INTERNACIONAL
Quién es Paul Doyle: el ex marine inglés que atropelló a decenas de personas en Liverpool
El 27 de mayo, Liverpool celebraba a lo grande el título de la Premier League. Lo que debía ser una jornada festiva, con cientos de miles de aficionados en las calles, se tornó en tragedia. Paul Doyle, de 53 años, condujo un Ford Galaxy Titanium que embistió a una multitud al final del desfile, dejando un saldo de al menos 79 heridos, entre ellos varios niños. La policía de Merseyside informó que las víctimas tenían entre 9 y 78 años, y que cerca de 50 personas necesitaron atención hospitalaria.
Paul Doyle nació en 1970 y reside en la zona de West Derby, Liverpool. Está casado y es padre de tres hijos. Tras su paso por la escuela, se enlistó en la Royal Navy y entre 1990 y 1994 se desempeñó como comando de la Marina Real Británica. Superada esa etapa, Doyle profundizó sus estudios en informática y ciberseguridad, ámbitos en los que construyó una carrera como profesional. Destaca su trabajo previo con un fideicomiso del NHS (el sistema de salud público británico) y en una reconocida firma británica de gestión patrimonial.
Su perfil en LinkedIn da cuenta de un trayecto marcado por la formación universitaria y la especialización tecnológica, un contraste llamativo con los hechos recientes. Se dice de él que contaba con recursos económicos y era una persona integrada a la comunidad.
El pasado lunes festivo, Doyle fue arrestado tras conducir aparentemente de forma deliberada hacia una masa de personas que trataba de abandonar el final del desfile. El hecho generó episodios de pánico y caos en el centro de Liverpool, empañando la celebración del club inglés. Testigos y videos permitieron a la policía detener rápidamente al sospechoso.
El viernes siguiente, Doyle fue presentado ante el juzgado de paz de Liverpool, donde se mostró visiblemente afectado y cansado. Vestía un traje negro con corbata gris y, durante la breve audiencia, solo pronunció su nombre completo, dirección y fecha de nacimiento. El fiscal Philip Astbury describió ante el tribunal que el acusado “utilizó su vehículo como arma para causar lesiones”, y detalló que seis personas fueron víctimas directas del ataque. Entre ellas figura un niño de 11 años, que permanece hospitalizado.
Doyle enfrenta siete cargos en total: dos por lesiones intencionales, dos por causar lesiones corporales graves intencionalmente, dos por intento de causar lesiones graves y uno más por conducción peligrosa. La defensa, representada por Richard Derby, señaló que hasta ese momento no había confesión ni aceptación de culpabilidad por parte de Doyle.
El juez de distrito, Paul Healey, calificó el caso como “realmente excepcional”. En la sala se dictaron restricciones de información que impidieron la identificación de las seis víctimas, protegiendo especialmente a los menores de 11 y 17 años implicados. Healey argumentó que existía una “posibilidad real de nuevos cargos”, debido a la gravedad del hecho y a la cantidad de personas afectadas.
A instancias del fiscal, el tribunal le negó la libertad bajo fianza a Doyle. Según Astbury, el acusado representaba un “riesgo real para su seguridad” si quedaba en libertad, pero también existía un riesgo de fuga, dado que se presumía que tenía recursos suficientes para no presentarse ante el tribunal. El juez remarcó la “naturaleza del interés público en este caso” y las preocupaciones legítimas sobre el bienestar de Doyle en la comunidad.
Ese mismo día compareció ante el Tribunal de la Corona de Liverpool bajo la presencia del juez Menary KC. Se le notificó que permanecería en prisión preventiva, al menos hasta una nueva presentación prevista para el 14 de agosto, con una posible fecha de juicio provisional para el 24 de noviembre.
La policía de Merseyside, liderada por la subdirectora Jenny Sims, continúa recabando pruebas y testimonios. Sims señaló que el incidente fue un duro golpe para la ciudad y para todos los seguidores del club: “Entiendo perfectamente la conmoción y la tristeza que nos ha causado este incidente… Nuestros detectives están trabajando incansablemente para encontrar respuestas”. Parte de la investigación consiste en el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, cámaras corporales policiales y cámaras de vehículos, además del procesamiento de la información médica de las víctimas.
El Servicio de Fiscalía de la Corona informó que los cargos podrán revisarse según se avance en la investigación. El caso está lejos de cerrarse y la atención pública y mediática se mantiene, mientras Liverpool y el país entero esperan respuestas.
Paul Doyle queda así ante la opinión pública como el principal acusado de un hecho que conmociona aún a Liverpool. Su historia, la carrera militar y profesional, contrasta con la gravedad de los delitos que se le imputan. El proceso judicial abre interrogantes no solo sobre su motivación y acciones, sino también sobre la seguridad y las medidas de prevención en eventos multitudinarios.
Mientras la investigación progresa, la ciudad lamenta el giro trágico de un día que debía ser de celebración y enfrenta el desafío de sanar las heridas físicas y emocionales dejadas por este episodio.
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INTERNACIONAL
Quiénes son los líderes europeos que firmaron una carta pidiendo mantener la presión sobre Rusia antes de la cumbre Trump-Putin
Por ahora, posiciones irreconciliables
Donald Trump,Vladimir Putin,Rusia,Ucrania,Guerra Rusia-Ucrania,Últimas Noticias
INTERNACIONAL
Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia antes de cumbre entre Trump y Putin
Los principales líderes europeos reafirmaron este domingo su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia para alcanzar la paz, días antes de la reunión prevista entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump el próximo 15 de agosto en Alaska.
La cumbre, anunciada por Trump el viernes, forma parte de sus esfuerzos por buscar una salida al conflicto iniciado con la invasión rusa en febrero de 2022. El encuentro se celebrará sin la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien ha reclamado participar en las negociaciones.
Trump adelantó que el eventual acuerdo “incluirá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, en referencia a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles. Zelensky rechazó esa posibilidad: “No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada. Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, afirmó el sábado en redes sociales.
En conversaciones separadas con Zelensky, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresaron su respaldo a Kiev. Macron señaló en X que “el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos”, mientras que Sánchez abogó por “una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía” del país.
Además, los mandatarios europeos firmaron una declaración conjunta en la que sostienen que “solo un enfoque que combina una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa” podrá poner fin a la guerra. “Aplaudimos el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania” y “estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania”, añade el texto.
Entre los firmantes figuran Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro polaco, Donald Tusk; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
En paralelo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó el sábado por teléfono con Putin y expresó la disposición de Brasil a contribuir a una solución pacífica. Según la presidencia brasileña, el mandatario ruso agradeció el interés.
Las tres rondas de conversaciones celebradas este año entre Rusia y Ucrania no produjeron avances. Moscú exige la cesión de cuatro regiones parcialmente ocupadas —Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson—, además de Crimea, anexionada en 2014, y que Kiev renuncie a suministros de armas occidentales y a su ingreso en la OTAN. Ucrania considera estas condiciones inaceptables y exige la retirada total de las tropas rusas y garantías de seguridad que incluyan más armamento y presencia militar europea.
Sobre el terreno, los combates continúan. En la región de Donetsk, bombardeos rusos mataron el sábado a cuatro personas y dejaron una veintena de heridos; en Kherson, otras dos personas murieron.
La reunión de Alaska será la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde la celebrada en Ginebra en junio de 2021 entre Putin y el ex presidente Joe Biden. Trump y Putin no se encuentran cara a cara desde la cumbre del G20 en Japón en 2019, aunque han mantenido contactos telefónicos desde enero.
Los líderes europeos subrayaron que “el camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania” y reiteraron su compromiso con garantías de seguridad “creíbles y robustas” para Kiev. Además, calificaron la invasión rusa como una “flagrante violación” de la Carta de la ONU, el Tratado de Helsinki de 1975, el Memorándum de Budapest de 1994 y otros compromisos internacionales suscritos por Moscú.
“Seguiremos trabajando con el presidente Trump y los Estados Unidos y con el presidente Zelensky y el pueblo ucraniano por una paz en Ucrania que proteja nuestros intereses vitales de seguridad”, concluye la declaración.
(Con información de EFE y AFP)
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Boston’s sanctuary sheriff was arrested Friday on federal charges after allegedly leveraging his elected position to extort $50,000 from a cannabis executive who was seeking state approval to open a dispensary—a scheme FBI Director Kash Patel called a betrayal of public trust.
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins, 67, who oversees more than 1,000 employees in the Boston-area, was handcuffed Friday morning in the Southern District of Florida after a federal grand jury indicted him on two counts of extortion under color of official right, according to a statement from the U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts.
«When someone entrusted with enforcing the law is accused of breaking it for personal gain, it undermines the public’s trust in every honest officer who wears the badge,» Patel told Fox News Digital. «The FBI will pursue corruption at every level, because no one is above the law. The people of Suffolk County, and the country, deserve leaders who serve them, not themselves.»
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins was arrested on Friday in connection to an illegal licensing scheme. (Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)
SUSPECTED ICE FACILITY ATTACKERS ARRESTED IN BLUE CITY, CHARGED WITH ASSAULTING FEDERAL OFFICERS
Tompkins was appointed sheriff of the Suffolk County Sheriff’s Department (SCSD) in 2013, elected in a 2014 special election, and later re-elected to serve successive six-year terms.
He made headlines in 2019 after booting Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents out of the county jail, signing an eviction notice that required hundreds of illegal immigrant detainees to be moved out within 60 days, according to a report from the Boston Herald.
FLORIDA EX-SHERIFF ARRESTED FOR ALLEGEDLY RUNNING ILLEGAL GAMBLING HOUSE THAT GENERATED MILLIONS
According to court documents, a cannabis company applied in 2019 for a retail dispensary license in Boston through the Massachusetts Cannabis Control Commission (CCC). To meet the state’s Positive Impact Plan (PIP) requirement, the company partnered with the sheriff’s department, which agreed to screen and refer graduates from its re-entry program for work at the dispensary’s retail store.
The company’s partnership with SCSD was formalized in a letter signed by Tompkins in 2019 and submitted with its dispensary license application in 2020. The cannabis commission approved the license in 2021 and renewed it in 2022 and 2023, with the company citing the partnership to meet the PIP requirement in each application.
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins is accused of pressuring an executive into selling him stocks and then demanding a refund. (John Wilcox/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)
To raise capital for an initial public offering (IPO) and expand as a publicly traded company, executives sought multimillion-dollar investments from institutions and other high-net-worth investors—not the general public, according to court documents.
By mid-2020, the company was preparing for its IPO by producing audited financial statements, hiring attorneys and obtaining additional financing.
Prosecutors allege Tompkins pressured the cannabis executive for stock, reminding the executive he had helped the company in its licensing efforts. The executive feared Tompkins might exploit his position as sheriff to undermine the partnership with the department, putting both the license and the company’s planned IPO in jeopardy.
PATEL’S IMMIGRATION PUSH AT FBI YIELDS 10,000 ARRESTS SINCE JANUARY
In October 2020, the company asked Tompkins for an updated partnership letter to submit with its license renewal application, according to court documents. Within a month of signing the letter, and after alleged pressure on the executive, Tompkins obtained a pre-IPO stake in the company.
Prosecutors claim that in November 2020, Tompkins wired $50,000 from his retirement account to an account controlled by the executive, purchasing nearly 29,000 shares at $1.73 each. Following a reverse stock split, he held about 14,400 shares valued at $3.46 each.
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins is facing up to 20 years in prison for each count of extortion. (Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)
Once the company launched its IPO in 2021, the stock value jumped to $9.60 per share, increasing the value of Tompkins’ $50,000 purchase of 14,417 shares to $138,403.
By May 2022, the value of Tompkins’ stock had dropped thousands of dollars below his $50,000 investment, but he allegedly demanded a full refund. The executive agreed, issuing five checks between May 2022 and July 2023.
Prosecutors claim some checks were marked as «loan repayment» and «[company] expense» at Tompkins’s direction to disguise the nature of some of the payments.
Copies of checks showed payments allegedly made to the Suffolk County sheriff.
US ATTORNEY FOR MASSACHUSETTS SAYS INTERFERENCE WITH ICE OPERATIONS IS ‘DISTURBING,’ THREATENS ARRESTS
U.S. Attorney Leah Foley wrote in a statement that elected officials, particularly those in law enforcement, are expected to be ethical, honest and law-abiding, «not self-serving.»
«His alleged actions are an affront to the voters and taxpayers who elected him to his position, and the many dedicated and honest public servants at the Suffolk County Sheriff’s Department. The people of Suffolk County deserve better,» Foley wrote. «Public corruption remains a top priority for my administration, and we will continue to investigate and prosecute anyone who uses their position of trust and power for their own gain.»
FBI Boston special agent in charge Ted Docks added the act was «clear-cut corruption.»
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«From his very first day as Suffolk County Sheriff, Steven Tompkins sought to portray himself as a man of the people–a principled public servant and reformer, devoted to the cause of justice. That’s why it’s beyond disappointing that he’s now accused of gaming a system instituted in the interests of public safety and fair play,» Docks wrote in a statement. «We believe what the Sheriff saw as an easy way to make a quick buck on the sly is clear-cut corruption under federal law. The citizens of Suffolk County deserve better, not a man who is accused of trading on his position to bankroll his own political and financial future. Public servants must be held to the highest of ethical standards, and those falling short will be rooted out.»
Tompkins, who faces a sentence of up to 20 years in prison for each count, will appear in Boston federal court at a later date.
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