INTERNACIONAL
Religión bajo chantaje: Ortega extorsiona a congregaciones para dejarlas operar en Nicaragua
O pagan un canon mensual o las cancelan, confiscan y echan del país a sus miembros. La dictadura de Daniel Ortega ha impuesto un sistema extorsivo para aquellas congregaciones religiosas que quieren sobrevivir a la ola de cancelaciones que ejecuta el régimen, denunció la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina.
“Sabemos que esto está pasando con las congregaciones religiosas, pero es bastante probable que sea una práctica común con otras organizaciones civiles que aún siguen en Nicaragua”, añade Molina, quien se ha especializado en investigar la represión que sufre la Iglesia católica en Nicaragua.
Desde 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado más de 5,600 organizaciones no gubernamentales (ONG) en Nicaragua, según datos actualizados del organismo medioambiental Fundación del Río.
Aunque las razones oficiales para las cancelaciones varían desde supuestas irregularidades administrativas hasta vínculos con “actividades desestabilizadoras”, el patrón revela una estrategia sistemática de represión y control total del espacio cívico, donde las organizaciones religiosas tampoco han escapado.
Un informe publicado en diciembre de 2024 titulado “Nicaragua: una Iglesia perseguida”, elaborado por la abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina, documenta 971 ataques contra la Iglesia católica entre abril de 2018 y diciembre de 2024. Estos incluyen desde cancelaciones legales y expulsiones, hasta amenazas, confiscación de bienes y prohibiciones de actos religiosos.
Aunque no lo menciona en el informe, Molina considera que la extorsión económica es una práctica extendida, de la que poco se habla en Nicaragua. La abogada ha recopilado decenas de testimonios de religiosos en el exilio.
Según denuncias que ha recibido en su labor con Nicaragüenses en el Mundo Texas, varias congregaciones deben pagar al Estado nicaragüense cuotas mensuales para no ser disueltas o para continuar usando sus propios inmuebles, ahora confiscados.
Infobae corroboró con al menos dos religiosos católicos en Nicaragua que este sistema extorsivo está en práctica. Uno de ellos, sacerdote de la Arquidiócesis de Managua que pidió no revelar su nombre, relató el caso de las Hermanas Clarisas Franciscanas, cuya personería jurídica fue cancelada por el régimen el 19 de mayo de 2023.
Aunque inicialmente les permitieron permanecer en sus monasterios, al poco tiempo funcionarios del gobierno les exigieron un pago de mil dólares mensuales por cada manzana de tierra ocupada.
“Como el monasterio de Chiquilistagua, que es el caso que yo conozco, tiene cinco manzanas, les pidieron cinco mil dólares mensuales. Las hermanas no pudieron pagar y tuvieron que irse. Ahora están en Granada”, dijo el sacerdote.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado al menos 15 propiedades de la Iglesia católica en Nicaragua en los últimos dos años. Muchas de estas han sido reutilizadas por el Estado para fines propagandísticos o institucionales.
En el monasterio que las Hermanas Clarisas tenían en Chiquilistagua, la dictadura de Nicaragua inauguró recientemente un centro de salud mental, mientras un convento de las Hermanas Pobres de Jesucristo, en León, es usado ahora como oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería.
El Hogar de Ancianos de las Misioneras de la Caridad, en Granada, fue transformado en un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) estatal y el Monasterio de las Monjas Trapenses, en San Pedro de Lóvago, Chontales, fue entregado al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
El Centro Diocesano de Pastoral “La Cartuja”, de Matagalpa fue anunciado como la sede del “Centro Universitario Regional de Tecnología Agropecuaria para la Exportación Padre Comandante Camilo Torres Restrepo”.
En otros casos, las extorsiones están asociadas a permisos informales para seguir ofreciendo educación religiosa o servicios sociales. Una religiosa, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, relató que emisarios del régimen solicitaron un pago para permitir que su congregación siguiera operando colegios católicos en Nicaragua.
Aunque dice no saber los montos exigidos, considera que su congregación accedió al pago “porque es una orden que todavía está activa en Nicaragua y está ejerciendo su apostolado y su ministerio”.
La naturaleza de estas extorsiones dificulta su documentación. No existen decretos oficiales ni recibos, y las víctimas temen hablar. “Normalmente los padres no hablan mucho sobre ese tipo de temas, porque el problema está que, si uno dice algo, inmediatamente ya vienen sobre uno”, explica el sacerdote de Managua.
El régimen ha expulsado a más de 250 religiosos, incluyendo sacerdotes, monjas y misioneros de distintas órdenes, además de confiscar colegios, centros de salud, comedores y casas de retiro vinculadas a la Iglesia.
Uno de los casos más conocidos fue la expulsión de las Misioneras de la Caridad, congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta, quienes fueron desalojadas y escoltadas hasta la frontera con Costa Rica en 2022, tras la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes.
En la mayoría de estos casos, los inmuebles son ocupados por el Estado o entregados a organizaciones oficialistas, y no existe ningún proceso legal transparente que respalde la transferencia de propiedad. Según Molina, estas confiscaciones violan el derecho a la propiedad privada y libertad religiosa, protegidos por la Constitución nicaragüense y convenios internacionales.
“Cuando estaba en Nicaragua yo no podía hablar, yo no podía decir nada porque inmediatamente iba preso”, expone otro sacerdote consultado, que permanece en el exilio desde hace un mes, cuando le fue negado su ingreso a Nicaragua.
“Todos los domingos tenía a alguien que me estaba grabando las homilías. No podía expresar nada porque si yo expresaba algo, eso inmediatamente se sabía y en una hora tendría la Policía ahí, pateándome las puertas de la casa”, añade.
Dice que la obra social de la iglesia ha sido pulverizada por el régimen. “Solo quedan los colegios”, explica el sacerdote que se desempeñaba como párroco en una comunidad de Managua.
“Teníamos varias fundaciones que nos echaban la mano y nos apoyaban en la labor social de la iglesia. Teníamos comedores infantiles, dispensarios donde buscábamos cómo conseguir medicamentos para brindar atención a la comunidad. ¿Qué ha sucedido con todo esto? Ya no existe. Al gobierno lo que le interesa es controlar, dominar y tener completo poder, sobre todo el quehacer de Nicaragua. Lamentablemente quien ha sufrido ha sido la gente más pobre”, dice.
“La mayoría de las organizaciones canceladas ofrecían una ayuda, un beneficio para la sociedad en general. Ha sido más por una intención política de dominio y control y también para apropiarse de sus bienes. Han hecho mucho daño”, concluye.
INTERNACIONAL
La muerte de “El Mencho”: cómo colaboró Estados Unidos con México para eliminar al capo narco
INTERNACIONAL
Cartels outgun police: Rocket launchers seized in El Mencho raid spotlight CJNG firepower
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Mexican forces seized rocket launchers capable of shooting down aircraft during the operation Sunday that killed cartel boss Ruben «Nemesio» Oseguera Cervantes, known as «El Mencho,» underscoring how the Mexican Jalisco New Generation Cartel (CJNG) amassed military-style firepower over the years.
Authorities have previously linked CJNG to a 2015 attack in Jalisco in which cartel gunmen used rocket-propelled grenades to bring down a Mexican military helicopter – one of the starkest examples of a cartel directly engaging federal forces with battlefield-grade weapons.
The assault marked a turning point in how Mexican authorities viewed the group’s capabilities.
During Sunday’s raid, officials said security forces were attacked and returned fire, deploying aircraft and specialized units to carry out the operation. Authorities said troops seized armored vehicles and heavy weapons, equipment more commonly associated with armed conflict than routine law enforcement.
TOURISTS IN MEXICAN SEASIDE CITY TOLD TO STAY ON RESORT AS GOVERNMENT WARNS OF ‘CLASHES’
Ruben «Nemesio» Oseguera Cervantes, known as «El Mencho,» was killed during a Mexican operation in Jalisco on Sunday. (Drug Enforcement Administration)
Mexican Special Forces, with aircraft assistance from the Air Force and National Guard rapid-reaction units, participated in the mission, highlighting the scale of force required to confront senior cartel leadership.
Former U.S. officials have described CJNG as operating more like a paramilitary organization than a traditional trafficking ring, using coordinated roadblocks, armed convoys and structured enforcement wings to assert control in contested regions.
In prior reporting, former Drug Enforcement Administration officials said the group commanded large numbers of gunmen and organized itself in a way that allowed it to deploy force quickly and visibly.
JUSTICE DEPARTMENT UNSEALS MULTI-STATE INDICTMENTS AGAINST TREN DE ARAGUA LEADERS FOR VIOLENT CRIMES
CJNG is known for its paramilitary-style operations and structure. (Eduardo Verdugo, File/AP Photo)
CJNG’s tactics have included seizing vehicles and staging coordinated attacks in urban areas to demonstrate strength and deter rivals or security forces.
Over time, such displays reinforced its reputation as one of Mexico’s most heavily armed criminal organizations.
ALLEGED SINALOA CARTEL FENTANYL PRODUCER CHARGED IN NEWLY UNSEALED FEDERAL INDICTMENT
Smoke rises into the sky over Puerto Vallarta during an operation targeting cartel activity on Feb. 22, 2026. (Obtained by Fox News Digital)
The State Department issued a travel alert Sunday urging Americans in multiple Mexican states to shelter in place due to «ongoing security operations and related road blockages and criminal activity,» reflecting the instability that can follow major cartel confrontations.
In recent years, Mexican authorities have increasingly relied on military forces – rather than local police – to confront senior cartel figures as groups like CJNG expanded their reach and arsenals.
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The raid that killed «El Mencho» marked not only the removal of a powerful drug lord but also another example of how heavily armed cartels can challenge state forces in direct confrontations.
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INTERNACIONAL
El narcotráfico dio una brutal muestra de poder de fuego ante el cambio de estrategia del gobierno mexicano
La violencia desatada tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, dejó al descubierto no solo el poder de fuego que maneja el narcotráfico en México, sino también un cambio evidente de la estrategia del gobierno en el combate contra el crimen organizado.
No fue un hecho sorpresivo. El narco domina vastas regiones donde impera su ley. Incluso, en muchos estados se convirtió en un importante empleador e impulsor de las economías locales en base a su connivencia y control del poder político y judicial.
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Con 175.000 “soldados”, es hoy la quinta fuerza empleadora más grande del país, detrás de Fomento Económico Mexicano (la empresa embotelladora más grande de Coca-Cola en el mundo), Walmart, Manpower y América Móvil. Está por delante hasta de la petrolera estatal Pemex y el poderoso Grupo Salinas.
En ese escenario, el Cartel Jalisco Nueva Generación es uno de los más poderosos y violentos.
El académico mexicano Rafael Prieto Curial, investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad, con sede en Viena, dijo a TN que el Cartel de Jalisco Nueva Generación tiene hoy 25.000 miembros.
La presión de Donald Trump y el cambio de estrategia de Claudia Sheinbaum
Algo cambió en México tras la asunción de Donald Trump hace un año. La presión ejercida por el presidente estadounidense sobre el gobierno de la izquierdista Claudia Sheinbaum derivó en un palpable cambio de estrategia en el combate al tráfico de drogas.
Hace seis años, las fuerzas federales mexicanas detuvieron y enseguida liberaron a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder histórico del Cartel de Sinaloa, hoy sentenciado y detenido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Foto: EFE)
Entonces, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que habían liberado al hijo de El Chapo para evitar un baño de sangre.
Hoy, la estrategia es otra. El gobierno sabía que la muerte de El Mencho iba a derivar en una ola de caos y violencia como la que se vivió el domingo en vastas zonas de Jalisco, incluso en el turístico balneario de Puerto Vallarta.
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“Por presión de Estados Unidos, pareciera que se está cambiando la estrategia del gobierno respecto al narco. Esto hubiera sido impensable hace 10 años. El caso emblemático fue el de Ovidio Guzmán, detenido y liberado para evitar el caos que vemos hoy. Es una visión totalmente distinta”, dijo a TN el exdiputado Fernando Rodríguez Doval, ex secretario nacional del Partido Acción Nacional (PAN, derecha).
Para el dirigente, esta nueva táctica “puede acarrear rupturas en el seno del gobierno”.
“Pareciera que esta captura y abatimiento es respuesta a las presiones de Trump, Eso está cada vez más claro. Fue un operativo conjunto. Habrá que ver hasta dónde abarcó la cooperación. Si solo fue una colaboración de inteligencia o hubo algo más. Pero es evidente que fue una acción coordinada con el gobierno de Estados Unidos”, afirmó.
El poder del narcotráfico en México
El poder del narco mexicano ha crecido en forma exponencial en los últimos años.
Los carteles manejan ejércitos propios con un poder de fuego brutal que quedó plasmado en la ola de incendios de vehículos, cortes de rutas y tiroteos que siguieron a la muerte de El Mencho.
Un policía observa un vehículo calcinado que fue incendiado en una carretera de Guadalajara, Jalisco, México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho». (Foto AP/Alejandra Leyva)
“Su muerte derivó en el despliegue en alrededor de 10 estados de muchísima fuerza narco. Esto nos habla de la enorme fuerza del crimen organizado y la debilidad dramática del Estado a pesar del éxito del operativo”, dijo Rodríguez Doval.
Para el exlegislador, el narco creció de la mano de su connivencia con el poder político. “Eso le ha permitido crecer mucho, conquistando espacios cada vez más fuertes y dominar buena parte del territorio nacional”.
El poder es tan omnipresente que el tráfico de drogas es hoy solo una parte del negocio.
“Hoy se dedican a todo tipo de actividades. Antes eran solo las drogas, pero ahora se han diversificado con ´nuevos mercados´. Se dedican al tráfico de personas, el robo de autos, el cobro de extorsiones, el secuestro, venta de gasolina, peaje. Lo que vemos es una industria criminal presente en muchos ámbitos económicos», afirmó.
La sucesión en el Cartel de Jalisco Nueva Generación
En su diálogo con TN, Rafael Prieto Curial dijo que el abatimiento de El Mencho genera tres sensaciones diferentes.
“Por un lado, era el líder de uno de los carteles mas importantes del mundo, sanguinario, violento y con muchísimo poder en todos los estados del país. Su caída es algo bueno”, dijo.
Pero al mismo tiempo genera la reacción del cartel con “víctimas secundarias, pánico en la sociedad y acostumbrarse a que México es este país” dominado en vastas zonas por organizaciones criminales.
Finalmente, ahora se abre un panorama de enorme incertidumbre por la sucesión del poder en el grupo. “Si el cartel se fragmenta en más de una facción, como ocurrió con el de Sinaloa, podría terminar en una violencia terrible como sucede hoy en ese estado”, indicó.
“Pero si una persona distinta ocupa el lugar de El Mencho, el impacto es nulo. El cartel tiene mas o menos 25.000 miembros. Si pierde a uno, aunque sea el más importante, solo es uno. No estamos viendo a los otros 25.000 que siguen siendo parte del grupo. Lo feo es pensar que aquí termina la política de seguridad”, concluyó.
México, Narcotráfico
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