Ocho candidatos disputarán la Presidencia de Bolivia el próximo domingo en las elecciones generales. Aunque en la papeleta electoral hay nueve nombres, solo ocho están en carrera tras la declinación de la postulante Eva Copa, cuando el material para la votación ya estaba impreso.

Los aspirantes son todos hombres y están entre los 36 y los 70 años. Hay cuatro que postulan a presidente por primera vez, cuatro que ocupan cargos públicos electivos, dos que vienen de una familia de políticos, un ex presidente y dos que se presentan como la renovación de la izquierda que gobierna el país desde hace 20 años. Uno de estos ocho hombres será el próximo presidente de Bolivia.

Uno de los empresarios más exitosos del país. Fue dueño de una cementera que vendió por alrededor de 300 millones de dólares, es propietario de la franquicia de Burger King en Bolivia, dueño del emblemático hotel Los Tajibos en Santa Cruz de la Sierra y entre sus últimos proyectos destacan los dos rascacielos más imponentes y modernos del país.

Aunque en la vida le fue mejor como hombre de negocios que como político, no es un novato en esas lides. Fue ministro de Planificación en la década de los 90, miembro de la Asamblea Constituyente en 2009, tres veces candidato a la Presidencia y dos a Vicepresidencia, aunque la última vez su fórmula -con Jeanine Añez como candidata a presidenta- renunció antes de la votación. En su cuarto intento por llegar a la silla presidencial, se muestra por primera vez como uno de los favoritos en las encuestas de intención de voto.

Fue presidente de Bolivia por un año (2001-2002), tras la renuncia del general Hugo Banzer, de quien fue Vicepresidente y el más joven en ocupar ese cargo, con 37 años. Fue candidato a la Presidencia en 2005, 2014 y 2020, pero en la última renunció días antes de las elecciones por su bajo desempeño en las encuestas. Es una de las voces activas de la región contra los gobiernos autoritarios de América Latina y miembro de algunas organizaciones internacionales, pero no se le conocen públicamente actividades profesionales.

El ex presidente fue uno de los actores clave en las negociaciones políticas que viabilizaron la asunción de Jeanine Añez al poder tras la renuncia de Evo Morales. Durante el gobierno interino fue nombrado “delegado internacional” para denunciar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno derrocado de Morales. También es uno de los favoritos en los sondeos.

Con 70 años, es el mayor de los candidatos a la Presidencia. Reyes Villa es un militar y político boliviano con larga trayectoria. Fue alcalde de Cochabamba (centro) entre 1993 y 2000 y luego prefecto de ese departamento entre 2006 y 2008. Fue dos veces candidato a la Presidencia, en 2002 y 2009, y desde hace cuatro años ejerce otra vez el cargo de alcalde de Cochabamba.

Como opositor al Gobierno de Morales, enfrentó más de una docena de juicios en Bolivia por corrupción y malversación de fondos, y se refugió por varios años en Estados Unidos, de donde regresó durante el Gobierno de transición de Añez. En 2023, la Justicia anuló cuatro sentencias y ocho procesos en su contra, mientras crecían las críticas por haber “dividido” a la bancada de la oposición con legisladores que le respondían y favorecido de esa manera a la administración de Luis Arce.

El actual presidente del Senado tiene 36 años y es uno de los candidatos más jóvenes de la elección. Es politólogo y su liderazgo se forjó en los sindicatos cocaleros del Chapare, en el centro del país. Durante años fue considerado el sucesor político de Evo Morales, de hecho el candidato confesó haber esperado hasta el último momento para anunciar su postulación porque quería tener el respaldo de su mentor, con quien finalmente rompió por falta de acuerdos.

Aunque Rodríguez es el candidato de izquierda más aventajado en las encuestas, mostró una caída sostenida en los sondeos y enfrenta la campaña del evismo a favor del voto nulo. Andrónico, como todos le llaman en Bolivia, se presenta como la renovación de la izquierda, lo que aumenta el desafío de convencer a un electorado descontento con el manejo económico del país en los últimos años.

El ex ministro de Gobierno (Interior) de Luis Arce es el candidato del oficialista Movimiento Al Socialismo. Su sorpresiva postulación se dio luego de la renuncia del presidente Arce a la reelección y en medio de la disputa interna del partido, que quedó finalmente bajo el control legal de los aliados del primer mandatario.

Del Castillo tiene 36 años y fue una figura controversial por haber sido uno de los enemigos visibles de Morales.

Nació en Santa Cruz de la Sierra, es abogado, doctorante en Derecho Constitucional y antes de ser ministro ocupó el cargo de Oficial Mayor del Senado, en la legislatura previa a la crisis poselectoral de 2019. Sus críticos le cuestionan la forma en que fueron detenidos opositores como la expresidenta Áñez y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho, además de haber fracasado en el operativo para detener al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Es hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y actual senador. Nació en 1967 en España y pasó su juventud en el exilio junto a su familia, debido a los sucesivos golpes militares en Bolivia. En 2002 ingresó a la política como diputado por la ciudad sureña de Tarija y tras más de una década en la función pública, como legislador y concejal, en 2015 ganó la Alcaldía de Tarija y en 2020 fue electo senador bajo la alianza que postuló al ex presidente Carlos Mesa.

Es uno de los postulantes que más ha subido en la intención de voto según las encuestas pero está lejos de disputar la segunda vuelta, aunque podría lograr algunas diputaciones. Muchos atribuyen su subida a su candidato a vicepresidente, un capitán de la Policía que goza de popularidad en el occidente del país.

Es alcalde de Santa Cruz e hijo de Max Fernández, un empresario y popular líder político en la década de los 90. El candidato ha tenido una carrera política activa desde joven, fue concejal y tres veces alcalde de Santa Cruz, además de candidato a varios cargos públicos incluido el de presidente.

Su actual gestión como alcalde es objeto de polémica por denuncias de corrupción y promesas incumplidas. Su campaña se muestra improvisada, porque a una semana de las elecciones aún no ha definido su candidato a vicepresidente y es de conocimiento público que ha tenido reuniones con el entorno de Evo Morales. Las encuestas lo muestran como uno de los candidatos con menor porcentaje de apoyo, lo que lo podría llevar a perder incluso la sigla política.

Desconocido hasta la inscripción de las candidaturas, Aracena postula por uno de los partidos tradicionales del país, Acción Democrática Nacionalista, del extinto dictador Hugo Banzer. Es un ingeniero civil nacido en Oruro que radica en Santa Cruz, y el peor puntuado en los sondeos de intención de voto.

En el debate de candidatos organizado por el Tribunal Supremo Electoral se presentó como el candidato “emergente” de la votación y causó controversia al proponer la creación de un Ministerio de la Familia y la Religión.

Para ver los planes de gobierno de cada candidato, puedes hacer clic en este enlace.

Los principales líderes europeos reafirmaron este domingo su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia para alcanzar la paz, días antes de la reunión prevista entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump el próximo 15 de agosto en Alaska.

La cumbre, anunciada por Trump el viernes, forma parte de sus esfuerzos por buscar una salida al conflicto iniciado con la invasión rusa en febrero de 2022. El encuentro se celebrará sin la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien ha reclamado participar en las negociaciones.

Trump adelantó que el eventual acuerdo “incluirá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, en referencia a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles. Zelensky rechazó esa posibilidad: “No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada. Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, afirmó el sábado en redes sociales.

En conversaciones separadas con Zelensky, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresaron su respaldo a Kiev. Macron señaló en X que “el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos”, mientras que Sánchez abogó por “una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía” del país.

Además, los mandatarios europeos firmaron una declaración conjunta en la que sostienen que “solo un enfoque que combina una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa” podrá poner fin a la guerra. “Aplaudimos el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania” y “estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania”, añade el texto.

Entre los firmantes figuran Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro polaco, Donald Tusk; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En paralelo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó el sábado por teléfono con Putin y expresó la disposición de Brasil a contribuir a una solución pacífica. Según la presidencia brasileña, el mandatario ruso agradeció el interés.

Las tres rondas de conversaciones celebradas este año entre Rusia y Ucrania no produjeron avances. Moscú exige la cesión de cuatro regiones parcialmente ocupadas —Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson—, además de Crimea, anexionada en 2014, y que Kiev renuncie a suministros de armas occidentales y a su ingreso en la OTAN. Ucrania considera estas condiciones inaceptables y exige la retirada total de las tropas rusas y garantías de seguridad que incluyan más armamento y presencia militar europea.

Sobre el terreno, los combates continúan. En la región de Donetsk, bombardeos rusos mataron el sábado a cuatro personas y dejaron una veintena de heridos; en Kherson, otras dos personas murieron.

La reunión de Alaska será la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde la celebrada en Ginebra en junio de 2021 entre Putin y el ex presidente Joe Biden. Trump y Putin no se encuentran cara a cara desde la cumbre del G20 en Japón en 2019, aunque han mantenido contactos telefónicos desde enero.

Los líderes europeos subrayaron que “el camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania” y reiteraron su compromiso con garantías de seguridad “creíbles y robustas” para Kiev. Además, calificaron la invasión rusa como una “flagrante violación” de la Carta de la ONU, el Tratado de Helsinki de 1975, el Memorándum de Budapest de 1994 y otros compromisos internacionales suscritos por Moscú.

“Seguiremos trabajando con el presidente Trump y los Estados Unidos y con el presidente Zelensky y el pueblo ucraniano por una paz en Ucrania que proteja nuestros intereses vitales de seguridad”, concluye la declaración.

(Con información de EFE y AFP)

Boston’s sanctuary sheriff was arrested Friday on federal charges after allegedly leveraging his elected position to extort $50,000 from a cannabis executive who was seeking state approval to open a dispensary—a scheme FBI Director Kash Patel called a betrayal of public trust.

Suffolk County Sheriff Steven Tompkins, 67, who oversees more than 1,000 employees in the Boston-area, was handcuffed Friday morning in the Southern District of Florida after a federal grand jury indicted him on two counts of extortion under color of official right, according to a statement from the U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts.

«When someone entrusted with enforcing the law is accused of breaking it for personal gain, it undermines the public’s trust in every honest officer who wears the badge,» Patel told Fox News Digital. «The FBI will pursue corruption at every level, because no one is above the law. The people of Suffolk County, and the country, deserve leaders who serve them, not themselves.»

SUSPECTED ICE FACILITY ATTACKERS ARRESTED IN BLUE CITY, CHARGED WITH ASSAULTING FEDERAL OFFICERS

Tompkins was appointed sheriff of the Suffolk County Sheriff’s Department (SCSD) in 2013, elected in a 2014 special election, and later re-elected to serve successive six-year terms. 

He made headlines in 2019 after booting Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents out of the county jail, signing an eviction notice that required hundreds of illegal immigrant detainees to be moved out within 60 days, according to a report from the Boston Herald.

FLORIDA EX-SHERIFF ARRESTED FOR ALLEGEDLY RUNNING ILLEGAL GAMBLING HOUSE THAT GENERATED MILLIONS

According to court documents, a cannabis company applied in 2019 for a retail dispensary license in Boston through the Massachusetts Cannabis Control Commission (CCC). To meet the state’s Positive Impact Plan (PIP) requirement, the company partnered with the sheriff’s department, which agreed to screen and refer graduates from its re-entry program for work at the dispensary’s retail store.

The company’s partnership with SCSD was formalized in a letter signed by Tompkins in 2019 and submitted with its dispensary license application in 2020. The cannabis commission approved the license in 2021 and renewed it in 2022 and 2023, with the company citing the partnership to meet the PIP requirement in each application.

Suffolk County Sheriff Steven Tompkins is accused of pressuring an executive into selling him stocks and then demanding a refund. (John Wilcox/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)

To raise capital for an initial public offering (IPO) and expand as a publicly traded company, executives sought multimillion-dollar investments from institutions and other high-net-worth investors—not the general public, according to court documents. 

By mid-2020, the company was preparing for its IPO by producing audited financial statements, hiring attorneys and obtaining additional financing.

Prosecutors allege Tompkins pressured the cannabis executive for stock, reminding the executive he had helped the company in its licensing efforts. The executive feared Tompkins might exploit his position as sheriff to undermine the partnership with the department, putting both the license and the company’s planned IPO in jeopardy.

PATEL’S IMMIGRATION PUSH AT FBI YIELDS 10,000 ARRESTS SINCE JANUARY

In October 2020, the company asked Tompkins for an updated partnership letter to submit with its license renewal application, according to court documents. Within a month of signing the letter, and after alleged pressure on the executive, Tompkins obtained a pre-IPO stake in the company.

Prosecutors claim that in November 2020, Tompkins wired $50,000 from his retirement account to an account controlled by the executive, purchasing nearly 29,000 shares at $1.73 each. Following a reverse stock split, he held about 14,400 shares valued at $3.46 each.

Suffolk County Sheriff Steven Tompkins is facing up to 20 years in prison for each count of extortion. (Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)

Once the company launched its IPO in 2021, the stock value jumped to $9.60 per share, increasing the value of Tompkins’ $50,000 purchase of 14,417 shares to $138,403.

By May 2022, the value of Tompkins’ stock had dropped thousands of dollars below his $50,000 investment, but he allegedly demanded a full refund. The executive agreed, issuing five checks between May 2022 and July 2023.

Prosecutors claim some checks were marked as «loan repayment» and «[company] expense» at Tompkins’s direction to disguise the nature of some of the payments.

Copies of checks showed payments allegedly made to the Suffolk County sheriff.

US ATTORNEY FOR MASSACHUSETTS SAYS INTERFERENCE WITH ICE OPERATIONS IS ‘DISTURBING,’ THREATENS ARRESTS

U.S. Attorney Leah Foley wrote in a statement that elected officials, particularly those in law enforcement, are expected to be ethical, honest and law-abiding, «not self-serving.» 

«His alleged actions are an affront to the voters and taxpayers who elected him to his position, and the many dedicated and honest public servants at the Suffolk County Sheriff’s Department. The people of Suffolk County deserve better,» Foley wrote. «Public corruption remains a top priority for my administration, and we will continue to investigate and prosecute anyone who uses their position of trust and power for their own gain.»

FBI Boston special agent in charge Ted Docks added the act was «clear-cut corruption.»

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«From his very first day as Suffolk County Sheriff, Steven Tompkins sought to portray himself as a man of the people–a principled public servant and reformer, devoted to the cause of justice. That’s why it’s beyond disappointing that he’s now accused of gaming a system instituted in the interests of public safety and fair play,» Docks wrote in a statement. «We believe what the Sheriff saw as an easy way to make a quick buck on the sly is clear-cut corruption under federal law. The citizens of Suffolk County deserve better, not a man who is accused of trading on his position to bankroll his own political and financial future. Public servants must be held to the highest of ethical standards, and those falling short will be rooted out.»

Tompkins, who faces a sentence of up to 20 years in prison for each count, will appear in Boston federal court at a later date.