INTERNACIONAL
Luis Arce defendió la inocencia de sus hijos y dijo que las acusaciones son parte de la “guerra sucia”
El presidente de Bolivia, Luis Arce, calificó como “guerra sucia” las acusaciones contra sus hijos, quienes están en el ojo público luego de que se revelaran presuntas irregularidades en el desarrollo de un proyecto agropecuario. En una conferencia de prensa este martes, el jefe de Estado atribuyó las denuncias a intereses políticos que buscan dañar su imagen y afirmó que sus hijos se defenderán en las instancias que correspondan.
“Utilizan hasta a la familia (…) en una guerra sucia que nosotros no compartimos. No estamos de acuerdo con ese tipo de bajezas y esta es la última vez que me voy a referir a este tema”, declaró.
Según documentos obtenidos mediante orden fiscal y difundidos por medios nacionales, los hijos menores del mandatario, Rafael y Camila Arce Mosqueira, obtuvieron en 2021 seis créditos bancarios por un monto equivalente a 9,1 millones de dólares para comprar tierras, maquinaria e insumos agrícolas para desarrollar cultivos en Santa Cruz, la principal región productiva del país. Los prestatarios tenían entonces 20 y 25 años, y no contaban con trayectoria agropecuaria ni empresarial.
El préstamo lo hizo el Banco Ganadero, que según el periódico boliviano El País habría recibido, en los tres años posteriores al crédito, casi 200 millones de dólares del fondo de pensiones público.
De acuerdo a la investigación de ese medio, en diciembre de 2021, la entidad bancaria disponía de 846 millones de dólares de los fondos de pensiones y que a finales de diciembre de 2024 esa cifra superaba los mil millones de dólares. Esta información no ha sido desmentida por ni el Gobierno ni por el banco, que en un comunicado manifestó que sus operaciones se enmarcan en criterios técnicos y que no hacen pronunciamientos de orden político.
En tanto, la entidad que regula y supervisa el accionar de los bancos también guarda silencio. La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, se negó a responder la consulta de los periodistas sobre el tema en una conferencia de prensa este martes.
La institución se encarga de regular el sistema financiero en Bolivia, incluyendo entidades bancarias y el mercado de valores.
Anteriormente el presidente Luis Arce defendió la legalidad del préstamo asegurando que había sido validado por la solvencia del proyecto. Además dijo que en el terreno ya habían cultivos al momento de la transacción con lo que desestimó los cuestionamientos ambientales.
De acuerdo a la investigación documentada de la plataforma Connectas, el predio de los hijos de Arce, denominado “Adán y Eva”, obtuvo permisos de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar los desmontes, pese a que una parte del terreno se superpone pertenece a una zona de conservación y uso sostenible de la tierra.
Adicionalmente, imágenes satelitales muestran que varias hectáreas de la propiedad ardieron entre octubre y noviembre de 2024, vulnerando un decreto presidencial que prohibía las quemas debido al descontrol de los incendios forestales que ese año consumieron más de 12 millones de hectáreas, una superficie comparable a la de Nicaragua.
Pero eso no es todo. El negocio de los hijos de Arce también se vio favorecido con la construcción de un puente de 3,1 millones de dólares financiado por el Ministerio de la Presidencia, que fue estrenado en marzo de este año a 15 kilómetros de “Adán y Eva”.
Rafael y Camila no son los únicos hijos del presidente que están en la mira. El hijo mayor, Luis Marcelo, fue acusado de haber intervenido en las negociaciones de los contratos de litio con empresas de Rusia y China, según consta en fotografías y correos electrónicos que fueron filtrados y difundidos por los medios.
Arce dejará el poder en noviembre de este año tras declinar su candidatura a la Presidencia y al Senado. En medio de las acusaciones y consultado sobre lo que hará a partir de entonces, el jefe de Estado respondió que se quedará en el país continuará dando clases en universidades. “No somos de los que se escapan”, afirmó.
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INTERNACIONAL
Gobierno salvadoreño y HE Space Children’s Foundation firman alianza para proteger ecosistemas marino-costeros
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador y la Cancillería firmaron recientemente una carta de entendimiento con la organización internacional HE Space Children’s Foundation, con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y la protección de los ecosistemas marino-costeros del país.
Este acuerdo, anunciado el 17 de febrero de 2026, establece un marco de cooperación que permitirá impulsar iniciativas en sostenibilidad, formación ambiental y trabajo comunitario, haciendo especial énfasis en la niñez y la juventud salvadoreña.
Durante el acto de firma, encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, se destacó la importancia de sumar capacidades y construir alianzas estratégicas para avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Según las declaraciones de López, la carta de entendimiento “refleja una visión compartida de desarrollo sostenible y consolida un compromiso de largo plazo para proteger los recursos naturales del país”. Por su parte, Mira celebró el paso como una muestra del compromiso de El Salvador con la preservación de los ecosistemas y con la formación de nuevas generaciones en temas ambientales.
El acuerdo establece acciones concretas para promover la conservación de los ecosistemas marino-costeros, que representan una de las principales riquezas naturales del país y que enfrentan diversas amenazas por la presión humana y el cambio climático.
Entre los componentes clave del entendimiento se encuentra el intercambio técnico y de conocimientos, la capacitación de niños, niñas y jóvenes en temas ambientales, y la articulación institucional para fortalecer la gestión ambiental en los territorios.
Las autoridades subrayaron que la cooperación internacional resulta fundamental para ampliar capacidades, generar oportunidades y avanzar hacia un modelo de desarrollo más resiliente y sostenible.
La alianza con HE Space Children’s Foundation permitirá a El Salvador acceder a experiencias y buenas prácticas internacionales, así como a recursos pedagógicos y tecnológicos orientados a la educación ambiental, la sensibilización social y la formación de liderazgos juveniles comprometidos con la protección del patrimonio natural.
En el evento, que contó con la presencia de representantes de ambas instituciones y de la sociedad civil, se hizo hincapié en la necesidad de integrar la educación, la ciencia y la articulación institucional para pasar del compromiso a la acción. La firma de la carta de entendimiento representa un paso relevante en la consolidación de políticas públicas centradas en la sostenibilidad y en la respuesta a los desafíos ambientales que enfrenta El Salvador, en particular la degradación de los ecosistemas costeros, la pérdida de biodiversidad y la necesidad de adaptación ante los efectos del cambio climático.
El Ministerio de Medio Ambiente informó que, mediante esta alianza, se desarrollarán programas educativos y comunitarios en zonas costeras, con el objetivo de empoderar a las comunidades locales y fomentar prácticas sostenibles en actividades como la pesca, el turismo y el manejo de recursos naturales. Además, se promoverá la participación de niños, niñas y jóvenes en proyectos de restauración ecológica, monitoreo ambiental y campañas de sensibilización, buscando un impacto positivo a largo plazo.
Las imágenes difundidas a través de redes sociales muestran la firma del acuerdo en un ambiente institucional, con la bandera de El Salvador en el fondo, y dan cuenta de la relevancia que las autoridades conceden al trabajo conjunto con actores internacionales. También se destacan fotografías de los paisajes marino-costeros y boscosos que se beneficiarán de las acciones derivadas del convenio.
Con la firma de esta carta de entendimiento, El Salvador reafirma su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial aquellos vinculados a la acción climática, la vida submarina y la educación de calidad. La colaboración con HE Space Children’s Foundation abre nuevas posibilidades para que el país avance en la construcción de una ciudadanía ambiental activa, informada y capaz de liderar la transformación hacia un futuro más sostenible.
corresponsal:Desde San Salvador, El Salvador
NEWYou can now listen to Fox News articles!
Arguing that noncitizens could be on state voter rolls — something that is illegal under federal law — the Trump administration is escalating its campaign to obtain registration data ahead of the 2026 midterms, despite a string of federal court setbacks.
The strategy has unfolded on three fronts: cooperation from Republican-led states willing to share voter data, lawsuits against roughly two dozen blue and purple states that have refused, and a legislative push in Congress to tighten national voting requirements. Federal judges have so far rebuffed the administration’s legal demands, but the Justice Department is widening its campaign as Election Day draws near.
Hans von Spakovsky, a senior legal fellow at the conservative group Advancing American Freedom, said voter rolls are a central focus ahead of the midterms because of the Trump administration’s concerns that noncitizens are on them and could end up voting. It is illegal for noncitizens to vote in federal elections.
«The problem is, blue states, like Oregon, they have no interest in that kind of verification, so they’re not actually doing what they ought to be doing, which is running data-based comparisons with the [Department of Homeland Security],» von Spakovsky told Fox News Digital.
DEMOCRATS CELEBRATE AS 73,000 NORTH CAROLINA VOTERS WITHOUT PROPER ID STAY ON ROLLS
Attendees listen as Rep. Chip Roy (R-Texas) speaks at an «Only Citizens Vote» bus tour rally advocating passage of the SAVE Act at Upper Senate Park outside the U.S. Capitol. Washington, District of Columbia, on Sept. 10, 2025. (Kent Nishimura/Getty Images)
The DOJ has made sweeping demands for not just publicly available voter roll data, but also sensitive information, such as voters’ partial Social Security numbers and dates of birth.
The latest state to successfully fight the DOJ’s request is Michigan, where Secretary of State Jocelyn Benson said the federal government was not entitled to its 7 million voters’ personal information beyond what was already available.
The DOJ cited three federal laws, the Civil Rights Act, the Help America Vote Act and the National Voter Registration Act, that it said gave the Trump administration the right to the confidential information. Judge Hala Jarbou disagreed.
Attorney General Pam Bondi looks on during a news conference. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
«The Court concludes that (1) HAVA does not require the disclosure of any records, (2) the NVRA does not require the disclosure of voter registration lists because they are not records concerning the implementation of list maintenance procedures, and (3) the CRA does not require the disclosure of voter registration lists because they are not documents that come into the possession of election officials,» Jarbou, a Trump appointee wrote.
Federal judges in Oregon and California have also thrown out the DOJ’s lawsuits. The DOJ could appeal the decisions. A department spokesperson declined to comment for this story.
But the DOJ has seen cooperation from red states, such as Texas, Alabama and Mississippi, who were among several to reach a «Memorandum of Understanding» that led the states to hand over the information the department wanted.
In another maneuver, Attorney General Pam Bondi pressured Minnesota Gov. Tim Walz, a Democrat, to provide the Midwest battleground’s voter rolls, saying in a warning letter that such action would help ease unrest in the state that stemmed from a federal immigration crackdown there.
Democrats were enraged by the letter and have argued the Trump administration is infringing on states’ rights to conduct their own elections.
Sen. Chris Murphy, D-Ct., argued the letter was a «pretext for Trump to take over elections in swing states,» while a state lawyer described the letter as a «ransom note.» The DOJ, at the time, told Fox News Digital Democrats were «shamelessly lying» about the letter’s purpose. Bondi said that handing over the voter rolls was among several «simple steps» Minnesota could take to «bring back law and order.» A lawsuit is still pending in Minnesota over the voter rolls.
In Congress, the Safeguard American Voter Eligibility Act would make it a national requirement that people registering to vote provide in-person proof of citizenship, such as birth certificates or passports. The legislation also includes a new national requirement for photo ID at the polls.
The bill has widespread Republican support. The House passed the SAVE Act last week, and even moderate Republican senators like Sen. Susan Collins, R-Me., have said they are on board with it. The bill is still stalled in the Senate, however, because it needs 60 votes to pass, meaning several Democrats would need to support it. Currently, none do.
Von Spakovsky noted that the SAVE Act had a key provision that would allow private citizens to bring lawsuits over it.
People participate in a protest against the Trump administration in front of the Capitol. Washington, District of Columbia, on Feb. 17, 2025. (Dominic Gwinn/Middle East Images/AFP via Getty Images)
«There’s no question in my mind that if the Save Act gets passed, there are election officials in blue states that will be reluctant to or may refuse to enforce the proof of citizenship requirement,» von Spakovsky said. «The Save Act provides a private right of action, so that means that citizens in Oregon could sue those election officials if they’re refusing to comply with the Save Act.»
He said the private right of action provision would also provide recourse for citizens if Democrats take over the DOJ in the next administration and refuse to enforce the SAVE Act.
Trump has repeatedly argued that noncitizen voting poses a threat to election integrity and has pressed Republican lawmakers to tighten federal requirements. Last week, he floated attempting to impose identification requirements through executive order if Congress does not act.
«This is an issue that must be fought, and must be fought, NOW!» Trump wrote on Truth Social. «If we can’t get it through Congress, there are Legal reasons why this SCAM is not permitted. I will be presenting them shortly, in the form of an Executive Order.»
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A much broader bill called the Make Elections Great Again Act is still moving through the House and faces a steeper uphill climb to passage.
In addition to national documented proof of citizenship requirement, the MEGA Act would end universal mail voting, eliminate ranked-choice voting and ban ballots postmarked by Election Day from being accepted after that day, which would outlaw postmark rules in 14 states and Washington, D.C.
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Amenaza
Culpables
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