The House of Representatives passed a bill aimed at making it easier for everyday Americans to purchase a home, an issue that’s become a cornerstone of the affordability crisis plaguing much of the United States.

The legislation, which passed with a 390-9 vote, is a rare show of bipartisanship in an increasingly polarized Congress, having gotten a significant amount of support from both Republicans and Democrats.

Housing affordability is also an issue that President Donald Trump has promised to tackle during his second term in office. 

Last month, he signed an executive order making it harder for large investment firms to buy single-family homes that could otherwise be purchased by American families, and his One Big Beautiful Bill Act also included tax incentives aimed at development in economically distressed communities.

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The legislation that passed on Monday is a wide-ranging bill with various measures aimed at growing the supply of affordable housing in the U.S., including incentivizing the construction of multifamily homes, taller buildings on smaller lots, and less restrictive permitting processes in state and local jurisdictions.

The streamlining would include establishing a new pilot program under the Department of Housing and Urban Development (HUD) to award grants for creating «pattern books» of pre-approved housing designs that are already compliant with local building codes.

Parts of the bill are chiefly aimed at expanding «missing middle» housing, which is the range between single-family homes and larger apartment buildings.

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The measures are primarily aiding first-time home buyers as well as lower-income Americans, and housing developers focused on small and mid-sized housing rather than larger luxury construction.

A «New Low Price» sign in front of a home in Crockett, Calif., on Sept. 24, 2025.  (David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images)

Multiple public surveys released in recent months have found that Americans have a strong desire for more affordable housing. One poll shared by the site Affordable Housing Finance found that more than 60% of people surveyed supported increasing missing middle housing.

The bill was also pushed by lawmakers across the political spectrum. Its two main leaders in the House were House Financial Services Committee Chairman French Hill, R-Ark., a longtime Republican congressman, and progressive stalwart Rep. Maxine Waters, D-Calif., the top Democrat on the committee.

Another proponent of the bill, Main Street Caucus Chairman Brian Flood, R-Neb., hailed it as «landmark legislation.»

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«It doesn’t matter if you’re in a blue city or a red city, whether you’re a Habitat for Humanity in Omaha or, you know, a housing developer in Birmingham, Alabama, these issues aren’t partisan,» Flood told reporters on Monday. «In order to solve the housing crisis, we have to be able to remove a lot of the barriers.»

Hill told reporters that the legislation did not get in the way of areas that had an oversupply of housing, either.

«If there’s not a demand for housing, this doesn’t get in the way of that. I mean, this requires a bank to be willing to lend a community development program to say that we should spend these dollars to build housing. And if there is a surplus of housing and pricing is affordable, then there wouldn’t be that market signal that says we need new housing,» Hill said.

President Donald Trump speaks to the press in the Oval Office of the White House in Washington, Feb. 2, 2026.  (Saul Loeb/AFP via Getty Images)

It comes as affordability appears to be an increasingly important topic in the coming November midterm elections.

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Other supporters of the legislation include Rep. Emmanuel Cleaver, D-Mo., and Rep. Marlin Stutzman, R-Ind., the latter of which championed a bill whose core tenets got folded into the final piece.

«If House Republicans and Democrats can agree on this package to increase housing supply and lower prices across the nation, the Senate should be able to swiftly send it to the president’s desk,» Stutzman told Fox News Digital. «Our constituents need the relief this bill offers.»

Stutzman introduced a bill in September of last year aimed at streamlining the environmental review process for new rural housing projects.

The bill now heads to the Senate, where it must pass with bipartisan support before getting to Trump’s desk for his signature.

Cuba se queda este lunes sin combustible para aviones, una evidencia más de los graves efectos que está teniendo el estrangulamiento petrolero de Estados Unidos sobre una isla que se encontraba ya en una grave crisis económica y energética.

Como adelantó EFE, las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas este domingo a través del servicio de comunicaciones Notam (Aviso a aviadores) y las compañías con vuelos diarios a la isla -principalmente estadounidenses, españolas, mexicanas y panameñas- empezaron a tomar medidas de emergencia.

Las aerolíneas españolas Air Europa e Iberia, con rutas diarias a La Habana (Cuba), informaron que a partir de ahora en sus vuelos desde la isla a Madrid incluirán una parada técnica de repostaje en República Dominicana.

Air Canada, la principal línea aérea de Canadá, anunció este lunes que de forma inmediata suspenderá sus servicios a Cuba por la falta de combustible.

Otras compañías canadienses, el primer mercado de origen del turismo a la isla, comenzaron a reajustar sus frecuencias y rutas, así como a ofrecer cancelación de reservas o cambios sin penalización a sus clientes.

El aviso de las autoridades cubanas en Notam afectaba a los nueve aeropuertos internacionales de Cuba y tenía, en principio, validez por un mes, del 10 de febrero al 11 de marzo.

El sector turístico completo, esencial para la economía cubana, está viéndose afectado por el asedio petrolero de Estados Unidos, que primero acabó con los envíos de Venezuela (3 de enero) y luego amenazó con aranceles a los países suministrasen crudo a la isla (29 de enero).

Entre las medidas de emergencia incluidas en el duro paquete anunciado por el Gobierno cubano para tratar de subsistir sin importaciones de petróleo (pese a que la isla sólo produce un tercio de sus necesidades energéticas) está la «compactación de infraestructuras hoteleras».

En efecto, según confirmaron a EFE este sábado fuentes del sector, varios hoteles del país -principalmente en Varadero y los cayos del norte- han cerrado sus puertas de urgencia y transferido sus turistas a otras instalaciones como medida de ahorro.

La hotelera española Meliá explicó a EFE que cerraron tres instalaciones en la isla de forma provisional, una decisión operativa «basada estrictamente en los niveles de ocupación» para optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes.

El turismo en Cuba se encontraba ya en horas bajas por la conjunción de la pandemia, las sanciones estadounidenses y la crisis del país. El año pasado cerró con apenas 1,8 millones de visitantes internacionales, frente a los 4,7 de 2018.

El turismo había sido en Cuba una de las tres mayores fuentes de divisas, con las remesas y las misiones médicas (otros dos ámbitos en horas bajas).

La escalada de la presión estadounidense cae sobre la isla en su peor crisis económica en décadas, con escasez de bienes básicos (alimentos, combustible, medicinas), elevada inflación, dolarización parcial, prolongados apagones diarios, derrumbe de la producción, abultado déficit fiscal y una migración masiva.

El oficial Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) estima en su informe del segundo semestre del año pasado que el producto interno bruto (PIB) de la isla se contrajo un 5 % en 2025, con lo que la economía nacional habría caído más de un 15 % desde 2020.

El documento habla de una «coyuntura crítica» con «solapamiento de crisis» y de «un modelo económico agotado y sin resortes efectivos» para «transformar una realidad necesitada de cambios estructurales y una renovada capacidad de adaptación».

Sobre 2026, el CEEC advierte de un «escenario dominado por la incertidumbre» y percibe como optimista la previsión del Gobierno cubano de crecer un 1 %. Y eso, antes de la orden presidencial que amenaza con aranceles a quien suministre petróleo a la isla.

México, uno de los principales suministradores de Crudo a Cuba en 2025, optó por suspender los envíos de petróleo y mandar a la isla 814 toneladas de ayuda humanitaria. Los dos barcos militares mexicanos con alimentos y productos de higiene tienen previsto atracar en Cuba a mediados de este semana.

Con información de la agencia EFE

La Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento controlado en su inmensa mayoría por el chavismo, postergó hasta el jueves el tratamiento final de la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo enorme presión de Donald Trump.

La reunión prevista para el martes fue aplazada sin explicaciones en medio de fuertes internas en el gobierno chavista y tras el nuevo arresto de un líder de la oposición.

El avance de la ley aumentó la expectativa por la liberación de los más de 600 presos políticos que se estima aún quedan en el país, entre ellos los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

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“En Venezuela no hace falta ninguna ley para liberar a Nahuel. Ellos saben que Nahuel es inocente desde el primer momento, pero obviamente siempre voy aplaudir todo aquello que permita la libertad, no solo de Nahuel sino de todos los inocentes que viven día a día la opresión en las cárceles en Venezuela”, dijo a TN la pareja del gendarme catamarqueño, María Alejandra Gómez.

Gallo lleva más de 14 meses detenido en Venezuela sin contacto con su familia y sin asesoría legal. Unas semanas después de su arresto, Nicolás Maduro lo acusó de planear el asesinato de Delcy Rodríguez.

Giuliani fue detenido en mayo de 2025 bajo cargos de narcotráfico.

La ley de amnistía jaqueada por el nuevo arresto de líder opositor

Pero la esperada aprobación de la norma quedó jaqueada por la nueva detención de Juan Pablo Guanipa, considerada la mano derecha de la líder opositora María Corina Machado, 24 horas después de su excarcelación registrada el domingo.

“Una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada”, dijo el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa.

El nuevo arresto de Guanipa impactó no solo en la oposición, sino también en la interna chavista. Cabello, representante del ala dura del gobierno, quedó en el medio de esa lucha de poder.

“No había pasado nada hasta la estupidez de unos políticos que creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar (alterar) el país, violando las propias condiciones sobre las cuales se les está dando libertad”, dijo.

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Guanipa divulgó videos y dio declaraciones tras su liberación que, a juicio de personeros del chavismo duro, no fomentaban la “reconciliación”. Desde el ala radical chavista se busca así “disciplinar” a los opositores liberados, algunos de ellos —como Perkins Rocha, asesor jurídico de Machado— que salieron en libertad el domingo con tobillera electrónica.

Poco después, se conoció que la Asamblea Nacional suspendió la sesión de este martes. La ley podría salir recién el jueves, en medio de una interna entre dos sectores enfrentados: por un lado el chavismo radical liderado por Cabello y por el otro Delcy Rodríguez y su hermano y titular del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La asamblea sesiona normalmente los martes y jueves.

Los hermanos Rodríguez, impulsores de la iniciativa y considerados el sector pragmático del gobierno, están bajo una enorme presión de la Casa Blanca tras el ataque y captura de Maduro el 3 de enero.

Cuátos presos políticos quedan en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo el viernes pasado que entre este martes y el viernes se liberará a todos los presos políticos.

El Foro Penal, una ONG que monitorea estas excarcelaciones, dijo que desde el 8 de enero se liberó a 426 detenidos sobre un total de más de 800. Quedarían entonces más de 400 en distintas prisiones del país, aunque otras fuentes calculan que son más de 600.

Los hermanos Rodríguez quieren aprobar la ley lo más pronto posible, mientras crecen las dudas sobre si la norma alcanzará a todos los presos políticos y si servirá para cubrir con un manto de impunidad los crímenes y violaciones a los derechos humanos del gobierno chavista,

Las claves de la amnistía general impulsada en Venezuela

Varias ONG vienen alertando sobre los alcances de esta ley de amnistía, en especial porque se mantendrían vigentes leyes usadas como “herramientas de persecución” a opositores, como la llamada “Ley de odio” o la “Ley Bolívar”, que prevé penas de 30 años de cárcel a quienes respalden sanciones a Venezuela.

La ley en debate consta de 13 artículos y establece “una amnistía general y plena” a todas las personas que “hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos” desde 1999 hasta enero de 2026.

Estarán excluidas las personas que hayan cometido violaciones graves de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas “con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión” y “delitos contra el patrimonio público”.

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Pero las dudas son consistentes. El director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, dijo que el artículo 8 impide demandas civiles contra el Estado, bloquea sanciones administrativas a funcionarios y anula responsabilidades políticas y patrimoniales.

“Es una forma de impunidad: no se absuelve, pero tampoco se hace justicia”, indicó.

Además, la ley refiere que la “confrontación política” fue impulsada “desde el extremismo”. La ONG sostiene que no reconoce que ese extremismo “también fue promovido desde el propio poder político”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela se mostró cautelosa sobre el proyecto. Según advirtió, así como está redactada, la ley podría no aplicarse a personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos que, en apariencia, no son políticos, como aquellos contra el patrimonio público».

“Una amnistía de alcance limitado corre el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución plena de sus derechos”, advirtió María Eloísa Quintero, miembro de la misión.