The U.S. stepped up airstrikes in Somalia in January, targeting al-Shabab and the local affiliate of the Islamic State group, ISIS, according to U.S. Africa Command (AFRICOM).

In a Jan. 12 release, AFRICOM said U.S. forces, working with the Somali federal government, carried out airstrikes against al-Shabab militants.

AFRICOM said the operation was part of ongoing efforts to «degrade the group’s ability to threaten the U.S. homeland, U.S. forces and Americans overseas.»

Airstrikes against ISIS—Somalia were also reported on Jan. 11 and Jan. 9 in northern Somalia, including the Golis Mountains region of Puntland, southeast of Bosaso. 

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Additional airstrikes targeting al-Shabab were reported on Jan. 8, including one in the vicinity of Buur Heybo, about 154 kilometers northwest of Mogadishu.

The command said between the evening of Jan. 3–4, strikes were also conducted «in coordination with Somali authorities.»

AFRICOM said in a release the strikes were part of a broader campaign conducted with Somali partners. No casualty figures were released.

The latest spate of operations comes amid a broader intensification of U.S. airstrikes in Somalia.

According to information released by AFRICOM, between Feb. 1, when the Trump administration conducted its first strike in Somalia in 2025, and June 10, the U.S. carried out 38 airstrikes against al-Shabab and the Islamic State in Somalia.

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Somalia airstrikes escalate as U.S. forces partner with Somali authorities against al-Shabab. (TONY KARUMBA/AFP via Getty Images)

AFRICOM has said additional strikes have been conducted since June 10.

Independent monitoring organizations have reported a rise in strikes since President Donald Trump returned to office in 2024, according to a report by the Combating Terrorism Center.

The report cited an April 2025 statement by AFRICOM commander Gen. Michael E. Langley before the Senate Armed Services Committee, in which he referenced the potential threat posed by jihadi groups in Africa to the U.S. homeland.

«We are acutely aware that if ISIS and al Qaeda groups continue their expansion, they will pose a direct threat to the U.S. homeland,» Langley said.

«Given this environment, US AFRICOM will work collaboratively with the intelligence community and inter-agency partners to keep the risk to U.S. national security interests low,» Langley said in a statement.

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Members of al-Shabab terrorist rebel group parade through the streets of Somalia’s capital Mogadishu on Jan. 1, 2010.  (REUTERS/Feisal Omar)

Al-Shabab, an al Qaeda affiliate, has waged war on Somalia’s government since 2007 and continues to control territory in south-central Somalia.

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ISIS-Somalia is a smaller faction concentrated largely in Puntland’s mountainous northeast, where it is also said to compete with al-Shabab for influence.

According to the U.S.-based Africa Center for Strategic Studies, Somalia’s conflict with armed groups was the third-deadliest in Africa through 2024, killing an estimated 7,289 people.

Fox News Digital has reached out to AFRICOM for comment.

Ella creía que la clave para ser una buena reclutadora no era solo vender el ejército y sus beneficios, sino venderse a sí misma. La sargento de primera clase Rosa Cortez quería que los posibles reclutas se fijaran en las fotos de sus hijos sonrientes, su diploma universitario y los premios que había ganado a lo largo de sus casi 20 años en la Guardia Nacional de Oregón.

Su objetivo era “irradiar positividad”, dijo. “La gente lo verá y querrá alinearse contigo”.

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Sin embargo, últimamente, ella, junto con otros cientos de reclutadores de todo el país, venía ofreciendo otra cosa: protección frente al mismo gobierno al que servía.

El segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por una amplia ofensiva contra los migrantes indocumentados que ha desatado oleadas de miedo en lugares con grandes poblaciones hispanas. En muchas de estas zonas, un programa gubernamental poco conocido llamado Parole in Place se ha convertido en un refugio de última instancia y en una poderosa herramienta de reclutamiento.

Solo los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes pueden alistarse en el ejército. El programa Parole in Place, lanzado en 2013, ofrece a los padres y cónyuges indocumentados de los miembros del servicio protección frente a la deportación, y una vía acelerada hacia la residencia permanente.

A principios de diciembre, la sargento Cortez estaba trabajando con seis posibles reclutas que querían utilizar el programa. Uno de ellos era Juan, un joven de 23 años con el cabello negro y desordenado y un arete de oro. (Juan pidió que se omitiera su apellido para proteger a sus familiares indocumentados).

Juan había visto un video que Cortez publicó en las redes sociales y se puso en contacto con ella para alistarse. “Me gustaría que me diera más información antes de tomar una decisión”, escribió en un mensaje de texto a finales de septiembre.

Cortez le respondió con un mensaje preguntándole cuáles eran sus “metas en la vida”.

“Bueno, para empezar, espero conseguir que mi madre califique para el PIP para que no tenga que salir del país”, respondió, utilizando las siglas de Parole in Place.

Dos meses después, agentes migratorios encapuchados detuvieron a un residente de larga data de la zona en un Home Depot situado a pocos kilómetros del pequeño negocio que la familia de Juan operaba en The Dalles, Oregón, una ciudad de unos 16.000 habitantes a orillas del río Columbia.

Ahora Juan estaba sentado frente a Cortez en su pequeña oficina. Le entregó su tarjeta del Seguro Social y se movió nervioso en la silla. Todo iba demasiado rápido.

Los soldados de la Guardia Nacional se entrenan un fin de semana al mes y dos semanas cada verano. En tiempos de guerra, agitación interna o desastre natural, los estados o el gobierno federal pueden movilizarlos para prestar servicio a tiempo completo.

Trump también ha intentado desplegar soldados de la Guardia Nacional en tareas de patrullaje en ciudades de todo el país, como Portland, Oregón, donde los tribunales dictaminaron recientemente que no podía enviar soldados tras las objeciones de las autoridades locales. El jueves, agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon a dos personas en Portland durante una detención de tráfico, lo que avivó la indignación y las protestas.

Cuando se reunía con los reclutas, a Cortez le gustaba hablar del orgullo que sentía al ayudar durante inundaciones o incendios, y de la camaradería que conllevaba el servicio militar. Pero como hija de inmigrantes indocumentados, también reconocía el miedo que atenazaba a su comunidad.

Su zona de reclutamiento abarca una franja de 160 kilómetros del centro de Oregón que durante mucho tiempo ha atraído a trabajadores agrícolas migrantes de México, algunos de los cuales se quedaron y echaron raíces.

Cortez había crecido entre los huertos de cerezas y peras de la región. Tenía amigos cercanos que temían salir de sus casas.

“Es una locura lo que está pasando”, dijo Juan mientras Cortez le tomaba las huellas dactilares y terminaba su papeleo.

Cortez le compartió un enlace a un examen práctico que mediría sus conocimientos de matemáticas e inglés. Prometió hacerlo esa misma tarde. Si lo aprobaba, Juan podría presentarse al examen oficial en solo unas semanas.

Pero primero tenía que terminar su turno de tarde en el negocio de su familia, donde su madre trabajaba en la caja registradora.

El sacrificio de un soldado

Los orígenes del Parole in Place se remontan a mayo de 2007, uno de los meses más mortíferos de la guerra de Irak. El pelotón del sargento Alex R. Jiménez patrullaba un pueblo al sur de Bagdad cuando los insurgentes lo atacaron y lo tomaron cautivo. Sus restos fueron recuperados más de un año después.

Mientras miles de soldados estadounidenses buscaban al militar de 25 años, su esposa, que había entrado ilegalmente a Estados Unidos desde la República Dominicana, estaba siendo deportada. En medio de la indignación pública, el gobierno Bush le concedió la residencia permanente.

“Los sacrificios de nuestros soldados y sus familias merecen nuestro mayor respeto”, dijo Michael Chertoff, secretario de Seguridad Nacional en aquel momento.

El programa se formalizó unos años después. El objetivo era dar tranquilidad a los soldados antes de ir a la guerra. Si un militar se da de baja o es expulsado deshonrosamente, su familiar pierde el estatus de protección. En 2023, unos 11.500 familiares de reclutas militares utilizaron el beneficio, un aumento del 35 por ciento respecto al año anterior, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

La agencia no respondió a solicitudes de datos más recientes. Pero varios estados informaron de un reciente aumento de los alistados que recurrieron al programa. En Nevada, 79 alistados, o cerca del 20 por ciento de los nuevos reclutas de la Guardia Nacional del estado en 2025, usaron el programa.

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Para la sargento Cortez, el programa se había convertido en algo más grande que las cifras. Su madre había cruzado ilegalmente la frontera mexicana con su familia en 1976, a los 7 años. “Cerezas, manzanas, peras, ciruelas, cebollas. Lo que se te ocurra, seguro que lo cosechamos”, dijo Cortez.

Su casa era una carpa o, si tenían suerte, un granero. Con el tiempo, se instalaron en un campamento de jornaleros agrícolas a las afueras de Walla Walla, Washington.

El punto de inflexión para su familia llegó cuando uno de sus tíos, que había obtenido la residencia legal en la década de 1980, se alistó en la Guardia Nacional de Oregón. Toda la familia (siete personas apretadas en un auto para cinco) condujo más de 30 horas hasta Fort Knox, Kentucky, para la graduación de su entrenamiento básico.

El campamento de jornaleros, recordó Cortez, podía ser caótico. Había drogas, delincuencia y familias que luchaban por sobrevivir.

La ceremonia de graduación del entrenamiento básico era otro mundo. Los soldados, vestidos con sus uniformes de gala, con los botones de bronce relucientes, marchaban en filas perfectas hacia el patio de armas.

Un segundo tío siguió al primero en el ejército. Pronto, ambos encontraron trabajo fijo como técnicos a tiempo completo en la flota de helicópteros de carga de la Guardia Nacional de Oregón. Cortez y su extensa familia se trasladaron de los campos de trabajo agrícola a un barrio de Milton-Freewater, Oregón.

En 2004, cuando Cortez tenía 16 años, sus tíos fueron desplegados a Afganistán. Dos años más tarde, se alistó y partió al entrenamiento básico.

Hoy es una madre de tres hijos de 37 años y reclutadora a tiempo completo de la Guardia Nacional, ofreciendo los beneficios del servicio en un país en guerra consigo mismo por la migración, y por quien merece ser estadounidense.

Como soldado y reclutadora, tenía que mantenerse al margen de las disputas políticas divisivas. Como hija de migrantes mexicanos en un lugar que se sentía sitiado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el tema era imposible de evitar.

“Para mí, las emociones están en todas partes”, dijo.

“Tenemos miedo”

El alcalde y cinco miembros del Consejo Municipal de The Dalles miraban fijamente a la multitud que se había reunido en una noche lluviosa de principios de diciembre.

Los funcionarios electos eran hombres blancos. La multitud era casi totalmente hispana. Llenaban la sala de reuniones del segundo piso y se desbordaban hacia el pasillo y una sala contigua, donde la sargento Cortez observaba.

Habían transcurrido nueve días desde que agentes enmascarados del ICE se habían llevado de Home Depot a Salvador Muratalla, padre de cinco hijos que llegó al país en 2002. Había estado comprando circuitos eléctricos para un trabajo de construcción.

Cortez había visto el video en Internet en el que tres agentes arrastraban a Muratalla fuera de la tienda, sujetándolo por los brazos, mientras él gritaba su nombre y su número de teléfono.

Ahora su hija, Yami Muratalla, temblaba al dirigirse al Consejo.

“¿Por qué dejaron que tres agentes encapuchados se llevaran a mi padre?”, gritó. “¡Fueron a donde estaba y se lo llevaron lejos de sus cinco hijos, el menor de 10 años, está afectado mentalmente y tiene miedo de ir a la escuela!”. Se quedó sin aire.

“Le pediría que vaya terminando”, dijo el alcalde.

“Es todo lo que tengo que decir”, respondió Muratalla, mientras se cubría el rostro con las manos.

Los funcionarios electos no sabían qué hacer. Uno propuso que redactaran una declaración. Un segundo dijo que necesitaba tiempo para reflexionar.

“No tengo muchos amigos hispanos”, confesó un tercero.

“Somos tus nuevos amigos”, gritó alguien desde la multitud.

La reunión terminó con la decisión de los concejales de que necesitaban más tiempo para estudiar la situación.

La sargento Cortez se acercó a Muratalla en el pasillo, afuera de la sala de reuniones. Meses antes, Muratalla y su madre habían asistido a una sesión informativa sobre Parole in Place que Cortez había organizado en el cuartel de la Guardia Nacional, donde trabaja. Las dos mujeres se abrazaron.

“Lo siento mucho”, le dijo Cortez.

Cortez recordó la rabia, el miedo y la vergüenza que sintió de niña al ver cómo la policía detenía a su abuelo en un festival comunitario donde vendía antojitos mexicanos para ganar un dinero extra.

A menudo robaba la identidad de estadounidenses para poder ser contratado y trabajar. Con el tiempo, la policía lo descubría y lo enviaba a la cárcel. A veces, lo deportaban a México, donde dormía en la calle hasta que la familia reunía suficiente dinero para contratar a un contrabandista que lo ayudara a cruzar de vuelta la frontera.

Al igual que el abuelo de Cortez, Salvador Muratalla había sido condenado por robo, según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

El teléfono de Cortez vibró esa misma noche con un mensaje de Muratalla. Su padre iba a ser trasladado de Tacoma, Washington, a un centro de detención en algún lugar de Texas.

“No puedo dejar de llorar”, escribió Muratalla.

“Te entiendo perfectamente”, respondió Cortez.

Un sueño americano

Una de las soldados a las que Cortez había ayudado era Lindsey Vazquez, de 20 años. Vazquez medía apenas 1,42 metros y necesitó subir 2,5 kilogramos de peso para cumplir con el mínimo requerido por el ejército.

Se había alistado para ayudar a sus padres, que habían cruzado la frontera tres décadas antes siendo adolescentes, y porque quería demostrar que podía mantenerse a sí misma y ser soldado.

Vazquez era especialista en logística de la Guardia y trabajaba a tiempo completo como empleada en una tienda de descuentos en The Dalles, con la esperanza de usar algún día sus beneficios militares para ir a la universidad. Ella, sus padres y sus dos hermanas vivían en un remolque para acampar estacionado junto a la casa casi terminada que su padre había pasado los últimos seis años construyendo.

Durante el día, su padre, Omar, dirigía una pequeña empresa de construcción él solo, desde su camioneta blanca. Por las noches y los fines de semana, construía la casa. “Lo que tengo es lo que gasto en ella”, dijo el señor Vazquez sobre la vivienda de tres habitaciones y dos baños.

Vazquez, su madre y sus hermanas ayudaban a colgar paneles de yeso y a cortar baldosas.

Los padres de Vázquez ya habían recibido permisos de trabajo y números de Seguro Social a través del programa Parole in Place. En cuanto tuvieron sus tarjetas de residencia permanente, su padre quiso ir a México a ver a su madre, de 87 años. Su esposa tenía hermanos a los que no veía desde hacía décadas.

Pero sus vidas, sus hijos y su futuro estaban en Oregón.

“Hasta el arroyo es nuestro”, dijo el señor Vazquez. Había árboles frutales, luces decorativas y un pequeño granero donde criaba un caballo pinto y algunas gallinas. Unos días antes, el señor Vazquez había instalado el piso de la cocina y la sala, comprado en el mismo Home Depot donde arrestaron a Muratalla. Los dos hombres se conocían por trabajos de construcción.

Quería construir un patio de piedra con una parrilla desde donde pudiera contemplar las altas montañas del desierto. “Voy paso a paso, paso a paso”, dijo.

Éste era su sueño americano.

Juan obtuvo un puntaje en el percentil 44 en su examen de práctica para ingresar, trece puntos por encima del mínimo que necesitaría en la prueba real. Pero a medida que la posibilidad de unirse al ejército se volvía más tangible, también crecían sus reservas.

Le preocupaba dejar a su novia, quien se había trasladado a The Dalles cuatro meses antes desde Portland para estar con él. Le ponía nervioso el entrenamiento básico.

Cuando la sargento Cortez sugirió fijar una fecha concreta para la prueba, él vaciló. “Me preguntaba si habría alguna posibilidad de que usted suspendiera mi solicitud”, escribió en un mensaje de texto. “Lo siento mucho”.

“Por supuesto”, respondió Cortez. “Te dejo en espera”.

Cortez fue a hablar con la madre de Juan, quien había pasado 22 años construyendo una vida en Oregón y nueve años levantando un pequeño negocio con el padrastro de Juan. No quería que su hijo se alistara solo para que ella pudiera obtener estatus legal.

“Hacemos sacrificios porque no queremos que nuestros hijos tengan que sacrificarse”, le dijo a la sargento Cortez en español.

Cortez respondió que Juan actuaba por “amor”. Ayudar a su madre, dijo, podía darle “una sensación de paz”.

Tres días después de la reunión del Concejo Municipal de The Dalles, Cortez le pidió a Juan que pasara por su oficina. Casi todos los reclutas sienten miedo. Ella sabía que la mejor manera de superar esas dudas era mantener el proceso en movimiento.

Hablaron del entrenamiento básico. Juan había estado viendo videos en internet de nuevos reclutas haciendo el equipaje antes de partir, y pensaba en una de sus últimas visitas al aeropuerto. Recordó haber visto a gente con cortes de pelo de estilo militar corriendo frenéticamente por el vestíbulo con sus bolsas de lona verdes, y se preguntó si ése sería él.

“¿Es complicado subir a los reclutas a los aviones?”, preguntó.

“Les doy todo un resumen antes de salir”, le tranquilizó ella.

Y hablaron de la precaria situación de su madre. Las recientes detenciones y la incertidumbre le estaban pasando factura mentalmente, explicó Juan.

“Me destroza”, dijo.

Juan programó una fecha para viajar con Cortez a Portland para tomar el examen de ingreso militar. Todavía no estaba completamente comprometido con alistarse. Pero estaba más cerca.

“Se me ha vuelto más real”, dijo

Salió con paso firme de la oficina de Cortez, pasando junto a placas, estandartes y fotos en blanco y negro que conmemoraban el servicio de los soldados de la Guardia del Ejército de Oregón durante los últimos 150 años en lugares como Filipinas, Europa y Afganistán.

“Es un buen chico, lleno de energía”, dijo la sargento Cortez. “Creo que será un gran líder”.

Algunas personas se unen al ejército por los beneficios. Otras por la aventura, el patriotismo o para escapar de una mala situación en casa. Juan estaba motivado principalmente por el deseo de mantener unida a su familia.

Para Cortez, sus razones tenían perfecto sentido.

Juan aprobó el examen de ingreso el 22 de diciembre. Planeaba hacerse el examen físico, el siguiente paso del proceso, en el nuevo año.

Tras el anuncio del régimen chavista sobre la excarcelación de varios presos políticos, un número sin precedentes de familias venezolanas acudió a la ONG Foro Penal para registrar a sus parientes como presos de conciencia.

La organización recibió en las últimas horas múltiples denuncias de personas que aseguran que sus familiares continúan privados de libertad o fueron liberados bajo condiciones restrictivas, pese a no figurar en las listas oficiales difundidas por el chavismo.

La organización, que lleva años documentando la situación en Venezuela, confirmó que ha recibido solicitudes de al menos 300 familias en los últimos días, a raíz de la promesa de liberar a un “número importante” de prisioneros tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Las familias antes no denunciaban por miedo, pero ahora lo están haciendo porque, de alguna manera, sienten que existe esta posibilidad de que sus familias sean liberadas y lo ven como una esperanza o una oportunidad”, explicó Alfredo Romero, director de Foro Penal.

El clima de incertidumbre y la falta de información oficial han motivado a muchos a buscar ayuda, con la esperanza de que la presión pública acelere la excarcelación de sus seres queridos.

El caso de Edison Torres ilustra la situación crítica de muchos detenidos. Torres, ex policía de 51 años, murió bajo custodia del régimen chavista justo cuando su familia esperaba su liberación. Su hermana, Emelyn Torres, relató entre lágrimas cómo el ataúd cubierto con la bandera venezolana llegó al pequeño pueblo rural donde sería enterrado.

“La libertad llegó demasiado tarde”, lamentó la familia, que se sumó a decenas de personas para rendirle homenaje y reclamar justicia.

La muerte de Torres no es un hecho aislado. Según líderes opositores y organizaciones de derechos humanos, al menos ocho presos políticos han fallecido bajo custodia estatal desde las elecciones de julio de 2024. La reciente oleada de excarcelaciones, anunciada por el titular de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, ha generado expectativas pero también frustración, ya que la mayoría de las liberaciones no han sido verificadas de manera independiente.

El Foro Penal informó que sólo 55 excarcelaciones han podido ser confirmadas hasta este martes, mientras el régimen sostiene que el número supera las 100, aunque no ha publicado listas ni identificado a los beneficiados.

“Seguimos validando información y verificando que en efecto se trate de presos políticos”, detalló Romero, al tiempo que subrayó que la mayoría de los casos reportados en los últimos días involucran a personas que alguna vez trabajaron en el ejército venezolano.

El proceso de liberación ha estado marcado por la falta de transparencia y la ausencia de comunicación oficial tanto a los detenidos como a sus familias.

“Cientos de ellos permanecen en vigilia acampados frente a los centros de reclusión, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo”, denunció la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, en un comunicado conjunto con el presidente electo, Edmundo González Urrutia.

Ambos insistieron en que “no puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas”.

Entre los excarcelados recientemente figuran figuras destacadas como la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, el líder político Biagio Pilieri y el ex candidato presidencial Enrique Márquez.

Sin embargo, casos como el del empresario italiano Marco Burlò, quien tras ser liberado describió su detención como “un secuestro puro”, muestran que la incomunicación y el aislamiento siguen siendo la norma para muchos detenidos.

“Estuve sin poder hablar con mis hijos, sin derecho a defensa, sin poder hablar con el abogado y completamente aislado”, afirmó Burlò tras regresar a Italia.

Los líderes opositores y las ONG han reiterado que la liberación debe ser “inmediata, completa, incondicional y verificable”, y que la vida y salud de cientos de personas sigue en juego.

Mientras tanto, el flujo de familias que denuncian la situación de sus parientes ante Foro Penal refleja tanto el miedo acumulado como la renovada esperanza de que la presión internacional y la visibilidad pública puedan finalmente abrir la puerta a la justicia y la libertad en Venezuela.

(Con información de The Associated Press)