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Panorama Internacional. EE.UU. en Venezuela, entre Reagan y el Gatopardo

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En términos objetivos se podría sostener que lo que acaba de ocurrir en Venezuela ha sido el relevo de Nicolás Maduro por Donald Trump. Todo el proceso constata que, sin el dictador, la dictadura continúa y lo hace desplegando la misma fuerza represiva previa, con nuevos arrestos de civiles y bandas parapoliciales patrullando las calles.

El discurso del presidente norteamericano y de sus principales colaboradores, eludió cuestiones como derechos humanos o garantías de libertad individual o democracia. Trump, en cambio, ha sido firme en advertir que no habrá elecciones por largo tiempo y reivindicar supuestos derechos a un acceso irrestricto al petróleo venezolano. El plan de tres puntos que elaboró su canciller Marco Rubio, colocó la normalización democrática como la última estación, mucho después de “la recuperación económica”, es decir la de negocio petrolero.

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La lógica de esa arquitectura se sostiene en que con la oposición en el poder y una apertura total de la política, el control del país se complicaría. Habría leyes que filtrarían las demandas más polémicas, una oposición y prensa activas y presiones internas en un país donde la identidad nacional y el petróleo se explican uno al otro, al extremo de que nunca Venezuela aceptó desestatizar la propiedad de ese recurso.

A Trump no le alcanza con el regreso de las empresas internacionales del sector, quiere convertir a Venezuela en un protectorado, como acaba de admitir al sostener que el control norteamericano sobre la comarca caribeña puede extenderse por años. “Nos están dando lo que creemos necesario”, dijo sobre los chavistas.

El destituido líder de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de EE.UU. al llegar a Nueva York el lunes para ir a declarar al tribunal federal. Foto: EFE

En esa visión está la explicación del rechazo a instaurar en el poder a la líder opositora María Corina Machado y el respaldo, en cambio, al núcleo más duro del régimen que acompañó a Maduro. La apuesta claramente incluye la fuerza de choque de la dictadura como herramienta para liquidar cualquier resistencia popular a ese dominio y al irritante formato continuista de esta arquitectura.

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Para los jerarcas chavistas es un camino inesperado para preservarse. Ya en épocas recientes Maduro había declarado su disposición a habilitar a EE.UU. una vía libre a su petróleo y minería a cambio de mantener en pie el régimen. Es lo que ahora sucede. Solo se relevó la máscara.

Las debilidades de la estrategia

Este artefacto expone, sin embargo, graves debilidades y una consecuente imprevisibilidad. El negocio del crudo no se recuperará sin derechos y un poder legítimo, advierte el influyente economista venezolano Ricardo Hausmann, como le advirtieron este viernes los petroleros a Trump, no habrá inversiones inmediatas. “El primer paso debe ser la transición no el tercero, para un gobierno legítimo y un Parlamento creíble. No hay recuperación sin una ciudadanía empoderada”, afirma. Pero es claro que no es eso lo que late en el radar de Trump. En un extraordinario reportaje a The New York Times afirmó no sentirse limitado por ninguna ley internacional: “no necesito el derecho internacional”. Esa es precisamente la visión que define a dictaduras como la venezolana, nula legalidad.

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Se suele comparar lo ocurrido en Venezuela con el derrocamiento y arresto del dictador Manuel Noriega en Panamá en 1990, también acusado de narcotráfico. Pero es más preciso el espejo de las tiranías de Tacho y Tachito Somoza en Nicaragua, padre e hijo, entre otros despotismos bananeros controlados otrora por Washington.

En ese sentido la presidente, Delcy Rodríguez, hasta hace poco vice de Maduro, es el rostro civil del poder militar que en el país caribeño es una estructura muy compleja. Lo que en otros países se llama establishment en el experimento chavista lleva uniforme. Esos jerarcas agradecen que Washington corra a la oposición que haría un Nüremberg si pudiera con estos sujetos, pero este orden significa también que serán parte del negocio. De ese modo se deben interpretar las declaraciones de este miércoles de la presidente respecto al control venezolano de los recursos petroleros “sin tutelas”. Esgrimas para el reparto.

Este cambio a lo Gatopardo para que cambie solo lo necesario, significa mucho más de lo que parece. La región observa impotente cómo el líder republicano reforma la geopolítica de este espacio y anuncia nuevas acciones de dominio restaurando los criterios de la diplomacia de las cañoneras de EE.UU. en la centuria pasada. Hace poco la BBC de Londres sintetizaba el desconcierto que producen estos movimientos entre los líderes europeos recordando que no pueden enfrentarse a EE.UU., en momentos que más lo necesitan para ajustar la paz en Ucrania y salvaguardar la soberanía de ese país con garantías que limiten el imperialismo ruso. Pero sucede “justo después de que la Casa Blanca se abalanzó sobre la soberanía venezolana, mientras continúa amenazando activamente la soberanía de otra nación europea, Dinamarca por Groenlandia”, decía.

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Si bien se ha dicho que el magnate y su equipo construyen su estrategia sobre la marcha, hay parámetros más amplios en que se apoya su programa. Trump tiene un gran retrato de Ronald Reagan en su oficina. No es casual. Dos notables intelectuales conservadores reaganianos, William Kristol y Robert Kagan, fundaron a fines del siglo pasado un think tank que ganó fama con los gobiernos de George W. Bush, en el cual esos dos hombres fueron una crucial influencia.

Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, durante un acto militar el jueves en Caracas. Foto: REUTERS Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, durante un acto militar el jueves en Caracas. Foto: REUTERS

Era el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, PNAC en sus siglas en inglés. En un artículo de 1996 en Foreign Affairs titulado “Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy” (Hacia una política exterior neoreaganiana) ambos argumentaban que los conservadores estadounidenses estaban a la deriva (adrift) en materia de política exterior y abogaban por una visión más amplia del papel de EE.UU. que debería adoptar lo que describían como una “benevolente hegemonía global”. Una invitación a convertir en alfiles o peones a la ONU y la OTAN .

Esa visión estuvo en la base de la invasión a Irak en 2003 y de la pretensión de tomar y reconvertir al estilo norteamericano a ocho países de Asia, desde Afganistán a Irán, según reveló el ex comandante supremo de la OTAN, Wesley Clark. Lo que anunciaban era un EE.UU. como la “potencia preeminente del planeta”. Una idea atada a la noción del “destino manifiesto” del siglo XIX que afirmaba el «deber divino» de la potencia a expandirse, entonces con la toma de Texas o la guerra con México.

En su documento de principios, el PNAC remarcaba que el principal desafío de EE.UU. consistía en “construir un nuevo siglo planetario según los principios e intereses estadounidenses”. Incluía un mensaje que parece hoy destinado a los ultranacionalistas del MAGA trumpista que detestan los juegos internacionales de su líder. El documento reprochaba una sociedad estadounidense “indiferente, si no hostil, a la política exterior y a los compromisos internacionales, más interesada en equilibrar el Presupuesto que en liderar el mundo” .

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Unipolaridad efímera

Esos planteos venían con el impulso del colapso de la URSS que alimentó la visión, luego efímera, de un mundo unipolar, cancelando la historia o centrando los litigios futuros en cuestiones culturales y no ya en el choque de modelos de explotación económica. Aparte de las objeciones de los teóricos realistas, incluso los kissingerianos que veían con distancia a Reagan, la realidad posterior mostró el crecimiento de una intensa multipolaridad que apagó aquellas pretensiones.

El EE.UU. de Trump tiene un punto a su favor, las organizaciones internacionales, la ONU especialmente y la OTAN en gran medida así como la UE están vaciadas de poder y por momentos de significado. Pero en la otra mano, aquella multipolaridad es hoy más intensa que cuando el mundo se balanceaba dentro del eje Este-Oeste, en particular por la sólida presencia de China, el competidor con armas capitalistas y blanco nítido de toda esta estrategia.

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La hegemonía norteamericana está entonces limitada por esas realidades que parecen definitivas. Hoy la construcción de un nuevo siglo norteamericano como exuda este gobierno en tableros como el latinoamericano, el europeo o en Oriente Medio, es un proyecto cuyo destino es cualquier cosa menos seguro. La historia no se repite, pero tampoco suele viajar al pasado.

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Top 5 moments from Jack Smith’s testimony on Capitol Hill

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Former special counsel Jack Smith testified during a hearing Thursday on Capitol Hill, where he faced searing criticism from Republicans and praise from Democrats over his two prosecutions of President Donald Trump.

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The hearing gave Smith, a career prosecutor of nearly three decades, a rare chance to speak publicly about his work. He defended his indictments against Trump related to the 2020 election and classified documents as by-the-book and apolitical.

«If asked whether to prosecute a former president based on the same facts today, I would do so, regardless of whether that president was a Republican or a Democrat,» Smith said.

JACK SMITH SUBPOENAED FOR DEPOSITION WITH HOUSE JUDICIARY COMMITTEE

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Former special counsel Jack Smith testifies during a hearing before the House Judiciary Committee in the Rayburn House Office Building on Capitol Hill on Jan. 22, 2026, in Washington, D.C.  (Al Drago/Getty Images)

Republicans made clear they felt the cases, brought while Trump was a leading presidential candidate, were driven by politics and designed to interfere with the 2024 election.

«It was always about politics,» Chairman Jim Jordan, R-Ohio, said in his opening statement.

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1. Smith collected ‘months’ worth of phone data on the Republican speaker of the House

Rep. Brandon Gill, R-Texas, grilled Smith over the controversial subpoenas of phone records belonging to several Republicans. Gill zeroed in on a subpoena that sought about three months of data belonging to former House Speaker Kevin McCarthy in 2023.

«Sixteen days after becoming the highest ranking Republican in the House of Representatives, you subpoenaed his toll records,» Gill said, asking if Smith felt that could have violated the Constitution.

«I do not,» Smith replied.

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«You were collecting months’ worth of phone data on the Republican speaker of the House, the leader of the opposition, right after he got sworn in as speaker. … That sounds like a flagrant violation of the speech or debate clause,» GIll said.

Smith has repeatedly defended the subpoenas as proper, noting that his team sought a narrow set of data as part of his 2020 election probe and that the phone records did not contain contents of messages or calls.

«If Donald Trump had chosen to call a number of Democratic senators, we would have gotten toll records for Democratic senators,» Smith said in a closed-door deposition last month.

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2. Issa accuses Smith of ‘spying’

Rep. Darrell Issa, R-Calif., accused Smith of «spying» on the lawmakers whose records were subpoenaed. Those targeted by Smith’s team included McCarthy, Rep. Mike Kelly, R-Pa., Sens. Marsha Blackburn and Bill Hagerty of Tennessee, Sen. Lindsey Graham, R-S.C., Sen. Ron Johnson, R-Wis., and several others.

Smith also obtained court-authorized gag orders that temporarily blocked phone carriers from notifying the lawmakers of the subpoenas, meaning they had no immediate recourse to challenge them.

It is common practice for prosecutors to seek gag orders, but Issa demanded to know why Smith did not inform the D.C. federal court that the subpoenas pertained to members of Congress, who have added layers of immunity under the Constitution.

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«Why did Congress, a separate branch that you, under the Constitution, have to respect — why is it that no one should be informed — including the judges?» Issa pressed. «As you went in to spy on these people, did you mention that you were spying on, [that you were] seeking records so you could find out about when conversations occurred between the U.S. speaker of the House and the president?»

Smith has said he followed the DOJ’s policy at the time, which did not require him to give such notice to the court. That policy has since changed.

3. Former D.C. police officer gets escorted out of hearing after fiery clash

Former Metropolitan Police Officer Michael Fanone was briefly escorted out of the hearing after a tense exchange with Ivan Raiklin, a one-time Army reservist and right-wing operative.

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Raiklin called out to Fanone and introduced himself amid a packed hearing room, prompting Fanone to turn around and say, «Go f— yourself. … Don’t pretend like we’re not mortal enemies.»

The confrontation, which occurred during a hearing recess, escalated to a near-physical altercation, as Fanone repeatedly lobbed obscenities at Raiklin and Raiklin told Fanone to «control his Tourette syndrome.»

A fellow former officer restrained Fanone, and a police officer guided him out of the hearing room while Democrats applauded him. Fanone was violently assaulted during the Jan. 6 attack, according to video footage and court papers, and has since been outspoken against those who breached the Capitol and attacked officers.

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4. Smith predicts DOJ will try to indict him

Trump posted on social media during the hearing that Smith was «being DECIMATED» by Republican lawmakers and was a «deranged animal.»

«Hopefully the Attorney General is looking at what he’s done,» Trump wrote.

JACK SMITH DEFENDS SUBPOENAING REPUBLICANS’ PHONE RECORDS: ‘ENTIRELY PROPER’

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U.S. Attorney General Pam Bondi speaks alongside President Donald Trump at a White House press briefing in this 2025 photo. (Getty Images)

Attorney General Pam Bondi speaks alongside President Donald Trump at a White House press briefing in this 2025 photo. (Getty Images)

In response to a question about Trump’s post from Rep. Rebecca Balint, D-Vt., Smith said he expected the DOJ would attempt to charge him.

«I believe they will do everything in their power to do that, because they have been ordered to by the president,» Smith said.

Trump later wrote on social media: «Based on his testimony today, there is no question that Deranged Jack Smith should be prosecuted for his actions. … At a minimum, he committed large scale perjury!»

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5. Smith reveals his one regret about his work

Smith was asked if the intense scrutiny and public threats against him have made him wish he did not prosecute Trump.

«I don’t regret it,» Smith said.

However, when Rep. Kevin Kiley, R-Calif., pressed Smith on the matter, Smith vouched for his staff, who all left or were fired when Trump took office.

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«If I have any regret, it would be not expressing enough appreciation for my staff, who worked so hard on these investigations,» Smith said, adding they «sacrificed endlessly and endured way too much just doing their jobs.»

Fox News’ Breanne Deppisch contributed to this report.

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INTERNACIONAL

La lucha contra el narcotráfico causa una inesperada guerra comercial entre dos estrechos socios de la región

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Colombia y Ecuador, dos grandes socios comerciales, entraron este jueves en una inédita guerra comercial con la imposición mutua de aranceles motivada por la lucha contra el narcotráfico, según el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

La anunciada aplicación de aranceles ecuatorianos del 30 % causó sorpresa en Colombia, no solo por lo repentino, sino porque es la primera vez que se usa un argumento distinto al comercial, en este caso la seguridad fronteriza y el narcotráfico, para imponer tarifas aduaneras.

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Leé también: Tras las amenazas de Trump, la UE se plantea romper la dependencia con EE.UU. y mira hacia China y la India

La estrategia, anunciada el miércoles, recuerda la guerra comercial desatada hace un año por el presidente estadounidense, Donald Trump, aliado de Noboa.

La respuesta de Bogotá se conoció este jueves. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia anunció una medida de reciprocidad con la cual impondrá también un arancel del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador que no detalló.

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“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, dijo la ministra Diana Marcela Morales.

Además, el Ministerio de Minas y Energía anunció la suspensión de la venta de energía entre ambos países, “como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética” de Colombia. Según la cartera, la decisión adoptada tras las medidas ecuatorianas, se fundamenta en análisis técnicos que “evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico colombiano en momentos de variabilidad climática”.

Qué está pasando entre Ecuador y Colombia

La guerra comercial comenzó el miércoles cuando el presidente ecuatoriano anunció desde Davos la imposición de aranceles de 30% a Colombia a partir de febrero por considerar que Bogotá no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

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Noboa dijo que tomó esa decisión por “la falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, señaló en su cuenta de X.

Por Ecuador, considerado el país más violento de la región, transita la mayor parte de la cocaína producida en Colombia y enviada a Estados Unidos por el puerto de Guayaquil.

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ARCHIVO – El presidente Daniel Noboa pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando de las Fuerzas Armadas en Quito, Ecuador, el miércoles 26 de noviembre de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

El intercambio comercial entre los dos países, que además comparten una dinámica frontera terrestre de 586 kilómetros, ronda los 2700 millones de dólares, con un superávit para Colombia de 920,7 millones hasta noviembre de 2025, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Además de los aranceles recíprocos, Colombia suspendió las ventas de electricidad a Ecuador y el Gobierno de ese país anunció que se modificará la tarifa de transporte del petróleo colombiano extraído en los campos del sur y que pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) para salir hacia el Pacífico.

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La electricidad vendida por Colombia fue fundamental para enfrentar la crisis energética que vivió Ecuador en los últimos años, con apagones de hasta 14 horas diarias.

“El año pasado, aun atravesando una fuerte sequía, Colombia fue solidaria con Ecuador y garantizó energía cuando su población enfrentaba apagones de hasta 14 horas. Hoy, ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la soberanía de nuestro país”, afirmó el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma.

Leé también: Venezuela: el chavismo avanza en una reforma petrolera para abrirse al capital privado

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Palma fijó para las 18.00 hora local (20.00 de la Argentina) de este jueves la suspensión de la interconexión eléctrica.

El Gobierno ecuatoriano aseguró que el sistema eléctrico está en la capacidad de “cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante la indisponibilidad de la importación desde Colombia”.

“En condiciones normales de operación, el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante la indisponibilidad de la importación de energía desde Colombia”, detalló un comunicado del Ministerio de Ambiente y Energía.

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La Comunidad Andina ofrece su mediación

Frente a este panorama, la Comunidad Andina (CAN) se ofreció a mediar entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para evitar que comience a aplicarse las medidas de la guerra comercial entre ambos países.

El secretario general de la CAN, el diplomático peruano Gonzalo Gutiérrez, envió comunicaciones a los presidentes de ambos países para solicitar la postergación de las medidas anunciadas, según señaló en un comunicado el organismo, con sede en Lima.

Gutiérrez también se puso a disposición de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y deEcuador, Daniel Noboa, para ayudar a un “diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países”.

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La máxima autoridad de la Comunidad Andina, el organismo de integración regional que forman Bolivia, Colombia,Ecuadory Perú, apuntó a “privilegiar la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario cada vez más complejo y dinámico”.

(Con información de EFE y AFP)

Colombia, Ecuador, Daniel Noboa, Gustavo Petro

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La primera ministra de Japón disolvió el Parlamento en vísperas de las elecciones anticipadas previstas para el 8 de febrero

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La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reacciona durante una conferencia de prensa en su residencia oficial el 19 de enero de 2026 en Tokio, Japón (Rodrigo Reyes Marin/REUTERS)

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, disolvió este viernes el Parlamento en vísperas de las elecciones anticipadas previstas para el 8 de febrero. La decisión se basa en el alto nivel de apoyo que registra su gabinete en las encuestas, con la expectativa de que esto impulse a su partido gobernante, actualmente impopular, hacia la victoria.

Durante la sesión, el presidente del Parlamento leyó la carta oficial de disolución de la Cámara Baja, mientras los legisladores entonaban el tradicional grito de guerra de “banzai”.

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La primera mujer en liderar el país comunicó el lunes pasado su intención de disolver la Cámara Baja, con el objetivo de obtener respaldo popular para iniciativas que protejan a los hogares frente al aumento del costo de vida y refuercen el gasto en defensa.

La coalición gobernante, integrada por el PLD y el Partido de Innovación de Japón (JIP), cuenta actualmente con una ajustada mayoría parlamentaria.

La primera ministra apuesta a que el respaldo al gabinete se traduzca en un mandato fortalecido, aunque el PLD enfrenta bajos niveles de aprobación y varios escándalos recientes.

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La Cámara Baja del Parlamento
La Cámara Baja del Parlamento nipón en Tokio, el 23 de enero de 2023 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El profesor Hidehiro Yamamoto, de la Universidad de Tsukuba, señaló a la agencia AFP que “no está claro si el alto apoyo público al gabinete de Takaichi realmente conducirá al apoyo al PLD”. Según el académico, la principal preocupación de la ciudadanía gira en torno a las medidas para enfrentar la inflación.

El viernes, datos gubernamentales revelaron que la inflación en Japón se desaceleró en diciembre, impulsada principalmente por los subsidios estatales a la electricidad y el gas. El índice de precios al consumidor, excluyendo alimentos frescos, registró un aumento interanual del 2,4%, frente al 3% de noviembre. Esta tasa, aunque menor, sigue por encima del objetivo del 2% establecido por el banco central local.

El malestar social por el encarecimiento de la vida fue un factor clave en la caída del anterior primer ministro, Shigeru Ishiba, a quien Takaichi sucedió en octubre.

Durante años, la isla enfrentó deflación, pero más recientemente experimentó un aumento en los costos de vida, agravado por la debilidad crónica del yen, que eleva el precio de las importaciones. El arroz se convirtió en un símbolo de la situación: su precio se duplicó a mediados de 2025 respecto al año anterior y, aunque disminuyó en los últimos meses, en diciembre seguía un 34% más alto que doce meses atrás, según cifras oficiales.

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Sanae Takaichi tomó el liderazgo
Sanae Takaichi tomó el liderazgo de Japón en medio de una difícil situación económica que dejó el ex primer ministro Shigeru Ishiba (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool)

Para responder a estos desafíos y fortalecer la cuarta economía mundial, el gabinete de Takaichi aprobó un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes (USD 770.000 millones) para el año fiscal que inicia en abril de 2026.

No obstante, la decisión de disolver la Cámara Baja despertó críticas entre los partidos de oposición. Jun Azumi, del Partido Democrático Constitucional (CDP), advirtió que esta medida podría retrasar la aprobación del presupuesto y “sacrificaría los medios de vida” de la población.

Si resulta elegida, Takaichi se comprometió a reducir el impuesto sobre las ventas de alimentos durante dos años, con el propósito de “aliviar la carga” de quienes enfrentan dificultades por la inflación. Las fuerzas de oposición también solicitaron reducciones fiscales como respuesta al aumento del costo de vida.

Sin embargo, el enfoque de gasto fiscal “proactivo” impulsado por Takaichi podría agravar la deuda pública de Japón, que se proyecta superará el 230% del PIB en el año fiscal 2025-26. La primera ministra sostiene que su política es “responsable”.

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Un hombre pasa corriendo por
Un hombre pasa corriendo por delante del edificio del Banco de Japón (BOJ) en Tokio (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Archivo)

El Banco de Japón, encargado de la estabilidad de precios, anunciará su decisión de política monetaria este viernes tras una reunión de dos días. Desde principios de 2024, la entidad ha subido en varias ocasiones los tipos de interés de referencia con el objetivo de contener la inflación.

Se prevé que el banco central mantenga estables las tasas, aunque los analistas estarán atentos a sus comentarios sobre las recientes perturbaciones en el mercado financiero.

(Con información de AFP)



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