INTERNACIONAL
Sin crecimiento sostenido ni reformas, la desigualdad económica atormenta a América Latina
Para percibir la realidad del suburbio de San Isidro en Buenos Aires, se debe ver desde un dron. Una línea muy recta divide los exuberantes jardines y las canchas prístinas de tenis de un amasijo de tejados de fierro corrugado en una de las “villas miserias” de la ciudad. Santa Fe, en Ciudad de México, tiene un aspecto similar, con el verde esmeralda del club de golf rodeado de las interminables cajas de hormigón de los barrios pobres de la ciudad. En la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, las viviendas improvisadas descienden en espiral por la montaña, casi estrellándose contra las piscinas turquesas que hay debajo.
Esta desigualdad visceral es el rasgo definitorio de las economías latinoamericanas. Las disparidades de la región solo tienen rival en el África subsahariana. Sin embargo, como la desigualdad suele ser menor en los lugares más ricos, y el PIB por persona de América Latina es cuatro veces mayor al de África, su desigualdad es extraordinaria. En algunos países como Colombia y Guatemala, hay mucha disparidad, en otros como Uruguay, hay menos. Sin embargo, no hay excepciones. El Banco Mundial no clasifica ni un solo país de la región como de “baja desigualdad”.
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Esto configura a América Latina de innumerables maneras, más allá de la fotografía panorámica: en el plano físico, mediante la proliferación de vallas altas y cámaras de seguridad; en el plano político, con el populismo y los movimientos bruscos a la izquierda; y en el plano económico, mediante la escasa movilidad social, las grandes economías informales y la demanda interna débil. Este año, The Economist publicará varios artículos que exploran esta dinámica. Para empezar, ayuda a comprender por qué América Latina avanzó mucho en la reducción de la desigualdad en la década de los 2000, y por qué ese avance se ha ralentizado.
La manera más habitual de medir la desigualdad es el coeficiente de Gini, el cual clasifica la desigualdad de ingresos de un país entre cero y uno. Cero significa que todos los habitantes del país reciben los mismos ingresos; uno significa que una sola persona lo recibe todo. También importan otros tipos de desigualdad, pero ninguno trasciende los ingresos. El acceso desigual a una buena educación y a atención médica son consecuencias de la desigualdad de ingresos, además de ser causas importantes de la misma.
La economía de la disparidad atormenta a América Latina (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian).
La tendencia general en América Latina es clara: la desigualdad aumentó durante la década de 1990, alcanzó su punto máximo alrededor del año 2002 y luego empezó a descender. Hacia 2014, ese declive comenzó a ralentizarse, y hace poco se estancó. Hay excepciones (el coeficiente de Gini sigue disminuyendo, aunque más lentamente, en Perú y ha aumentado en Colombia), pero la tendencia general es clara.
Dos factores impulsaron el declive entre los años 2000 y 2010. Uno fueron las ayudas del gobierno. Los programas de transferencias monetarias condicionadas, como Bolsa Família en Brasil, daban dinero a las familias pobres si enviaban a sus hijos a la escuela y para revisiones médicas. En toda la región, los programas de transferencias de todo tipo representaron aproximadamente el 20% de la disminución de la desigualdad en promedio. Un segundo factor fue mucho más importante: el fuerte crecimiento de los salarios de los pobres. Esto supuso más de la mitad de la reducción. El telón de fondo fue un largo periodo de crecimiento económico sólido, favorecido por un auge de las materias primas. Ana María Ibáñez, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que la lección de todo esto es que “si queremos reducir la desigualdad, tenemos que crecer”.
También hay una serie de problemas más pequeños. Uno es la gran influencia de los antecedentes familiares. Un artículo de Paolo Brunori, de la Universidad de Florencia, y otros autores, concluye que más de la mitad de la desigualdad que se ve en la generación actual es heredada, en gran parte como resultado del nivel educativo y el tipo de trabajo de sus padres.
Para comprender cómo funciona esto, se debe considerar el ciclo que puede desencadenar un contexto familiar. Como explican Ibáñez y sus coautores, los niños pequeños de padres más ricos suelen recibir mejor alimentación y más atención, por lo que desarrollan más habilidades. Esto les ayuda a aprovechar las escuelas mejores (y a menudo privadas) a las que asisten, que a su vez los llevan a la universidad, donde la asistencia aumenta fuertemente los ingresos en América Latina, en gran parte porque ayuda a los estudiantes a conseguir trabajos formales en empresas grandes. Los niños nacidos en familias más pobres suelen ir a peores escuelas, a menudo no llegan a la universidad y acaban trabajando en el sector informal de América Latina, que es muy amplio y menos productivo. Y así continúa el ciclo.
Cuando se redujo la desigualdad, el fuerte crecimiento económico impulsó los salarios de los latinoamericanos pobres, lo cual ayudó a romper el ciclo. Sin embargo, ahora el crecimiento está terriblemente estancado. Entre 2014 y 2023, el ingreso real por persona en América Latina y el Caribe aumentó un triste 4% en total. En cambio, en Asia meridional se incrementó un 46%.
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Los gobiernos han recurrido a otros remedios menos eficaces. Una opción popular es aumentar el salario mínimo. El último presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo duplicó en términos reales durante sus seis años de mandato. Claudia Sheinbaum, su sucesora, prometió aumentos anuales del 12%. Esto ha contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad en México, en parte porque el salario mínimo era muy bajo cuando López Obrador llegó al poder. Pero hay límites. Si la productividad no aumenta a la par, un incremento constante del salario mínimo tiende a fomentar los empleos informales, lo cual arrastra a la gente de vuelta al círculo vicioso de la desigualdad.
Los gobiernos también tienen la esperanza de que la redistribución pueda contrarrestar la desigualdad. El problema inmediato de esto es que un crecimiento débil implica menos ingresos públicos, por lo que hay menos dinero para redistribuir. Aun así, los sistemas fiscales y de bienestar social en América Latina podrían ser mucho mejores. Cuando se mide la desigualdad de ingresos en la región antes de impuestos y redistribución, solo es ligeramente superior a la de los países ricos. Pero mientras que los impuestos y las transferencias reducen el coeficiente de Gini casi un 40% en los países ricos, en América Latina solo lo reducen alrededor de un 5%. Sorprendentemente, en casi la mitad de la región esto se traduce en un aumento de la pobreza.
El INDEC publicó los datos de pobreza del segundo semestre de 2024. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El mayor problema es la fiscalidad. En los países miembros de la OCDE, un club de naciones principalmente ricas, los impuestos sobre la renta de las personas físicas, que suelen ser progresivos, equivalen al 8% del PIB. En América Latina, representan tan solo el 2%, por lo que esta región depende más de los impuestos indirectos, como el IVA sobre bienes y servicios. Estos impuestos suelen ser regresivos, ya que ricos y pobres pagan la misma tasa, pero los pobres consumen una mayor parte de sus ingresos, por lo que se ven más afectados.
Muchos programas de bienestar social también están plagados de problemas. Un estudio del BID sobre los programas de transferencias en 17 países descubrió que la selección de beneficiarios no era justa. Solo se beneficia aproximadamente la mitad de las personas que viven en situación de pobreza, mientras que cerca del 40% de quienes no viven en la pobreza reciben al menos un tipo de transferencia. Las cantidades transferidas a menudo son demasiado pequeñas.
El círculo sigue siendo vicioso
Si se arreglara esta situación, se podría hacer una gran mella en la desigualdad. Pero, aunque la indignación por las disparidades domina las campañas electorales y a veces estalla en las calles, como ocurrió durante las protestas violentas de Chile en 2019, no hay muchos avances. Aunque están enfadados por el statu quo, los votantes tampoco están dispuestos a cambiar los sistemas fiscales y de bienestar social. Un estudio de Matías Busso, del BID, y coautores, encuestó a ciudadanos de ocho países y descubrió que, aunque los encuestados están descontentos con la desigualdad y apoyan la redistribución en teoría, son reacios a pagar impuestos adicionales para financiarla. Una de las razones es que muchos desconfían del Estado y de las élites gobernantes.
Todo esto supone un reto desalentador. El mayor alivio sería el crecimiento sostenido, que no se ha visto desde hace más de una década. Tener reformas políticas que generaran confianza en el gobierno y permitieran mejorar la fiscalidad y el bienestar social sería de mucha ayuda. Ambas cosas serían ideales. Ninguna parece probable.
América Latina, Pobreza, salarios, indigencia, EMPLEO
INTERNACIONAL
Homofóbico y sexista: un polémico general rompe con Giorgia Meloni y funda su propio partido de ultraderecha
A Giorgia Meloni la corrieron por derecha. Descontento con la “moderación” de la presidenta del consejo de ministros de Italia, muy cercana a Donald Trump y Javier Milei, el general Roberto Vannacci abandonó la coalición de gobierno y fundó su propio partido de ultraderecha.
Se trata de un militar condecorado en Irak y Afganistán, pero extremadamente polémico. En 2023 publicó un libro titulado El mundo al revés en el que dejó expuestas ideas consideradas extremistas, racistas y homofóbicas.
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“Vannacci propone un modelo de populismo de extrema derecha, a lo Trump”, dijo a TN el excónsul italiano en Buenos Aires y dirigente de la izquierdista Unión Popular Enrico Calamai.
Por qué el general Roberto Vannacci rompió con el gobierno
Vannacci, de 57 años, pateó el tablero de la derecha italiana, en el poder desde octubre de 2022.
El gobierno se asienta en una férrea alianza entre Hermanos de Italia, de Meloni; la Liga del vice Matteo Salvini, y Forza Italia, el partido fundado por el fallecido Silvio Berlusconi.
En su calidad de eurodiputado, el militar rompió con la Liga y fundó su propia agrupación bautizada “Futuro Nacional”. Su rasgo distintivo es simple: será una derecha “no moderada”, según afirmó. El eurodiputado y militar Roberto Vannacci rompe con el gobierno de Giorgia Meloni (Foto: Reuters)
“Ningún boxeador gana una pelea lanzando ganchos moderados”, dijo en sus redes sociales.
El militar eligió un logo para su partido que es toda una declaración de principios: la ‘llama tricolor’, un símbolo tradicional muy utilizado por los neofascistas italianos.
Su discurso se recuesta en ideas y objetivos muy similares a otros partidos de ultraderecha europeos como Alternativa para Alemania (AfD) o Vox de España: un discurso taxativo contra la inmigración y su férreo rechazo a respaldar con fondos y armas a Ucrania en la guerra con Rusia
“Comparto en parte el pensamiento de Vannacci, en especial en lo que se refiere a algunas posiciones vinculadas a la identidad, a la seguridad y a un cierto sentimiento difundido en una franja del electorado italiano”, dijo a TN la dirigente Francesca De Natale Sifola Galiani, excandidata a diputada de la Liga.
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Sin embargo, afirmó: “Pero no comparto el modo con el que se ha alejado del partido. Es una ruptura más personal que política y que corre el riesgo de debilitar la credibilidad del proyecto” de gobierno.
Según dijo, “Vannacci puede arrastrar parte del electorado, sobre todo aquel más crítico a los partidos tradicionales y atraído por un lenguaje directo y provocativo. Pero no pienso que su partido pueda superar el 5% de los votos, al menos en el corto plazo. Su rol, por el momento, parece más el de catalizador de consenso y de debate que de alternativa real de gobierno”, indicó.
Quién es el general Roberto Vannacci
Vannacci es un militar reconocido y que estuvo destacado en Irak y Afganistán. Fue condecorado con la Legión del Mérito de Estados Unidos en 2018 por su accionar en el combate al grupo Estado Islámico. Además lideró las fuerzas italianas desplegadas en los Balcanes, Ruanda, Somalia y Libia.
Pero su irrupción pública se dio tras la publicación de su libro El mundo al revés en 2023. Durante una semana fue el más vendido de Italia.
El general Roberto Vannacci (Foto: REUTERS/Remo Casilli)
Según SwissInfo, el libro arremete contra los homosexuales, las feministas, los inmigrantes y los activistas climáticos, entre otros colectivos y minorías. Allí, escribió que los homosexuales “no son normales” y que los rasgos de la jugadora afroitaliana de voleibol Paola Enogu “no representan la italianidad”.
“Queridos homosexuales. No son normales. Superenlo”, afirmó. Además, definió a las feministas como “brujas modernas”.
En una entrevista con el diario La Repubblica, dijo que “el lobby gay controla la información”. Además, en otras declaraciones, calificó al dictador Benito Mussolini de “estadista”.
El ejército finalmente lo sancionó y fue suspendido por 11 meses.
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Pero el ultraderechista Matteo Salvini, el número dos del gobierno de Meloni y titular de la Liga, cuestionada por xenófoba por sus detractores, lo rescató del ostracismo. No solo lo sumó al partido, sino que lo elevó como candidato al Parlamento Europeo. Así, accedió a una banca en 2024 al Parlamento de Estrasburgo. Lo votaron medio millón de italianos.
Ahora, la Liga le parece muy “moderada” para su pensamiento político.
Salvini lo defenestró. “El capítulo está cerrado. He visto a muchos que no cumplieron su palabra. Lo lamento por él, pero no me preocupa. Le hemos abierto las puertas de casa y lo ha agradecido así”, afirmó.
Vannacci seguirá con su banca en el Europarlamento porque es personal. Pero su “traición” no le salió gratis. Fue expulsado del grupo Patriotas por Europa, que la Liga comparte con partidos de ultraderecha como Vox o la Agrupación Nacional de Francia de Marine Le Pen.
Italia, Giorgia Meloni, Sumario
INTERNACIONAL
El abogado de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denunció el “traslado forzoso” y agresiones contra la activista
La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue trasladada de manera irregular desde el centro de detención de seguridad de Mashad a otra ciudad, según denunció su abogado, Mostafa Nili, quien también reportó agresiones contra la activista.
El letrado señaló que el martes de la semana pasada, a las 4 de la madrugada, Mohammadi fue sacada del centro de detención de Mashad, cuidad al este de Teherán. Aunque le informaron que sería llevada a la capital del país, esa misma tarde fue trasladada a la prisión de Zanjan, en el noroeste del país.
Nili indicó que el “traslado forzoso” contraviene las leyes vigentes, incluida la Ley de Procedimiento Penal, y que se enteró de la situación por una llamada telefónica de la propia Mohammadi.
Durante la conversación, la activista denunció agresiones durante su arresto e interrogatorios, incluyendo golpes en la cabeza que le provocaron mareos y visión borrosa.
“Las marcas de moretones y los fuertes golpes infligidos en su cuerpo aún permanecen”, advirtió Nili, quien alertó sobre los “graves riesgos” para la salud de Mohammadi si continúa detenida, ya que fue liberada en diciembre de 2024 precisamente por problemas de salud.
Mohammadi fue arrestada de manera violenta el 12 de diciembre junto a otros activistas en una ceremonia fúnebre en Mashad. La semana pasada fue condenada a siete años y medio de prisión por cargos de conspiración y propaganda contra el régimen iraní, en la décima sentencia en su contra desde 2021.
Su marido, Taghi Rahmani, advirtió sobre el deterioro de su salud y recordó que fue hospitalizada tras realizar una huelga de hambre de seis días.
La sentencia se produjo tras las protestas que sacudieron Irán en diciembre y enero, originadas por la caída del rial y que derivaron en manifestaciones contra la República Islámica, sofocadas por una brutal represión de la Guardia Revolucionaria.
El régimen de Irán reconoce 3.117 muertes en ese contexto, mientras la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa la cifra en 7.010 y continúa verificando más de 11.700 posibles fallecimientos, además de 53.800 arrestos.
Mohammadi, galardonada con el Nobel de la Paz en 2023, fue arrestada en trece ocasiones y condenada en diez, aunque siguió denunciando violaciones de derechos humanos en Irán, incluidas la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.
Desde el ámbito internacional, el Comité Noruego del Nobel pidió la liberación inmediata de la activista iraní el miércoles pasado. La defensora de los derechos de las mujeres de 53 años lleva tres décadas luchando por los derechos civiles frente al régimen.
“El Comité está horrorizado por estos actos y reitera que el encarcelamiento de Mohammadi es arbitrario e injusto. Su único ‘delito’ es el ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales —libertad de expresión, asociación y reunión— en defensa de la igualdad de la mujer y la dignidad humana”, señaló el Comité.
La institución realizó un “llamamiento urgente” a las autoridades iraníes para que liberen a Mohammadi “de manera inmediata e incondicional” y le brinden acceso a “atención médica independiente y profesional”. Además, instó a Teherán a liberar a todos los presos políticos y de conciencia detenidos por ejercer sus derechos legítimos.
Por su parte, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (UE) señaló que los cargos contra Narges Mohammadi derivan exclusivamente de sus actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos. La declaración oficial subrayó que la activista debería poder expresarse y ejercer su labor legítima sin enfrentar riesgos de encarcelamiento o represalias.
El bloque europeo pidió a las autoridades iraníes su liberación inmediata e incondicional, y remarcó la gravedad de su estado de salud, recordando las obligaciones legales internacionales de Irán.
Según los tratados internacionales suscritos por la República Islámica, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Irán tiene la responsabilidad legal de garantizar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. La UE instó también a la liberación de todas las personas detenidas por ejercer estos derechos, incluidas aquellas arrestadas durante las recientes protestas.
El comunicado de la UE exhortó a las autoridades iraníes a respetar el debido proceso y a garantizar juicios justos para todos los afectados.
(Con infomración de EFE)
INTERNACIONAL
Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Venezuela: la esposa de Nahuel Gallo le reclamó su libertad a Delcy Rodríguez
Molestos por la decisión del Parlamento de Venezuela de prorrogar una semana más el tratamiento de la Ley de Amnistía para terminar de liberar a los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, familiares de los detenidos iniciaron sábado una huelga de hambre en Caracas para reclamar más excarcelaciones.
Si bien durante la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos de los calabozos de la Policía Nacional, un grupo de diez familiares decidió llevar adelante la protesta luego de que no se cumplieran los plazos anunciados por la gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Es que su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había dicho a principios de febrero que en la semana que pasó iban a ser liberados «todos los presos políticos».
En Caracas, diez mujeres usando tapabocas se acostaron en línea con la lista de sus nombres escrita a mano en la entrada de Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes, para pedir celeridad en la salida de prisión de sus familiares como parte de un proceso de liberaciones que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero, bajo fuertes presiones de Washington.
En medio de esa protesta, la presidenta Rodríguez usó la red social X para felicitar a un equipo de beisbol, el deporte más popular del país, por un triunfo en un partido de anoche en Caracas. Y, ese posteo, fue aprovechado desde Argentina por la esposa de Nahuel Gallo para reiterar su reclamo por su liberación.
Libertad para Nahuel Agustín Gallo, 433 días lo han tenido en Desaparición Forzada en el Rodeo 1. BASTA dejen de fingir que no pasa nada.
— Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) February 14, 2026
La venezolana María Alexandra Gómez, quien reclama la liberación de su marido, un gendarme catamarqueño que fue atrapado hace dos años cuando ingresó al país para visitar a su familia durante las Fiestas de Fin de Año, le estampó como respuesta a la funcionaria su pedido y le recordó que desde hace «433 días lo han tenido en Desaparición Forzada en el Rodeo 1″.
«BASTA dejen de fingir que no pasa nada», cerró su mensaje Gómez desde Buenos Aires, donde espera junto a su hijo el regreso de Gallo.
En tanto, los familiares de otros presos políticos que comparten su reclamo en Caracas explicaron que con la huelga de hambre que iniciaron hoy exigen «que ya se concrete y sea real la liberación de todos». «Es justo, es justo. Ya tenemos muchísimo tiempo en esto», dijo a la agencia AFP Evelin Quiaro, 46 años, madre de uno de los detenidos y funcionaria del servicio de migración.
Su hijo de 30 años está detenido desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
Entre los excarcelados este sábado se encuentra José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), preso desde noviembre sin orden judicial, informó en X el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Desde que el 3 de enero Nicolás Maduro fue sacado del país por una intervención militar estadounidense, Delcy Rodríguez actúa como presidenta a cargo y propuso una ley de amnistía el 30 de enero.
Pero, en el Parlamento local la discusión final para su aprobación se ha aplazado dos veces. La última fue el jueves cuando se dispuso posponer la discusión una semana más para que los diputados se pongan de acuerdo si abarcará los 27 años del chavismo o si estará acotada a un período determinado. La próxima sesión está prevista para el jueves 19 de febrero.
Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, asumió funciones de forma temporal y en las últimas semanas llevó adelante una agenda de acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos, al tiempo que ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos, rota desde 2019.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero 431 presos políticos han obtenido libertad condicional y 644 permanecen aún en prisión.
«Lo que estamos pidiendo con esto es que ya sean liberados todos, como se nos prometió», indica por su parte otra huelguista, Sachare Torrez, de 23 años.
Con información de agencias
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