INTERNACIONAL
Persecución en Nicaragua: una mujer está desaparecida tras ser detenida por la dictadura por tener una foto del obispo Silvio Báez en su celular

La suerte de Eveling Carolina Matus Hernández quedó condenada por una foto que mantenía en su teléfono celular. Se trataba de la imagen del obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, quien se encuentra en el exilio desde abril de 2019, y en la que Matus puso la leyenda: “Mi verdadero líder”.
La empresaria de 36 años, madre de dos hijos, desapareció desde la tarde del 25 de junio de 2024, cuando agentes de la Policía Nacional la detuvieron sin orden judicial al salir de su negocio en Managua. Nadie volvió a informar oficialmente su ubicación, ni su situación.
Ese día, la Policía interceptó el vehículo en el que se movilizaba Matus junto a su esposo. Luego, la hicieron regresar al local de su empresa, una agencia de envíos llamada ASAP, propiedad de la mujer.
En ese allanamiento, realizado sin orden judicial, las autoridades confiscaron los bienes y clausuraron el negocio. Su esposo fue detenido y luego liberado bajo advertencia. A ella la mantuvieron retenida.
Según sus familiares, uno de los argumentos que dio la Policía para dejar a Matus Hernández detenida fue la fotografía de monseñor Báez encontrada en su teléfono celular.

“Nicaragua. A Eveling Matus le encontraron una foto mía en la que me llamaba ´su verdadero líder´ y por eso la Policía de la dictadura la apresó en junio pasado. Está desaparecida. Pido a Dios que sea respetada y puesta en libertad”, posteó en X, monseñor Báez, en septiembre de 2024, cuando se conocieron detalles de su detención.
Desde el 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen una feroz ofensiva contra la Iglesia Católica de Nicaragua.
Según la investigadora Martha Patricia Molina, la Iglesia Católica había sufrido hasta julio de 2025, 1010 ataques, y 302 religiosos, entre sacerdotes, monjas, seminaristas, obispos y hasta un nuncio, debieron salir al exilio.
“Los religiosos/as han sido expulsados, prohibido su ingreso al país, desterrados o ellos/as, porque su vida corría peligro, fueron obligados/as a salir al exilio, la mayoría se ha reintegrado en otras comunidades extranjeras continuando así con la vida religiosa para los que fueron formados”, expone Molina en su informe “Nicaragua: Una iglesia perseguida”.
Monseñor Silvio Baéz fue el primero de los cuatro obispos que han sido desterrados de Nicaragua por la dictadura.

Matus Hernández es originaria de Jinotepe, en el departamento de Carazo. Estudió Publicidad y Mercadeo en la Universidad Centroamericana (UCA). Tras trabajar un tiempo en el área de publicidad de una empresa de telecomunicaciones, decidió crear la agencia de paquetería ASAP. Es madre de dos menores de edad.
Además de la fotografía de Báez, la Policía encontró en su teléfono fotografías que la mostraban participando en las manifestaciones ciudadanas de 2018. Todo eso se utilizó como “evidencia” para acusarla de “terrorismo” y “traición a la patria”.
Tras su arresto fue trasladada al Distrito III de la Policía Nacional, donde la mantuvieron en interrogatorios. Su esposo quedó en libertad días después, mientras ella era retenida.
El 3 de julio de 2024, la trasladaron en un autobús al llamado Centro Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM). Pero cuando sus allegados acudieron para verla, las autoridades penitenciarias dijeron que no estaba registrada allí.
Durante 16 meses no se supo de ella. En al menos 22 ocasiones su familia solicitó información sobre ella al Sistema Penitenciario, sin respuesta alguna.
“Estuvo desaparecida, pero en octubre 2025 le permitieron ver a alguien de su familia, pero no a sus hijos que son menores”, informó el Monitoreo Azul y Blanco, una entidad de varios organismos de derechos humanos que da seguimiento a la situación de los presos políticos en Nicaragua.
Estas organizaciones consideran a Matus una presa política porque, aunque no tiene vida opositora, las razones de su detención y juicio fueron “su participación en las protestas del 2018 y le daba like a mensajes de Silvio Báez”.

En la consulta que hizo Infobae, el Monitoreo Azul y Blanco contestó que se sabe que Eveling Carolina Matus Hernández “tuvo juicio y la Fiscalía pidió 10 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional (traición a la patria) y (difusión de) noticias falsas, pero no se sabe si ya hubo sentencia”.
El caso de Matus se definió como “desaparición forzada” porque fue detenida arbitrariamente, sin orden judicial, sin que se le informara el motivo, y después se le mantuvo sin proceso judicial y sin ubicación conocida.
El 24 de octubre de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Matus Hernández, en virtud del grave riesgo que implicaba su desaparición.
Al ver que el Estado nicaragüense no cumplió con dichas medidas, el 5 de marzo de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) amplió esas medidas de protección, ratificándolas el 27 de marzo. Exigió al régimen que revelara su paradero, permitiera contacto con sus familiares y abogados, garantizara su integridad física y mental, así como acceso a alimentación, medicamentos y atención médica.
El 30 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado denunciando la desaparición forzada de Matus. En ese pronunciamiento, reclamó su liberación inmediata y calificó las acusaciones de terrorismo y traición como infundadas.
El gobierno estadounidense consideró que su caso representa la continuidad de una política sistemática del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para silenciar voces críticas.
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INTERNACIONAL
Tim Walz demands federal government ‘pay for what they broke’ after Homan announces Minnesota drawdown

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Minnesota Democratic Gov. Tim Walz is demanding the federal government «pay for what they broke» after the Trump administration announced it would draw down its immigration enforcement presence in the Twin Cities.
During a news conference after Border Czar Tom Homan’s announcement that the administration would be ending its Operation Metro Surge in Minnesota, Walz said federal law enforcement’s presence in the state was leaving «deep damage» and «generational trauma.»
«The federal government needs to pay for what they broke here,» said Walz. «There [is] going to be accountability on the things that happened, but one of the things is the incredible and immense costs that were borne by the people of this state. The federal government needs to be responsible. You don’t get to break things and then just leave without doing something about it.
«So, we’re going to be asking the federal delegation to be investing and doing the things necessary.»
TRUMP DHS HAMMERS DEM GOVERNOR’S PORTAL TO TRACK ICE AGENTS: ‘ENCOURAGES VIOLENCE’
Democratic Minnesota Gov. Tim Walz speaks to reporters after he announced he would not seek re-election at the Minnesota State Capitol in St. Paul, Minn., Jan. 5, 2026. (Reuters/Tim Evans)
Walz, best known for being former Vice President Kamala Harris’ running mate in the 2024 election, has been at odds with the administration throughout much of the operation, which was meant to crack down on rampant fraud and abuse in the state.
Regarding the federal drawdown, Walz said, «We are cautiously optimistic … that this surge of untrained, aggressive federal agents are going to leave Minnesota, and I guess they’ll go wherever they’re going to go.
«The fact of the matter is they left us with deep damage, generational trauma. They left us with economic ruin in some cases. They left us with many unanswered questions: Where are our children? Where and what is the process of the investigations into those that were responsible for the deaths of Renee and Alex?
«So, while the federal government may move on to whatever next thing that they want to do, the State of Minnesota and our administration is unwaveringly focused on the recovery of what they did.»
HOUSE DEM EXPLODES ON TOP TRUMP IMMIGRATION OFFICIAL, SAYS HE ‘BETTER HOPE’ FOR PARDON FROM PRESIDENT

Anti-ICE protesters gathered in Minnesota Feb. 7, 2026. (AP Photo/Ryan Murphy)
Homan announced Thursday that the administration will conclude Operation Metro Surge in Minnesota. Homan told reporters during a news conference at the Bishop Whipple Federal in Minneapolis that the operation succeeded in reducing public safety threats with «unprecedented levels of coordination» from state officials and local law enforcement.
«As a result of our efforts here, Minnesota is now less of a sanctuary state for criminals,» Homan said. «I have proposed, and President Trump has concurred, that this surge operation conclude.»
Homan said «a significant drawdown» of immigration agents was already underway and will continue through next week.
The border czar announced last week that 700 federal officers would leave Minnesota, though 2,000 officers will remain. He cited improved cooperation with jails and said a complete drawdown was the goal, but it was «contingent upon the end of illegal and threatening activities against ICE.»
ICE ARRESTS MURDERERS, PEDOPHILES DURING SUPER BOWL WEEKEND AS AGENTS SAY HALFTIME SHOW ‘DEMONIZED’ THEM

White House border czar Tom Homan speaks during a news conference at the Bishop Henry Whipple Federal Building in Minneapolis Feb. 4, 2026. (Charly Triballeau/AFP via Getty Images)
He said only a «small footprint of personnel» will remain for a period of time, while he will also remain on the ground to oversee the operation’s drawdown and success.
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«Additionally, federal government personnel assigned to conduct criminal investigations into the agitators, as well as the personnel assigned here for the fraud investigations, will remain in place until the work is done,» Homan said.
Fox News Digital’s Stephen Sorace contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Netanyahu urges court to revoke Palestinians’ Israeli citizenship after convictions for violent crimes

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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Thursday asked a court to revoke the Israeli citizenship of two Palestinian men convicted of terrorism offenses.
The effort appears to be the first use of a law enacted three years ago allowing the revocation of citizenship and subsequent deportation of Palestinian citizens who were convicted of certain violent crimes such as terrorism and received financial support from the Palestinian Authority as a reward.
Netanyahu filed court documents arguing that the severity of the crimes, along with payments the men reportedly received from a Palestinian Authority fund, justify pulling their citizenship and expelling them from the Jewish State.
The prime minister has long claimed the fund rewards violence, including attacks on civilians.
TRUMP SAYS HE WOULD ‘ABSOLUTELY’ REVOKE CITIZENSHIP FROM NATURALIZED CRIMINALS — IF HE HAS THE AUTHORITY
Palestinian men are released from Israel’s Ofer Prison near the West Bank city of Ramallah, July 4, 2024. (AP Photo/Maya Alleruzzo)
But Palestinian officials have contended that it is a safety net for the broad cross‑section of society with family members in Israeli detention. They also accused Netanyahu of focusing on the relatively small number of beneficiaries who carried out the attacks.
When the law passed, critics argued that it allowed Israel’s legal system to treat Jewish and Palestinian people differently. Civil rights groups said that basing a deportation law on Palestinian Authority payments effectively excluded Jewish Israelis, including settlers convicted of attacks against Palestinians, from the threat of losing their citizenship, as the statute targeted people of a certain race.
Netanyahu said this week that the government launched proceedings against the two men and that similar cases would be brought in the future.
TRUMP MEETS NETANYAHU, SAYS HE WANTS IRAN DEAL BUT REMINDS TEHRAN OF ‘MIDNIGHT HAMMER’ OPERATION

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asked a court to revoke the Israeli citizenship of two Palestinian men convicted of terrorism offenses. (YAIR SAGI/POOL/AFP via Getty Images)
Israeli officials said Mohamad Ahmad, a citizen from Jerusalem, was convicted of «offenses that constitute an act of terrorism and receiving funds in connection with terrorism.» He allegedly received payment after he was sentenced in 2002 for a shooting attack and served 23 years before his release in 2024.
Mohammed Ahmad Hussein al-Halsi was sentenced in 2016 to 18 years behind bars for stabbing elderly women. He also allegedly received payments while in prison.
Ahmad would be deported immediately, while al-Halsi would be removed upon his release, as individuals are subject to removal to Gaza once their sentences are complete under the 2023 law, which applies to citizens or permanent residents convicted of «committing an act that constitutes a breach of loyalty to the State of Israel,» including terrorism.

When the law passed, critics argued that it allowed Israel’s legal system to treat Jewish and Palestinian people differently. (REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo)
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The general director of Israel’s Adalah legal center, Hassan Jabareen, called the move to use the law «a cynical propaganda move» by Netanyahu. He said stripping citizenship violated the most basic principles of the rule of law, including by acting against people who have completed prison sentences.
«The Israeli government is attempting to strip individuals of the very foundation through which all rights are protected, their nationality,» he said on Thursday, according to The Associated Press.
The Associated Press contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Estados Unidos presiona a Venezuela para que haga más por estimular la inversión

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, llegó a Venezuela el miércoles para presionar en favor de una revisión más audaz de la industria energética, y con ello deja claro que Estados Unidos podría utilizar su posición de coloso económico para lograr sus objetivos.
Wright es uno de los funcionarios estadounidenses de más alto rango que visita Venezuela en casi 30 años, lo que refleja cómo se están estrechando los lazos entre ambos países después de que las fuerzas estadounidenses capturaron en enero al exlíder de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladaron por la fuerza a Estados Unidos.
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A pesar de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el mes pasado cambios radicales en la legislación que regula la industria petrolera, Wright dijo que deseaba que el gobierno venezolano fuera mucho más lejos en la apertura de su economía a las empresas energéticas extranjeras. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, en Caracas. (Foto: EFE)
“La idea es utilizar la influencia para impulsar el progreso”, declaró Wright a los periodistas en Caracas, la capital, el miércoles. Sobre la nueva ley energética, dijo: “Es un paso significativo en la dirección correcta, probablemente en mi opinión no lo suficientemente lejos y claro como para fomentar los grandes flujos de capital que les gustaría ver”.
Algunos gigantes petroleros estadounidenses, como Exxon Mobil, cuyas operaciones en Venezuela fueron nacionalizadas hace dos décadas, han expresado su escepticismo sobre la posibilidad de volver a Venezuela, con los argumentos de los riesgos legales y la posibilidad de agitación política.
Aunque reconoció que se podría hacer más para atraer inversiones estadounidenses a Venezuela, Wright subrayó que las empresas petroleras internacionales suelen arriesgarse a hacer negocios en países con un historial de agitación porque es allí donde a menudo se encuentra el petróleo. Citó la “avalancha de inversiones” que se espera que llegue a Libia, controlada por dos facciones rivales.
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Al comienzo de su visita de tres días, Wright se reunió con la sucesora de Maduro, la presidenta Delcy Rodríguez. Dijo que tenía previsto viajar con Rodríguez el jueves para ver de primera mano las operaciones de producción de petróleo.
Wright, exdirector ejecutivo de una empresa petrolera que está en el centro del auge de la fracturación hidráulica en Estados Unidos, valoró muy positivamente la voluntad de Rodríguez de introducir grandes cambios en la economía y el sistema político de Venezuela.
Dijo que Venezuela había realizado importantes esfuerzos para mejorar las condiciones económicas en las semanas transcurridas desde la captura de Maduro, quien presidió un desgarrador colapso económico. Además, Wright dijo que esperaba que Venezuela llegara a una transición hacia un sistema político más representativo.
Wright citó áreas en las que Venezuela podría progresar más para el desmantelamiento de su régimen autoritario y una alineación más estrecha con Estados Unidos, tras décadas de forjar alianzas con países que a menudo estaban enfrentados con Washington.
“Aquí todavía hay presos políticos en las cárceles”, dijo Wright, aludiendo a las cientos de personas que siguen detenidas tras la reciente liberación de otras. “Todavía tienen aquí relaciones con China, con Rusia, con Irán. Son cosas que hay que transicionar”.
La visita de Wright suscitó escepticismo en Caracas. Las fuerzas de seguridad abrieron el camino para que sus numerosos equipos de seguridad y comitiva recorrieran la ciudad, donde los murales siguen celebrando los vínculos de Venezuela con los dirigentes iraníes y cubanos.
Los cambios en Venezuela se están produciendo después de que Estados Unidos montara una campaña militar de meses de duración contra Maduro, que incluyó decenas de ataques mortales contra pequeñas embarcaciones que, según dijo el gobierno de Donald Trump, traficaban con drogas ilícitas. Trump ha advertido a Rodríguez que podría correr una suerte similar a la de Maduro si no coopera con Estados Unidos.
Después de reunirse con Rodríguez, ella y Wright respondieron brevemente a las preguntas de los periodistas fuera del palacio presidencial, una muestra de apertura inusual por parte de la nueva dirigente de Venezuela. Más tarde, Wright se reunió con periodistas extranjeros en el hotel JW Marriott.
“Una prensa libre”, dijo, “es una parte fundamental de una sociedad civil”.
*Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.
The New York Times, data-cc, data-cc-nyt
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