El debate sobre la regulación de las redes sociales en Brasil se vuelve cada vez más polémico. La semana pasada se reanudó en el Supremo Tribunal Federal (STF) el juicio sobre la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, una ley de 2014. El artículo se refiere a la responsabilidad de las plataformas digitales por los contenidos ilegales publicados por los usuarios, como la incitación al odio, la desinformación, la incitación a la violencia y los delitos contra niños y adolescentes. En diciembre, al inicio del juicio, tres jueces del STF, Dias Toffoli, Luiz Fux y Luís Roberto Barroso, actual presidente de la Corte Suprema, se pronunciaron a favor de endurecer las obligaciones de las plataformas. El cuarto juez que votó la semana pasada, André Mendonça, expresó su desacuerdo y votó a favor de mantener, en general, el modelo actual, considerando que el artículo 19 es conforme a la Constitución. La próxima audiencia del proceso está prevista para el miércoles 11.

Hay mucha expectación por el resultado final, ya que el STF, con el objetivo de combatir las “noticias falsas”, la “desinformación” y la “incitación al odio”, podría revocar la legislación vigente, considerar a las plataformas responsables de los contenidos que publican y obligarlas a retirar los contenidos de la red incluso sin recibir una orden judicial.

“Esto supondrá la externalización de la censura en Brasil, incluida la censura preventiva, ya vigente en el país con la eliminación de los perfiles de los opositores al actual Gobierno de las redes sociales a petición del STF. Para evitar problemas, las plataformas se anticiparán a las solicitudes de eliminación presentadas por terceros”, escribe el periodista Mario Sabino en el sitio web de noticias Metrópoles. “En la redacción del artículo 19 —explica un editorial del sitio web de noticias Gazeta do Povo— el legislador tuvo la clara intención de proteger la libertad de expresión, incluidos, y en particular, los discursos incómodos, contradictorios y críticos”. “Solicitar una decisión judicial antes de eliminar un contenido representa una protección contra la tentación, tan común hoy en día, de etiquetar como ofensivo o desinformativo lo que simplemente desafía el pensamiento o molesta”, concluye el texto.

La mayoría de los ciudadanos brasileños se ha mostrado a favor de la responsabilización de las redes sociales. Una encuesta realizada en enero por Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostró que el 78% de los encuestados está a favor de la responsabilización, mientras que solo el 14% no está de acuerdo. Además, a finales de abril, decenas de personalidades, intelectuales y ex ministros lanzaron un manifiesto público titulado “Internet sin regulación mata”, pidiendo la regulación de las redes sociales. Entre los firmantes se encontraban el fotógrafo Sebastião Salgado antes de su muerte y la estrella brasileña de la música Daniela Mercury. “Exigimos que las plataformas digitales y las redes sociales sean reguladas en su funcionamiento, como ocurre y debe ocurrir con todas las actividades en una sociedad democrática”, reza el documento.

En cuanto a las Big Tech, piden mayores garantías para evitar la inseguridad jurídica en el entorno digital en Brasil. A la cadena de televisión CNN Brasil, Google envió un texto en el que dice que “la abolición de las normas que separan la responsabilidad civil de las plataformas de la de los usuarios no contribuirá a poner fin a la circulación de contenidos indeseados en Internet”. “El marco normativo sobre los derechos civiles en Internet puede y debe mejorarse, siempre que se establezcan criterios y garantías procesales para evitar la incertidumbre jurídica y la eliminación indiscriminada de contenidos”, se lee en el documento. Google ha declarado que identifica y elimina cada año “cientos de millones de contenidos” que violan las normas de sus plataformas, pero que no puede gestionar lo que denomina “contenidos controvertidos”. “La acción judicial en estos casos es uno de los puntos más importantes del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, que reconoce el poder del poder judicial para actuar en estas situaciones y trazar una línea divisoria entre el discurso ilícito y la crítica legítima”, concluye el texto.

Además, tras el fracaso del proyecto de ley sobre la regulación de las redes sociales, el llamado proyecto de ley sobre las noticias falsas (PL 2630/2020), aprobado por el Senado pero bloqueado en la Cámara desde 2023, el Gobierno de Lula está preparando otro proyecto de ley que prevé, entre otras cosas, la designación de una autoridad para bloquear las redes sociales que no denuncien los delitos cometidos en el entorno virtual, sin necesidad de una orden judicial. El proyecto de ley está siendo elaborado por el Ministerio de Justicia. “Tenemos media docena de empresas de redes sociales que gobiernan el mundo. Tenemos que trabajar en la regulación de las redes digitales. El Parlamento debe tener el valor. Si el Parlamento no tiene el valor, el Supremo Tribunal Federal debe tenerlo para crear una regulación”, declaró Lula.

Sin embargo, el tema ha suscitado críticas entre los expertos, que consideran que debe ser el poder legislativo y no el judicial o el ejecutivo el que lleve a cabo una reforma regulatoria. Según Luiz Fernando Plastino Andrade, doctor en Derecho Civil por la Universidad de San Pablo (USP), el Parlamento tiene la oportunidad de crear normas que eliminen la incertidumbre derivada de decisiones judiciales contradictorias. “El Congreso tiene la oportunidad de introducir una normativa general que haya sido ampliamente debatida. Esto eliminará la incertidumbre derivada de la posibilidad de que se adopten decisiones específicas que, en ocasiones, van en contra de las expectativas del mercado y de los ciudadanos”, afirmó el experto al diario O Estado de São Paulo.

Sin duda, lo ocurrido en China durante la última visita oficial de Lula el pasado mes de mayo no ha apaciguado el debate. Durante una reunión privada con su homólogo chino Xi Jinping, su esposa Rosangela da Silva, conocida como Janja, habría expresado su preocupación por la influencia de TikTok en la política y la opinión pública brasileña, afirmando que el algoritmo de la plataforma favorece a la derecha. Xi le habría respondido que Brasil tiene la legitimidad para regular e incluso prohibir la plataforma si así lo desea.

Lula, interrogado por los periodistas, confirmó que el tema se había discutido directamente con Xi Jinping y añadió que había pedido consejo a China sobre cómo abordar el problema, llegando incluso a proponer el envío de un delegado chino a Brasil para intercambiar experiencias en materia de regulación digital. “Lula confirmó que una persona de confianza del presidente chino vendrá a Brasil para discutir la regulación de las plataformas digitales y que el experto chino será recibido por el jefe de la Secretaría de Comunicaciones Sociales del Gobierno federal”, escribe William Waack en la página web de CNN Brasil. “En otras palabras, el presidente de una democracia pide ayuda a un régimen dictatorial para regular las redes sociales y envía a este colaborador a hablar con su jefe de propaganda. Y recomienda actuar rápidamente al STF, que a su vez, hasta la fecha, no ha definido exactamente qué son las noticias falsas, pero lleva seis años realizando una investigación interminable bajo este nombre, con un enorme impacto y control sobre la política”, escribe Waack, refiriéndose a un juicio del que es responsable el juez Alexandre de Moraes, el mismo que dirige el proceso contra Bolsonaro por su presunto intento de golpe de Estado. Se trata de un caso que se arrastra desde marzo de 2019 y que tiene que ver con un supuesto grupo de WhatsApp llamado ‘Empresarios y Políticos’ en el que algunos partidarios de Bolsonaro compartían mensajes de desinformación política. Uno de los miembros había llegado a escribir que prefería un golpe de Estado a la victoria de Lula.

Ayer, además, André Shalders, del diario O Estado de São Paulo, reveló que Rede Minerva Network, una red “anti-fake news”, financiada con 54,1 millones de reales (9,73 millones de dólares) por el Ministerio de Salud y Justicia y “articulada” por la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Lula (Secom), pagó el viaje a Cuba de uno de sus investigadores, Marco André Feldman Schneider, que también es coordinador de la Red Nacional para la Lucha contra la Desinformación. El motivo del viaje fue la participación en el IV Coloquio Internacional Patria, un evento del régimen cubano organizado por la Unión de Periodistas de Cuba. El tema del foro era “el vigésimo aniversario de la fundación de Telesur por parte de los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez”. Según el sitio web francés sobre libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF), “Cuba sigue siendo, año tras año, el peor país para la libertad de prensa en América Latina » y, en su “Índice de Libertad de Prensa” de 2025, ocupa el puesto 165 de 180 países.

Según el diario O Estado de São Paulo, en su discurso en la conferencia cubana, el investigador brasileño afirmó que “en teoría, hay dos formas de neutralizar la polarización y la incitación al odio en las redes sociales: la regulación económica y la moderación de contenidos en las plataformas digitales, con el objetivo de construir la soberanía digital y popular; y políticas públicas a gran escala para la alfabetización mediática y la información crítica”. Tras el evento, Schneider impartió una conferencia sobre desinformación en la Universidad de La Habana y participó en reuniones sobre un posible acuerdo de cooperación entre el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (Ibict), que gestiona el proyecto de la Rede Minerva, y la universidad cubana», escribe Shalders en O Estado de São Paulo, a lo que el investigador respondió diciendo que su viaje a Cuba fue “estrictamente académico”.

Mientras se debate sobre el futuro de la regulación de las redes sociales en Brasil, en estos mismos días dos noticias han puesto de relieve en el debate el temor a la censura. La primera fue la condena de una periodista del diario Zero Hora a pagar 600.000 reales (107.914 dólares) en concepto de indemnización por daños morales a una jueza del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul. En su artículo, la periodista había escrito que la jueza había recibido en abril un salario de 662.000 reales (119.065 dólares). Fue condenada porque técnicamente no se trataba de un salario, sino de la “suma de subsidios e indemnizaciones compensatorias” y por el “lenguaje sarcástico y dirigido” utilizado en el artículo. Otro caso que ha suscitado polémica es la condena a ocho años de cárcel del cómico Léo Lins, además del pago de una multa de 1,4 millones de reales (251.799 dólares) y 300.000 reales (53.957 dólares) en concepto de indemnización por daños morales colectivos. Según el juez, la culpa es de sus chistes sobre las minorías porque “el humor no puede ser una excusa para cometer delitos”, afirmó. “Aunque los chistes de Leo Lins puedan ser detestables, la condena a ocho años de prisión que ha recibido es típica de las dictaduras”, escribe el diario Folha de São Paulo en un editorial. El diario estadounidense The Washington Post también se ha hecho eco del caso. “La sentencia contra el cómico Léo Lins por chistes contados en 2022 se perfila como el próximo frente en la creciente lucha de Brasil contra la libertad de expresión”, se lee en el artículo.