Nicolás Maduro “está muy bien” y “con mucho ánimo” mientras espera para este jueves su segunda audiencia del juicio por narcoterrorismo que se lleva adelante en Estados Unidos, donde está detenido tras su captura en Caracas el 3 de enero pasado.

“Están muy bien, fuertes, muy bien, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días”, señaló el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex mandatario chavista, en un video publicado en X por la periodista de Telesur Madelein García.

El congresista añadió que la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada en enero pasado, está “firme y alerta”.

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Además, dijo que la audiencia de juicio prevista para este jueves servirá para “seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro y Cilia”, ambos capturados durante el ataque estadounidense a Venezuela.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

¿Cuál es la estrategia de los abogados?

La defensa de Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.

Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa.

El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra el chavismo.

Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que esa autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

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Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.

El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, leé la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano. Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a la fuente.

“Prisionero de guerra”

Maduro, de 63 años, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un “prisionero de guerra” en una audiencia el 5 de enero.

Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados “terroristas” por Washington. Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.

Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.

“Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (…) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”, escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.

Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Madurono puede “costear de otro modo un abogado”.

Los fiscales respondieron en un escrito judicial que “incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados -que no ha sido el caso-, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica”.

(Con información de AFP y EFE)

The Senate confirmed Colin McDonald on a 52–47 vote to serve as the Justice Department’s first assistant attorney general for national fraud enforcement on Tuesday, as the Trump administration ramps up efforts to crack down on abuse of taxpayer-funded programs.

The confirmation comes as federal officials continue investigating large-scale fraud schemes, including a Minnesota daycare fraud probe involving millions in taxpayer-funded federal dollars, while House Oversight Committee Chairman James Comer has alleged whistleblowers warned state leaders about the issue for years.

President Donald Trump created the new National Fraud Enforcement Division to target systemic fraud across federal programs, pointing to cases such as Minnesota, which officials say have both exposed widespread abuse and helped shape the federal government’s response.

«My Administration has uncovered fraud schemes in states like Minnesota and California, where these thieves have stolen hundreds of billions of taxpayer dollars,» Trump said. «Together, we will end the fraud and restore integrity to our federal programs.»

EXCLUSIVE: SENATE BILL TARGETS MINNESOTA-STYLE ‘RUNAWAY FRAUD’ TO FORCE SCAMMERS REPAY TAXPAYERS

The new role is intended to centralize enforcement efforts and expand the Justice Department’s ability to investigate and prosecute complex fraud schemes tied to public assistance programs.

During his confirmation hearing, McDonald said the work in Minnesota had been «pivotal» spotlighting fraud in taxpayer-funded programs and that the new division would seek to «scale» similar efforts nationwide.

Attorney General Pam Bondi called McDonald an «experienced, skilled, and tough prosecutor» who will «continue doing incredible work to root out fraud across America.»

FEDERAL FRAUD FACES SENATE SHOWDOWN AS THUNE TAPS ERNST TO LEAD REFORMS AFTER MINNESOTA SCANDAL

Quality Learning Center in Minnesota was found at the center of an alleged childcare fraud scandal in the state. (Madelin Fuerste / Fox News Channel)

Deputy Attorney General Todd Blanche described McDonald as «one of the most effective attorneys» he has worked with and said the American people should have confidence in his leadership of the new division.

Vice President JD Vance said McDonald has an «exceptional prosecutorial track record» and is well positioned to take on the role.

McDonald currently serves as an associate deputy attorney general at the Justice Department, where he has worked on major enforcement initiatives under Blanche.

GOP SENATOR PUSHES TO CREATE ANTI-FRAUD SPECIAL INSPECTOR GENERAL AFTER MINNESOTA FRAUD REVELATIONS

Senator Chuck Grassley, a Republican from Iowa and chairman of the Senate Judiciary Committee, left, and Senator Dick Durbin, a Democrat from Illinois and ranking member of the Senate Judiciary Committee, during a confirmation hearing.  (Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images)

During his testimony, McDonald emphasized the scale of the problem, citing estimates that hundreds of billions of dollars are lost to fraud annually, and said the Justice Department would work with federal, state and local partners to investigate and prosecute cases, adding that «no fraud is too big» and «no fraud is too small» for enforcement.

The Minnesota daycare fraud investigation has drawn particular scrutiny as part of the broader crackdown, with federal investigators and lawmakers examining allegations that funds intended for childcare and meals for children were diverted or misused.

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A recent state audit found Minnesota officials failed for years to properly investigate fraud-related allegations, concluding the Department of Human Services had the authority to pursue cases but did not act, according to the report.

Fox News Digital’s Landon Mion, Andrew Mark Miller, Emma Colton and Max Bacall contributed to this reporting.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) avanza en la estructuración del proceso de licitación para el proyecto del embalse de río Indio, una obra clave que busca reforzar la disponibilidad de agua para la vía interoceánica, con un modelo que contempla un solo contrato integral para su ejecución.

El vicepresidente de Proyectos Hídricos del Canal, John Langman, explicó que la ACP optará por un esquema de diseño y construcción, similar al utilizado en el contrato de esclusas durante la ampliación, pero con un nivel de desarrollo conceptual más avanzado.

Este modelo permitirá acelerar los tiempos del proyecto y aprovechar la experiencia global en la construcción de represas y túneles. A diferencia del programa de ampliación del Canal, donde se dividieron los contratos en varias fases, en esta ocasión se ha decidido consolidar todas las obras en un solo contrato que incluirá la construcción de la represa, el túnel y el propio embalse.

La decisión responde a la necesidad de evitar interferencias entre distintos contratistas y garantizar una ejecución más coordinada del proyecto.

Langman indicó que uno de los elementos centrales del proceso será la precalificación de empresas, que funcionará como un filtro riguroso para asegurar que solo participen compañías con experiencia comprobada, capacidad financiera y personal técnico especializado en este tipo de obras. Este proceso se realizará antes de la publicación del pliego de cargos, prevista para finales de este año.

El Canal trabaja actualmente en la contratación de un asesor especializado en administración de proyectos, cuyo proceso se espera publicar en mayo. Este equipo será clave para validar el diseño final del pliego y estructurar tanto la licitación principal como el mecanismo de precalificación de las empresas interesadas.

En cuanto a la participación internacional, Langman confirmó que empresas de Europa, Asia y otras regiones podrán participar en el proceso, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Aunque el Gobierno panameño ha planteado restricciones para compañías de países incluidos en listas fiscales de la Unión Europea, el directivo del Canal señaló que, hasta ahora, esa condición no sería vinculante para la ACP, aunque aclaró que el tema sigue bajo revisión legal.

El vicepresidente de Proyectos Hídricos del Canal de Panamá señaló que la participación en la licitación será abierta a empresas internacionales, siempre que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y legales establecidos por la ACP.

También se indicó que empresas chinas podrían participar si cumplen con los criterios técnicos y financieros exigidos, mientras que aquellas compañías que hayan sido sancionadas por el Canal o mantengan incumplimientos contractuales previos quedarían automáticamente excluidas del proceso de licitación.

El proceso contempla además reuniones preliminares con empresas interesadas, una práctica que permite a la ACP conocer las capacidades del mercado y a los potenciales contratistas entender mejor el alcance del proyecto. Estas reuniones se mantendrán hasta la publicación oficial del pliego, momento en el cual se restringen los contactos directos por reglas de transparencia.

De hecho, compañías de Francia, España y otros países ya han mostrado interés en la construcción del embalse, en reuniones previas sostenidas con la ACP para conocer detalles del proyecto.

Otro punto clave es que la precalificación se realizará meses antes de la licitación formal, con el objetivo de evitar que empresas sin los requisitos mínimos inviertan tiempo y recursos en preparar propuestas. Este mecanismo busca incentivar la participación de actores calificados y elevar el nivel de competencia en el proceso.

El proyecto del embalse de río Indio representa una inversión estimada de 1,500 millones de dólares y forma parte de la estrategia del Canal para garantizar el suministro de agua en los próximos 50 años.

A diferencia de la ampliación, este proyecto incorpora un componente social significativo, debido a la necesidad de reasentar comunidades dentro de la cuenca.

Langman subrayó que, aunque existen similitudes técnicas con obras ejecutadas durante la ampliación, el enfoque del nuevo proyecto es distinto, especialmente por el impacto en comunidades y la necesidad de integrar procesos sociales y ambientales desde las primeras etapas.

Se espera que, tras la publicación del pliego a finales de este año, las propuestas de las empresas se reciban a mediados del próximo año, dando paso a la adjudicación del contrato y al inicio de una de las obras de infraestructura más relevantes para el futuro del Canal de Panamá.

En el plano técnico, Langman explicó que el embalse permitirá generar un volumen de agua equivalente a entre 11 y 15 tránsitos diarios de buques tipo Panamax.

Cada tránsito requiere aproximadamente 55 millones de galones de agua, lo que equivale a unos 208 mil metros cúbicos, cifras que reflejan la magnitud del proyecto.