INTERNACIONAL
Lula busca consejo de China para regular las redes sociales tras el fracaso legislativo
El debate sobre la regulación de las redes sociales en Brasil se vuelve cada vez más polémico. La semana pasada se reanudó en el Supremo Tribunal Federal (STF) el juicio sobre la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, una ley de 2014. El artículo se refiere a la responsabilidad de las plataformas digitales por los contenidos ilegales publicados por los usuarios, como la incitación al odio, la desinformación, la incitación a la violencia y los delitos contra niños y adolescentes. En diciembre, al inicio del juicio, tres jueces del STF, Dias Toffoli, Luiz Fux y Luís Roberto Barroso, actual presidente de la Corte Suprema, se pronunciaron a favor de endurecer las obligaciones de las plataformas. El cuarto juez que votó la semana pasada, André Mendonça, expresó su desacuerdo y votó a favor de mantener, en general, el modelo actual, considerando que el artículo 19 es conforme a la Constitución. La próxima audiencia del proceso está prevista para el miércoles 11.
Hay mucha expectación por el resultado final, ya que el STF, con el objetivo de combatir las “noticias falsas”, la “desinformación” y la “incitación al odio”, podría revocar la legislación vigente, considerar a las plataformas responsables de los contenidos que publican y obligarlas a retirar los contenidos de la red incluso sin recibir una orden judicial.
“Esto supondrá la externalización de la censura en Brasil, incluida la censura preventiva, ya vigente en el país con la eliminación de los perfiles de los opositores al actual Gobierno de las redes sociales a petición del STF. Para evitar problemas, las plataformas se anticiparán a las solicitudes de eliminación presentadas por terceros”, escribe el periodista Mario Sabino en el sitio web de noticias Metrópoles. “En la redacción del artículo 19 —explica un editorial del sitio web de noticias Gazeta do Povo— el legislador tuvo la clara intención de proteger la libertad de expresión, incluidos, y en particular, los discursos incómodos, contradictorios y críticos”. “Solicitar una decisión judicial antes de eliminar un contenido representa una protección contra la tentación, tan común hoy en día, de etiquetar como ofensivo o desinformativo lo que simplemente desafía el pensamiento o molesta”, concluye el texto.
La mayoría de los ciudadanos brasileños se ha mostrado a favor de la responsabilización de las redes sociales. Una encuesta realizada en enero por Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostró que el 78% de los encuestados está a favor de la responsabilización, mientras que solo el 14% no está de acuerdo. Además, a finales de abril, decenas de personalidades, intelectuales y ex ministros lanzaron un manifiesto público titulado “Internet sin regulación mata”, pidiendo la regulación de las redes sociales. Entre los firmantes se encontraban el fotógrafo Sebastião Salgado antes de su muerte y la estrella brasileña de la música Daniela Mercury. “Exigimos que las plataformas digitales y las redes sociales sean reguladas en su funcionamiento, como ocurre y debe ocurrir con todas las actividades en una sociedad democrática”, reza el documento.
En cuanto a las Big Tech, piden mayores garantías para evitar la inseguridad jurídica en el entorno digital en Brasil. A la cadena de televisión CNN Brasil, Google envió un texto en el que dice que “la abolición de las normas que separan la responsabilidad civil de las plataformas de la de los usuarios no contribuirá a poner fin a la circulación de contenidos indeseados en Internet”. “El marco normativo sobre los derechos civiles en Internet puede y debe mejorarse, siempre que se establezcan criterios y garantías procesales para evitar la incertidumbre jurídica y la eliminación indiscriminada de contenidos”, se lee en el documento. Google ha declarado que identifica y elimina cada año “cientos de millones de contenidos” que violan las normas de sus plataformas, pero que no puede gestionar lo que denomina “contenidos controvertidos”. “La acción judicial en estos casos es uno de los puntos más importantes del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, que reconoce el poder del poder judicial para actuar en estas situaciones y trazar una línea divisoria entre el discurso ilícito y la crítica legítima”, concluye el texto.
Además, tras el fracaso del proyecto de ley sobre la regulación de las redes sociales, el llamado proyecto de ley sobre las noticias falsas (PL 2630/2020), aprobado por el Senado pero bloqueado en la Cámara desde 2023, el Gobierno de Lula está preparando otro proyecto de ley que prevé, entre otras cosas, la designación de una autoridad para bloquear las redes sociales que no denuncien los delitos cometidos en el entorno virtual, sin necesidad de una orden judicial. El proyecto de ley está siendo elaborado por el Ministerio de Justicia. “Tenemos media docena de empresas de redes sociales que gobiernan el mundo. Tenemos que trabajar en la regulación de las redes digitales. El Parlamento debe tener el valor. Si el Parlamento no tiene el valor, el Supremo Tribunal Federal debe tenerlo para crear una regulación”, declaró Lula.
Sin embargo, el tema ha suscitado críticas entre los expertos, que consideran que debe ser el poder legislativo y no el judicial o el ejecutivo el que lleve a cabo una reforma regulatoria. Según Luiz Fernando Plastino Andrade, doctor en Derecho Civil por la Universidad de San Pablo (USP), el Parlamento tiene la oportunidad de crear normas que eliminen la incertidumbre derivada de decisiones judiciales contradictorias. “El Congreso tiene la oportunidad de introducir una normativa general que haya sido ampliamente debatida. Esto eliminará la incertidumbre derivada de la posibilidad de que se adopten decisiones específicas que, en ocasiones, van en contra de las expectativas del mercado y de los ciudadanos”, afirmó el experto al diario O Estado de São Paulo.
Sin duda, lo ocurrido en China durante la última visita oficial de Lula el pasado mes de mayo no ha apaciguado el debate. Durante una reunión privada con su homólogo chino Xi Jinping, su esposa Rosangela da Silva, conocida como Janja, habría expresado su preocupación por la influencia de TikTok en la política y la opinión pública brasileña, afirmando que el algoritmo de la plataforma favorece a la derecha. Xi le habría respondido que Brasil tiene la legitimidad para regular e incluso prohibir la plataforma si así lo desea.
Lula, interrogado por los periodistas, confirmó que el tema se había discutido directamente con Xi Jinping y añadió que había pedido consejo a China sobre cómo abordar el problema, llegando incluso a proponer el envío de un delegado chino a Brasil para intercambiar experiencias en materia de regulación digital. “Lula confirmó que una persona de confianza del presidente chino vendrá a Brasil para discutir la regulación de las plataformas digitales y que el experto chino será recibido por el jefe de la Secretaría de Comunicaciones Sociales del Gobierno federal”, escribe William Waack en la página web de CNN Brasil. “En otras palabras, el presidente de una democracia pide ayuda a un régimen dictatorial para regular las redes sociales y envía a este colaborador a hablar con su jefe de propaganda. Y recomienda actuar rápidamente al STF, que a su vez, hasta la fecha, no ha definido exactamente qué son las noticias falsas, pero lleva seis años realizando una investigación interminable bajo este nombre, con un enorme impacto y control sobre la política”, escribe Waack, refiriéndose a un juicio del que es responsable el juez Alexandre de Moraes, el mismo que dirige el proceso contra Bolsonaro por su presunto intento de golpe de Estado. Se trata de un caso que se arrastra desde marzo de 2019 y que tiene que ver con un supuesto grupo de WhatsApp llamado ‘Empresarios y Políticos’ en el que algunos partidarios de Bolsonaro compartían mensajes de desinformación política. Uno de los miembros había llegado a escribir que prefería un golpe de Estado a la victoria de Lula.
Ayer, además, André Shalders, del diario O Estado de São Paulo, reveló que Rede Minerva Network, una red “anti-fake news”, financiada con 54,1 millones de reales (9,73 millones de dólares) por el Ministerio de Salud y Justicia y “articulada” por la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Lula (Secom), pagó el viaje a Cuba de uno de sus investigadores, Marco André Feldman Schneider, que también es coordinador de la Red Nacional para la Lucha contra la Desinformación. El motivo del viaje fue la participación en el IV Coloquio Internacional Patria, un evento del régimen cubano organizado por la Unión de Periodistas de Cuba. El tema del foro era “el vigésimo aniversario de la fundación de Telesur por parte de los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez”. Según el sitio web francés sobre libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF), “Cuba sigue siendo, año tras año, el peor país para la libertad de prensa en América Latina » y, en su “Índice de Libertad de Prensa” de 2025, ocupa el puesto 165 de 180 países.
Según el diario O Estado de São Paulo, en su discurso en la conferencia cubana, el investigador brasileño afirmó que “en teoría, hay dos formas de neutralizar la polarización y la incitación al odio en las redes sociales: la regulación económica y la moderación de contenidos en las plataformas digitales, con el objetivo de construir la soberanía digital y popular; y políticas públicas a gran escala para la alfabetización mediática y la información crítica”. Tras el evento, Schneider impartió una conferencia sobre desinformación en la Universidad de La Habana y participó en reuniones sobre un posible acuerdo de cooperación entre el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (Ibict), que gestiona el proyecto de la Rede Minerva, y la universidad cubana», escribe Shalders en O Estado de São Paulo, a lo que el investigador respondió diciendo que su viaje a Cuba fue “estrictamente académico”.
Mientras se debate sobre el futuro de la regulación de las redes sociales en Brasil, en estos mismos días dos noticias han puesto de relieve en el debate el temor a la censura. La primera fue la condena de una periodista del diario Zero Hora a pagar 600.000 reales (107.914 dólares) en concepto de indemnización por daños morales a una jueza del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul. En su artículo, la periodista había escrito que la jueza había recibido en abril un salario de 662.000 reales (119.065 dólares). Fue condenada porque técnicamente no se trataba de un salario, sino de la “suma de subsidios e indemnizaciones compensatorias” y por el “lenguaje sarcástico y dirigido” utilizado en el artículo. Otro caso que ha suscitado polémica es la condena a ocho años de cárcel del cómico Léo Lins, además del pago de una multa de 1,4 millones de reales (251.799 dólares) y 300.000 reales (53.957 dólares) en concepto de indemnización por daños morales colectivos. Según el juez, la culpa es de sus chistes sobre las minorías porque “el humor no puede ser una excusa para cometer delitos”, afirmó. “Aunque los chistes de Leo Lins puedan ser detestables, la condena a ocho años de prisión que ha recibido es típica de las dictaduras”, escribe el diario Folha de São Paulo en un editorial. El diario estadounidense The Washington Post también se ha hecho eco del caso. “La sentencia contra el cómico Léo Lins por chistes contados en 2022 se perfila como el próximo frente en la creciente lucha de Brasil contra la libertad de expresión”, se lee en el artículo.
Asia / Pacific,Diplomacy / Foreign Policy,BEIJING
INTERNACIONAL
Persecución en Cuba: la dictadura acusó a un medio digital independiente de “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”
El primer ministro de la dictadura de Cuba, Manuel Marrero, acusó este jueves al medio digital no oficial El Toque de tráfico de divisas y evasión fiscal, en el contexto de un creciente enfrentamiento con la prensa independiente. La denuncia se realizó en redes sociales y siguió a la emisión, el miércoles por la noche, de un documental en la televisión estatal que acusa al medio —con sede en Miami— de recibir fondos de Estados Unidos y de buscar la desestabilización del país.
En medio de la campaña oficial contra El Toque, Marrero aseguró: “Se trata de un programa integral de guerra económica organizado, financiado y ejecutado directamente por el gobierno de EEUU”.
Las autoridades cubanas han intensificado las críticas contra El Toque, conocido por publicar diariamente la tasa de cambio del mercado informal, muy distinta a la establecida oficialmente por el régimen cubano y utilizada como referencia mayoritaria para operaciones monetarias en la isla. Según Marrero, la tasa de cambio informada por El Toque es “una farsa” y el resultado de “una burda manipulación”, declaraciones recogidas durante esta ofensiva mediática.
Mientras tanto, los medios del régimen enlazaron la acusación de Marrero con críticas al funcionamiento del propio sitio, al que señalaron de “mercenarismo”, “enriquecimiento ilícito”, “manipulación cambiaria” y de operar “en contra del bienestar del pueblo”. La controversia surge en un contexto en el que la tasa oficial, instaurada en 2022, es de 1 dólar estadounidense (USD) por 24 pesos cubanos (CUP) para entidades jurídicas y de 1 USD por 120 CUP para personas físicas, mientras que El Toque posicionó este jueves el cambio en 1 USD por 460 CUP.
La información publicada por El Toque se ha vuelto central en la vida cotidiana de los cubanos, ya que la mayoría de las transacciones informales en la isla toman como base la cotización de este medio.
La coexistencia de tres tasas de cambio provoca severas distorsiones en la economía local, dificultando la lucha contra la inflación, el descenso del poder adquisitivo, el proceso de dolarización, las carencias de productos básicos, el déficit y la descapitalización de los bancos estatales. Según expertos citados por EFE, esta situación sin precedentes convive con una crisis sistémica que afecta al país desde hace más de un lustro, sin señales claras de recuperación a corto o mediano plazo.
El régimen cubano ha anunciado en varias ocasiones, la última vez hacia finales de 2023, la intención de introducir reformas para corregir las distorsiones cambiarias. Entre ellas, la introducción de una tasa de cambio “flotante” para la segunda mitad de 2024. Sin embargo, hasta la fecha, ni el modelo ni la implementación han sido esclarecidos públicamente. Ante la escasez crónica de divisas, el Estado aceleró la dolarización parcial de la economía abriendo decenas de tiendas que sólo aceptan moneda extranjera y habilitando el cobro en divisas de diversos servicios estatales, prácticas justificadas por la necesidad de recapitalizar el país que importa el 80% de lo que consume.
Frente a los señalamientos, El Toque ha negado en múltiples ocasiones toda acusación oficial, argumentando que su tasa de referencia surge de un algoritmo que recopila anuncios de compraventa de divisas en foros y redes sociales, filtrando valores anómalos bajo supervisión del economista Pavel Vidal. Varios especialistas cubanos, consultados por EFE, admitieron la confiabilidad relativa del método, aunque reconocen que se basa en ofertas y no en transacciones reales, y utiliza la mediana como parámetro, no la moda.
La presión sobre El Toque ha resultado en campañas oficiales contra su personal e incluso provocó la emigración de una gran parte de sus periodistas, luego de ser interrogados por la Seguridad del Estado.
Este clima se ha visto reforzado por la reciente acusación de “espionaje” y “corrupción” contra Alejandro Gil, ex ministro de Economía cercano al presidente Miguel Díaz-Canel, reviviendo el debate sobre las purgas políticas al más alto nivel. Gil, de 61 años, permanece fuera de la vida pública. La reacción oficialista ha sido comparada con anteriores expulsiones repentinas de figuras clave dentro del Estado cubano, como las de Felipe Pérez Roque y Carlos Lage en 2009, o el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa en 1989 tras un proceso judicial por narcotráfico, hechos que han marcado la historia política reciente del país.
(Con información de AFP y EFE)
South America / Central America
Ambassador Waltz: No one will be left behind in Gaza
U.S. Ambassador to the U.N. Michael Waltz joins ‘Fox & Friends’ to discuss efforts to return American bodies still being held by Hamas, drug boat strikes off Venezuela and why the U.S. is a ‘hard no’ on the U.N.’s global carbon tax proposal.
NEWYou can now listen to Fox News articles!
EXCLUSIVE: U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz told the U.N. that President Trump’s historic Middle East peace plan is «the only way forward» as he negotiates a resolution that would codify the Trump administration’s Gaza deal in the international body in a way that is «fully consistent with an America First agenda.»
Fox News Digital spoke exclusively to Waltz after he convened partners and allies to discuss the United States’ intention to present a resolution to the U.N. Security Council on Gaza.
The resolution will endorse the Board of Peace, set parameters for Gaza’s transitional governance and launch the International Stabilization Force outlined in the president’s 20-point Gaza peace plan.
MIKE WALTZ SEES TRUMP’S GAZA PLAN AS ‘ONCE-IN-A-GENERATION OPPORTUNITY FOR PEACE’
U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz (Getty Images)
«Only President Trump has the ability to bring all sides together, just as he did at Sharm El-Sheik,» Waltz told Fox News Digital. «He’s the only person who can truly bridge the divides between the Israelis, the Palestinians and others in the region.»
AS TRUMP ADMIN PUSHES GAZA PEACE PLAN, HISTORY SHOWS UN PEACEKEEPING’S MIXED RECORD
Waltz said the president’s plan is «the best chance for real peace in the Middle East in a generation.»
«And, frankly, it’s a real test for the United Nations — to step up, support the president’s plan and start implementing it,» Waltz told Fox News Digital.
«We’ve seen the death and destruction the war in Gaza caused,» Waltz said. «If we can rally the international community to come together and resolve it using the tools of the U.N., that’s absolutely the right thing to do, and it’s fully consistent with an America First agenda.
«This process of securing peace in Gaza with a Security Council resolution is really about getting the U.N. back to basics,» Waltz continued. «That’s what we’re calling it — back to basics. It’s about strictly focusing on establishing and keeping peace and, in this case, supporting what the president has already set in motion.»
World leaders, including President Donald Trump and Egypt’s President Abdel Fattah al-Sisi, pose for a photo at a world leaders summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh, Egypt, Oct. 13, 2025. (Suzanne Plunkett, Pool Photo via AP)
President Trump’s plan to end the Gaza conflict calls for Gaza to be a de-radicalized, terror-free zone that does not pose a threat to its neighbors. It also calls for Gaza to be redeveloped for the benefit of the people of Gaza and more.
Under the peace plan, Israeli forces would withdraw from the region, and a temporary transitional governance of a technocratic, apolitical Palestinian committee, responsible for delivering the day-to-day running of public services and municipalities for the people of Gaza will be created.
US MILITARY TO OVERSEE NEXT PHASE OF PEACE DEAL FROM COORDINATION BASE IN ISRAEL
That government will be under the oversight of a new international transitional body called the «Board of Peace,» chaired by President Trump and other members and heads of state.
The resolution would essentially make the plan international law, a U.N. source said.
As for timing, a U.N. source told Fox News Digital that negotiations typically take months in the United Nations, but the U.S. Mission is hoping to get this done in «weeks.»
«We are looking to move quickly,» the source said. «The ceasefire is fragile. We don’t want things to fall apart in any way, shape or form. The sooner we get this resolution done, the sooner countries can begin contributing troops to the stabilization force.»
U.S. President Donald Trump poses with a signed agreement during a world leaders summit focused on ending the Gaza war in Sharm El-Sheikh, Egypt, Oct. 13. (Suzanne Plunkett/Getty Images)
The source also told Fox News Digital that representatives from the United Arab Emirates, Egypt and Qatar — not members of the Security Council — presented the resolution with Waltz and the U.S. Mission to the broader Security Council.
«We think that’s really strong,» the source said. «This is about getting humanitarian aid in, stabilizing, governing and rolling up our sleeves and getting to work and having the international community pay for it.»
EXPERTS URGE TRUMP TO BAN TERROR-LINKED UN AGENCY FROM HIS GAZA PEACE PLAN
The source said the resolution would create a mechanism, led by Jared Kushner, Middle East envoy Steve Witkoff and Secretary of State Marco Rubio that would ensure «the dollars are going to be used efficiently with a private sector mentality in mind.»
Rubio has said the Trump administration is «seeing things we never thought we’d see before, like the number of countries willing to participate in this effort, be it through money or personnel, or both or expertise.
«We’ve never seen this sort of international cohesion behind something,» Rubio said. «So, we have to be pursuing those opportunities because they’re really great, historic and important.»
Meanwhile, the source said the U.S. is «in the thick of negotiations» but is «moving lightening-fast by U.N. terms.»
Secretary of State Marco Rubio listens to a question as he speaks to the media after visiting the Civil-Military Coordination Center in southern Israel Oct. 24, 2025. (Getty Images)
«They do not want to be part of opposing the best chance we’ve had for peace in a generation,» the source said. «And they don’t want to play the part of bureaucratizing and then being responsible for the fighting resuming.»
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The president has described the peace plan as «the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region.»
«I believe that so strongly,» Trump said of the plan. «This is the historic dawn of a new Middle East.»
israel,united nations,middle east
INTERNACIONAL
Canadian spy chief warns of alarming rise in teen terror suspects, ‘potentially lethal’ threats by Iran
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Canadian Security Intelligence Service (CSIS) Director Daniel Rogers, during a rare public appearance Thursday, said nearly one in 10 of the agency’s terrorism investigations include at least one person under the age of 18, an alarming trend driven by online extremism.
Since 2014, there have been nearly two dozen violent extremist attacks in Canada resulting in 29 deaths and at least 60 injuries, according to Rogers.
Worryingly, he said, nearly one in ten terrorism investigations at CSIS, the country’s domestic spy agency, include at least one «subject of investigation» under the age of 18.
In August, a minor was arrested in Montreal for allegedly planning an attack on behalf of the terrorist group Daesh, according to Rogers.
Dan Rogers, a national security and intelligence advisor, made a rare speech Thursday. (Reuters/Blair Gable/File Photo)
THE NEW MAFIA: TRUMP, CIVIL RICO AND THE GLOBAL INTIFADA
Just a few months earlier, a 15-year-old Edmonton-area minor was charged with a terrorism-related offense, after Royal Canadian Mounted Police (RCMP) investigators feared the teen would commit serious violence related to COM/764, a transnational violent online network that manipulates children and youth across widely accessible online platforms.
Rogers also noted two 15-year-olds were arrested in Ottawa for allegedly conspiring to conduct a mass casualty attack targeting the Jewish community in Canada’s capital in late 2023 and early 2024.
«Clearly, radicalized youth can cause the same harms as radicalized adults, but the societal supports for youth may help us catch radicalization early and prevent it,» Rogers said. «These tragic numbers would have been higher if not for disruptive actions taken by CSIS and our law enforcement partners.»
Multiple attacks over the last year were intercepted by Canadian authorities, officials said. (Fox News Digital/Lisa Bennatan)
The CSIS joined the RCMP and intelligence partners from the U.S., United Kingdom, Australia and New Zealand in releasing a joint public report in December, highlighting the evolving issue of young people and violent extremism.
The report provides advice to parents, guardians and others with information to help them identify early concerns and address youth radicalization before it’s too late.
«Since 2022, CSIS has been involved in the disruption of no fewer than 24 violent extremist actions, each resulting in arrests or terrorism peace bond charges,» Rogers said. «In 2024, CSIS played an integral role in the disruption of two Daesh-inspired plots.
«In one case, a father and son were allegedly in the advanced stages of planning an attack in the Toronto area. In another, an individual was arrested before allegedly attempting to illegally enter the United States to attack members of the Jewish community in New York. In these examples, and in many others I can’t discuss publicly, our counter-terrorism teams have partnered with law enforcement and saved lives.»
Canadian officials said they also blocked potentially ‘lethal threats’ by Iran. (Mert Alper Dervis/Anadolu Agency)
ONLINE ‘GORE’ FORUMS ARE ‘GATEWAY TO EXTREMISM’ IN MASS SHOOTINGS, NORMALIZING HORROR FOR KIDS: EXPERTS
He attributed the radicalization to «eroding social cohesion, increasing polarization and significant global events,» which he said «provide fertile ground for radicalization.»
«Many who turn to violence radicalize exclusively online, often without direction from others,» Rogers said. «They use technology to do so secretly and anonymously, seriously challenging the ability of our investigators to keep pace and to identify and prevent acts of violence.»
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Rogers also noted the CSIS collects intelligence and defends against transnational repression, previously focusing on transnational repression by the People’s Republic of China, India and others.
«In particularly alarming cases over the last year, we’ve had to reprioritize our operations to counter the actions of Iranian intelligence services and their proxies who have targeted individuals they perceive as threats to their regime,» he said. «In more than one case, this involved detecting, investigating and disrupting potentially lethal threats against individuals in Canada.»
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