INTERNACIONAL
Planificación militar china para el combate en América Latina: implicaciones para la región
El 19 de diciembre de 2025, una filial de la Televisión Central de China (CCTV) publicó un reportaje sobre un reciente simulacro de guerra militar chino en la ciudad de Xuchang, provincia de Henan, que consistía en la simulación de operaciones de combate del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el hemisferio occidental. Las imágenes del simulacro, transmitidas por CCTV, mostraron claramente interacciones simuladas entre fuerzas rojas (chinas) y azules (occidentales) cerca de Cuba, el Golfo de México y el Caribe. Las imágenes del simulacro, que también mostraban operaciones del EPL en el Mar de Ojotsk y cerca de Taiwán, ilustran cómo la República Popular China (RPC) está considerando llevar a cabo actividades militares en el hemisferio occidental en el contexto de una guerra más amplia con Occidente.
Dicha evidencia da crédito a numerosas declaraciones de altos funcionarios militares estadounidenses, incluidos los ex jefes del Comando Sur de EEUU, la general Laura Richardson y el almirante Alvin Holsey, sobre los riesgos de los puertos, el espacio, las telecomunicaciones y otras infraestructuras de “doble uso” de la RPC en tiempos de guerra. También arroja una nueva perspectiva sobre la evidencia pública, confirmada por el gobierno estadounidense, de la operación por parte de la República Popular China de instalaciones de inteligencia electrónica (ELINT) en múltiples sitios de Cuba, incluyendo Bejucal, Salao y Wajay. La manipulación de las confrontaciones militares en la región por parte del EPL, mostrada por CCTV, también arroja nueva luz sobre las preocupaciones de alto perfil sobre el uso militar por parte de la República Popular China de su “Radar de Espacio Profundo” en Neuquén, Argentina, operado con escasa supervisión del gobierno argentino por un órgano del EPL, operando en frecuencias de comunicación comúnmente utilizadas por el ejército chino.
De igual manera, arroja nueva luz sobre la operación “exclusiva” del puerto peruano de Chancay por parte de China Overseas Shipping Company (COSCO), sancionada por el gobierno estadounidense por sus estrechos vínculos con el EPL, así como sobre la insistencia de la República Popular China en que se le otorgue a COSCO una participación mayoritaria en cualquier cambio de propiedad de los puertos en Panamá. Las pruebas de CCTV también refuerzan la presencia del buque de la Armada del EPL “Silk Road Ark”, que apareció en el Caribe en diciembre de 2025, haciendo escala en Jamaica y Barbados con la aprobación de sus gobiernos, a pocos kilómetros de las principales operaciones militares estadounidenses en la región, la “Operación Lanza del Sur”.
La República Popular China ha buscado ventajas diplomáticas al proclamar a Latinoamérica como “Zona de Paz”. A su vez, muchos líderes políticos y empresariales latinoamericanos buscan beneficios económicos de la República Popular China sin involucrarse en la “Competencia entre Grandes Potencias”. No obstante, durante un conflicto importante con Occidente, la República Popular China cuenta con incentivos y oportunidades prácticamente irresistibles para llevar a cabo operaciones militares en Latinoamérica, incluso sin alianzas formales ni acuerdos de base.
Durante una guerra de este tipo, importantes instalaciones militares estadounidenses en Florida, el Golfo de México y la Costa Este de Estados Unidos podrían estar dentro del alcance de las instalaciones ELINT de la República Popular China en Cuba, previamente señaladas. De manera similar, fuerzas de combate y buques de suministro militar vitales de EEUU transitarían lógicamente desde bases estadounidenses, a través del Caribe y el Canal de Panamá, rumbo al Indopacífico, precisamente el escenario de las operaciones militares del EPL contempladas en el ejercicio mostrado por CCTV. La capacidad de la República Popular China para aprovechar su influencia política y económica sobre gobiernos caribeños como los de Antigua y Barbuda, Granada, República Dominicana, Jamaica y Barbados, gracias a años de donaciones, operaciones hoteleras y portuarias e intercambios militares con gobiernos de la región, podría permitirle desplegar fuerzas de operaciones especiales desde esos países, poniendo en riesgo a las fuerzas estadounidenses. De igual manera, la capacidad de la República Popular China para cerrar el canal gracias a su acceso físico, conocimiento técnico y relaciones, podría ser crucial para que Taiwán resista una invasión o bloqueo por parte de la República Popular China.
Durante una guerra de este tipo, el acceso de la República Popular China al espacio desde el hemisferio occidental, a través de instalaciones que controla o a las que tiene acceso en Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y otros lugares, podría permitirle localizar satélites occidentales para cegarlos, interferirlos o destruirlos, lo que perjudicaría gravemente las operaciones de combate globales de Estados Unidos, sus aliados de la OTAN y Asia.
En etapas posteriores de un conflicto de este tipo, la capacidad de COSCO, afiliada al EPL, de utilizar su control exclusivo de Chancay para reabastecer armamento a los buques de guerra de la Armada del EPL, al igual que COSCO alojó buques de la Armada del EPL en su puerto de Hambantota, Sri Lanka, en 2022 y de nuevo en 2024, podría contribuir a las operaciones de combate chinas contra Estados Unidos en el Pacífico Oriental. El acceso de la República Popular China al puerto de Corinto, en Nicaragua, hostil a Estados Unidos, podría acercar aún más la amenaza de la Armada del EPL en tiempos de guerra al territorio continental de Estados Unidos. El reciente descubrimiento de buques de carga comerciales chinos para lanzar misiles ilustra cómo las rutas y puertos comerciales operados por la República Popular China, desde Tijuana (México) hasta Tierra del Fuego (Argentina), podrían utilizarse en tiempos de guerra para amenazar objetivos estratégicos y cuellos de botella estadounidenses.
Si bien una guerra a gran escala con la República Popular China en el Indopacífico no es inevitable, preocupantes acontecimientos recientes, como los nuevos ejercicios militares de la República Popular China centrados en Taiwán y el corte de un alarmante número de cables submarinos de datos taiwaneses, destacan que es una posibilidad realista que los planificadores estadounidenses deben considerar seriamente.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU para 2025 reconoce la importancia estratégica de la supervivencia de Taiwán y de contrarrestar la presencia militar de la República Popular China, el control de la infraestructura militar relevante y la influencia que limitaría el acceso de EEUU al hemisferio occidental. La inclusión por parte de China de objetivos del hemisferio occidental en su simulacro de guerra en Xuchang demuestra que la implementación efectiva de esas buenas intenciones, en colaboración con los socios estadounidenses en ambas regiones, es vital para la seguridad nacional de EEUU.
Politics,Asia
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President Donald Trump granted clemency this year to a range of figures he viewed as victims of an unfair justice system. Some were tied to his newfound interest in cryptocurrency or shared in his 2020 election grievances, while another was simply brought up during a round of golf.
While presidents of both parties have long used their pardon power in controversial ways, Trump’s clemency activity in 2025 stood out for its volume and for the deal-making style that has been a defining feature of his approach to power.
What follows is a list of some of the president’s most controversial pardons in 2025.
Jan. 6 defendants
The day Trump took office, he issued mass clemency to nearly all his supporters who had been convicted of federal offenses related to the Jan. 6, 2021, Capitol riot.
Trump said at the time they had been «treated very unfair» by prosecutors and the courts.
Roughly 1,600 people faced charges over the Capitol attack, and the Department of Justice secured guilty pleas or convictions for more than 1,200 of them, according to federal data. About 200 pleaded guilty to felonies that included assaulting officers, and more than 200 others were convicted in trials of offenses that included attacking law enforcement.
Trump singled out 14 of the defendants, some of whom received prison sentences that stretched beyond a decade, and commuted their sentences instead of pardoning them. They included numerous Oath Keepers and Proud Boys leaders.
BOASBERG REVERSES COURSE ON JAN. 6 DEFENDANTS PARDONED BY TRUMP
President Donald Trump’s supporters rally at the U.S. Capitol in Washington, D.C., while some breach restricted areas on Jan. 6, 2021. (AP Photo/Jose Luis Magana, File)
The president also directed the DOJ to drop pending cases for all the remaining defendants. The grand act of clemency wiped out one of the DOJ’s largest and most resource-intensive law enforcement operations in history. Cases were brought throughout all four years of the Biden administration.
Changpeng Zhao
The founder and former CEO of Binance, the largest cryptocurrency platform, was convicted of anti-money laundering violations and received a full pardon in October 2025.
The pardon came one week after Donald Trump Jr. introduced a lobbyist for Zhao to Trump while on stage at Charlie Kirk’s memorial.
Critics observed that Binance has boosted the Trump family’s cryptocurrency company, but a lawyer denied any business reasons for the pardon, instead telling the Wall Street Journal Zhao was «pardoned for justice.»
George Santos
The former U.S. representative who was found to be a serial fabulist after his congressional run had his seven-year prison sentence commuted in October 2025.
Santos pleaded guilty to federal fraud and identity-theft charges, admitting to using campaign funds to buy luxury products and pay off his credit card debt.
Fellow Long Island Republicans who had previously called for his resignation reacted angrily to the commutation, with Rep. Andrew Garbarino, R-N.Y., calling it «not justice» and unfair to the people Santos defrauded.
HONDURAS ISSUES WARRANT FOR FORMER PRESIDENT PARDONED BY TRUMP
Former Rep. George Santos arrives at court in Central Islip, N.Y., Monday, Aug. 19, 2024. (AP Photo/Stefan Jeremiah)
Trump said Santos, who became an outspoken supporter of the president prior to receiving the pardon, was mistreated in jail. Santos «has been in solitary confinement for long stretches of time and, by all accounts, has been horribly mistreated,» Trump said.
Tim Leiweke
Leiweke, a sports executive, was charged by the Trump DOJ’s Antitrust Division with rigging a bid to build an arena at the University of Texas.
The DOJ accused Leiweke of violating the Sherman Act by gypping the university and taxpayers out of a fair bidding process to benefit his own company.
Former Rep. Trey Gowdy, who represented Leiweke, persuaded Trump to grant his client the pardon after a round of golf at Mar-a-Lago, the Wall Street Journal first reported.
Juan Orlando Hernandez
Trump issued a heavily criticized pardon to Hernandez, the former president of Honduras, who had been convicted in a U.S. federal court on drug-trafficking and firearms charges and sentenced to 45 years in prison for helping cocaine traffickers move hundreds of tons of narcotics into the U.S.
Trump’s pardon, granted in December, freed Hernandez from prison in West Virginia just days before Honduras’s presidential election. Honduras responded by issuing a warrant for Hernandez’s arrest.
Trump claimed Hernandez had been unfairly prosecuted by the Biden administration. Critics observed that Trump has pushed legal boundaries to carry out one of his top agenda items, cracking down on drug trafficking, and that Hernandez’s release was counterproductive to that mission.
The Chrisleys
Todd and Julie Chrisley, reality TV stars from «Chrisley Knows Best,» were convicted in 2022 of bank fraud and tax evasion and both serving prison sentences when Trump pardoned them in May. Trump cited «pretty harsh treatment» as his reason for the clemency.
Their daughter, Savannah, endorsed Trump during the Republican National Committee convention ahead of the 2024 election. The daughter revealed in December she is stepping into a cohost role on «The View.» Incidentally, Savannah Chrisley’s future cohosts had slammed her parents’ pardon as unethical.
NEW MOTION SEEKS COLORADO CLERK TINA PETERS’ RELEASE, CHALLENGING STATE AFTER TRUMP PARDON
Reality TV star Todd Chrisley speaks as his daughter Savannah Chrisley looks on during a news conference on Friday, May 30, 2025, in Nashville, Tenn. (George Walker IV/AP Photo)
«If you are a reality star with a lot of money, and a tax cheat, and you commit fraud, then that’s good. We’re going to give you a pardon,» anti-Trump host Joy Behar had said.
Devon Archer
Trump granted a full pardon to Archer, who was convicted in a federal fraud case, in March 2025. Archer was a longtime business partner of Hunter Biden but became an ally to House Republicans as they investigated the Bidens for what they said were corrupt foreign business dealings.
Henry Cuellar and his wife
The Democratic congressman from Texas and his wife were pardoned after the Biden DOJ brought federal bribery charges against them.
Trump claimed they were unfairly targeted because Henry Cuellar, a moderate who represented a battleground district in South Texas, supported more border security than many of his Democratic colleagues. However, when Cuellar filed for reelection as a Democrat after Trump’s pardon, the president said he was displeased.
«Such a lack of LOYALTY,» Trump wrote on social media. «Oh well, next time, no more Mr. Nice guy!»
Tina Peters
Trump announced in December that he pardoned Tina Peters, the former Mesa County, Colorado, elections clerk who was serving a 9-year state prison sentence for orchestrating a data-breach scheme to advance fraud claims related to the 2020 election.
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Trump framed the pardon as support for her efforts to «expose voter fraud,» but because her convictions were in Colorado state court, legal experts and state officials say the president has no authority to pardon state-level convictions, and her sentence has not been automatically erased or resulted in her release.
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INTERNACIONAL
Quién es quién en el nuevo conflicto de Yemen que enfrenta a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos
La escalada de tensiones en el sur del Yemen entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha revelado el conflicto interno en la coalición antihutí, con acusaciones de Riad contra Abu Dhabi por amenazar su seguridad nacional, en medio de la ofensiva secesionista yemení en el sur.
La coalición militar liderada por Arabia Saudita bombardeó este martes un cargamento de armas procedente de Emiratos en el puerto de Mukalla, en el sur del Yemen, destinado a los secesionistas del Consejo de Transición Sureño (CTS), un episodio de violencia que marca también la primera acusación pública de Riad contra su aliado por alimentar divisiones internas.
El Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) -que actúa como órgano ejecutivo del Yemen reconocido internacionalmente– encabezado por Rashad al Alimi decretó en esta jornada un estado de emergencia de 90 días en las zonas bajo su control, un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de 72 horas, y rompió el acuerdo de defensa con EAU.
Y exigió a los emiratíes la retirada inmediata de sus fuerzas y personal en 24 horas, al considerar que Abu Dhabi instiga un “golpe de Estado” al respaldar la ofensiva del CTS en las provincias orientales de Hadramut y Al Mahra.
Esta crisis, originada en la ofensiva relámpago del CTS a principios de diciembre que le permitió controlar dos provincias ricas en recursos y fronterizas con Omán y Arabia Saudita, evidencia las fisuras en la coalición formada en 2015 y que podría beneficiar indirectamente a los hutíes.
Estos son los principales actores implicados en el conflicto.
Esta alianza, liderada formalmente por Arabia Saudita y, paradójicamente, por Emiratos Árabes Unidos, se formó en 2015 para apoyar al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y por la ONU contra los rebeldes chiíes hutíes -respaldados por Irán-, que tomaron el control de Saná y amplias zonas del país en 2014.
Esta coalición, donde Arabia Saudita es el único en la práctica con activos militares, busca restaurar la legitimidad del Gobierno exiliado en Adén y contrarrestar la influencia iraní sobre los hutíes, aunque ha enfrentado críticas por el impacto humanitario de sus acciones y que ahora ha revelado sus divisiones internas.
Además de Riad y Abu Dhabi, esta alianza también cuenta nominalmente con Jordania, Marruecos y Egipto como miembros, así como Kuwait y Baréin. También ha contado con respaldo internacional como Estados Unidos, Francia y Alemania, entre otros, para capacitar y compartir inteligencia.
EAU apoya militar y económicamente a los secesionistas del sur, agrupados en el Consejo de Transición Sureño (CTS), formado en 2017 por Aidarus al Zubaidi tras su destitución como gobernador de Adén, y que se oponen a los hutíes.
Pese a que Al Zubaidi sea el vicepresidente del Consejo de Liderazgo Presidencial desde 2022, lidera al grupo separatista que lanzó la ofensiva este diciembre contra las unidades militares ligadas al Gobierno reconocido.
El CTS busca reavivar un Yemen del Sur independiente, como el que existió entre 1967 y 1990, y ha recibido envíos de armas desde puertos emiratíes como Fujairah, lo que ha provocado acusaciones de “escalada peligrosa” por parte de Riad y el Gobierno yemení, incluyendo el control reciente de provincias orientales como Hadramut (rica en petróleo) y Al Mahra, fronterizas con Omán y Arabia Saudita.
El Gobierno yemení (o CLP) es un órgano colegiado cuyo líder es Al Alimi, que asumió el poder tras la renuncia de Abdo Rabu Mansur Hadi en 2022 bajo presiones saudíes. Su lucha primordial es contra los hutíes para recuperar el control territorial y restaurar la unidad del país, pero ahora enfrenta divisiones internas instigadas por EAU.
Este Gobierno, con sede en Adén, -los hutíes tomaron Saná hace 11 años- ha impuesto medidas como el estado de emergencia y la ruptura de acuerdos con Abu Dhabi por considerar que el apoyo emiratí al CTS socava su autoridad, fomenta conflictos tribales y podría beneficiar a los rebeldes hutíes, amenazando la cohesión institucional y la seguridad en zonas clave como las provincias orientales, ricas en petróleo.
Su poder militar es muy limitado, y en la práctica se restringe a las fuerzas de la coalición liderada por los saudíes.
Este movimiento insurgente chií respaldado por Irán inició un golpe en 2014 capturando Saná y amplias regiones del norte y oeste del Yemen. Representan el principal adversario de la coalición y el Gobierno reconocido, controlando la capital y zonas estratégicas que incluyen accesos al mar Rojo.
Aunque no están directamente involucrados en la actual crisis secesionista, las autoridades yemeníes y saudíes advierten de que las tensiones internas podrían reavivar luchas que los benefician indirectamente, permitiendo a los hutíes consolidar posiciones y explotar la fragmentación, en un conflicto que ha durado más de una década y ha causado un colapso humanitario en el país.
(Con información de EFE)
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At least a dozen states are scrambling to limit health insurance premium hikes after Congress failed to renew enhanced Obamacare subsidies, leaving millions of Americans facing higher health care costs.
States including California, Colorado, Maryland and New Mexico have approved or are considering temporary measures to help some residents afford coverage, but some officials across the country said the cost of replacing federal subsidies for millions of enrollees is beyond the reach of state budgets, according to Politico.
«We can carry the cost for a little bit, but at some point, we will need Congress to act,» New Mexico House Speaker Javier Martínez told the outlet. New Mexico is so far the only state to fully replace the expired subsidies.
Obamacare, officially known as the Affordable Care Act, was former President Barack Obama’s signature piece of legislation which expanded healthcare coverage to millions of Americans in 2010. Critics argue it forced people to buy insurance, raised costs for some consumers and significantly expanded the federal government’s role in health care.
SPEAKER JOHNSON EKES OUT HEALTHCARE BILL VICTORY AFTER HOUSE GOP OBAMACARE REBELLION
At least a dozen states are scrambling to limit health insurance premium hikes after Congress failed to renew enhanced Obamacare subsidies, leaving millions of Americans facing higher health care costs. (iStock)
The looming expiration of the subsidies hung over negotiations during the longest-ever government shutdown in the fall, as Republicans and Democrats tried — and failed — to pass competing plans to extend or replace the enhanced tax credits.
The lapse of the subsidies is expected to push millions of Americans out of the individual insurance market, increasing pressure on state Medicaid programs and hospitals already facing financial strain. State responses have varied widely, reflecting political divisions, fiscal constraints and differing views on the Affordable Care Act.
According to Politico, California, which anticipated the subsidies would expire, is spending nearly $200 million to support roughly 300,000 lower-income residents, but officials warn that hundreds of thousands more could still lose coverage.
COLLINS, MORENO UNVEIL OBAMACARE PLAN AS REPUBLICANS SEARCH FOR SOLUTION TO EXPIRING SUBSIDIES
Obamacare, officially known as the Affordable Care Act, was former President Barack Obama’s signature piece of legislation which expanded healthcare coverage to millions of Americans in 2010. (By Lea Suzuki/The San Francisco Chronicle via Getty Images; Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images)
Some states are using regulatory maneuvers rather than direct funding to stretch remaining subsidies. Other states, including Georgia and Washington, say budget shortfalls or political opposition prevent them from acting.
Most states have taken no action at all, including both Republican-led states that oppose the Affordable Care Act and some Democrat-led states that support it, according to Politico.
A few lawmakers in Maine and other battlegrounds worry their efforts could disincentivize Congress from coming up with a federal solution.
Sens. Susan Collins, R-Maine, and Bernie Moreno, R-Ohio, announced their plan to extend expiring Obamacare subsidies by two years, include income caps and end zero-cost premiums. (Anna Moneymaker/Getty Images ; Andrew Harnik/Getty Images)
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Earlier this month, Sens. Susan Collins, R-Maine, and Bernie Moreno, R-Ohio, held bipartisan confabs to hash out a framework for an Obamacare fix that could meet the desires of both sides of the aisle, but it has not been formally written into a bill that passed either chamber yet.
Any fix would likely involve a short-term extension of subsidies paired with Republican demands for guardrails, such as income limits or cost controls.
Fox News’ Alex Miller contributed to this report.
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