Ayer América Latina presenció un acontecimiento de profundas implicaciones estratégicas en la geopolítica y en la seguridad hemisférica. La captura de Nicolás Maduro, jefe de una organización criminal transnacional, a través de la operación denominada Absolute Resolve, ante la impunidad prolongada de una dictadura sanguinaria, marca un punto de inflexión y es un golpe mortal al crimen transnacional organizado y al narcotráfico.

Maduro rendirá cuentas a la justicia. Así se marca el inicio del cierre de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente y abre un debate ineludible en el actual paradigma de las RRII y de la responsabilidad de la comunidad internacional frente a regímenes criminales. El ordenamiento jurídico internacional está con los ciudadanos de Venezuela y no para la impunidad de los tiranos.

El socialismo del siglo XXI, sus “franquicias” y sus aliados regionales han sido cómplices de un modelo que convirtió a Venezuela en un Estado fallido y destruyó la vida de millones de venezolanos. La combinación de autoritarismo, corrupción estructural y captura criminal del aparato estatal produjo una devastación sin precedentes: hiperinflación crónica, colapso de los servicios públicos, desinstitucionalización total, narcotráfico sistematizado desde el poder y un éxodo forzado de más de siete millones de ciudadanos. A ello se suman cientos de presos políticos, ejecuciones extrajudiciales, torturas documentadas y una política deliberada de hambruna como mecanismo de control social.

El fraude electoral de julio de 2024 —que desconoció la victoria clara e incontrovertible de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado— no fue un episodio aislado, sino la confirmación definitiva de una usurpación sostenida exclusivamente por la coacción. Ese acto extinguió cualquier menoscabo de legitimidad democrática. Maduro dejó de ser, incluso formalmente, un jefe de Estado para convertirse en un usurpador con control de facto.

La acción emprendida por el presidente Donald Trump se inscribe en un marco jurídico excepcional pero reconocible. Maduro enfrenta acusaciones formales ante tribunales estadounidenses por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico internacional de drogas, crímenes de naturaleza transnacional que activan el principio de jurisdicción universal. Estos delitos no son asuntos internos: afectan directamente a la seguridad internacional y erosionan el orden jurídico global.

La soberanía no es solo control territorial, sino una obligación primaria del Estado de proteger a su población. Cuando un régimen no solo incumple esta obligación, sino que se convierte en el principal perpetrador de crímenes masivos, la responsabilidad se transfiere a la comunidad internacional. Venezuela cumplía, desde hace años, todas las condiciones que activan esta condición: crímenes de lesa humanidad, persecución política sistemática, desplazamiento forzado y ausencia total de correctivos internos. Los mecanismos multilaterales regionales —la OEA, el TIAR y otros instrumentos hemisféricos— fueron sistemáticamente bloqueados por la dictadura y por Estados que privilegiaron afinidades ideológicas sobre principios democráticos.

El precedente histórico de Manuel Antonio Noriega en Panamá, cuya captura fue posteriormente legitimada por la comunidad internacional, confirma una verdad incómoda pero necesaria: el orden internacional liberal se erosiona cuando tolera la impunidad de los tiranos.

Es legítimo reconocer que esta operación ha generado severas críticas, incluso entre sectores que han denunciado con firmeza al régimen venezolano. La preocupación por el unilateralismo y la no intervención merece atención seria. Sin embargo, cuando un régimen ilegítimo se convierte en una amenaza internacional y en un perpetrador sistemático de la barbarie, la neutralidad deja de ser una opción moralmente razonable.

Hoy, la discusión central debe ser el futuro. Venezuela necesita con urgencia una transición pacífica, ordenada y liderada por los legítimos representantes de la voluntad popular. Edmundo González Urrutia, presidente electo el 28 de julio de 2024, junto con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y símbolo indiscutible de la resistencia democrática, están llamados a encabezar este proceso histórico, en el cual sería completamente inaceptable la participación de los cómplices criminales del dictador, encabezados por Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.

La comunidad internacional tiene un deber ineludible: apoyar sin ambigüedades la restauración democrática mediante el levantamiento inmediato de sanciones al gobierno legítimo, una respuesta humanitaria masiva, la reconstrucción económica y garantías efectivas para el retorno seguro y digno de los exiliados.

El pueblo venezolano ha soportado un sufrimiento indecible. Los responsables deberán responder por sus crímenes, Hoy, por primera vez en muchos años, recupera la posibilidad de decidir su destino. Este día no solo marca el final de una dictadura; envía un mensaje inequívoco al mundo: las tiranías no son eternas cuando el mundo libre actúa con determinación. Pero el corolario es igualmente inexorable: Venezuela debe asumir en adelante las riendas de este proceso, para decidir con libertad el futuro que desea moldear como nación.

* El autor es expresidente de la República del Ecuador.