INTERNACIONAL
Lula está bajo presión por la ley de licencias ambientales: debe promulgarla en breve, pero la ONU le exige vetarla
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene hasta el próximo 8 de agosto para decidir si promulga o no el proyecto de ley sobre licencias ambientales, el PL 2159/2021, aprobado por el Congreso el pasado mes de julio y actualmente en fase de análisis por parte del Gobierno federal. Rebautizado como “el proyecto de ley de la devastación”, representa una de las propuestas legislativas más controvertidas de los últimos años en Brasil, donde ha desatado un debate aún más acalorado que el que sigue en curso sobre la explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas. En estos días, en varios edificios del centro de San Pablo se ha proyectado incluso, en señal de protesta, la frase “Prohíbe todo, Lula”.
Este proyecto de ley, apoyado por el lobby agrícola del país, promete una simplificación administrativa y burocrática y, por lo tanto, una aceleración de los plazos y un impulso económico. Sin embargo, corre el riesgo de hacerlo a expensas de la protección del medio ambiente, en un país como Brasil, que ya presenta graves índices de deforestación en zonas fundamentales para el medio ambiente, como la Amazonia.
En concreto, el proyecto de ley prevé una profunda reforma del sistema de licencias medioambientales en el gigante latinoamericano, introduciendo nuevas modalidades y facilidades para obtener las autorizaciones necesarias para realizar obras públicas y actividades económicas. Entre los principales cambios previstos figura la exclusión de las directrices del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) para las grandes obras mineras, reduciendo así el papel de este organismo en la regulación de los proyectos de alto impacto medioambiental. Entre los puntos más criticados se encuentran las dos nuevas licencias medioambientales que presentan un alto grado de vulnerabilidad, la licencia medioambiental única (LAU) y la licencia de adhesión y compromiso (LAC). La primera es una especie de autorización “todo en uno”, que cubre en un solo paso la instalación, ampliación y funcionamiento de una actividad. La segunda, en cambio, es un procedimiento simplificado, basado en la autodeclaración de las empresas, que reduce los controles medioambientales preventivos y el papel de organismos como el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente). La LAU exime de la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental. También han sido objeto de críticas los puntos que prevén la exención de la licencia para la mayoría de las actividades agropecuarias, entre ellas los cultivos agrícolas permanentes y temporales y la ganadería extensiva, semi-intensiva e intensiva a pequeña escala.
Por no hablar del hecho de que, según la nueva ley, la Fundación Nacional del Pueblo Indígena (FUNAI), el organismo federal que protege a las comunidades indígenas del país, solo podrá intervenir en el proceso de autorización en el caso de los territorios indígenas denominados homologados, es decir, aquellas áreas cuyo proceso de demarcación y registro haya sido completado y aprobado por las autoridades competentes. Según la ONG Instituto Socioambiental, hay al menos 259 tierras indígenas aún en proceso de homologación, lo que supone alrededor del 32% de las tierras indígenas del país. Un informe del Consejo Indígena Misionero (CIMI) de 2023 revela una situación aún más crítica, con un total de 1.381 territorios y solicitudes territoriales indígenas, de los cuales 850 tienen pendientes administrativas y 563 no tienen ningún procedimiento administrativo iniciado. Para las comunidades indígenas del país, esto supondría un desastre que se sumaría al proyecto de ley 490/2007, también conocido como Marco Temporal. Este proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de 2023 con 283 votos a favor, 155 en contra y una abstención, limita la demarcación de las tierras indígenas a aquellas ocupadas físicamente por los pueblos indígenas en el momento de la entrada en vigor de la Constitución brasileña de 1988. El Gobierno de Lula, aunque se opuso, no obtuvo la mayoría en el Congreso para bloquearlo. Si bien, en septiembre de 2023, el Tribunal Supremo brasileño (STF) declaró inconstitucional el Marco Temporal, el juez del STF, Gilmar Mendes, en lugar de apoyar la decisión ya tomada por el Tribunal Supremo, creó una “cámara de conciliación” que, el 23 de junio pasado, tras 23 audiencias, logró un acuerdo sobre los cambios mínimos al Marco Temporal. El movimiento indígena se retiró en protesta de esa “cámara de conciliación” y todavía no se sabe qué próximos pasos tomará el Tribunal Supremo brasileño, reporta el sitio de la revista Brasil de Fato.
Ambos proyectos de ley debilitan el marco normativo medioambiental y los derechos garantizados por la Constitución brasileña, respectivamente, el artículo 231 para las tierras indígenas y el 225 para el medio ambiente. Si el PL 2159/2021, al reducir el papel de organismos federales como el IBAMA, viola el principio de no regresión medioambiental, que establece que las normativas, políticas y prácticas de protección medioambiental no deben debilitarse ni reducirse con respecto a los estándares ya existentes, el Marco Temporal niega el “derecho originario” de las comunidades indígenas a sus tierras, reconocido por la Constitución.
La combinación de estos dos proyectos de ley podría convertirse en un boomerang para Brasil. Por un lado, corre el riesgo de aumentar la deforestación, especialmente en la Amazonía y en la Mata Atlántica, y por otro, podría provocar un aumento de los conflictos con las comunidades indígenas, que pierden tanto el derecho a la tierra como la posibilidad de oponerse a proyectos invasivos.
El proyecto ha sido muy criticado tanto dentro como fuera de Brasil. Incluso las Naciones Unidas han intervenido. Un grupo de cuatro relatores especiales ha expresado su “profunda preocupación”. Los expertos han pedido a Brasil que evite lo que califican de “grave retroceso” legislativo, que podría comprometer los derechos de las generaciones actuales y futuras mediante la desregulación de las licencias medioambientales. En un comunicado transmitido a la diplomacia brasileña el 25 de julio de 2025 en Ginebra, el grupo declaró que el PL 2159/2021 contradice las obligaciones legales internacionales de Brasil, incluidas las derivadas de la Constitución y de tratados globales como el Acuerdo de París. “Este retroceso legislativo contradice las obligaciones jurídicas internacionales de Brasil”, se lee en el mensaje transmitido a la diplomacia brasileña. “Pedimos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vete las partes del proyecto de ley sobre licencias medioambientales que contradicen las obligaciones constitucionales e internacionales de Brasil”, escribieron los expertos, y subrayaron que, si se promulga, la ley corre el riesgo de debilitar las protecciones medioambientales y comprometer la credibilidad de Brasil de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Belém, en el estado de Pará, en noviembre.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, también se opuso al proyecto de ley, declarando que no basta con un simple veto por parte de Lula, sino que es necesario proponer un modelo alternativo que preserve los pilares de las licencias ambientales en el país. “Ya se ha tomado la decisión de que es necesario preservar las licencias medioambientales brasileñas, porque es esencial no destruir uno de los principales instrumentos para la protección del medio ambiente en Brasil”, afirmó la ministra. Según Marina Silva, “el presidente será guiado de la mejor manera posible para tomar esta decisión. Y fue él quien nos pidió que hiciéramos este meticuloso trabajo para preservar los fundamentos de las licencias medioambientales brasileñas”. Organizaciones no gubernamentales, movimientos cívicos y una parte del mundo académico y empresarial han calificado el proyecto de ley como un “grave retroceso” de las políticas medioambientales desde el retorno de la democracia.
Para la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), se trata del “peor ataque al sistema medioambiental nacional” desde los años de la dictadura, argumentando que el texto ignora “la crisis climática actual”. Otras organizaciones ecologistas, como Greenpeace y el Observatorio del Clima, han denunciado los riesgos que esta decisión supone para la Amazonia, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, ya que podría acelerar la deforestación y debilitar el sistema de protección medioambiental. “Si se aprueba esta ley, acabaremos con las licencias medioambientales. Además, corremos el riesgo de volver a escenarios como los que teníamos hasta los años 80, con ciudades industriales como Cubatão, tristemente famosas por sus altos índices de contaminación”, declaró a la BBC Brasil Suely Araújo, ex presidenta del IBAMA y actual coordinadora de políticas públicas de la ONG brasileña Observatorio del Clima. Según Araújo, el nuevo proyecto de ley eximiría al 90% de los proyectos del país de una evaluación de impacto ambiental. Para Angela Barbarulo, responsable jurídica de Greenpeace Brasil, a pesar de las advertencias del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA) sobre los riesgos del PL 2159/2021, el Gobierno no ha actuado con rapidez para contrarrestar el avance del proyecto en el Congreso. “Ha sido una clara renuncia a la agenda socioambiental en favor de otras prioridades políticas”, declaró a la revista jurídica brasileña Jota, Barbarulo, según la cual, para Lula, el PL 2159/2021 es ahora “una bomba de relojería”.
Por el contrario, el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, junto con los sectores económicos de las infraestructuras, la agroindustria y la energía, apoya el proyecto de ley y critica el sistema actual por ser excesivamente fragmentado, lento y burocrático, y sostiene que las normas vigentes generan inseguridad jurídica, desalientan las inversiones y ralentizan las obras públicas. “Este proyecto de ley simplemente desbloquea y simplifica, pero no debilita el mecanismo. Las sanciones para quienes no tienen licencias son aún más severas que las actuales”, declaró en una rueda de prensa a finales de mayo la ex ministra de Agricultura del Gobierno de Bolsonaro y actual senadora Tereza Cristina, del Partido Progressistas (PP). Según el senador Jayme Campos, de Unión Brasil, hay 5.000 proyectos de infraestructura bloqueados en Brasil. “Es un delito contra la nación. A menudo se desperdicia dinero porque las obras comienzan y, poco después, interviene el IBAMA o los departamentos estatales, bloqueando el proyecto”, dijo durante un debate sobre el proyecto de ley en una comisión del Senado. La última palabra la tiene ahora Lula en una semana muy delicada, también por los aranceles estadounidenses que deberían entrar en vigor, salvo que se negocie el jueves, y que ya han puesto de rodillas a algunos sectores de la agricultura brasileña.
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INTERNACIONAL
Rusia estaría ayudando al régimen de China a prepararse para una posible invasión de Taiwán
Rusia está vendiendo equipo militar y tecnología a China que podría ayudar a Beijing a preparar una invasión aérea de Taiwán, según un análisis de documentos rusos filtrados realizado por un foro de defensa y seguridad con sede en el Reino Unido.
El análisis del Royal United Services Institute se basa en unas 800 páginas de documentos, incluyendo contratos y listas de equipos que Moscú suministrará a Beijing, del grupo hacktivista Black Moon, que previamente publicó algunos de los documentos en línea. No identifica a sus miembros, pero se describe en un manifiesto como opuesto a los gobiernos que aplican una política exterior agresiva.
Los autores del informe de RUSI compartieron algunos documentos con The Associated Press y afirman que parecen ser auténticos, aunque es posible que se hayan omitido o alterado partes.
La combinación de documentos rusos, tanto completos como aparentemente en borrador, hace referencia a reuniones entre delegaciones chinas y rusas —incluidas visitas a Moscú— y a plazos de pago y entrega de sistemas de paracaídas de gran altitud y vehículos de asalto anfibio. Sugieren que Rusia ha comenzado a trabajar en los productos que se entregarán, pero no contienen evidencia directa de la parte china de que Beijing haya pagado dinero o recibido equipo.
Los autores argumentan que el equipo podría utilizarse para invadir Taiwán. Bajo la presidencia de Xi Jinping, China ha emprendido un amplio programa de modernización de sus fuerzas armadas con el objetivo de convertirlas en un ejército de clase mundial para 2050.
Altos funcionarios estadounidenses han sugerido que Xi ordenó a sus militares estar preparados para una posible invasión de Taiwán ya en 2027. Beijing afirma que la democracia autónoma es legítimamente parte de China y no ha descartado apoderarse de la isla por la fuerza.
Los documentos no mencionan directamente a Taiwán, pero el análisis del instituto con sede en Londres sugiere que el acuerdo ayudaría a China a obtener capacidades avanzadas de paracaidismo que necesitaría para montar una invasión, acelerando potencialmente el cronograma.
No es seguro que China haya decidido invadir Taiwán, pero el acceso al equipo ruso y al entrenamiento localizado en China significa que Beijing estará mejor equipada para una posible invasión, dijo el ex ministro de Finanzas de Ucrania, Oleksandr Danylyuk.
“La escuela china de aterrizaje aéreo es muy joven”, dijo, sugiriendo que la asistencia de Moscú podría ayudar a acelerar el programa aerotransportado de China en unos 10 a 15 años.
El Kremlin de Rusia y los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores de China y Taiwán no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
“El mayor valor del acuerdo” para China probablemente resida en el entrenamiento y los procedimientos de mando y control de las fuerzas paracaidistas, porque Rusia tiene “experiencia en combate”, mientras que China no, escriben Danylyuk y Jack Watling.
Los analistas afirman que el objetivo de Rusia es convertirse en proveedor militar de China y financiar su guerra en Ucrania. Sin embargo, Danylyuk también sugirió que Moscú podría querer involucrar a Beijing en un conflicto con Washington por Taiwán, desviando así la atención de Estados Unidos sobre la guerra de Rusia con Ucrania.
Si bien las capacidades militares de Beijing superan ampliamente las de Moscú, el análisis indica que China tiene deficiencias que Rusia puede cubrir. Rusia cuenta con una larga trayectoria de fuerzas aerotransportadas que se remonta a décadas, conocimientos que, según los autores, China necesita.
Song Zhongping, comentarista militar en Beijing, dijo que China tenía un equipamiento superior, pero “Rusia tiene más experiencia en combate”.
Wen-Ti Sung, experto en China y Taiwán del Atlantic Council, dijo que el envío de fuerzas en paracaídas probablemente apoyaría la logística de cualquier invasión, pero sería poco probable que fuera el “evento principal”.
En cambio, “China está apostando a largo plazo” al adquirir equipo ruso, afirmó Sung. Esto se debe a que Beijing encontrará la manera de aplicar ingeniería inversa al equipo y la tecnología y desarrollarlos no solo para el combate aéreo, sino también para inteligencia, vigilancia y reconocimiento avanzados, fundamentales para la guerra moderna, añadió.
Según un documento fechado en septiembre de 2024, un acuerdo inicial de 2021 detallaba los plazos de pago y entrega. Las etapas uno y dos (análisis de especificaciones técnicas, modificaciones de software y fabricación de equipos) ya se han completado, según dicho documento.
Rusia también acordó proporcionar entrenamiento en China y un conjunto completo de equipamiento para un batallón aerotransportado, incluida la capacidad de llevar a cabo infiltraciones por parte de fuerzas especiales, dice el análisis.
Esto incluye la venta de 37 vehículos ligeros de asalto anfibio, 11 cañones antitanque autopropulsados anfibios y 11 vehículos blindados de transporte de personal, así como vehículos de mando y observación. El costo total se estima en más de 210 millones de dólares.
Beijing quiere que todos los vehículos estén equipados con sistemas de comunicación chinos y estén preparados para utilizar munición china, según muestran los documentos.
Rusia acordó vender a China sistemas que están diseñados para lanzar en paracaídas hasta 190 kilogramos (419 libras) desde una altitud extremadamente alta, según el análisis de RUSI.
Los documentos hacen referencia a las actas de una reunión del 8 de marzo de 2024 en Moscú, donde Rusia acordó proporcionar a China a fines de 2024 detalles de cómo funcionaba el sistema, conocido como Dalnolyot, en condiciones de temperatura más frías de hasta -60 grados Celsius (-76 Fahrenheit).
Según los documentos, Beijing solicitó probar los sistemas de paracaídas para lanzamientos desde 8.000 metros (26.250 pies).
Esa altura permitiría a las fuerzas chinas planear hasta 80 kilómetros (50 millas), permitiendo que “los grupos de fuerzas especiales chinas penetren en el territorio de otros países sin ser notados”, según el informe de RUSI.
Danylyuk sugirió que el sistema Dalnolyot podría usarse para un aterrizaje de “etapa cero” en Taiwán, en el que Beijing envía secretamente equipos y fuerzas especiales desde aviones fuera del espacio aéreo taiwanés.
Aunque Rusia tiene una larga historia de tropas paracaidistas, Moscú no las desplegó con éxito en Ucrania.
En febrero de 2022, pocos días después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara una invasión a gran escala de Ucrania, sus soldados de fuerzas especiales intentaron tomar el aeródromo de Hostomel en las afueras de Kiev.
Planeaban establecer una base para transportar más tropas, pero varios helicópteros rusos fueron alcanzados por misiles incluso antes de llegar a Hostomel. Un intento de tomar el control de una base aérea militar al sur de Kiev también fracasó.
Los funcionarios occidentales y los expertos militares sugieren que el fracaso en establecer un puente aéreo entre Rusia y Ucrania convirtió lo que Moscú esperaba que fuera una victoria rápida en una guerra agotadora que dura tres años y sigue contando.
Ahora Moscú ha recurrido a sus existencias de la era soviética para reemplazar las armas en el campo de batalla y, al igual que Ucrania, está incrementando su producción de armas.
Pero eso no significa que Moscú no pueda vender equipos a China, afirmó Danylyuk.
El equipo aerotransportado descrito en los documentos solo era necesario para la fase de invasión, afirmó. Rusia no necesita dicho equipo para Ucrania, añadió.
Los analistas escribieron que el “desafío operacional” de China en Taiwán sería hacer lo que Rusia no hizo: suprimir las defensas aéreas de Taiwán y desembarcar suficientes tropas y equipos para poder construir una fuerza para derrotar al ejército taiwanés antes de que se movilice.
El informe sugiere que China podría hacerlo lanzando vehículos blindados desde el aire sobre campos de golf cercanos a puertos y aeródromos taiwaneses, lo que podría permitir a las tropas aéreas despejar el camino para las fuerzas de desembarco.
(AP)
Asia / Pacific,BEIJING
INTERNACIONAL
Portland mayor condemns federal intervention, claims videos of anti-ICE riots were from years ago
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Portland Mayor Keith Wilson on Saturday dismissed President Donald Trump’s plan to send federal troops to Oregon’s largest city, claiming there is no lawlessness or violence there.
Trump announced Saturday morning he plans to send troops to Portland at the request of Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem.
The president said he directed War Secretary Pete Hegseth to provide «all necessary troops to protect war-ravaged Portland, and any of our ICE facilities under siege from attack by Antifa, and other domestic terrorists,» adding he was authorizing full force, if necessary.
Hours later, Wilson said during a news conference the number of necessary troops is «zero» in Portland, «and any other American city.»
Police are seen dispersing the crowd outside the Portland ICE facility Sept. 1 in Oregon. (X/@KatieDaviscourt)
TRUMP VOWS ‘FULL FORCE’ AS HE PLANS TO SEND TROOPS TO PORTLAND AMID ANTI-ICE PROTESTS
«This is an American city,» Wilson said. «We do not need any intervention. This is not a military target.»
The mayor alleged the president would «not find» lawlessness or violence in the city, claiming video footage showing violence in the city was from five years ago was «recycled and then recycled again.»
«If President Trump came to Portland today, what he would find is people riding their bikes, playing sports, enjoying the sunshine, buying groceries or produce from a farmers’ market,» Wilson said. «We’ve had hard conversations, and we’ve done important work in the years since that footage was taken, we reformed our public safety system. We’ve refocused our community and on our economy, and we’ve redoubled our efforts to help our most vulnerable.»
Since June, protests have erupted near an ICE facility in Portland, where city officials cited land use violations, including improper detainee holding times and boarded-up windows.
PORTLAND RAMPS UP PRESSURE ON ICE BUILDING WITH LAND USE VIOLATION NOTICE
The building has been vandalized with anti-ICE graffiti and clashes between protesters and federal agents have occasionally turned violent, leading to the use of rubber bullets, tear gas and flash bangs.
Video obtained by Fox News Digital confirmed another violent protest in August, with footage showing protesters rolling out a guillotine, lighting fires and fighting with authorities — forcing law enforcement to disperse the crowd with munitions.
PORTLAND MAYOR WARNS CITY TO FIX HOMELESS PROBLEM BEFORE TRUMP ‘DEPLOYS BULLDOZERS’
Instead of sending troops to protect the federal facility, Wilson suggested the president send «hundreds of engineers, or teachers, or outreach workers» to Portland instead of a «short, expensive and fruitless show of force.»
«I am so deeply disappointed with the federal government’s irresponsibility,» he said. «At the end of the day, this may be a show of force, but that’s all it is. It’s a big show, and after the big show, everyone goes home. That’s what I want to happen here today in Portland. We have a long and proud tradition of peaceful protest. We have a long and proud track record of being at the forefront of positive social change.»
The action comes after President Donald Trump deployed the National Guard in Washington, D.C. (AP Photo/Jose Luis Magana)
«There are new risks today, risks that we do not yet fully understand,» he continued. «The administration has refused to elaborate on what they mean when they say they will deploy full force against our city and citizens.»
In his announcement on Saturday, Trump did not say he would deploy full force against the city of Portland and its citizens, as Wilson claimed.
The president said he would send «all necessary troops» to protect the city and its ICE facilities, authorizing full force against domestic terrorism «if necessary.»
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Portland, a sanctuary city since 2017, has resisted federal immigration enforcement, making it a focal point during the administration’s immigration enforcement initiative.
In August, Attorney General Pam Bondi sent a letter to Wilson, warning the city’s sanctuary policies undermine U.S. interests. She demanded Portland affirm compliance with federal law and end practices that obstruct immigration enforcement.
The City of Portland did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.
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INTERNACIONAL
Mircea Cărtărescu contra la Inteligencia Artificial: “Un escritor no debería usarla nunca”
El escritor rumano Mircea Cărtărescu, firme candidato a recibir el Nobel de Literatura, ha criticado el uso que algunos creadores están comenzando a hacer de la inteligencia artificial en sus trabajos: “Para mí no es admisible; es una especie de plagio, un robo literario. Un escritor no debería usar nunca, en ningún contexto, la IA en su trabajo. Yo nunca lo haré”.
Así lo ha dicho en esta entrevista en la ciudad de Murcia, donde el viernes recibió el Premio Internacional de las Letras “Exlibris” como reconocimiento a su amplia trayectoria, que comenzó en los 80 y que le ha llevado a publicar ocho poemarios, una quincena de novelas y media docena de ensayos, además de sus diarios.
Cărtărescu (Bucarest, 1956), que sigue escribiendo a mano desde que comenzó con esos diarios con solo 17 años, asegura que no está en contra de la digitalización, pero sí del uso de la IA como elemento creativo: “Para mí eso es inadmisible”, insiste, y asegura que no ha probado ChatGPT ni siquiera por curiosidad.
Sí ha comprobado, no obstante, los resultados: “Hace apenas una semana un amigo le pidió a ChatGPT que escribiera algo al estilo de mis libros… y lo hizo. Produjo un texto que era una especie de pastiche de mis escritos, pero de manera muy kitsch. Jamás me reconocería en un texto así”, ha subrayado.
El autor de Solenoide, Cegador y Nostalgia, entre otros, publicados en España por la editorial Impedimenta y traducidos a más de 25 idiomas, ha reflexionado también sobre el papel que las redes sociales juegan, en su opinión, en el auge de la extrema derecha a nivel global y cuyo comienzo sitúa en torno a la pandemia del coronavirus, en 2020.
“Se suponía que la redes debían unir a las personas, conectar al mundo. Pero ha ocurrido lo contrario. Han creado divisiones y odio entre la gente”, ha señalado, y ha considerado que estas tecnologías han generado “una nueva forma de percibir las cosas, que muchas veces evita la ética de la convivencia, e incluso las leyes internacionales”.
Por eso, apuesta por un mayor control de las redes en lo que a “propaganda y discursos de odio” se refiere para frenar ese “fenómeno extraño e inesperado”, como define al crecimiento de la extrema derecha e incluso del fascismo.
Su posición abiertamente antifascista y democrática en una Rumanía en la que la ultraderecha estuvo a punto de llegar a la presidencia del gobierno en las elecciones del pasado mayo le han generado críticas en su país, que rechazó por segunda vez este febrero su ingreso en la Academia Rumana, principal foro científico y cultural de ese estado.
Cărtărescu resta importancia a ese rechazo, porque asegura que nunca ha tenido un deseo muy fuerte de pertenecer a una institución en la que “aún hay muchas personas de la vieja guardia”.
Como escritor cree también que “no se puede dejar de ser un poeta”, y así se sigue considerando a pesar de que a finales de los años 90 decidió no volver a escribir versos, la que era su principal obra hasta ese momento.
“Sigo siendo poeta en mi forma de ver el mundo, incluso cuando escribo prosa o no ficción. Para mí, la poesía no es el arte de escribir versos, sino una forma de mirar el mundo, una forma genuina, casi infantil, de observar las cosas”, asegura, e insiste en que es una característica común de todos los grandes escritores: “Gabriel García Márquez fue un gran poeta. Dostoievski fue un gran poeta. James Joyce, también. Todos tenían una forma oblicua, especial, de mirar las cosas”, ha indicado.
Su particular estilo se debe también a que no suele editar o cambiar sus textos porque, defiende, “si no logras el sonido adecuado en el primer borrador, no lo conseguirás después, hagas los cambios que hagas”.
Eso le ha llevado a escribir obras “grandes, ambiciosas, que no son para todos, sino para lectores apasionados y entrenados”, pero también otras “amables y accesibles”, incluso libros para niños como La enciclopedia de los dragones, al que asegura, le tiene especial cariño.
“Pero debo decir que mi primer lector soy yo mismo. Escribo para mí, y amo tanto escribir que, aunque no hubiera más lectores en el mundo, seguiría escribiendo para mí”, ha asegurado.
Fuente: EFE
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