Japón indicó este sábado que el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra los aranceles impuestos por el presidente de ese país, Donald Trump, no afectará a las primeras inversiones del marco comercial que contempla compromisos valorados en 550.000 millones de dólares, afirmó el diario económico Nikkei.

Una fuente gubernamental, cuya identidad no fue revelada por Nikkei, señaló que los primeros proyectos valorados en 36.000 millones de dólares anunciados el pasado martes por Trump serán mantenidos por ser “necesarios para el crecimiento y la seguridad económica de Japón”.

“Se espera que Trump continúe imponiendo tarifas por otros medios”, añadió una segunda fuente gubernamental citada por el diario económico.

Las inversiones niponas en suelo estadounidense incluyen un masivo proyecto de construcción de la mayor infraestructura de gas natural en el estado americano de Ohio (oeste del país), así como otros dos relacionados con los sectores del gas natural licuado (LNG) y los minerales críticos.

Estas inversiones forman parte del acuerdo comercial alcanzado el pasado julio entre Tokio y Washington, que incluye inversiones japonesas de hasta 80 billones de yenes (550.000 millones de dólares) así como la reducción del 25 % al 15% los aranceles recíprocos a productos japoneses, incluyendo automóviles.

Las declaraciones, a falta de una reacción oficial, llegan en medio de los planes de la primera ministra, Sanae Takaichi, de viajar a Estados Unidos el mes próximo para reunirse con Trump.

El fallo del Supremo estadounidense del viernes afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes “recíprocos” a los socios comerciales de la mayor economía del mundo.

La corte determinó que Trump excedió su autoridad al imponer tributos basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), bloqueando así la herramienta clave con la que Washington buscaba implementar su agenda económica.

El Gobierno taiwanés, por su parte, consideró que el nuevo arancel global del 10 % anunciado por Trump, tendrá un “impacto limitado” en la isla, que firmó recientemente un acuerdo comercial con Washington.

El arancel fue anunciado después de que el Supremo bloqueara el viernes los aranceles previamente aplicados a socios comerciales, incluida Taiwán, al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La ley en la que se basó Trump para esta nueva orden ejecutiva solo permite incrementar aranceles hasta un 15 % y por períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

La portavoz del Yuan Ejecutivo (Gobierno), Michelle Lee, señaló que Taipéi seguirá “de cerca” la evolución de la política arancelaria estadounidense y mantendrá una comunicación estrecha con Washington para comprender las medidas específicas y responder “de manera oportuna”.

“Independientemente de cómo evolucionen las políticas arancelarias posteriores de la administración Trump en respuesta a la decisión del Supremo, el objetivo central del Gobierno es seguir esforzándose por lograr los mayores beneficios nacionales e industriales y garantizar el desarrollo estable de la economía de Taiwán”, afirmó Lee, citada por la agencia isleña CNA.

Este mes, Taiwán y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial que reducía del 20 % al 15 % los aranceles aplicados a la isla por Washington. No obstante, tras el fallo del Supremo, está por ver cómo afectará la decisión judicial a ese entendimiento bilateral.

Lee indicó que productos que representaron el 76 % de las exportaciones taiwanesas a Estados Unidos en 2024 están sujetos a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, cuyas investigaciones han concluido o siguen en curso.

Según la portavoz, el equipo negociador taiwanés logró en el acuerdo recientemente firmado un trato de “nación más favorecida” respecto a esos aranceles, lo que contribuiría a reducir el impacto en sectores afectados y a mitigar la incertidumbre para la cadena de suministro tecnológica ante posibles futuros gravámenes sobre semiconductores y productos relacionados.

El acuerdo incluía además el compromiso de Taipéi de eliminar o reducir el 99 % de sus barreras arancelarias a importaciones industriales y agrícolas estadounidenses, según la Oficina del Representante Comercial de EEUU.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump y su gabinete han insistido en la necesidad de “traer de vuelta” la producción de semiconductores a EE.UU., un país que durante años dependió de fabricantes extranjeros y de cadenas de suministro globales frágiles.

Sin embargo, los expertos consideran que replicar la capacidad de fabricación de Taiwán no será sencillo, dado que cuenta con décadas de experiencia, una mano de obra altamente especializada y un ecosistema completo de proveedores y logística que permite mantener elevados niveles de eficiencia.

Varios países y regiones de Asia respondieron este sábado al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por la Administración del presidente Donald Trump desde el pasado abril, así como a la nueva tasa global del 10 % que el mandatario firmó como respuesta a la resolución.

Las reacciones se producen después de que la Corte Suprema estadounidense determinase este viernes, con una clara mayoría de 6-3, que el Gobierno de Trump se extralimitó en los poderes invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales.

Como respuesta a la resolución, que invalida los llamados “aranceles recíprocos” y otros gravámenes generalizados impuestos por Trump, con un tipo mínimo del 10 %, el mandatario firmó un arancel global del 10 % sobre todos los países.

La ley que soporta esta nueva orden ejecutiva solo permite incrementar aranceles hasta un 15 % y por períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

Corea del Sur afirmó que su acuerdo comercial con Washington, que contempla compromisos como una inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares, y aranceles del 15 % por parte de Washington, sigue intacto.

Las autoridades surcoreanas convocaron una reunión de emergencia –según la agencia de noticias Yonhap– para evaluar el impacto de la invalidación de tasas.

Hong Kong consideran que el arancel global del 10 % anunciado por Trump tendrá un “impacto limitado” en sus economías.

El secretario de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong, Christopher Hui, afirmó que la estructura económica del centro financiero, fuertemente centrada en el sector servicios, reduce de forma significativa su exposición directa a las tensiones comerciales internacionales.

Indonesia, que el jueves firmó un acuerdo comercial con EEUU, indicó que mantendrá “nuevas conversaciones” con Washington ante “las dinámicas que están ocurriendo”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Económicos de la principal economía del Sudeste Asiático, Haryo Limanseto, dijo que “sigue dependiendo de la decisión de ambas partes” la continuidad del pacto, que mantiene en el 19 % los aranceles de Washington a Yakarta, excepto para determinados productos textiles y agrícolas exentos de gravámenes, entre ellos el aceite de palma.

El acuerdo también incluye compras de productos estadounidenses valoradas en 33.000 millones de dólares por parte de Indonesia y cooperación en minerales críticos y tierras raras, en un contexto marcado por esfuerzos globales para reducir la dependencia en esta materia hacia China.

Malasia aseguró que “continuará diversificando sus relaciones comerciales y fortaleciendo la cooperación económica regional y multilateral” pese al fallo que invalida gran parte de los aranceles de Trump.

Washington y Kuala Lumpur firmaron en octubre un acuerdo comercial que contempla tasas del 19 % para los productos malasios y permite a EE. UU. ampliar su acceso a las tierras raras del país asiático.

(Con información de EFE)

A California judge is requiring a San Diego children’s hospital to continue providing transgender treatments to minors for now, extending a temporary restraining order as hospitals in California and New York take sharply different approaches to President Donald Trump’s executive order threatening to pull federal funding.

San Diego Superior Court Judge Matthew Braner agreed last week to extend a temporary restraining order by 15 days, allowing Rady Children’s Health to continue providing hormone therapy and puberty blockers to minors despite the Trump administration’s efforts to ban such treatments and fears of losing federal funds.

The judge’s order comes as a New York City hospital announced this week it is ending its Transgender Youth Health Program in part due to the «current regulatory environment» — a result of Trump’s executive order aimed at banning transgender medical procedures for minors.

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At issue is Trump’s executive order, signed shortly after he took office, that seeks to end transgender treatment for minors. In December, the Health and Human Services Department proposed a new rule that would strip federal Medicare and Medicaid funding for hospitals that provide «sex‑rejecting procedures» for children under the age of 18.

NYU Langone Health, one of New York City’s largest hospital networks, said the change was due to what hospital officials cited as the «current regulatory environment.» 

Meanwhile, lawyers for the San Diego hospital argued in court that continuing the treatments for minors, even temporarily, could expose it to immediate risk and threaten its Medicaid and Medicare funding — a critical revenue source given Rady’s status as Southern California’s largest children’s health care provider.

Braner acknowledged after hearing from both parties that Rady and other hospitals likely feel caught «between a rock and a hard place» amid heightened scrutiny from the Trump administration.

Still, he said concerns about losing funding could be quickly addressed if that scenario unfolds. «We’ll clear our calendar, and we’ll have a hearing within 24 hours of any notice» from HHS, he said, according to local news outlets.

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Trump and protesters advocating on behalf of transgender treatments for minors are seen in this split imge. (Getty Images)

The reassurances from the judge, whose extension is slated to last through March 15, did little to assuage Rady’s lawyers, who cited the risks of noncompliance and told the judge that even in a short window, continuing the treatments could pose a «catastrophic risk.»

The legal back-and-forth comes as more than 40 hospitals in the U.S. have so far restricted such treatments for minors, in compliance with the administration’s guidance, according to data compiled by STAT News earlier this month. 

«Given the recent departure of our medical director, coupled with the current regulatory environment, we made the difficult decision to discontinue our Transgender Youth Health Program,» NYU Langone officials said in a statement this week announcing the hospital was ending transgender treatment for minors.

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Hospital staff from Children’s National Hospital watch as the U.S. Navy Blue Angels and U.S. Airforce Thunderbirds fly over the D.C. area on May 2, 2020 in Washington, DC.  (Photo by Sarah Silbiger/Getty Images)

«We are committed to helping patients in our care manage this change. This does not impact our pediatric mental health care programs, which will continue,» the hospital said.

Officials at Rady in San Diego previously announced the hospital would also stop treatments for minors in accordance with the Trump administration’s guidance. The announcement prompted California Attorney General Rob Bonta to file a lawsuit earlier this year.

El dato principal de este fallo es que el establishment, que es eso lo que representa en sus máximas alturas la Corte Suprema norteamericana, comienza a poner límites definitivos a Donald Trump. Esa acción puede traducirse en diferentes niveles, pero en concreto sale a discutir el populismo proteccionista del magnate. Si bien no totalmente, voltea el sistema arancelario que definía esta presidencia y que ha sido el arma principal de Trump para intentar disciplinar el mundo violando el derecho constitucional del Congreso a fijar impuestos.

Pero aún peor. Cuando el mandatario se alza contra el fallo del Tribunal, insulta a los jueces y sugiera que hará lo que le venga en gana, edifica lo que la Corte precisamente pretendería neutralizar: la consolidación de una autocracia.

El presidente a su llegada impuso una dudosa emergencia nacional y desde entonces gobierna por decreto puenteando al legislativo. Es eso lo que se ha fracturado ahora, lo que promete una extraordinaria turbulencia en los mercados porque deja al gobierno notoriamente debilitado y erosiona el liderazgo y la personalidad del presidente.

Este golpe se produce desde un poder que ha sido muy cercano a las aventuras políticas del mandatario republicano. Esa alianza parece fracturarse. El liberalismo clásico estadounidense antimonárquico –vale señalarlo- reaparece con este gesto, que era previsible y que además puede disparar un efecto dominó en el oficialismo parlamentario, donde un amplio sector masculla desde hace tiempo en silencio su oposición a los modos y las medidas extremas de la Casa Blanca que arriesgan una derrota en las elecciones de medio término de noviembre.

El fallo aparece además en un momento de viento en contra para el mandatario. El crecimiento de la economía se desaceleró más de lo esperado en los últimos meses de 2025. Se expandió a una tasa anual del 1,4% en el trimestre de octubre a diciembre, un 2,2 % para el año completo, por debajo del ritmo calculado por los analistas. Trump escapó culpando a los demócratas, pero es una narrativa solo para su tribuna. Lo más interesante es la balanza comercial. Esta semana se informó que el saldo comercial de la potencia solo mejoró un 0,2% durante 2025. Las importaciones de bienes y servicios procedentes de otros países alcanzaron un nuevo máximo durante todo el año inaugural de Trump pese a su agresiva política comercial.

Recordemos que los aranceles que fijó Trump a las importaciones, con el argumento de que los déficit comercial implican abusos y estafas, son en la práctica impuestos internos que pagan los consumidores y las empresas que traen los productos o insumos. No los pagan los exportadores. En esa línea dejaron de constituir una herramienta puramente comercial para convertirse en una fuente masiva de ingresos fiscales. Ahí hay una explicación sobre el aumento de la inflación en diciembre, cuando registró 2,9% en tasa anualizada. El agravante de esta novedad es que el dinero recaudado deberá ser devuelto por el gobierno federal. Son más de 134 mil millones de dólares el año pasado y se esperaba una cifra similar aunque superior para este 2026.

Pero la mayoría de la Corte que firmó este dictamen, posiblemente no solo este analizando esos números. Lo que revela este fallo es la potencia de las dudas detrás del nacionalismo trumpista sobre si sus políticas garantizan la rueda de acumulación, un básico del sistema capitalista. El presidente y gran parte de su gabinete son lo que en EE.UU. se denomina i-liberales, no liberales, con asesores como Peter Navarro que cuestionan el libre comercio que ha sido una bandera histórica del partido republicano.

Son estos halcones lo que han quebrado las alianzas del país con socios clave como los europeos asombrando al mundo, han reivindicado a Rusia por encima de Ucrania y creado un culto personalista del mandatario con ribetes soviéticos.

Trump tiene a mano algunas alternativas, pero no será ya lo mismo. Según informes del Financial Times, el gobierno pude utilizar capítulos de la Ley de Comercio de 1974 que permite imponer aranceles de solo 15% pero por 150 días. Es lo que acaba de anunciar Trump. Existe otra ley de 1930 que permite al gobierno fijar gravámenes de hasta 50% a un país que discrimine contra el comercio estadounidense.

Sin embargo, señala ese diario, aunque la Casa Blanca podría reconstruir un muro arancelario, las vías legales alternativas limitarían las capacidades de Trump para subir y bajar rápidamente los aranceles, como herramienta de presión.

“Con otras leyes, el gobierno tendrá que justificar el uso de aranceles. Será menos del estilo, ‘me desperté y decidí que estoy molesto con este aviso de la tele canadiense asique voy a subir los aranceles’”, dijo al Financial Lori Walach, del grupo Rethink Trade. Recordaba un hecho real de un castigo por una publicidad en Ontario, un estilo autoritario que tiene como antecedente en la región el 50% aplicado a Brasil porque se disgustó con el proceso por golpismo contra Jair Bolsonaro o los gravámenes contra Suiza porque no le gustó como le habló la entones presidente de ese país.