INTERNACIONAL
Nuevos enfrentamientos sectarios en la provincia siria de Sweida dejan al menos cuatro muertos
Al menos cuatro personas murieron el domingo en la provincia de Sweida, al sur de Siria, tras la reanudación de los enfrentamientos a pesar del alto el fuego que inició el 20 de julio. La tregua se había establecido tras una serie de hechos violentos entre drusos y beduinos, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).
La ONG indicó que tres miembros de las fuerzas de seguridad sirias murieron cuando estallaron los combates “con facciones locales en el eje de Tal Hadid, en el oeste de la provincia de Sweida”. Anteriormente, según el OSDH, “un miembro de las facciones locales, originario de Sweida”, había sido asesinado en Tal Hadid, “un punto estratégico elevado” en el oeste de la provincia.
Esta provincia, de mayoría drusa, fue escenario de choques entre esta minoría esotérica y beduinos sunitas, antes de que los combates se intensificaran con la llegada de fuerzas gubernamentales y combatientes tribales que prestaron apoyo a los beduinos. La situación permanece tensa y el acceso a la región continúa siendo difícil.
Según el OSDH, los combates volvieron a intensificarse en los alrededores de la ciudad de Thaala tras el uso de cohetes y armas pesadas disparados desde áreas controladas por el gobierno.
La agencia estatal de noticias siria SANA acusó a grupos drusos leales al influyente líder espiritual Hikmat al Hijri de violar el alto el fuego al atacar a las tropas gubernamentales en Tal Hadid, matando a un oficial de las fuerzas de seguridad e hiriendo a otros.
Por su parte, las autoridades sirias acusaron a “grupos que actúan al margen de la ley” de atacar y matar a un policía e herir a otro en la provincia de Sweida, en violación de la tregua acordada tras la ola de violencia de julio, que dejó cientos de fallecidos. Según declaraciones reproducidas por la televisión oficial Al Ijbariya, fuerzas de seguridad informaron que “grupos ilegales atacaron a las fuerzas en Sweida y bombardearon varias aldeas periféricas”.
Estas violaciones, señalaron fuentes de seguridad, provocaron la muerte de un agente y heridas a otro, sin aportar detalles sobre los atacantes ni las zonas afectadas. Las mismas fuentes destacaron: “Estos ataques demuestran la intención de los grupos ilegales de mantener Sweida en un ciclo permanente de tensión, escalada y caos de seguridad, en una etapa en que el Gobierno busca restablecer el orden y facilitar el retorno de servicios y vida a la provincia”.
Desde mediados de julio, Sweida fue escenario de violentos enfrentamientos entre clanes beduinos y grupos de la minoría drusa, los cuales terminaron enfrentándose también a tropas oficiales cuando estas fueron desplegadas para reestablecer el control. Durante ocho días, la escalada ocasionó cientos de muertos y desplazó a decenas de miles de personas.
Aunque el alto el fuego se mantiene oficialmente, continúan registrándose incidentes y violaciones de la tregua. Durante la ola violenta, organizaciones y activistas locales denunciaron varios abusos contra la población civil de ambos bandos, incluyendo presuntos asesinatos extrajudiciales de drusos por individuos vinculados a las fuerzas de seguridad.
El Ministerio de Justicia de Siria ordenó el pasado jueves la creación de un comité encargado de investigar los hechos y las circunstancias que dieron origen a los enfrentamientos, así como los ataques y “violaciones” cometidas durante la crisis.
Los enfrentamientos registrados en julio expusieron uno de los desafíos principales para Ahmad al Sharaa, presidente interino y líder islamista de la coalición rebelde que depuso al dictador Bashar al Asad en diciembre, después de casi 14 años de guerra civil.
Diversas minorías en Siria han manifestado inquietud por su seguridad tras la llegada al poder de Al Sharaa. Aunque las nuevas autoridades han insistido en su compromiso de proteger a todos los grupos étnicos y religiosos del país, los asesinatos de más de 1.400 alauitas en la costa, sumados a la violencia desatada en Sueida, alimentaron importantes dudas sobre esa promesa.
De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) y habitantes de Sweida, Damasco impuso un asedio sobre la provincia. La organización acusó a las autoridades de «imponer un bloqueo a la provincia para someter a sus habitantes“. Este cerco dejó a la población sin acceso a recursos básicos y asistencia externa.
El viernes, residentes de Sweida realizaron protestas para reclamar el retiro de las fuerzas gubernamentales y la habilitación de un corredor humanitario desde Jordania. La carretera que conecta Sweida con Damasco permanece interrumpida desde el 20 de julio.
Damasco responsabiliza a grupos drusos por el bloqueo, pero el OSDH sostiene que fuerzas armadas afines al gobierno tomaron el control de la zona y mantienen el bloqueo al tránsito.
La ONU logró enviar algunos convoyes de ayuda a la provincia. Sin embargo, una fuente del Ministerio del Interior informó el domingo a la televisión estatal siria que el corredor humanitario fue cerrado temporalmente “hasta que se garantice la seguridad de la zona”.
La situación refleja la fragilidad de la nueva administración y el creciente temor de las minorías frente a la persistencia de ataques y bloqueos.
Middle East,Military Conflicts,BUSRA AL-HARIR
INTERNACIONAL
Eduardo Bolsonaro, el hijo «provocador» en el centro del duelo arancelario entre Estados Unidos y Brasil
Joven pero con una larga carrera
El Presidente Javier Milei se reunió con Eduardo Bolsonaro, en el marco de su gira por EE.UU.INTERNACIONAL
Marjorie Taylor Greene urges Trump to commute George Santos’ federal prison sentence: ‘Far worse offenses’
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Rep. Marjorie Taylor Greene, R-Ga., is urging that President Donald Trump commute former Rep. George Santos’ seven-year sentence, calling the punishment «a grave injustice» and an «abusive overreach by the judicial system.»
The former New York congressman was sentenced to 87 months, or just over seven years, after pleading guilty in 2024 to wire fraud and aggravated identity theft. Santos reported to prison on July 25 to begin serving his sentence.
Santos was assessed the maximum sentence in April by U.S. District Judge Joanna Seybert. He was also ordered to pay nearly $374,000 in restitution and forfeit more than $205,000 in fraud proceeds.
Santos’ guilty plea followed an investigation into campaign finance fraud, donor identity theft and false COVID-era unemployment claims.
FORMER CONGRESSMAN GEORGE SANTOS DELIVERS ‘GLAMOROUS’ FAREWELL BEFORE GOING TO PRISON: ‘THE CURTAIN FALLS’
On Monday, Greene said in a post on X that she sent a letter to the Office of the Pardon Attorney urging Trump to commute Santos’ sentence.
«A 7-year prison sentence for campaign-related charges is excessive, especially when Members of Congress who’ve done far worse still walk free,» she wrote in the post. «George Santos has taken responsibility. He’s shown remorse. It’s time to correct this injustice. We must demand equal justice under the law!»
Greene addressed her letter to the Honorable Edward R. Martin Jr., pardon attorney for the U.S. Department of Justice (DOJ), and she acknowledged the gravity of the actions by her former colleague.
ABREGO GARCIA LAWYERS SEEK SANCTIONS ON TRUMP OFFICIALS OVER STONEWALLING, DEFYING COURT ORDERS
Former U.S. Rep. George Santos arrives to court in Central Islip, N.Y., Aug. 19, 2024. (Stefan Jeremiah/AP Photo)
«As a Member of Congress, I worked with Mr. Santos on many issues and can attest to his willingness and dedication to serve the people of New York who elected him to office,» she wrote. «He is sincerely remorseful and has accepted full responsibility for his actions. Furthermore, my office has spoken with a pastor of his who discussed the regret and remorse of Mr. Santos, agreeing that the sentence imposed is a grave injustice.
«While his crimes warrant punishment, many of my colleagues who I serve with have committed far worse offenses than Mr. Santos yet have faced zero criminal charges,» Greene continued. «I strongly believe in accountability for one’s actions, but I believe the sentencing of Mr. Santos is an abusive overreach by the judicial system.»
Prosecutors shared how Santos and his campaign treasurer, Nancy Marks, doctored donor reports to qualify for national Republican Party funding. They fabricated contributions from Santos’ family and falsely reported a $500,000 loan from Santos, though he had under $8,000 in his accounts.
TRUMP COMMUTES SENTENCE OF MAJOR POLITICAL DONOR IN LATEST ROUND OF CLEMENCY
Rep. Marjorie Taylor Greene, R-S.C., is urging President Donald Trump to commute the seven-year sentence of former Rep. George Santos, who was sentenced for wire fraud and identity theft. (Anna Moneymaker/Getty Images)
He also stole credit card information from donors, including «victims he knew were elderly persons suffering from cognitive impairment or decline» and made unauthorized charges to fund both campaign and personal expenses, according to the DOJ. Santos also used a fake political fundraising company to solicit tens of thousands of dollars, which he spent on «designer clothing.»
During the pandemic, Santos fraudulently claimed over $24,000 in unemployment benefits while employed at an investment firm. He also submitted false congressional financial disclosures to the House.
Santos was elected in 2022 after flipping New York’s 3rd District for the GOP. His resumé was easily debunked. He falsely claimed academic degrees, Wall Street jobs and family ties to the Holocaust and 9/11.
He was expelled from Congress in December 2023 after a scathing ethics report, becoming just the sixth member ever removed from the People’s House.
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Santos has remained publicly active after his sentencing, selling video messages on Cameo and making social media posts.
Unless pardoned, Santos is expected to remain incarcerated until at least early 2032. He has reportedly appealed to President Donald Trump for clemency.
Greene and the White House did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.
Fox News Digital’s Jasmine Baehr contributed to this report.
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La experiencia de navegar por internet en Rusia se ha transformado en una rutina cada vez más limitada y vigilada. Plataformas como YouTube que no cargan, páginas de medios independientes que no se muestran o redes móviles que se interrumpen por horas ya no son fallos técnicos, sino manifestaciones concretas de una política deliberada del Kremlin.
El presidente Vladimir Putin instó al gobierno a “reprimir” los servicios de Internet extranjeros y ordenó a los funcionarios elaborar una lista de plataformas de estados “hostiles” que deberían ser restringidas.
Desde hace más de una década, el gobierno ruso ha desplegado una estrategia progresiva para someter el espacio digital a su control. A través de una combinación de legislación restrictiva, vigilancia masiva y presión sobre empresas tecnológicas, busca asegurar que el contenido disponible en línea se adecue a los lineamientos oficiales. Esta tendencia se intensificó tras las protestas de 2011-2012, cuando internet fue una herramienta clave para la organización ciudadana y la crítica al poder.
El objetivo es claro: construir una infraestructura digital que pueda ser aislada del resto del mundo. En paralelo, se han perfeccionado herramientas de inspección profunda de paquetes (DPI) y sistemas de censura selectiva, inspirados en el modelo chino del “Gran Cortafuegos”.
La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 aceleró este proceso. X, Facebook, Instagram, Signal y otros servicios quedaron bloqueados. También se intensificó la persecución del uso de redes privadas virtuales (VPN), las únicas herramientas capaces de sortear las restricciones.
El acceso a YouTube, plataforma utilizada tanto para el entretenimiento como para el activismo opositor —incluido el canal de Alexei Navalny—, fue limitado intencionalmente. Según el Kremlin, la interrupción se debió a la falta de mantenimiento de equipos por parte de Google, pero expertos en derechos digitales señalan que se trató de una acción deliberada.
Empresas como Cloudflare y proveedores occidentales de servicios de alojamiento web también han sido objeto de restricciones, forzando a muchos sitios rusos a trasladarse a servidores nacionales, donde la vigilancia y el control estatal son mayores.
Una reciente legislación rusa amplía la criminalización de búsquedas en línea de materiales considerados “extremistas”. La definición es amplia e incluye desde contenidos LGBTQ+ hasta las memorias de Navalny. Aunque todavía es difícil rastrear búsquedas individuales a gran escala, los expertos advierten que unos pocos juicios bastan para sembrar el miedo.
El uso de WhatsApp, que tenía más de 97 millones de usuarios mensuales en abril, también está en la mira. Legisladores oficialistas amenazan con su posible bloqueo y promocionan MAX, una nueva aplicación de mensajería nacional creada por la red social VK. La aplicación, todavía en etapa beta, permite enviar mensajes, pagar servicios y acceder a trámites estatales, pero establece que los datos de los usuarios pueden ser compartidos con las autoridades.
Además, una nueva ley exige que MAX venga preinstalada en todos los smartphones vendidos en Rusia, mientras se incentiva a instituciones públicas y empresas a migrar sus comunicaciones a esta plataforma.
El Estado también ha avanzado en consolidar el ecosistema técnico de la red. Aumentó drásticamente el costo de las licencias para proveedores de internet y concentra más de la mitad de las direcciones IP en siete grandes empresas, entre ellas Rostelecom, de propiedad estatal.
Según Human Rights Watch, estas medidas buscan sofocar la infraestructura independiente, y reflejan años de aprendizaje técnico y adaptación del gobierno ruso. La combinación de sanciones occidentales y la salida de empresas tecnológicas tras la invasión a Ucrania ha facilitado este proceso.
Aunque Rusia aún no ha alcanzado el nivel de aislamiento digital de China, se acerca cada vez más. Las interrupciones puntuales de servicios como WhatsApp y Telegram durante el último julio podrían ser ensayos para bloqueos futuros.
El abogado y activista Sarkis Darbinyan advierte que el único modo de imponer aplicaciones como MAX será “cerrar y sofocar” toda alternativa extranjera. Sin embargo, recuerda que los hábitos de uso de internet no se transforman fácilmente: “Estos hábitos se adquirieron durante décadas, cuando internet era rápido y libre”.
Desde el punto de vista técnico, Roskomnadzor —el ente regulador estatal— ha logrado avances en la vigilancia y censura del tráfico digital, refinando métodos de inspección y estrangulamiento selectivo del contenido.
Expertos y organizaciones de derechos humanos califican el avance del Kremlin como una “muerte por mil cortes”. En lugar de un apagón abrupto, la estrategia de Moscú apunta a un control paulatino, multifacético y profundo. En ese camino, Rusia está construyendo una red paralela, cerrada al escrutinio externo, y sometida al poder estatal.
El resultado es un ecosistema digital en retroceso, donde el acceso a información libre se reduce progresivamente y donde las consecuencias por buscar, leer o compartir ciertos contenidos pueden ser graves. Un internet cada vez menos global y más ruso.
(Con información de AP)
Europe,Government / Politics,MOSCOW
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