El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene hasta el próximo 8 de agosto para decidir si promulga o no el proyecto de ley sobre licencias ambientales, el PL 2159/2021, aprobado por el Congreso el pasado mes de julio y actualmente en fase de análisis por parte del Gobierno federal. Rebautizado como “el proyecto de ley de la devastación”, representa una de las propuestas legislativas más controvertidas de los últimos años en Brasil, donde ha desatado un debate aún más acalorado que el que sigue en curso sobre la explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas. En estos días, en varios edificios del centro de San Pablo se ha proyectado incluso, en señal de protesta, la frase “Prohíbe todo, Lula”.

Este proyecto de ley, apoyado por el lobby agrícola del país, promete una simplificación administrativa y burocrática y, por lo tanto, una aceleración de los plazos y un impulso económico. Sin embargo, corre el riesgo de hacerlo a expensas de la protección del medio ambiente, en un país como Brasil, que ya presenta graves índices de deforestación en zonas fundamentales para el medio ambiente, como la Amazonia.

En concreto, el proyecto de ley prevé una profunda reforma del sistema de licencias medioambientales en el gigante latinoamericano, introduciendo nuevas modalidades y facilidades para obtener las autorizaciones necesarias para realizar obras públicas y actividades económicas. Entre los principales cambios previstos figura la exclusión de las directrices del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) para las grandes obras mineras, reduciendo así el papel de este organismo en la regulación de los proyectos de alto impacto medioambiental. Entre los puntos más criticados se encuentran las dos nuevas licencias medioambientales que presentan un alto grado de vulnerabilidad, la licencia medioambiental única (LAU) y la licencia de adhesión y compromiso (LAC). La primera es una especie de autorización “todo en uno”, que cubre en un solo paso la instalación, ampliación y funcionamiento de una actividad. La segunda, en cambio, es un procedimiento simplificado, basado en la autodeclaración de las empresas, que reduce los controles medioambientales preventivos y el papel de organismos como el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente). La LAU exime de la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental. También han sido objeto de críticas los puntos que prevén la exención de la licencia para la mayoría de las actividades agropecuarias, entre ellas los cultivos agrícolas permanentes y temporales y la ganadería extensiva, semi-intensiva e intensiva a pequeña escala.

Por no hablar del hecho de que, según la nueva ley, la Fundación Nacional del Pueblo Indígena (FUNAI), el organismo federal que protege a las comunidades indígenas del país, solo podrá intervenir en el proceso de autorización en el caso de los territorios indígenas denominados homologados, es decir, aquellas áreas cuyo proceso de demarcación y registro haya sido completado y aprobado por las autoridades competentes. Según la ONG Instituto Socioambiental, hay al menos 259 tierras indígenas aún en proceso de homologación, lo que supone alrededor del 32% de las tierras indígenas del país. Un informe del Consejo Indígena Misionero (CIMI) de 2023 revela una situación aún más crítica, con un total de 1.381 territorios y solicitudes territoriales indígenas, de los cuales 850 tienen pendientes administrativas y 563 no tienen ningún procedimiento administrativo iniciado. Para las comunidades indígenas del país, esto supondría un desastre que se sumaría al proyecto de ley 490/2007, también conocido como Marco Temporal. Este proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de 2023 con 283 votos a favor, 155 en contra y una abstención, limita la demarcación de las tierras indígenas a aquellas ocupadas físicamente por los pueblos indígenas en el momento de la entrada en vigor de la Constitución brasileña de 1988. El Gobierno de Lula, aunque se opuso, no obtuvo la mayoría en el Congreso para bloquearlo. Si bien, en septiembre de 2023, el Tribunal Supremo brasileño (STF) declaró inconstitucional el Marco Temporal, el juez del STF, Gilmar Mendes, en lugar de apoyar la decisión ya tomada por el Tribunal Supremo, creó una “cámara de conciliación” que, el 23 de junio pasado, tras 23 audiencias, logró un acuerdo sobre los cambios mínimos al Marco Temporal. El movimiento indígena se retiró en protesta de esa “cámara de conciliación” y todavía no se sabe qué próximos pasos tomará el Tribunal Supremo brasileño, reporta el sitio de la revista Brasil de Fato.

Ambos proyectos de ley debilitan el marco normativo medioambiental y los derechos garantizados por la Constitución brasileña, respectivamente, el artículo 231 para las tierras indígenas y el 225 para el medio ambiente. Si el PL 2159/2021, al reducir el papel de organismos federales como el IBAMA, viola el principio de no regresión medioambiental, que establece que las normativas, políticas y prácticas de protección medioambiental no deben debilitarse ni reducirse con respecto a los estándares ya existentes, el Marco Temporal niega el “derecho originario” de las comunidades indígenas a sus tierras, reconocido por la Constitución.

La combinación de estos dos proyectos de ley podría convertirse en un boomerang para Brasil. Por un lado, corre el riesgo de aumentar la deforestación, especialmente en la Amazonía y en la Mata Atlántica, y por otro, podría provocar un aumento de los conflictos con las comunidades indígenas, que pierden tanto el derecho a la tierra como la posibilidad de oponerse a proyectos invasivos.

El proyecto ha sido muy criticado tanto dentro como fuera de Brasil. Incluso las Naciones Unidas han intervenido. Un grupo de cuatro relatores especiales ha expresado su “profunda preocupación”. Los expertos han pedido a Brasil que evite lo que califican de “grave retroceso” legislativo, que podría comprometer los derechos de las generaciones actuales y futuras mediante la desregulación de las licencias medioambientales. En un comunicado transmitido a la diplomacia brasileña el 25 de julio de 2025 en Ginebra, el grupo declaró que el PL 2159/2021 contradice las obligaciones legales internacionales de Brasil, incluidas las derivadas de la Constitución y de tratados globales como el Acuerdo de París. “Este retroceso legislativo contradice las obligaciones jurídicas internacionales de Brasil”, se lee en el mensaje transmitido a la diplomacia brasileña. “Pedimos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vete las partes del proyecto de ley sobre licencias medioambientales que contradicen las obligaciones constitucionales e internacionales de Brasil”, escribieron los expertos, y subrayaron que, si se promulga, la ley corre el riesgo de debilitar las protecciones medioambientales y comprometer la credibilidad de Brasil de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Belém, en el estado de Pará, en noviembre.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, también se opuso al proyecto de ley, declarando que no basta con un simple veto por parte de Lula, sino que es necesario proponer un modelo alternativo que preserve los pilares de las licencias ambientales en el país. “Ya se ha tomado la decisión de que es necesario preservar las licencias medioambientales brasileñas, porque es esencial no destruir uno de los principales instrumentos para la protección del medio ambiente en Brasil”, afirmó la ministra. Según Marina Silva, “el presidente será guiado de la mejor manera posible para tomar esta decisión. Y fue él quien nos pidió que hiciéramos este meticuloso trabajo para preservar los fundamentos de las licencias medioambientales brasileñas”. Organizaciones no gubernamentales, movimientos cívicos y una parte del mundo académico y empresarial han calificado el proyecto de ley como un “grave retroceso” de las políticas medioambientales desde el retorno de la democracia.

Para la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), se trata del “peor ataque al sistema medioambiental nacional” desde los años de la dictadura, argumentando que el texto ignora “la crisis climática actual”. Otras organizaciones ecologistas, como Greenpeace y el Observatorio del Clima, han denunciado los riesgos que esta decisión supone para la Amazonia, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, ya que podría acelerar la deforestación y debilitar el sistema de protección medioambiental. “Si se aprueba esta ley, acabaremos con las licencias medioambientales. Además, corremos el riesgo de volver a escenarios como los que teníamos hasta los años 80, con ciudades industriales como Cubatão, tristemente famosas por sus altos índices de contaminación”, declaró a la BBC Brasil Suely Araújo, ex presidenta del IBAMA y actual coordinadora de políticas públicas de la ONG brasileña Observatorio del Clima. Según Araújo, el nuevo proyecto de ley eximiría al 90% de los proyectos del país de una evaluación de impacto ambiental. Para Angela Barbarulo, responsable jurídica de Greenpeace Brasil, a pesar de las advertencias del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA) sobre los riesgos del PL 2159/2021, el Gobierno no ha actuado con rapidez para contrarrestar el avance del proyecto en el Congreso. “Ha sido una clara renuncia a la agenda socioambiental en favor de otras prioridades políticas”, declaró a la revista jurídica brasileña Jota, Barbarulo, según la cual, para Lula, el PL 2159/2021 es ahora “una bomba de relojería”.

Por el contrario, el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, junto con los sectores económicos de las infraestructuras, la agroindustria y la energía, apoya el proyecto de ley y critica el sistema actual por ser excesivamente fragmentado, lento y burocrático, y sostiene que las normas vigentes generan inseguridad jurídica, desalientan las inversiones y ralentizan las obras públicas. “Este proyecto de ley simplemente desbloquea y simplifica, pero no debilita el mecanismo. Las sanciones para quienes no tienen licencias son aún más severas que las actuales”, declaró en una rueda de prensa a finales de mayo la ex ministra de Agricultura del Gobierno de Bolsonaro y actual senadora Tereza Cristina, del Partido Progressistas (PP). Según el senador Jayme Campos, de Unión Brasil, hay 5.000 proyectos de infraestructura bloqueados en Brasil. “Es un delito contra la nación. A menudo se desperdicia dinero porque las obras comienzan y, poco después, interviene el IBAMA o los departamentos estatales, bloqueando el proyecto”, dijo durante un debate sobre el proyecto de ley en una comisión del Senado. La última palabra la tiene ahora Lula en una semana muy delicada, también por los aranceles estadounidenses que deberían entrar en vigor, salvo que se negocie el jueves, y que ya han puesto de rodillas a algunos sectores de la agricultura brasileña.