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Ofensiva en EE.UU. para evitar las vacunas contra el sarampión, polio y otras enfermedades

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Aliados de larga data de Robert F. Kennedy Jr., el ministro de salud de Estados Unidos, han lanzado una nueva iniciativa para revocar leyes que durante décadas han exigido que los chicos se vacunen contra el sarampión, la polio y otras enfermedades antes de ingresar al jardín de infantes.

Una coalición recién formada de activistas está atacando leyes que se consideran fundamentales para la protección contra enfermedades mortales. Los estados han exigido desde hace tiempo la vacunación infantil antes de que los niños puedan comenzar la guardería o la escuela, aunque existen algunas exenciones.

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«Lo que tenemos que hacer es romper la barrera», dijo Leslie Manookian, impulsora de una ley que prohibió los mandatos médicos en Idaho, a sus partidarios en una llamada reciente.

Manookian lidera la Coalición por la Ley de Libertad Médica, un nuevo grupo paraguas de al menos 15 organizaciones sin fines de lucro que aboga por el fin de las leyes estatales que codifican lo que llaman mandatos médicos, que se refieren principalmente a las vacunas.

Hasta ahora, se han presentado proyectos de ley en al menos nueve estados que eliminarían todos o casi todos los requisitos escolares, desde estados demócratas como Nueva York, donde no hay posibilidad de aprobación, hasta estados como Nuevo Hampshire, Georgia, Iowa e Idaho, donde las propuestas han cobrado cierta fuerza.

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Muchos defensores de las vacunas ven la iniciativa estatal como una segunda etapa en el desmantelamiento de la infraestructura de vacunas del país, basándose en la importante reducción de las vacunas recomendadas por el gobierno federal propuesta por el Sr. Kennedy.

Si bien no es del todo nueva, la estrategia demuestra una comprensión sofisticada de cómo intentar desentrañar más de 100 años de progreso en la protección infantil de patógenos mortales, afirmó Sara Rosenbaum, profesora emérita de derecho sanitario de la Universidad George Washington y exfuncionaria de salud de la administración Clinton.

«Están ebrios de su aparente poder, porque tienen a uno de los suyos en la secretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos», dijo la Sra. Rosenbaum, refiriéndose al puesto del Sr. Kennedy en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Creen que es el momento de arriesgarse y simplemente eliminar por completo los requisitos.

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Los grupos de la nueva coalición incluyen Children’s Health Defense, la organización sin fines de lucro que el Sr. Kennedy cofundó, y otros dos creados para apoyar su iniciativa MAHA (Make America Healthy Again). Uno de ellos, el Instituto MAHA, trabaja en políticas estatales y afirmó estar contratando personal para apoyar la agenda.

Resistencia en los estados demócratas

La retirada del ministro Kennedy de las recomendaciones federales sobre vacunas, que se han mantenido durante mucho tiempo, ha provocado una oleada de actividad a nivel estatal. A medida que sus políticas se consolidan, algunos estados con tendencia demócrata han creado sus propias alianzas para rechazar las nuevas directrices federales sobre vacunas, mientras que algunos estados liderados por republicanos han optado por consagrarlas.

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En un evento de la Fundación Heritage con el Sr. Kennedy este mes, Kim Mack Rosenberg, asesora general de Children’s Health Defense, afirmó que una alta prioridad sería deshacer los requisitos estatales.

«En última instancia, el objetivo es eliminar los mandatos», declaró Mack Rosenberg.

«Especialmente cuando se vinculan esos mandatos a la asistencia escolar, se crea una situación increíblemente difícil para las familias», añadió.

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Cuando se le preguntó en un evento en Tennessee a principios de este mes sobre la iniciativa para derogar los requisitos de ingreso a la escuela, Kennedy dijo que no participaba en el esfuerzo. Pero añadió: «Creo en la libertad de elección», lo que provocó el aplauso del público. Dijo que apoyaba que las personas tomaran decisiones sobre las vacunas junto con sus familias y médicos.

Manookian afirmó que el esfuerzo de la coalición busca poner fin a lo que ella consideraba coerción relacionada con todas las intervenciones médicas. «Se trata de devolver el poder a la persona», declaró en una entrevista.

Las propuestas para eliminar los requisitos de vacunación para el ingreso a la escuela han tenido resultados dispares: algunos esfuerzos se han estancado en Oklahoma e Indiana, y otros están pendientes, incluso en Virginia Occidental. Un proyecto de ley en Arizona también está pendiente, pero se espera que enfrente el veto del gobernador, un demócrata, y es poco probable que uno en Nueva York sea aprobado por la legislatura estatal, controlada por los demócratas. Quienes respaldan la coalición esperan que se presente un proyecto de ley en Luisiana el próximo mes.

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En Florida, a pesar de la intención declarada de las autoridades estatales de poner fin a los mandatos de vacunación infantil, no Se ha presentado un proyecto de ley que eliminaría las normas de admisión a la escuela. Sin embargo, una propuesta permitiría una exención por «conciencia» o creencias personales que facilitaría a los padres la renuncia a las vacunas.

La polémica por las vacunas crece en Estados Unidos. Foto: AP

Alarma entre los pediatras

Las iniciativas para revocar las leyes estatales han alarmado a los pediatras y a otros defensores de las vacunas, quienes sostienen que existe una amplia aceptación entre los padres y el público en general de vacunar a los niños pequeños.

Los expertos en salud pública consideran que la eliminación de los requisitos escolares es una forma segura de reducir la cobertura de vacunación, lo que resulta en un aumento repentino de casos de sarampión y tos ferina, seguido posteriormente de posibles brotes de rubéola y polio. Las consecuencias son evidentes en Carolina del Sur, donde un brote de sarampión ha afectado a más de 900 personas, incluyendo al menos 19 que fueron hospitalizadas con complicaciones como neumonía e inflamación cerebral.

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En varias escuelas en el epicentro del brote, menos del 80% de los estudiantes habían recibido todas las vacunas infantiles requeridas, muy por debajo del 95% necesario para detener la propagación del sarampión, un virus altamente contagioso.

Sin embargo, ha surgido una potente barrera de protección contra el debilitamiento de los mandatos de vacunación. Varias encuestas muestran que los votantes penalizarían a los legisladores que estén a favor de eliminar los requisitos escolares. En una encuesta reciente, realizada por The Wall Street Journal, los votantes dieron a los demócratas una ventaja del 9% sobre los republicanos cuando se les preguntó qué partido es el más adecuado para gestionar la política de vacunación.

Dos encuestas encargadas por defensores de las vacunas y realizadas por empresas con inclinaciones republicanas revelaron que los votantes de Florida y Tennessee no apoyarían a los legisladores que desean eliminar los mandatos de vacunación escolar. Una encuesta de Fabrizio Ward, una empresa en la que el presidente Trump confía, reveló que los votantes indecisos en contiendas congresionales reñidas le restarían unos 20 puntos porcentuales a un candidato republicano crítico con las vacunas.

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«El escepticismo sobre las vacunas es una mala política», decía el memorando de Fabrizio Ward.

Los defensores de las vacunas siguen preocupados por las propuestas en New Hampshire, Iowa, Idaho, Georgia y posiblemente otros estados que podrían eliminar o limitar drásticamente los requisitos de vacunación para el ingreso a la escuela.

«Enfermedad sin control»

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«Antes de las vacunas, uno de cada cinco niños no llegaba a cumplir cinco años», afirmó Jennifer Herricks, directora de defensa de American Families for Vaccines, una organización sin fines de lucro que recibe parte de su financiación de los fabricantes de vacunas. «Estas políticas han servido para proteger a los niños en el momento en que son más vulnerables a estas enfermedades».

En New Hampshire, los escépticos de las vacunas dominaron una larga audiencia sobre un proyecto de ley que eliminaría las vacunas obligatorias para las escuelas, pero que fue modificado para mantener la vacuna contra la polio. Funcionarios del departamento de salud afirmaron que la propuesta incumpliría con los requisitos de las subvenciones federales y le costaría varios millones de dólares anuales destinados a la vacunación de niños de bajos ingresos.

Si se aprueba el proyecto de ley, podría producirse una «enfermedad generalizada sin control», declaró Megan Petty, jefa de la Oficina de Control de Enfermedades Infecciosas de New Hampshire.

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El Dr. Joseph Ladapo, director general de salud pública de Florida, estuvo en Tampa el pasado marzo. En otoño, anunció que el estado quería eliminar los requisitos de vacunación. Crédito… Chris O’Meara/Associated Press

Idaho aprobó una ley en 2025 que elimina los mandatos médicos para vacunas u otras intervenciones, pero no abordó ni modificó específicamente los requisitos de vacunación para guarderías o escuelas, afirmó la Sra. Manookian.

Añadió que planeaba apoyar una nueva propuesta en Idaho que… Algunos distritos escolares de Idaho se han mantenido firmes en los requisitos de vacunación a pesar de la prohibición general de la ley vigente contra los mandatos médicos, afirmó.

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«Cuanto más se entrometen las escuelas y las guarderías», afirmó, «más se perjudican a sí mismas».

Chris Anders, legislador republicano de Virginia Occidental, presentó este mes un proyecto de ley que eliminaría los mandatos de vacunación escolar, incluyendo el requisito de que los departamentos de salud de los condados ofrezcan vacunas gratuitas a los niños de bajos ingresos. Añadió que era poco probable que otros legisladores impulsaran la medida.

«Si las personas deciden no vacunarse, es su decisión», afirmó. «Al igual que si deciden no usar el cinturón de seguridad, el casco de motocicleta o cualquier otra cosa. Si deciden eso, sufren las consecuencias».

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El año pasado, en Texas, el gobernador Greg Abbott firmó discretamente un proyecto de ley que abrió la puerta a demandas contra los fabricantes de vacunas que se anuncian en el estado.

En Florida, el Dr. Joseph Ladapo, director general de servicios de salud, anunció el otoño pasado que el estado eliminaría los requisitos de vacunación. Ante la falta de una propuesta en la legislatura para que esto suceda, se está avanzando en un esfuerzo reducido para cambiar las normas estatales.

Las autoridades de Florida buscan derogar el requisito de que los niños sean vacunados contra la varicela, la hepatitis B, la bacteria neumocócica y la Haemophilus influenzae tipo B (Hib), una enfermedad que puede ser mortal.

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El estado celebró una polémica audiencia en diciembre sobre el plan. Entre los testigos se encontraba Jamie Schanbaum, a quien le amputaron los dedos y la parte inferior de las piernas tras enfermar gravemente de meningitis, enfermedad que se previene con la vacuna neumocócica. Ha defendido ampliamente la vacuna y en diciembre pidió a los líderes de Florida que mantuvieran vigentes sus requisitos de vacunación.

«Es muy frustrante», dijo en una entrevista, «ver y experimentar la realidad actual y que nuestras directrices médicas más importantes y respetadas no se tomen en serio».

Fuente: The New York Times

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Panamá eliminará 26 mil sociedades este 31 de marzo

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Ya se han eliminado 180,346 personas jurídicas del universo correspondiente a 2016. Tomada de Facebook

Un total de 26 mil sociedades serán disueltas en Panamá este 31 de marzo de 2026, como parte del proceso de depuración del registro corporativo que impulsa el Gobierno.

Esta nueva fase se suma a las 180,346 personas jurídicas ya disueltas, correspondientes al universo del año 2016, en un esfuerzo que busca ordenar la información empresarial, reforzar la trazabilidad de las estructuras legales y fortalecer la transparencia del sistema financiero panameño.

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Con esta jornada, el país alcanzará un avance acumulado del 71% en la depuración de ese grupo histórico, lo que convierte esta etapa en una de las más relevantes dentro del proceso de saneamiento corporativo.

La medida no se limita a borrar registros, sino que apunta a eliminar sociedades que permanecían suspendidas, inactivas o con inconsistencias, afectando la calidad de los datos oficiales y debilitando los mecanismos de control institucional.

Una persona jurídica es una entidad creada conforme a la ley, como una sociedad anónima, fundación o empresa, que puede tener derechos y obligaciones propias, distintas a las de sus dueños o representantes.

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Vista de un escritorio con documentos de visa H-1B, una lupa, un ábaco, un tintero con pluma y un bolígrafo, todo sobre una superficie de madera.
Se proyecta la disolución de 100 mil sociedades adicionales antes del 30 de abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, este tipo de estructura permite firmar contratos, abrir cuentas, declarar impuestos, adquirir bienes y desarrollar actividades económicas. Precisamente por ese peso legal y operativo, el Estado exige que estas entidades mantengan su información actualizada y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa panameña.

El problema aparece cuando esas estructuras dejan de operar o incumplen con obligaciones básicas, pero siguen figurando en los registros oficiales. Eso genera un sistema más opaco, menos confiable y más vulnerable al uso indebido de sociedades para fines distintos a los declarados.

Por eso, la depuración busca dejar activo únicamente el universo de entidades que realmente cumplen con sus deberes, permitiendo una mejor supervisión, una base de datos más limpia y un entorno corporativo más coherente.

Para avanzar en ese objetivo, el gobierno implementó mejoras en las plataformas tecnológicas que conectan al Registro Público, la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Dirección General de Ingresos.

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Panamá busca mejorar su posición frente a evaluaciones internacionales de transparencia. Alex E. Hernández V.
Panamá busca mejorar su posición frente a evaluaciones internacionales de transparencia. Alex E. Hernández V.

Entre los cambios figura la incorporación de un identificador único de persona jurídica y la conformación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) a partir de los datos registrales, lo que permite una verificación cruzada de la información y fortalece la confiabilidad del sistema.

Ese cruce automático de datos tiene un valor práctico importante. Permite detectar duplicidades, inconsistencias y errores en los registros, pero también mejora la capacidad del Estado para rastrear el estatus real de cada sociedad.

En otras palabras, ya no se trata solo de revisar expedientes de forma aislada, sino de tener un ecosistema institucional donde las entidades puedan validar información entre sí y actuar con más rapidez frente a irregularidades.

Las autoridades también han advertido que la depuración no termina con esta fase. De manera adicional, ya se encuentra en curso el análisis de las personas jurídicas correspondientes al período 2017–2025, y como parte de ese proceso se prevé que al 30 de abril de 2026 se realice la disolución de aproximadamente 100 mil sociedades ya homologadas, dentro de una etapa previamente planificada y ejecutada de forma ordenada.

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Como parte de la estrategia de transparencia, el Registro Público habilitó en su portal institucional un espacio con listados descargables en Excel de personas jurídicas candidatas a disolución y de sociedades que serán disueltas. egistro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ya se han eliminado 180,346 personas jurídicas del universo correspondiente a 2016. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el sitio incluye información para corregir inconsistencias en el RUC, resolver duplicidades y comprender las implicaciones de una suspensión o una disolución. Con eso, las autoridades buscan que los propios contribuyentes revisen el estado de sus sociedades antes de que avancen las próximas etapas.

En paralelo, la DGI recordó que toda persona jurídica debe mantener un único RUC activo. Si existen duplicidades u otras inconsistencias, el trámite debe hacerse de forma presencial en la sección correspondiente de la sede central, con documentos como poder notariado, memorial de solicitud, copia de identificación del representante legal y certificación vigente del Registro Público o copia del pacto social.

Las autoridades también exhortaron a verificar si la persona jurídica presenta otras causales de suspensión en el Registro Público, como problemas con el agente residente, los registros contables, los beneficiarios finales o el incumplimiento de otras leyes. Si esas observaciones siguen activas, la sociedad puede ser objeto de disolución en próximas fases.

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La importancia de este proceso va más allá del papeleo. Panamá lleva años bajo presión internacional para demostrar que su sistema corporativo cuenta con controles reales y que no sirve como refugio para estructuras opacas.

Por eso, depurar sociedades suspendidas, homologar datos y mejorar la interoperabilidad institucional no es un ejercicio decorativo: es una pieza clave en la estrategia del país para mejorar su posición ante evaluaciones técnicas internacionales y avanzar hacia la salida de listas fiscales.



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House GOP’s DHS funding measure survives critical hurdle but path uncertain in Senate

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

House Republicans’ gambit to end the ongoing Department of Homeland Security shutdown survived a critical hurdle on Friday evening, teeing up a chamber-wide vote that will put the chamber on a collision course with the Senate. 

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The House Rules Committee advanced a two-month DHS stopgap measure after House GOP leadership vigorously rejected a Senate-passed deal earlier on Friday with House Speaker Mike Johnson, R-La., dubbing the funding bill a «joke.» President Donald Trump also criticized the Senate bill in an interview with Fox News.

The Senate deal provided full-year appropriations for DHS minus funding for Immigration and Customs Enforcement (ICE), halting roughly $5.5 billion for the agency. It also largely nixed funds for U.S. Customs and Border Protection (CBP), save for just over $11 billion for operations and support.

«The Senate’s proposal is nothing more than unconditional surrender masquerading as a solution, and the House will not bend itself into submission by acquiescing,» House Rules Committee Chairwoman Rep. Virginia Foxx, R-N.C., said Friday.

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Chairwoman Rep. Virginia Foxx, R-N.C., arrives for the House Rules Committee hearing in the Capitol on Wednesday, April 9, 2025. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

DHS SHUTDOWN BREAKTHROUGH COMES AT COST FOR REPUBLICANS AS FUNDING FIGHTS NEARS END

House Republicans are expected to have the votes to pass the 60-day CR in a chamber-wide vote, though Johnson will be able to spare just one GOP defection in a party-line scenario. A vote on final passage could occur as early as Friday evening.

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House Democrats are expected to line up against the short-term funding patch, citing their opposition to funding Trump’s immigration enforcement efforts absent myriad reforms. House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., is also pinning the blame on House Republicans for prolonging the 42-day government shutdown.

«This could end and should end today,» Jeffries said Friday. «There is a bipartisan bill that has been sent over from the Senate that would reopen the non-controversial parts of the Department of Homeland Security, make sure TSA agents are paid and end the chaos at airports throughout the nation.»

Any CR from the House stands no chance of surviving in the Senate, given that Senate Democrats blocked numerous attempts by Republicans throughout the shutdown to pass short-term, two-week extensions.

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Lawmakers in the upper chamber have also left Washington, D.C., with some going abroad on congressional delegations.

Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., immediately came out against Johnson’s plan and said that Democrats and Republicans reached unanimous agreement to advance the DHS funding bill while carving out immigration enforcement funding.

Speaker Mike Johnson and his leadership team

House Speaker Mike Johnson, Representative Lisa McClain, and Representative Steve Scalise, left to right, during a news conference at the U.S. Capitol in Washington, DC, US, on Thursday, Oct. 16, 2025.  (Al Drago/Bloomberg via Getty Images)

‘SHIP HAS SAILED’: THIS IS WHAT DEMS WON’T GET IN DHS DEAL AFTER SHUNNING GOP

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«A 60-day CR that locks in the status-quo is dead on arrival in the Senate, and Republicans know it,» Schumer said.

And a GOP aide told Fox News Digital that «the easiest way to end this shutdown is for the House to pass the Senate-passed bill.»

«We know the Democrats are not going to support a CR, in fact the Senate tried to pass CRs for the last 40 days and Dems have blocked Every. Single. One,» they said.

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When asked about its uncertain prospects in the Senate, House GOP leadership Conference Chair Lisa McClain, R-Mich., told Fox News Digital that she hoped the upper chamber returned to Washington next week.

«I will tell you what can’t pass is what is what the Senate sent us at three in the morning,» McClain said. «We will not go back to the Biden administration, where we had wide open borders.»

Senate Republicans are already determined to front-load funding for ICE and CBP for the next several years in a new budget reconciliation bill, just as they did last year when Congress passed President Donald Trump’s «big, beautiful bill.»

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Hakeem Jeffries and Chuck Schumer speak at a press conference.

Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., didn’t believe that Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., nor House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., would be honest brokers in the upcoming DHS negotiations.  (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

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However, McClain insisted Friday that funding for ICE and Border Patrol must be handled through the appropriations process, rather than receiving additional money through another party-line megabill.

«Border deserves a guarantee. I’m not willing to roll the dice on ‘Oh, let’s try and do it in reconciliation.’ No. Let’s do what the American people sent us here in the ‘24 election to do, and that’s make sure our people are safe and our borders remain closed.»

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Venezuela aprueba extraditar a Panamá a sospechoso de atentado aéreo de 1994

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El ciudadano Ali Zaki Hage Jalil, aprehendido en Venezuela como sospechoso del atentado del vuelo de Alas Chiricanas en 1994 en la provincia de Colón. Tomada de TVN

Panamá anunció que Venezuela aprobó la extradición del principal sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, un paso que reactiva, fortalece y acelera un proceso judicial que llevaba más de tres décadas en espera.

La decisión permite que el requerido enfrente a la justicia panameña, luego de que las autoridades confirmaran que el procedimiento avanzó por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países.

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Este hecho marca un punto de inflexión en una investigación que ha sido compleja, prolongada y seguida de cerca por familiares de las víctimas y gobiernos involucrados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la solicitud de extradición fue formalmente presentada por Panamá en enero de 2026 y posteriormente evaluada por las autoridades venezolanas, que finalmente dieron su aprobación.

El sospechoso, identificado como Ali Zaki Hage Jalil, había sido detenido previamente en Venezuela tras una alerta internacional emitida por Panamá. Su condición de nacional colombiano por nacimiento y venezolano por naturalización generó obstáculos jurídicos, debido a las limitaciones legales que existen en ese país para extraditar a sus ciudadanos, lo que hizo más delicado y prolongado el proceso.

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El atentado contra el vuelo 901 dejó 21 víctimas y marcó uno de los episodios más graves en la historia reciente de Panamá. Tomada del Ministerio Público
El atentado contra el vuelo 901 dejó 21 víctimas y marcó uno de los episodios más graves en la historia reciente de Panamá. Tomada del Ministerio Público

El atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas ocurrió el 19 de julio de 1994, cuando una bomba explotó a bordo de la aeronave poco después de despegar desde el aeropuerto France Field, en la provincia de Colón.

La explosión provocó que el avión se desintegrara en pleno vuelo y cayera en una zona selvática, causando la muerte de 21 personas, entre ellas 3 tripulantes y 18 pasajeros. Entre las víctimas se encontraban ciudadanos panameños, estadounidenses y comerciantes de origen hebreo que se trasladaban desde la Zona Libre de Colón hacia la ciudad de Panamá.

Las investigaciones posteriores determinaron que el explosivo fue introducido en el avión dentro de un radio portátil, presuntamente manipulado mediante un mecanismo remoto.

El individuo que portaba el artefacto fue identificado como Ali Hawa Jamal, quien también falleció en la explosión y fue señalado como el autor material del atentado.

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De acuerdo con las pesquisas, este hombre había viajado múltiples veces entre Colón y Panamá en los días previos al ataque, utilizando identidades falsas y sin dejar rastro claro de su historial personal, lo que complicó su identificación.

Autoridades panameñas presentaron la solicitud formal de extradición en enero de 2026. Tomada del Ministerio Público
Autoridades panameñas presentaron la solicitud formal de extradición en enero de 2026. Tomada del Ministerio Público

Con el paso de los años, la investigación fue reabierta en 2017 por la Fiscalía Superior de Descarga de Homicidio, tras recibir nueva información proporcionada por el Estado de Israel.

En ese momento el caso fue reclasificado bajo la figura de terrorismo y considerado un delito de lesa humanidad, lo que permitió su reactivación pese al tiempo transcurrido. Esta decisión permitió profundizar en nuevas líneas investigativas y establecer la posible participación de otros individuos vinculados al ataque.

Las autoridades panameñas, con el apoyo del FBI y organismos internacionales, lograron identificar la posible participación de un segundo sospechoso de origen libanés, nacido en Colombia, quien habría tenido vínculos directos con el grupo Hezbolá.

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Según la información recopilada, este individuo habría mantenido comunicación con el autor material del atentado y podría haber estado involucrado en la planificación y ejecución logística del ataque.

Además, se estableció una posible conexión con el atentado ocurrido un día antes en Argentina contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos.

La Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos concluyó que Hezbolá fue responsable del atentado contra el vuelo 901, lo que reforzó la hipótesis de que el ataque formaba parte de una operación internacional coordinada.

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En ese contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos activó el programa Recompensas para la Justicia, ofreciendo hasta $5 millones por información que condujera al arresto o condena de los responsables. Esta medida buscó incentivar la colaboración internacional y acelerar el avance del caso.

A lo largo de los años, el proceso ha contado con la participación de múltiples instituciones, incluyendo la Dirección de Investigación Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y unidades especializadas de la Policía Nacional.

Un mazo de madera oscura con mango sobre una base de madera clara en un escritorio de madera brillante. Al fondo, libros y paneles de madera difuminados.
La extradición del sospechoso abre la fase de traslado y eventual judicialización del caso en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso se han realizado inspecciones recientes en el área donde ocurrió el siniestro, en Cerro San Rita, con el objetivo de reconstruir los hechos y recabar testimonios. Uno de los testigos recordó haber escuchado la explosión y ver los restos caer desde el cielo, una escena que evidencia la magnitud del impacto del atentado.

En medio de este contexto, familiares de las víctimas agrupados en el Comité Conciencia Viva han reiterado su respaldo a las gestiones del Gobierno panameño y han señalado que este avance representa un momento crucial en la búsqueda de justicia.

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En un comunicado, destacaron que la extradición del sospechoso constituye un paso significativo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, luego de más de 30 años de espera. Además, subrayaron que este proceso no solo honra la memoria de las víctimas, sino que también fortalece los principios de justicia y respeto a la vida.

Las familias agrupadas en el Comité Conciencia Viva señalaron que el avance en la extradición no solo representa un logro judicial, sino también un reconocimiento a una lucha sostenida por décadas para evitar que el caso quedara en la impunidad.

Indicaron que este paso devuelve credibilidad a las instituciones y abre la posibilidad de esclarecer responsabilidades tanto materiales como intelectuales. Asimismo, enfatizaron que el proceso debe mantenerse con transparencia y firmeza, hasta alcanzar una resolución completa que honre la memoria de las víctimas y establezca un precedente claro frente a actos de terrorismo.

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El avance en la extradición abre ahora una nueva fase en el proceso judicial, enfocada en la coordinación para el traslado, la presentación de cargos y la eventual judicialización del caso en Panamá.

Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar trabajando hasta lograr el esclarecimiento total de los hechos y la sanción de los responsables. Para las familias afectadas, este paso representa una oportunidad real de cerrar un capítulo marcado por la incertidumbre, el dolor y la exigencia constante de justicia.



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