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Perú: la presidenta Dina Boluarte desacata a la Corte Interamericana y promulga una ley de amnistía para policías y militares

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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la amnistía para policías y militares que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había solicitado suspender el trámite de esta ley.

Boluarte ya había anticipado que promulgaría la amnistía aprobada por el Congreso (Parlamento) de Perú a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen su Gobierno, la mayoría de derechas y con varios militares y policías retirados en sus filas, al considerar que las indicaciones de la Corte IDH van en contra de la soberanía nacional, pese a que el país aceptó adherirse a su jurisdicción cuando suscribió el Pacto de San José.

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La mandataria suscribió la ‘Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000′ en una ceremonia pública en el Palacio de Gobierno de Lima, un día después de retornar de su gira por Asia donde visitó Japón e Indonesia.

La suscripción de la norma por parte de Boluarte se produjo en la víspera de que se conmemoren los 40 años de la masacre de Accomarca, donde 69 personas de esa comunidad campesina de los Andes peruanos, entre ellas 24 niñas y niños, fueron ejecutadas por una patrulla del Ejército peruano en 1985, al mando del subteniente Telmo Hurtado, quien cumple una condena de 23 años de cárcel.

A la ceremonia en el Palacio de Gobierno de Lima asistieron representantes de policías y militares que participaron en distintos episodios del conflicto armado interno como los comandos de la operación Chavín de Huántar, que en 1997 permitió liberar a 72 de los 73 rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón, si bien varios de ellos fueron señalados de presuntas ejecuciones extrajudiciales de varios terroristas cuando ya se habían rendido y entregado.

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La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.

Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.

En cambio, la amnistía no será aplicable a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios.

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En el acto, Boluarte aseveró que esta amnistía es para quienes «entregaron su vida en defensa de la paz que hoy tenemos, y otros que sobrevivieron pero cargados con juicios interminables y acusaciones injustas, con un dolor que no solo alcanzó a ellos sino también a sus familias».

«Con esa histórica amnistía, hoy les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada», señaló la gobernante, quien se encuentra investigada por la Fiscalía por la muerte de al menos 59 personas durante la ola de protestas sobrevenida a su llegada al poder, tras la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado a finales de 2022.

«El Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas, y que los verdaderos defensores de la patria sean señalados como enemigos de la nación que juraron proteger», añadió.

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La presidenta peruana insistió en que «están equivocadas aquellas instituciones internacionales o nacionales, influidas por ideologías totalitarias que pretenden someter al Perú a sus designios», apuntó la mandataria.

La Corte IDH pidió detener la tramitación de la amnistía en el marco del seguimiento al cumplimiento de las sentencias por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, fueron asesinadas por el grupo militar encubierto Colina.

Ambos casos llevaron a que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fuese condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en calidad de autor mediato (con dominio del hecho), así como varios integrantes del grupo Colina.

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo».

Perú,Dina Boluarte

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¿Nicolás Maduro en la mira? Estados Unidos dice estar preparado para usar «todo su poder» para frenar narcotráfico en Venezuela

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», tras ser cuestionada sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Ante preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente, Donald Trump, «está preparado» para frenar el narcotráfico y «llevar los responsables ante la Justicia».

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«El régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país», insistió Leavitt.

El pasado viernes, la cadena CNN citó a dos fuentes de la defensa estadounidense que informaron sobre la presencia de la marina estadounidense en aguas del Caribe con la idea de «combatir a los carteles del narcotráfico, además de reforzar su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

Luego del despliegue de más de 4.000 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, el Gobierno de Cuba denunció que esta presencia militar forma parte de una «agenda corrupta» del secretario de Estado, Marco Rubio, y exigió respetar la región como «una zona de paz».

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Entre los medios asignados a esta misión de vigilancia se incluyen un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles.

Hace unos meses se hizo pública una carta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que se interpretaban de un modo amplio las tradicionales competencias del Ejército de Estados Unidos para incluir otras misiones.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un acto con motivo del cierre de campaña correspondiente a las elecciones legislativas y regionales. Foto Xinhua

Hegseth aseguraba que el ejército tiene por tarea defender la patria, y eso incluye «sellar las fronteras, repeler toda forma de invasión, incluida la inmigración masiva, el tráfico de drogas, el contrabando de seres humanos y otras actividades criminales».

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La semana pasada, la tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela inauguró un nuevo capítulo. En la más reciente confrontación, el gobierno del presidente Donald Trump reiteró su acusación al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el líder del grupo criminal del Cartel de los Soles y subió la recompensa a US$ 50 millones por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano.

Además, EE.UU. designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, una medida que incluye sanciones económicas, como la exigencia de que los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en EE.UU. o bajo el control de personas estadounidenses sean bloqueados e informados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Las acusaciones contra Maduro por supuesto narcotráfico, rechazadas de raíz por el gobierno de Venezuela, no son nuevas. Se remontan a 2020, cuando EE.UU. señaló a Maduro como líder del Cartel de los Soles y ofreció US$ 15 millones por información que llevase a su arresto. Luego, Joe Biden la llevó a 25 millones de dólares.

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El cartel detrás de la acusación

Funcionarios del Gobierno de Maduro están señalados como miembros del Cartel de los Soles, un grupo criminal que, según Washington, ha corrompido las altas esferas políticas, militares y judiciales en Venezuela desde la década de 1990 para enviar drogas a Estados Unidos.

Según expertos consultados por CNN, este grupo criminal fue identificado en los noventa luego de que en causas judiciales se involucrara a dos generales de división venezolanos en el tráfico de droga colombiana a través de las FARC.

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“A partir de ese caso, se comenzó a identificar a una red de militares y de (agentes de la) Guardia Nacional que estaban involucrados, primero, en el tráfico de cocaína hacia el norte usando infraestructura militar venezolana o de la Guardia Nacional, y, después, en el tráfico de oro, de minerales diversos, a través de minas informales que estaban siendo organizadas ilícitamente por el ejército venezolano”, dijo en entrevista a CNN Edgardo Buscaglia, asesor internacional contra terrorismo y delincuencia organizada, director de Save Democracy y académico principal de la Universidad de Columbia en EE.UU.

Buscaglia añadió que, cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, el mandatario trató de negociar con los militares que formaban la red ilícita, pero finalmente el grupo se expandió hasta funcionarios civiles del Estado y ya no solo militares.

“De alguna manera Maduro hereda la estructura criminal que le deja Chávez y la expande de manera enorme a funcionarios civiles como el ministro del Interior (Diosdado) Cabello, como fue en su momento el jefe de inteligencia Hugo Carvajal, que eran parte de la organización criminal”, aseguró el experto en temas de seguridad.

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El Cartel de los Soles se convirtió eventualmente en un sistema de corrupción que se beneficia de las actividades del crimen organizado y que “a menudo” se asocia con cárteles internacionales, señaló por correo electrónico Imdat Oner, ex diplomático turco que estuvo basado en Venezuela y hoy es analista político en la Universidad Internacional de Florida.

¿Por qué se llama así y cómo funciona?

Según Insight Crime, un grupo de expertos dedicado a temas de crimen organizado, basado en EE.UU. y Colombia, el nombre de Cartel de los Soles proviene de la vestimenta de los militares señalados de actividades ilícitas.

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El nombre “Cartel de los Soles” comenzó a utilizarse en 1993 luego de que se se conocieron denuncias de participación en narcotráfico contra generales de la Guardia Nacional y luego comandantes de división, que llevaban en el uniforme soles dobles por su rango, explica el grupo.

El Cartel de los Soles, dice Insight Crime, no es una organización tradicional de crimen organizado donde hay un líder y abajo están los subordinados, sino de una red compuesta por muchas células dentro de las ramas castrenses venezolanas y del gobierno.

Debido a que el Cartel de los Soles se compondría de células dispersas, la idea de que Maduro lidera a este supuesto grupo criminal es una “simplificación excesiva” por parte de Estados Unidos, menciona Insight Crime.

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“Más que una organización jerárquica con Maduro al mando de las operaciones de tráfico de drogas, el Cartel de los Soles se asemeja más a una red de corrupción en el que funcionarios militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes”, detalla el grupo de expertos.

Estados Unidos,Venezuela,Nicolás Maduro,Donald Trump,Narcotráfico

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GOP doctors call out health task force for ‘woke distractions’ amid major reform push

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EXCLUSIVE: The GOP Doctors Caucus is backing a possible effort to overhaul the U.S. Preventive Services Task Force, or USPSTF, an independent task force that’s used to determine recommendations on what services health insurance companies in the United States have to cover free of charge.

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A letter to Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr., led by Rep. Diana Harshbarger, R-Tenn., and Rep. Greg Murphy, R-N.C., and other members of the caucus expressed concerns that the group may be prioritizing social justice issues over other issues.

«Preventive care should be about keeping Americans healthy, not about checking political boxes,» Harshbarger said in a statement. 

«The American people deserve a task force that follows the science, acts with urgency and relies on the expertise of front-line doctors. The USPSTF should be leading the charge in President Trump’s ‘Make America Healthy Again’ agenda, not wasting time on woke distractions while chronic disease rates keep climbing.»

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REPUBLICAN SENATOR CLAIMS RFK JR. MRNA VACCINE DECISION UNDERMINES TRUMP AGENDA

HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr., makes his way to the inaugural Great American Farmers Market on the National Mall Aug. 4, 2025. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

Specifically, the letter asks for «relevant specialists» to be part of the process when making certain recommendations, greater transparency in decision-making and more of a focus on outcomes as opposed to «substantial attention to divisive social issues,» citing «race and gender identity considerations that extend beyond traditional clinical parameters,» according to a news release.

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«In 2010, the Affordable Care Act expanded the authority of the USPSTF and tied coverage recommendations to Task Force determinations. However, since the USPSTF’s authority was expanded, the rate of incidence of preventable chronic disease in the United States has only climbed,» the letter states.

The letter was also signed by other members of the caucus, including Reps. Andy Harris, Ronny Jackson, Mike Kennedy, Brian Babin, Sheri Biggs and Bob Onder.

GOP SENATORS RALLY AROUND EFFORT TO END ‘RADICAL WOKENESS’ IN HHS TASK FORCE

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Diana Harshbarger

Rep. Diana Harshbarger, R-Tenn., speaks during the Republican Study Committee news conference to introduce a «Women’s Bill of Rights» outside the Capitol May 19, 2022.  (Getty Images )

Earlier this month, three Republican senators wrote a similar letter raising ideological concerns about the current task force.

«In particular, the USPSTF departed from its proper activities in its December 2023 Health Equity Framework. The framework criticizes ‘equal access to quality health care for all’ as an inadequate goal of public health and announces that the Task Force will instead use equity as ‘a criterion of the ‘public health importance’ of a topic’ for consideration,» that letter stated.

The Wall Street Journal reported that, in July, Kennedy was considering removing members of the board.

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DEMS ‘DELIBERATELY OBFUSCATING’ TRUTH ABOUT ‘BIG, BEAUTIFUL BILL’ WITH THIS CLAIM: WATCHDOG

CDC headquarters in Atlanta

A sign stands at an entrance to the main campus of the Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta Feb. 14, 2025.  (AP Photo/Jeff Amy, File)

«No final decision has been made on how the USPSTF can better support HHS’ mandate to Make America Healthy Again,» an HHS spokesperson told Fox News Digital in a statement when asked about the WSJ report at the time.

The American Medical Association has opposed an overhaul of the task force.

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«USPSTF plays a critical, nonpartisan role in guiding physicians’ efforts to prevent disease and improve the health of patients by helping to ensure access to evidence-based clinical preventive services. As such, we urge you to retain the previously appointed members of the USPSTF and commit to the long-standing process of regular meetings to ensure their important work can continue without interruption,» the AMA wrote.

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Meanwhile, a group of physicians, including those from the Association of American Physicians and Surgeons, America’s Frontline Doctors and the Pennsylvania Direct Primary Care Association, signed another letter in support of possible changes.

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The signers wrote that new members should have an «ideological balance to develop recommendations based on facts and science.»

Fox News Digital reached out to HHS for an updated comment.

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health,congress,robert f kennedy jr

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Russia launches largest attack on Ukraine this month following Trump’s meetings with Putin, Zelenskyy

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Russia launched its largest attack of the month against Ukraine while Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy met with U.S. President Donald Trump and European leaders at the White House.

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The attack also comes after Russian President Vladimir Putin’s meeting with Trump in Alaska last Friday, during which Putin refused an immediate ceasefire and demanded that Ukraine give up its eastern Donetsk region in exchange for an end to the conflict that began with a February 2022 invasion by Moscow. Trump later said he had spoken on the phone with Putin about arrangements for a meeting between the Russian president and Zelenskyy.

Ukraine’s air force said Russia launched 270 drones and 10 missiles into Ukraine on Monday night and into Tuesday, but that 230 drones and six missiles were intercepted or suppressed. The air force reported that 40 drones and four missiles struck across 16 locations, and debris was said to have fallen on three sites.

TRUMP’S PUSH FOR PUTIN-ZELENSKYY TALKS HINGES ON KREMLIN’S CONDITIONS

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Russia launched its largest attack of the month against Ukraine on Monday night. (Getty Images)

«While hard work to advance peace was underway in Washington, D.C. … Moscow continued to do the opposite of peace: more strikes and destruction,» Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha wrote on X. «This once again demonstrates how critical it is to end the killing, achieve a lasting peace, and ensure robust security guarantees.»

Energy infrastructure in the central Poltava region was a target of the strikes, according to Ukraine’s Energy Ministry. The casualty figures were not immediately released by officials.

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WHITE HOUSE REJECTS ‘BLANK CHECKS’ FOR UKRAINE, PRESSES NATO TO SHOULDER COSTS

Ukrainian firefighters search for survivors after a Russian air strike on a residential building

Ukraine’s air force said Russia launched 270 drones and 10 missiles into Ukraine. (Getty Images)

«As a result of the attack, large-scale fires broke out,» the ministry said in a statement.

Oil refining and gas facilities were attacked, the ministry added, saying the strikes were the latest «systematic terrorist attacks against Ukraine’s energy infrastructure, which is a direct violation of international humanitarian law.»

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The attack was the largest since Russia launched 309 drones and eight missiles into Ukraine on July 31, according to the air force.

Russia’s Defense Ministry said its forces shot down 23 Ukrainian drones on Monday night and into Tuesday morning.

Ukrainian firefighters search for survivors

The attack was the largest since Russia launched 309 drones and eight missiles into Ukraine on July 31. (Getty Images)

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Both sides have been targeting infrastructure, including oil facilities.

Zelenskyy had criticized Moscow for earlier strikes on Monday ahead of his meeting at the White House in which at least 14 people were killed and dozens more were injured.

«The Russian war machine continues to destroy lives despite everything. Putin will commit demonstrative killings to maintain pressure on Ukraine and Europe, as well as to humiliate diplomatic efforts. That is precisely why we are seeking assistance to put an end to the killings,» he wrote Monday morning on X.

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Reuters contributed to this report.



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