decisión que lo absolvió de una condena de 12 años de cárcel domiciliaria. (Foto: REUTERS/Juan David Duque).
La argumentación del tribunal a favor de Álvaro Uribe
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, defendió su inocencia en el primer juicio contra un expresidente en el país. Además de esto, tildó la condena de “persecución política”, asegurando que la jueza fue sesgada en su contra. Sus abogados apelaron cuestionando la validez de las pruebas.
“La motivación de la sentencia presenta deficiencias estructurales… uso de premisas vagas y sesgos retóricos y omisión de análisis integral”, indicó el tribunal en la audiencia virtual. La absolución del expresidente tuvo dos de los tres votos posibles. Una de las magistradas salvó su voto al considerar que la condena debía ser ratificada.
El nuevo fallo será elevado por las partes en un recurso adicional a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra, según dijo Iván Cepeda, senador de izquierda, a la prensa. Cepeda es considerado como una de las víctimas en el caso y no descartó acudir también al sistema interamericano de derechos humanos.
“La justicia ha prevalecido”: el comentario de Marco Rubio
El proceso penal contra Uribe, un político conservador de 73 años, generó un pulso político entre seguidores y detractores cuando el país está en plena campaña preelectoral para los comicios legislativos y presidenciales de 2026. Uribe se lanzaría de nuevo para ser senador si sus temas judiciales se lo permiten, según indicó su partido, el Centro Democrático.
El abogado penalista Fabio Humar indicó a The Associated Press que Uribe podrá aspirar al Senado mientras esté en libertad y la Corte Suprema define un eventual recurso adicional. Humar consideró que, aunque el recurso en la Corte suele demorarse años, la decisión sobre Uribe será mucho más rápida dada la importancia del caso en el país.
Paloma Valencia, senadora uribista, celebró el fallo e indicó que se sentía aliviada. “Siempre hemos confiado en su inocencia, siempre defendiendo su legado y su buen nombre”, indicó en X. La decisión también fue celebrada por el expresidente conservador Iván Duque, quien estuvo en el Poder entre 2018-2022).
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, consideró en X que la “justicia ha prevalecido” tras la absolución de Uribe. Para Rubio, el proceso fue parte de una “caza de brujas”.
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La reacción de Gustavo Petro
El presidente colombiano, Gustavo Petro, convocó a una concentración el viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La movilización tiene el objetivo de iniciar una recolección de firmas con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). La publicación de Gustavo Petro en la que convoca a una movilización. (Foto: X/@PetroGustavo).
El proceso contra el expresidente Uribe comenzó en 2012, cuando presentó una denuncia por difamación contra el senador de izquierda Iván Cepeda.
Uribe aseguró que buscaba en cárceles testigos como Juan Guillermo Monsalve para que lo vincularan con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó la denuncia contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió una causa contra Uribe. Sospechaba que era él quien intentaba cambiar la versión de testigos.
Uribe fue detenido en su domicilio brevemente por orden de la Corte en 2020 en medio de la investigación, pero salió libre tras renunciar a su curul en el Senado, lo que hizo que su proceso pasara a la fiscalía. Los fiscales pidieron varias veces que el proceso fuera cerrado, sin lograr convencer a jueces, hasta que decidieron llevar al expresidente al juicio por el que fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria en primera instancia.
Colombia, Álvaro Uribe, Gustavo Petro
INTERNACIONAL
GOP senator predicts Trump’s next move in Venezuela amid Hezbollah’s influence: ‘Long past due’
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Hezbollah’s growing foothold in Latin America has found its epicenter in Venezuela, where U.S. lawmakers and former counterterror officials say the Maduro regime has turned the country into a safe haven for one of the world’s most dangerous terrorist groups, giving it access to drug trafficking routes, forged documents and a gateway to the Western Hemisphere.
At a Senate Caucus on International Counternarcotics Control hearing this week, both Republican and Democratic senators warned that Hezbollah’s integration into Latin America’s criminal underworld — once concentrated in Colombia and the tri-border region — has now taken root under Venezuela’s protection.
Witnesses described an illicit web of narcotics, money laundering and passport-for-terrorist schemes that have flourished with state sponsorship, turning Venezuela into what one expert called the «most important facilitator for Hezbollah in Latin America.»
«Venezuela is a willing safe haven for what remains the most lethal, dangerous foreign terrorist organization to the United States,» said Marshall Billingslea, a former senior Treasury official.
US BOLSTERS MILITARY PRESENCE IN CARIBBEAN NEAR VENEZUELA AMID TRUMP’S EFFORTS TO HALT DRUG TRAFFICKING
Hezbollah’s growing foothold in Latin America has found its epicenter in Venezuela, where U.S. lawmakers and former counterterror officials say the Maduro regime has turned the country into a safe haven for one of the world’s most dangerous terrorist groups. (AFP via Getty Images)
Sen. Sheldon Whitehouse, D-R.I., and Sen. John Cornyn, R-Texas, both warned that Hezbollah’s 50-year presence in Latin America now poses a hemispheric threat requiring coordinated U.S. action.
Ambassador Nathan Sales, the former counterterrorism coordinator at the State Department, urged more Latin American nations — especially Brazil and Mexico — to designate Hezbollah in its entirety as a terrorist organization.
The bipartisan tone, rare in today’s Congress, underscored what lawmakers called a clear and present danger — a sanctioned regime in America’s backyard providing cover to a global terror group.
«Venezuela has become a key enabler of Hezbollah’s malign activity in our region,» Sales testified.
«This is not just about the Middle East anymore,» Cornyn added. «It’s about a terrorist organization embedding itself in the Western Hemisphere under the protection of a hostile regime.»
Sen. Bernie Moreno, R-Ohio, went a step further, predicting that the United States will move to end Nicolás Maduro’s rule altogether.
Sen. Bernie Moreno, R-Ohio, went a step further, predicting that the United States will move to end Nicolás Maduro’s rule altogether. (Kayla Bartkowski/Getty Images)
«I think we’re going to free Venezuela,» Moreno said. «That will be one of President Trump’s many, many legacies. It’s long past due, and I think his days are numbered.» Moreno added that he «would be surprised if [Maduro is] still in Venezuela by the end of this year,» signaling growing confidence that Washington could soon pursue regime change in Caracas after seven strikes on alleged narco-traffickers on the seas.
SENATORS LOOK TO BLOCK TRUMP FROM ENGAGING IN ‘HOSTILITIES’ IN VENEZUELA
Billingslea and Cornyn pointed to evidence that Venezuelan officials issued passports to Hezbollah operatives, including accusations that former Vice President Tareck El Aissami helped militants travel freely across the region.
According to Billingslea, more than 10,000 passports were issued to individuals from Syria, Lebanon and Iran under the former Venezuelan vice president, some with known Hezbollah or Hamas ties.
The system, witnesses said, allowed operatives to disguise identities, launder funds and even move into the U.S. with false papers.
Sales detailed how Hezbollah’s operations have become embedded in the regional drug trade, including the trafficking of so-called «black cocaine» compressed into charcoal-like briquettes to avoid detection.
«Hezbollah traffics narcotics through criminal networks active in the tri-border area. … It’s particularly involved in the sale of black cocaine,» Sales said.
«I think we’re going to free Venezuela,» Moreno said. «That will be one of President Trump’s many, many legacies. It’s long past due, and I think his days are numbered.» (Carlos Becerra/Getty Images)
He and others warned that as sanctions squeeze Iran and Hezbollah’s financial channels in the Middle East, the group is relying more heavily on Latin American drug profits to sustain itself.
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Matthew Levitt of the Washington Institute said Venezuela has effectively joined what he called the «axis of evasion,» a global sanctions-defying network linking Russia, China, Iran and North Korea.
«Venezuela plays an important part in this illicit network as it reaches the Western Hemisphere,» Levitt said, describing its role in gold smuggling, oil-for-cash deals and financial cover for Iran and Hezbollah.
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