INTERNACIONAL
Monopolio, privilegios y falta de competencia: las razones detrás del fallo contra Panama Ports
Más allá del impacto político y económico que provocó la decisión, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el marco legal de la concesión otorgada a Panama Ports Company, S.A. (PPC) se sostiene sobre un razonamiento jurídico que va mucho más allá de aspectos formales o administrativos.
El fallo examina el diseño mismo del contrato, sus adendas y su régimen de prórroga, y concluye que, en su conjunto, crearon un esquema incompatible con varios principios constitucionales.
Uno de los primeros elementos analizados por el tribunal fue el alcance real de los derechos concedidos a la empresa. La Corte estudió si el contrato, aprobado mediante la Ley 5 de 1997, se limitaba a permitir la operación de dos terminales específicas o si, en la práctica, otorgaba a PPC una posición privilegiada sobre áreas portuarias presentes y futuras.
En este punto, el tribunal concluyó que ciertas cláusulas vinculadas a expansiones, áreas adyacentes y derechos preferentes configuraban un control extendido que iba más allá de una concesión ordinaria.
Este análisis llevó a la Corte a vincular el contrato con el principio constitucional de libre competencia. El fallo advierte que, al establecer ventajas estructurales a favor de un solo operador, el régimen aprobado por ley podía generar barreras de entrada para otros potenciales concesionarios.
Desde esta perspectiva, no se trataba únicamente de un contrato entre el Estado y una empresa, sino de un esquema legal que condicionaba el mercado portuario a largo plazo.
Otro eje central del razonamiento fue la forma en que se otorgó y prorrogó la concesión. El tribunal examinó si el Estado había garantizado procesos abiertos, transparentes y competitivos, acordes con el interés público.
En su evaluación, la Corte cuestionó que la prórroga se produjera sin un procedimiento equivalente a una nueva licitación, sin una comparación objetiva de ofertas y sin una revisión integral del desempeño del concesionario.
Para los magistrados, este mecanismo debilitaba el control estatal sobre un servicio estratégico. Al no existir una instancia real de evaluación y competencia, el Estado reducía su margen para renegociar condiciones, exigir mejoras o reconsiderar el modelo de explotación portuaria conforme a nuevas realidades económicas y logísticas.
El tema fiscal también ocupó un lugar relevante en el fallo. La Corte analizó el alcance de las exoneraciones y beneficios otorgados a PPC y a empresas vinculadas.
En este punto, el tribunal recordó que la potestad tributaria forma parte esencial de la soberanía estatal y que las excepciones deben estar debidamente justificadas, delimitadas y sustentadas en el interés general.
Según la sentencia, el régimen concedido presentaba un grado de amplitud que podía afectar la capacidad recaudatoria del Estado sin una justificación técnica suficientemente demostrada.
Este aspecto fue interpretado como una alteración indebida del equilibrio entre incentivos a la inversión y protección del erario.
Otro componente considerado fue el ambiental. La Corte revisó si el desarrollo y expansión de las actividades portuarias estaban respaldados por instrumentos adecuados de evaluación de impacto, monitoreo y mitigación.
El fallo señala deficiencias en este ámbito y subraya que la protección ambiental no puede ser tratada como un aspecto secundario en proyectos de infraestructura de gran escala.
En el análisis judicial, la ausencia de evaluaciones integrales y actualizadas se relaciona directamente con el deber constitucional del Estado de garantizar un ambiente sano y de prevenir daños irreversibles, especialmente en zonas costeras estratégicas.
Un elemento transversal en toda la sentencia es la noción de soberanía y dominio sobre bienes de uso público. La Corte examinó si el contrato y sus adendas preservaban la capacidad del Estado para administrar libremente sus puertos o si, por el contrario, generaban una dependencia estructural frente al concesionario.
El tribunal concluyó que ciertas disposiciones limitaban de forma excesiva la potestad estatal para decidir sobre su propia infraestructura.
Desde esta óptica, el fallo no cuestiona la figura de la concesión en sí misma, sino la forma en que fue diseñada. La Corte reconoce que el Estado puede delegar la operación de servicios, pero subraya que dicha delegación no puede traducirse en una renuncia práctica al control estratégico.
En cuanto a los argumentos de la defensa, PPC sostuvo que el contrato había sido aprobado por ley, refrendado por las autoridades competentes y sometido al control del órgano legislativo.
También alegó que el análisis pretendido implicaba revisar la conveniencia económica del negocio, lo cual, a su juicio, excedía las funciones del control constitucional.
La Corte respondió señalando que su competencia no se limitaba a verificar el cumplimiento formal de trámites, sino a evaluar si el contenido normativo era compatible con la Constitución.
En este sentido, el tribunal dejó claro que la existencia de refrendos, debates legislativos o controles administrativos no convalida un régimen que vulnera principios materiales.
El concepto del Procurador General de la Nación, Luis Manuel Gómez Rudy, influyó de manera relevante en el razonamiento final. En su vista fiscal, el Ministerio Público coincidió en que el contrato y su prórroga planteaban problemas en materia de competencia, privilegios, fiscalidad y control estatal.
Aunque la Corte no adoptó de manera automática todos sus argumentos, sí incorporó varios de sus planteamientos en el análisis.
Finalmente, el fallo concluye que la inconstitucionalidad no deriva de un solo vicio aislado, sino de la acumulación de factores: privilegios excesivos, ausencia de competencia efectiva, debilidad en los mecanismos de control, impacto fiscal, deficiencias ambientales y limitaciones a la soberanía. En conjunto, estos elementos configuraron un modelo incompatible con el orden constitucional.
Desde esta perspectiva, la decisión no se fundamenta en la falta de un refrendo específico ni en un error administrativo puntual, sino en una revisión estructural del régimen concesionario.
La sentencia establece así un precedente relevante para futuras concesiones en sectores estratégicos, al fijar límites claros sobre el alcance de los derechos que pueden otorgarse, la necesidad de competencia real y la obligación permanente de preservar el interés público.
El embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, no dudó en opinar sobre el fallo de la CSS. El diplomático presentó el fallo como una señal de que en Panamá opera un sistema judicial independiente que puede corregir decisiones contractuales cuando, a su juicio, chocan con exigencias de transparencia y con el interés público.
Su mensaje apunta a un efecto reputacional: la idea de que el país refuerza el Estado de derecho al exigir rendición de cuentas a operadores privados en infraestructura crítica.
En la misma línea, el embajador conectó la decisión con dos conceptos que suelen interesar a Washington y a los mercados: seguridad nacional y clima de inversión. Su argumento es que una justicia predecible y aplicada de forma imparcial mejora la confianza, porque transmite que los contratos válidos se respetan y los que no lo son se corrigen, lo que —según su lectura— elevaría el atractivo de Panamá para inversión de calidad y de largo plazo.
Por su parte, el contralor Anel Flores enmarcó el resultado como la culminación de una acción institucional de la Contraloría General de la República de Panamá para preservar los bienes y el patrimonio de los panameños.
Al acudir a notificarse oficialmente del fallo, buscó reforzar la idea de que la Contraloría actuó dentro de su mandato legal y que el proceso respetó el derecho de defensa de las partes, aun cuando el desenlace sea adverso para el concesionario.
El contralor además elevó el tono político del mensaje: calificó la decisión como un antes y un después para la relación portuaria del país y sostuvo que, tras el fallo, la responsabilidad sobre los puertos retorna al ámbito del interés colectivo.
El contralor Anel Flores acudió a la Secretaría General de la Corte para notificarse oficialmente del fallo. Como antecedente del caso, la Contraloría General de la República de Panamá había realizado una auditoría sobre la concesión, en la que planteó la existencia de una posible lesión patrimonial al Estado, y a partir de esa actuación institucional presentó demandas de inconstitucionalidad con el argumento de proteger los bienes y el patrimonio públicos.
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President Donald Trump’s joint strikes with Israel against Iran have intensified a growing bipartisan push in Congress to rein in his war powers, with lawmakers in both parties demanding votes on resolutions aimed at limiting his authority to use military force in the region.
Members in both chambers had already planned to force votes before the first bombs fell Saturday. Now, they are doubling down on calls to restrict the president’s military authority.
Sen. Tim Kaine, D-Va., has repeatedly forced votes to curb Trump’s war powers abroad, and he was nearly successful in halting further military action in Venezuela until Republicans blocked the effort earlier this year.
President Donald Trump speaks during a breakfast with governors at the White House in Washington Feb. 20, 2026. (Mandel Ngan/AFP via Getty Images)
Kaine had already prepped his latest resolution, co-sponsored by Sen. Rand Paul, R-Ky., for a vote in the Senate next week. He argued Saturday that the strikes, carried out without congressional approval, further underscore why a vote should be held immediately.
«These strikes are a colossal mistake, and I pray they do not cost our sons and daughters in uniform and at embassies throughout the region their lives,» Kaine said in a statement. «The Senate should immediately return to session and vote on my War Powers Resolution to block the use of U.S. forces in hostilities against Iran.»
In the House, Reps. Thomas Massie, R-Ky., and Ro Khanna, D-Calif., are preparing their own war powers resolution for a vote.
KENNEDY WARNS AYATOLLAH WANTS TO ‘DRINK OUR BLOOD OUT OF A BOOT’ AS IRAN TENSIONS ESCALATE
Sen. Tim Kaine, D-Va., plans to force a vote on his war powers resolution to rein in President Donald Trump’s military action in Iran. (Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images)
Massie said in a post on X that he opposed «this war. This is not ‘America First.’»
«When Congress reconvenes, I will work with [Khanna] to force a congressional vote on war with Iran,» Massie said. «The Constitution requires Congress to vote, and your representative needs to be on record as opposing or supporting this war.»
The effort has the backing of House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., who earlier in the week noted that the resolution would require «the president to come to Congress to make the case for using military force against Iran.»
RUBIO, RATCLIFFE TO DELIVER CLASSIFIED IRAN BRIEFING TO ‘GANG OF EIGHT’ AHEAD OF TRUMP’S STATE OF THE UNION
Reps. Thomas Massie, R-Ky., left, and Ro Khanna, D-Calif., conduct a news conference after reviewing unredacted portions of the Jeffrey Epstein files outside a Department of Justice office Feb. 9, 2026. (Tom Williams/CQ Roll Call, Inc. via Getty Images)
The resolution’s fate in the House remains uncertain, given that a handful of House Democrats have broken with their party and backed the administration’s strikes in Iran.
Massie and Khanna’s push may also have the support of at least one more Republican in the lower chamber.
Rep. Warren Davidson, R-Ohio, appeared ready to back their war powers resolution after news of the strikes Saturday. He reiterated a position he made earlier in the week in a post on X.
«I have asked for a classified briefing defining the mission in Iran,» Davidson said. «In the absence of new information, I will support the War Powers Resolution in the House next week.
«War requires congressional authorization,» he continued. «There are actions short of war, but no case has been made.»
Back in the Senate, the success of Kaine and Paul’s push will require Senate Republicans to cross the aisle.
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They found a short-lived bipartisan coalition earlier this year, when their resolution targeting military action in Venezuela survived a key procedural vote. The group included senators Josh Hawley, R-Mo.; Lisa Murkowski, R-Alaska; Susan Collins, R-Maine; and Todd Young, R-Ind.
Both Hawley and Young later flipped their positions after assurances from the administration that there would be no boots on the ground in Venezuela and that Trump would seek congressional approval for any future military action in the region.
Whether that same standard will apply to operations in Iran remained unclear Saturday. Murkowski and Young both said they hope to receive thorough briefings in the days ahead.
«Last summer, following Operation Midnight Hammer, I supported the administration’s targeted actions in Iran after receiving a comprehensive briefing from senior officials,» Murkowski said on X.
«Events are rapidly unfolding, and I expect Congress to receive the same level of engagement so we fully understand the scope, objectives and risks of any further military action.»
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politics,war with iran,senate,house of representatives politics
INTERNACIONAL
La extensa red de bases de inteligencia y operaciones espaciales del régimen chino en América Latina
La cooperación espacial de China en América Latina ha pasado de ser una cuestión científica a una iniciativa con implicaciones estratégicas globales. A través de acuerdos bilaterales y multilaterales, el régimen de Xi Jinping ha implantado una red de infraestructura espacial que, aunque se presenta como civil, cumple una función vital en la vigilancia satelital y la recopilación de inteligencia para el Ejército Popular de Liberación. Este entramado abarca estaciones terrestres, radiotelescopios y centros de procesamiento de datos, integrados bajo la doctrina china de “guerra informatizada” para lograr superioridad en el espacio y elevar la capacidad militar global.
China ha situado el desarrollo espacial como eje prioritario de su estrategia nacional. La expansión de su “Corredor Espacial de la Franja y la Ruta” responde a directrices estatales orientadas a la autosuficiencia tecnológica y el control absoluto del dominio espacial, apoyadas por leyes internas y una fusión entre intereses civiles y militares. En este contexto, la Conciencia Situacional Espacial —la capacidad de identificar, clasificar y rastrear objetos en el espacio— se sostiene en la función estratégica de las infraestructuras terrestres. Así, el dominio del espacio ha dejado de ser un objetivo limitado a la exploración, para convertirse en factor clave para planificar operaciones militares y proteger intereses globales.
El Comité Selecto sobre China del Congreso de Estados Unidos publicó esta semana una nueva investigación que revela cómo el régimen de Beijing utiliza infraestructura en América Latina para avanzar sus capacidades espaciales y la recolección de inteligencia. El informe, titulado “Pulling Latin America into China’s Orbit” (Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China), corresponde a la segunda entrega de los análisis del comité sobre la actividad de Beijing en el hemisferio.
“Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites sobre nosotros. Por eso, las operaciones espaciales de China son motivo de seria preocupación. China solo invierte en operaciones espaciales en América Latina para avanzar su agenda y socavar a Estados Unidos en el espacio”, señaló John Moolenaar, presidente del Comité Selecto.
“El presidente Trump ha actuado de manera decisiva para enfrentar la influencia nociva de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud sobre las recomendaciones de este informe y frenar la expansión de la infraestructura espacial china”, agregó.
De hecho, el mandatario republicano convocó a una cumbre presidencial en el hotel Doral de Miami para articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de Beijing en América Latina. La cita será el 7 de marzo, y ya fueron invitados los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).
La investigación del comité reveló que China ha desarrollado una extensa red de estaciones terrestres espaciales y telescopios de uso dual en varios países latinoamericanos. Esta red se utiliza para recopilar inteligencia y reforzar la capacidad de combate del Ejército Popular de Liberación.
La posición de América Latina es esencial en la expansión espacial de China. A diferencia de los modelos occidentales sustentados en redes de socios globales, China carecía de infraestructuras espaciales fuera de sus fronteras, lo cual restringía su capacidad para vigilancia continua y recopilar inteligencia sobre satélites rivales, especialmente los estadounidenses. Para salvar esta desventaja, ha priorizado acuerdos con gobiernos regionales que permiten ampliar su presencia y asegurar el seguimiento en tiempo real de activos espaciales estratégicos. De este modo, la región se ha integrado en la cobertura global china y en la obtención de datos críticos durante la totalidad de la órbita de los satélites por el hemisferio occidental.
El compromiso chino con América Latina figura en sucesivos libros blancos y planes de acción conjunta. El informe del Comité recuerda que desde 2008, los convenios han avanzado de transferencias tecnológicas simples a una integración profunda orientada por plataformas multilaterales como CELAC y declaraciones conjuntas, incluyendo la Declaración de Wuhan 2024. Estos instrumentos proveen respaldo legal y diplomático y avalan la permanencia a largo plazo de infraestructura y personal chino en la región.
Las iniciativas se presentan formalmente como proyectos de cooperación civil: monitoreo ambiental, comunicaciones, navegación o educación científica. Sin embargo, la infraestructura resultante es de doble uso. La integración de científicos y técnicos locales, junto a la formación y la gestión compartida, justifica públicamente los “desarrollos conjuntos”, mientras que los acuerdos contemplan cláusulas que permiten a entidades como la China National Space Administration y la China Satellite Launch and Tracking Control General operar sistemas tecnológicamente avanzados supervisados, de manera directa o indirecta, por el Ejército Popular de Liberación.
Así, laboratorios universitarios y radiotelescopios con fines astronómicos refuerzan la red de recopilación de inteligencia militar. El multilateralismo proclamado en foros y la aceleración digital regional favorecen la dependencia tecnológica, difuminando la frontera entre la actividad científica y los intereses militares.
En este contexto, el régimen de Xi Jinping ha implantado al menos 11 infraestructuras vinculadas al Ejército chino repartidas entre Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil. En Argentina, la Estación Espacio Lejano (Neuquén), construida bajo un acuerdo de 50 años de exclusividad y financiada con más de 54.000.000 de dólares, cuenta con una antena de alta ganancia de 35 metros, capaz de interceptar señales de satélites extranjeros y garantizar una sincronización precisa para aplicaciones espaciales y militares. El Observatorio Felix Aguilar (San Juan) y la estación en desarrollo de Río Gallegos amplían el papel en la vigilancia y el análisis de datos. El proyecto CART, también en Argentina, fue cancelado en 2025 por presiones internacionales ante sospechas de uso militar.
En Venezuela, las estaciones de El Sombrero (Guárico) y Luepa (Bolívar) son gestionadas formalmente por agencias civiles, pero fueron construidas y operan con tecnología asociada a la defensa china, permitiendo el seguimiento de satélites nacionales y facilitando el acceso de Beijing a infraestructura crítica tras la incorporación venezolana al programa lunar chino.
En Bolivia, las estaciones de La Guardia (Santa Cruz) y Amachuma (La Paz) están dotadas de antenas parabólicas de hasta 13 metros y laboratorios de análisis de imágenes, gestionados por ingenieros bolivianos formados en China y técnicos chinos residentes. Los contratos vigentes hasta 2028 garantizan el aprovechamiento dual de los datos recabados, incluyendo funciones militares.
En Chile, la presencia china se refleja en el Centro de Datos Astronómicos de Santiago, donde se emplean supercomputadoras de Huawei y colaboran científicos con vínculos en la defensa china en sistemas de rastreo espacial. En 2025 se cancelaron proyectos en el Atacama por motivos de seguridad, pero la utilización de algoritmos empleados en laboratorios de procesamiento mantiene la exposición tecnológica. La estación satelital de Santiago utiliza tecnología de rastreo avanzado capaz de detallar la localización precisa de objetos espaciales y abre la puerta a futuros usos militares.
Brasil alberga la estación de Tucano y el Laboratorio conjunto en Serra do Urubu, iniciativa que asocia empresas nacionales, tecnológicas chinas y universidades locales. Protocolos de intercambio de datos permiten el seguimiento de satélites en órbita baja y geoestacionaria, reforzando tareas civiles y permitiendo usos militares directos. La cooperación con la Fuerza Aérea Brasileña para entrenamiento y simulación orbital solidifica el vínculo estratégico, mientras que el proyecto BINGO en Serra do Urubu introduce algoritmos capaces de interceptar y categorizar señales de interés militar.
China ha consolidado la capacidad de recolectar inteligencia, efectuar seguimiento satelital y apoyar operaciones de misiles de largo alcance desde bases en América Latina, alterando el equilibrio estratégico mundial. Estaciones terrestres, radiotelescopios y tecnologías de rango láser satelital dotan al Ejército Popular de Liberación de herramientas para localizar, identificar y, potencialmente, interferir o neutralizar activos espaciales rivales. Estas infraestructuras permiten alimentar los sistemas de comando militar chino con datos precisos para direccionar operaciones y actualizar objetivos en tiempo real.
Al operar en las mismas bandas de frecuencia que los sistemas militares estadounidenses y triangular posiciones de aviones y buques mediante análisis de señal, se eleva el riesgo de vigilancia indetectable y posible sabotaje a infraestructuras esenciales. La integración de operaciones científicas y militares fomenta la transmisión avanzada de datos para armamento como misiles balísticos intercontinentales y vehículos hipersónicos, completando el ciclo de comando y control desde el hemisferio sur. Plataformas móviles como la flota Yuanwang amplían la cobertura incluso fuera del alcance de las estaciones fijas.
La proliferación de infraestructura de doble uso genera inquietudes sobre soberanía, transparencia y dependencia tecnológica en los países anfitriones. Suspensiones de proyectos en Chile y Argentina han respondido a presiones internacionales y advertencias sobre el empleo de centros científicos como nodos de inteligencia militar. El debate se centra en la falta de mecanismos de control local y la opacidad de los acuerdos, aspectos que imposibilitan la supervisión independiente y el control sobre el destino final de los datos.
Actores estatales e internacionales recomiendan aumentar las garantías legales, realizar auditorías técnicas y fomentar iniciativas alternativas en cooperación espacial. Estados Unidos ha propuesto supeditar su propia cooperación científico-defensiva a que los países latinoamericanos restrinjan el acceso chino a instalaciones sensibles y apliquen controles estrictos para asegurar que la infraestructura controlada por China no ponga en riesgo intereses estratégicos regionales.
La expansión de la red espacial china en América Latina confirma que alianzas civiles pueden cimentar plataformas decisivas para acciones militares, permitiendo a Beijing vigilar y potencialmente neutralizar sistemas estratégicos de cualquier potencia sin limitaciones geográficas.
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Iranians across the country could be seen and heard celebrating the death of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei after coordinated Israeli strikes overnight.
In one video, Iranians near Karaj, Iran, outside the capital of Tehran, took to the streets, honked their horns and cheered.
In social media videos, Iranians in Tehran cheered from their apartments, playing loud music and setting off fireworks as the news spread.
In Fuladshahr, people packed the streets, waving their arms in the air, whistling, honking and cheering over the news.
In Borazjan, Iran, celebrants chanted and, in Mamasani, they waved flags and danced.
People celebrate in Madrid, Spain. (Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images)
People also celebrated in the Iranian cities of Shiraz and Abadan, «where the people are out on the streets till the wee hours of the night in celebration of an Iran that is on the brink of finding its freedom after almost five decades,» according to Lisa Daftari, editor at The Foreign Desk.
IRAN FIRES MISSILES AT US BASES ACROSS MIDDLE EAST AFTER AMERICAN STRIKES ON NUCLEAR, IRGC SITES
Iranian people also cheered the news in other parts of the world, such as Madrid, London, Berlin, Armenia and the United States.
People celebrated the death of Khamenei on Saturday in Berlin. (Christophe Gateau/Picture Alliance via Getty Images)
«Iranian people all over the world, from Los Angeles to Tehran, are on the streets celebrating [in] sheer jubilation over the dawn of a new and free Iran,» Daftari told Fox News Digital.
«Iranians poured onto the streets cheering, clapping, waving the lion and sun flag, dancing openly and singing the old national anthem. It’s hard to imagine a people so starved for freedom, so desperate for justice, that they are cheering military strikes on their own soil as the price of liberation.»
A woman holds up an Iranian flag as people celebrate the death of Khamenei in Los Angeles. (Genaro Molina/Los Angeles Times via Getty Images)
In Los Angeles, home to the largest Iranian community in the U.S., hundreds came out to wave Iranian and American flags on Saturday.
Some people also held signs bearing expressions such as, «Make Iran Great Again.»
«I love America. I love everything about this country,» Iranian American journalist Masih Alinejad told Fox News Saturday.
«I grew up in a country where I was brainwashed to say, ‘Death to America,’ the same country — how ironic — the same country that saved my life three times and is now helping my people in Iran. They’re celebrating. They’re celebrating out of joy.
A family celebrates while watching Fox News in Vienna, Va. (Reuters/Nathan Howard)
«Thank you, President Trump, for taking decisive action. This is how true leadership looks like.»
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Los Angeles and other U.S. cities, like Boston; Washington, D.C.; and New York City held competing anti-war protests, as did cities in Europe.
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