El gesto serio pero sereno. Los anteojos metálicos, la mirada confiable, la barba con una prolijidad perfecta. Casi como si tratara de una construcción para transmitir confianza en las fotos se parece mucho (muchísimo) al doctor que encarna Robin Williams en Despertares -y por ende al modelo real: Oliver Sacks.

Se llamaba Harold Shipman. Tenía doble profesión: médico clínico y asesino serial.

Es posible que Harold Shipman, alguna vez, haya imaginado que hoy las tapas de los diarios de todo el mundo (o al menos las de Inglaterra) lo celebrarían, destacarían que él, un médico reputado de Manchester, cumplía 80 años. La mañana del 14 de enero de 2004 las tapas de los diarios sensacionalistas ingleses hablaron de él y celebraron. Pero no festejaban su cumpleaños 58; festejaban que la tarde anterior se había suicidado en la celda que ocupaba en la prisión de Wakefield en Yorkshire. ¿Por qué los tabloides con tiradas amplísimas se regodeaban con el suicidio de un hombre? Porque ese doctor, un médico clínico que había adquirido prestigio en su comunidad, resultó ser el mayor asesino serial de Inglaterra. Se le adjudican alrededor de 250 víctimas aunque puede haber matado hasta a 500 de sus pacientes a lo largo de un cuarto de siglo. Pero no es el típico asesino serial que deja pistas para enloquecer a sus perseguidores, ni uno que mutila miembros o destripa a sus víctimas. Su metodología era silenciosa; tanto que hasta muchos años después -y luego de atar muchos cabos sueltos- nadie sospechó de él. Los familiares de las víctimas tendían a creer que dada la edad de los pacientes era natural que el corazón fallara y que terminaran muertos.

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Harold Shipman nació en una familia de clase media baja. Sus padres se esforzaron para que tuviera estudios universitarios. Fue el primer profesional de la familia. Comenzó a trabajar como médico generalista en pequeños pueblos hasta que luego de muchos años de trabajo logró poner una clínica propia en Manchester. Sus pacientes lo estimaban y su prestigio aumentaba entre los colegas.

Al principio de su carrera había tenido un problema con las autoridades. Le suspendieron la matrícula durante unos meses por haberse demostrado que había falsificado varias recetas para obtener Petidina -un analgésico fuerte, de la familia de la morfina– para uso personal. Él dijo padecer una adicción y el juez le ordenó someterse a un tratamiento. Lo que se supo muchos años después revisando las actas del juicio fue que el fiscal había pedido que se le prohibiera recetar o utilizar morfina o sus derivados de por vida. Pero al juez le pareció una sanción excesiva. Nadie podía saber en ese momento que eso hubiera salvado centenares de vidas. Vistos los hechos a la distancia es hasta probable que la petidina ni siquiera haya sido para uso personal y ya lo hubiera comenzado a utilizar para asesinar a sus pacientes.

Se casó con Primrose May Oxtoby y tuvieron cuatro hijos. En 1993 puso su propia clínica. El avance profesional parecía evidente.

A principios de 1998 hubo un primer aviso que nadie escuchó. la Dra. Linda Reynolds trabajaba en una clínica que quedaba frente a la de Shipman. Reynolds denunció que en la clínica de su colega había demasiadas muertes, más que las habituales en un lugar como esos y más de las que se reconocían oficialmente. Ella había comenzado a prestar atención a los movimientos de las ambulancias morgueras y era absolutamente infrecuente. Los pedidos de cremación eran muy numerosos. Los investigadores no escucharon a la denunciante. Atribuyeron sus dichos a un encono personal, a viejas facturas no saldadas y a la envidia profesional porque Shipman poseía una clínica y además le iba muy bien.

Para el Doctor Muerte (como luego le llamaron los diarios ingleses) todo terminó con el caso de la señora Kathleen Grundy. Una anciana de 92 años que murió en su casa luego de una visita de Shipman. Grundy había sido la alcaldesa de Hyde durante muchos años y pese a su edad se la veía en buena forma. Una vez más a nadie le sorprendió la muerte de una mujer de 92 años por más que se le viera activa. Fue un entierro populoso en el que se celebró la larga y buena vida de la señora Grundy. Shipman fue uno de los asistentes. Lo que sí sorprendió y de muy mala manera a la hija de la difunta fue cuando, días después, un escribano le informó que su madre había dejado un testamento en el que legaba todos sus ahorros -más de 500.000 dólares- al Doctor Shipman. La hija inició acciones legales y consiguió ser escuchada por un juez que ordenó el cadáver de la ex alcaldesa. Los forenses determinaron que la muerte había sido ocasionada por una sobredosis de morfina. Shipman quiso instalar que la anciana era adicta pero no resultó. Un perito demostró que el testamento había sido falsificado y que la máquina de escribir con el que se tipeó fue encontrada en el allanamiento a la casa del médico. El (hasta ese momento) respetado doctor Shipman fue arrestado de inmediato.

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Se multiplicaron las denuncias de casos similares, de pacientes mayores que murieron quedándose dormidos después de una visita del doctor.

Fue a juicio por quince de esas muertes. Lo encontraron culpable de esos homicidios. Fue el primer médico condenado en Gran Bretaña por matar a varios pacientes.

No encontraron un móvil claro. No solía ser favorecido en testamentos como en el caso de Grundy ni faltaban dinero o bienes de valor en la casa de sus víctimas. Alguien recordó que cuando él tenía 17 años su madre enfermó de cáncer de pulmón y que el sufrimiento de la mujer se apaciguó cuando un médico le dio morfina. Así pasó unos últimos días apacibles en su hogar y se fue apagando sin el infierno del dolor. Ese es el primer antecedente que encuentran de la morfina en su vida.

En el mismo allanamiento, la policía encontró muchas joyas en su casa. Fueron exhibidas durante un tiempo para que los posibles dueños las reconocieran pero muy pocas fueron reclamadas. La gran mayoría fueron devueltas a la esposa de Shipman que siempre dijo que su marido era completamente inocente.

A pesar del juicio y la condena a cadena perpetua las autoridades estaban convencidas que faltaban resolver muchos homicidios más, que la responsabilidad de Shipman era mayor, que su poder asesino era superior. Se creó una comisión presidida por una jueza que había integrado el máximo tribunal británico para investigar el verdadero alcance de los actos del doctor Shipman. Las 15 muertes parecían pocas. Las conclusiones son escalofriantes. Desde fines de la década del setenta hasta su detención firmó 521 certificados de defunción, 297 certificados más que el promedio de sus colegas que ejercían en la misma región. Al menos 236 pacientes murieron inmediatamente después de una visita de Shipman a sus hogares. Por lo general lo hacían dentro de los 30 minutos posteriores a que el doctor se despidiera de la paciente. La mayoría de sus víctimas fueron mujeres de entre 65 y 75 años. En muchos de los casos los cuerpos no podían ser exhumados porque habían sido cremados. Los familiares al declarar mostraron que el modus operandi era similar. Y que las explicaciones del doctor y su falso azoramiento cuando era informado de los decesos también se parecían demasiado.

El rastreo exhaustivo de su carrera, desde que comenzó a ejercer en 1975, determinó que centenares de sus pacientes murieron sin tener antecedentes que lo justificaran. Le comprobaron 250 asesinatos, aunque creen que mató más de 500.

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La población no podía entender como un médico de una ciudad grande como Manchester podía matar durante casi un cuarto de siglo un promedio de veinte pacientes al año (de todas maneras su actividad asesina recrudeció el último año y medio de su ejercicio de la medicina: 110 muertes) y que nadie tomara nota.

Shipman nunca reconoció su culpabilidad.

Este caso más allá del regodeo que produjo en los diarios sensacionalistas y la conmoción en la población por la cantidad de muertes que provocó Shipman, trajo otras consecuencias en el sistema médico británico. Influyó mucho en la discusión que se daba en ese tiempo sobre eutanasia y suicidio asistido, aunque Shipman nunca intentó paliar el dolor de enfermos terminales: ninguna de sus víctimas se encontraba moribunda. Lo que mostró el caso fue que eran necesarios más controles en el acceso de la morfina y sus derivados para tratamientos médicos. Las autoridades regularon la cuestión. Lo mismo sucedió con los requisitos para firmar un certificado de defunción y para la autorización para cremar cuerpos. Las normas sobre la cuestión se endurecieron y se incorporaron más requisitos.

El día antes de cumplir 58, el 13 de enero de 2004, Harold Shipman tomó las sábanas que cubrían el delgado colchón de su celda, las ató a las rejas que cubrían una ventana estrecha que quedaba casi pegada al techo y ajustó el nudo alrededor de su cuello. Los guardias lo encontraron varias horas después. Casi nadie se puso triste con su muerte. Los familiares de las víctimas mostraron su desazón porque ya nunca sabrían más sobre los últimos momentos de sus seres queridos, ni tendrían mayores certezas sobre los motivos de Shipman para matar. Tampoco tendrían el consuelo de saber que el asesino se ajaba en un calabozo por el resto de sus días. Aunque no dejó una carta que explicara su decisión, quienes más lo conocían no creen que esa decisión final fuera un gesto de remordimiento; nadie cree que la culpa lo aplastó y no le permitió vivir más. Son muchos los que abonan otro móvil a su suicidio. Por algún meandro de las leyes previsionales británicas, si él hubiera llegado vivo y preso a los 58 años, su esposa nunca habría cobrado la pensión que el estado le pagó a la mujer hasta el día de la muerte de ésta.

Iran appeared to reopen its airspace on Thursday after a sudden overnight closure disrupted flights across the region, even as airlines largely continued to avoid the country amid heightened security warnings and ongoing regional tensions. 

The overnight closure lasted around five hours after a Notice to Air Missions, or NOTAM, was issued, according to the aviation risk-monitoring site Safe Airspace. 

Safe Airspace warns that the main danger for civil aircraft in Iranian airspace is misidentification by air defense systems during heightened tensions, rating the overall risk level currently as «One — Do Not Fly.»

TRUMP SAYS THE U.S. WILL TAKE ‘VERY STRONG ACTION’ AGAINST IRAN IF THE REGIME STARTS HANGING PROTESTERS

President Donald Trump told reporters in the Oval Office on Wednesday that he was informed the killing of protesters in Iran was «stopping.»

«We have been notified and really strongly, but we’ll find out what that all means. But, we’ve been told that the killing in Iran is stopping,» he said.

Sen. Lindsey Graham, R-S.C., disagreed with Trump, writing on X that every indication he’s seen shows that the Iranian regime’s killing of anti-government protesters is «still very much in full swing.»

«The death toll is mounting by the hour. Hoping that help is on the way,» he wrote.

TRUMP ENVOY REPORTEDLY MEETS WITH EXILED IRANIAN PRINCE AS REGIME FACES PROTESTS

Iranians attend an anti-government protest in Tehran, Iran, Jan. 9, 2026. (UGC via AP)

The U.S.-based Human Rights Activists News Agency (HRANA), which tracks human rights violations in Iran, said on Wednesday that nationwide protests continued into the 18th day as authorities maintained a near-total internet shutdown.

The group’s aggregated figures showed 617 protest gatherings in 187 cities across the country, the arrest of at least 18,470 people and the confirmed deaths of 2,615 individuals.

HRANA said 2,435 of those killed were protesters, including 13 children under the age of 18.

TOP IRANIAN OFFICIAL DOWNPLAYS DEATH TOLL, BLAMES ‘ISRAELI PLOT’ AS US CONSIDERS STRIKES

Cars burn in a street during a protest over the collapse of the currency’s value in Tehran, Iran, Jan. 8, 2026. (Stringer/West Asia News Agency via REUTERS)

Trump has threatened action against the regime, warning Tehran in multiple Truth Social posts to stop killing its people.

«We are locked and loaded and ready to go,» he wrote on New Year’s Day.

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The president said on Tuesday that he had canceled all meetings with Iranian officials and called on protesters to «TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS!!!»

«Save the names of the killers and abusers. They will pay a big price,» Trump wrote, adding, «HELP IS ON ITS WAY.»

Cuba terminó el año 2025 con un saldo alarmante en materia de derechos humanos: 1.197 presos políticos y de conciencia, una cifra que no solo refleja la persistencia de la represión estatal, sino también su profundización.

Así lo revela el informe de cierre anual elaborado por la organización internacional Prisoners Defenders, que documenta 134 nuevas detenciones políticas solo durante 2025, en un contexto marcado por la falta absoluta de garantías judiciales y el uso sistemático del castigo físico y psicológico como herramienta de control social.

“Nuestra lista contiene personas sometidas a sentencias o disposiciones fiscales de privación de libertad sin supervisión judicial, sin debido proceso y sin defensa efectiva”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, durante la presentación del informe fechado el 15 de enero de 2026.

No se trata, aclara, de casos aislados ni de excesos individuales, sino de un sistema de persecución estructural que atraviesa todo el aparato estatal cubano.

Según el relevamiento, a lo largo de los doce meses de 2025 pasaron por las cárceles cubanas 1.290 prisioneros políticos, todos ellos sometidos a algún tipo de tortura, tal como la organización ya había demostrado en estudios previos. Solo en diciembre, diez nuevas personas fueron encarceladas —siete hombres y tres mujeres—, la mayoría en el oriente de la isla, acusadas en gran parte por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, una figura penal vaga y recurrente utilizada para criminalizar la disidencia.

El impacto humano de estas cifras es devastador.

Entre los casi 1.200 presos políticos identificados hay 128 mujeres y 32 personas que fueron detenidas siendo menores de edad: 29 varones y tres mujeres. A esto se suma un dato particularmente grave: 464 presos políticos presentan patologías médicas severas y 42 padecen trastornos graves de salud mental, sin recibir atención médica ni psiquiátrica adecuada. “Son dolencias causadas o agravadas deliberadamente por la mala alimentación, los maltratos y la falta de atención médica”, denunció Larrondo.

Uno de los ejes centrales del informe es la condena a 219 manifestantes acusados de “sedición”, con penas que promedian los diez años de cárcel. Entre ellos, 16 fueron detenidos cuando aún eran menores, lo que vuelve a poner en evidencia el incumplimiento sistemático de los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano en materia de protección de la infancia.

Pero el informe no se limita a describir la situación dentro de la isla.

Prisoners Defenders advierte que el modelo represivo cubano se está exportando, particularmente a Venezuela. La organización documentó la muerte de más de 64 militares cubanos integrados al anillo de seguridad del presidente Nicolás Maduro, lo que confirma, según sus investigaciones, la presencia masiva de fuerzas represivas cubanas en territorio venezolano, pese a las reiteradas negaciones oficiales.

“Estamos sumando testimonios sobre torturas diseñadas y ejecutadas por agentes cubanos en Venezuela”, sostuvo Larrondo, quien explicó que los relatos coinciden exactamente con los 15 patrones de tortura ya identificados en cárceles cubanas: agresiones físicas, privación del sueño, posturas forzadas, tortura sexual y amenazas constantes. La metodología, señala el informe, es la misma.

Otro punto clave es lo que Larrondo denomina el “fraude del lenguaje”. Tanto en Cuba como en Venezuela, los gobiernos anuncian “liberaciones” que en realidad son excarcelaciones condicionadas, bajo amenazas y control policial permanente. “No son liberaciones, porque las personas siguen teniendo causas abiertas y condenas vigentes”, remarcó. En Cuba, recuerda el informe, en enero de 2025 el gobierno anunció la liberación de 553 presos, pero solo 219 presos políticos fueron efectivamente excarcelados, sin que ello implicara el fin de la persecución.

El cierre del informe es una interpelación directa a la comunidad internacional. “Basta de normalizar lo inaceptable”, reclamó Larrondo, y exigió a la Unión Europea, a los gobiernos democráticos y a los organismos internacionales medidas concretas, verificables y urgentes. “Las víctimas necesitan protección, visibilidad y justicia”, subrayó, citando incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la rebelión frente a la tiranía y la opresión.