INTERNACIONAL
Steve Witkoff visitó en Tel Aviv a las familias de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas: “No hay victoria sin traer a todos a casa”
El enviado de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, acudió este sábado a la conocida como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde se celebra una manifestación para exigir la liberación de los secuestrados por los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza.
La protesta, que reúne a unas 200 personas, se convocó el viernes a la luz de la publicación de dos vídeos en 24 horas, por parte de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina, de dos cautivos en un muy mal estado de salud.
Witkoff dijo a las familias de los secuestrados en la plaza que “no hay victoria sin traer a todos a casa. Todos ustedes son parte de mi familia”.
Bajo el lema “Nunca más es ahora”, las familias de los secuestrados en Gaza denunciaron que sus allegados están sufriendo “un holocausto” en la Franja: “No sobrevivirán mucho más, los muertos están bajo riesgo inmediato de desaparecer. No podemos soportar ni un minuto más sin traerlos a casa”, recogió el comunicado del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a la mayoría de familiares de los rehenes.
“Tenemos un plan para terminar la guerra y traer a todos a casa”, aseguró Witkoff en la sede del Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de la mayoría de cautivos en Gaza y organiza semanalmente protestas para exigir su liberación.
“Nuestra prioridad principal es traer a todos los rehenes de vuelta a casa. El presidente Trump cree que todos deben salir y que los que están vivos deben seguir con vida. Para él, esta es una misión sagrada”, aseguró Witkoff.
El enviado también aseguró que harían a Hamás responsable de cualquier daño sufrido por los cautivos, a la vez que EE.UU. “hará lo adecuado por el pueblo de Gaza”.
Entre el jueves y el viernes, la Yihad Islámica Palestina y Hamas publicaron vídeos de los rehenes Rom Braslavski y Evyatar David respectivamente, en los cuales ambos aparecían extremadamente delgados, especialmente David.
Los dos forman parte de los 20 rehenes que presuntamente quedan con vida en Gaza, además de 30 muertos. A finales de julio, la Yihad Islámica Palestina aseguró haber perdido el contacto con los captores de Braslavski tras atacar supuestamente el Ejército israelí la zona en la que se encontraba retenido.
“Sabemos quién está vivo, y alguien tendrá la culpa si no salen con vida. Estados Unidos respalda esta declaración”, dijo también el enviado.
“Este holocausto podría haber terminado hace mucho si el acuerdo anterior (de alto el fuego, que Israel rompió el 18 de marzo) no hubiera colapsado por la política. Los judíos están siendo reducidos a piel y huesos para garantizar supervivencia política”, denunció en la protesta uno de los rostros más visibles del movimiento por los rehenes, Einav Zangauker, madre del cautivo Matan Zangauker.
La protesta se convocó después de que el brazo armado de Hamas, las Brigadas Al Qasam, publicara un video del rehén Evyatar David extremadamente delgado y en un visible pésimo estado de salud, bajo el texto “Ellos comen lo que nosotros comemos”.
En la noche del jueves, la Yihad Islámica Palestina difundió otro video del cautivo Rom Braslavski, también muy delgado pero sobre todo psicológicamente afectado, pidiendo entre lágrimas y con un hilo de voz que Israel permitiera entrar comida a Gaza.
En ninguno de estos casos, sus familiares dieron permiso para que este contenido fuera hecho público o difundido a través de redes sociales. “Ahora, quienes han visto esto entienden la gravedad del estado en el que se encuentra Evyatar”, ha manifestado su hermana.
Estos videos suponen una estrategia de presión para las milicias gazatíes, con las que se dirigen a la población israelí (especialmente a las familias de los cautivos) señalando el daño que las decisiones del Gobierno de Israel en Gaza plantean a los rehenes.
Numerosos rehenes han asegurado que estos videos están guionados, si bien también han denunciado las pésimas condiciones (hambre y torturas físicas y psicológicas) a las que se ven sometidos en el enclave.
Ambos forman parte de los 20 rehenes con vida que presuntamente quedan en Gaza, además de 30 muertos.
Witkoff se encuentra en Israel para reunirse con las autoridades israelíes y abordar la situación en Gaza, mientras las negociaciones del alto el fuego permanecen estancadas.
El enviado de Trump también visitó el viernes por la mañana un punto de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), para monitorear el reparto de alimentos que lleva a cabo, y en torno al cual han muerto más de 850 personas por tiroteos del Ejército israelí, según el Gobierno de Gaza.
Las familias se han manifestado contra “la difusión del contenido terrorífico sobre la condición en la que se encuentran los rehenes” y han colocado la alambrada en la renombrada plaza de los Rehenes, donde prevén hacer una sentada para exigir “dignidad” por sus seres queridos.
El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos ha indicado en un comunicado que su objetivo es solicitar al Gobierno israelí y a la Administración estadounidense de Donald Trump que “mire a sus seres queridos a los ojos”. “El peligro al que hacen frente es tangible e inmediato”, han asegurado.
“El riesgo de perderlos está aumentando. Es el momento de lograr un acuerdo exhaustivo para poner fin a la guerra. Sin más retrasos. Sin dejar a nadie atrás. Acabad con esta pesadilla y traedlos a casa”, recoge el texto.
(Con información de EFE y Europa Press)
Middle East,Civil Unrest,Tel Aviv
El presidente Daniel Noboa reformó el Reglamento General de la Ley de Minería mediante el Decreto Ejecutivo No. 273, con el que introdujo cambios en los procedimientos administrativos, técnicos y económicos que rigen la actividad minera en Ecuador.
La norma, suscrita en diciembre de 2025, modifica artículos clave del reglamento vigente desde 2009 y redefine competencias de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), requisitos para concesionarios y reglas relacionadas con exploración, explotación, regalías y cesión de derechos mineros, de acuerdo con el texto oficial del decreto.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento del rol de la ARCOM como entidad encargada no solo del control y la fiscalización, sino también de la regulación, auditoría, vigilancia e incluso administración de contratos en el sector minero.
El decreto amplía de manera expresa sus atribuciones para llevar control estadístico de la producción y comercialización de los recursos minerales, así como para regular aspectos técnicos y operativos de las actividades mineras, lo que supone una mayor centralización de funciones en el organismo de control.
El decreto también introduce cambios en los requisitos para la presentación de posturas y solicitudes vinculadas a concesiones, exploración y explotación. Entre ellos se incorporan exigencias documentales más detalladas, como la obligación de presentar planes de manejo ambiental, información económica, estudios técnicos y certificados de cumplimiento tributario.
En varios casos, el texto establece que estos requisitos deberán cumplirse de manera previa a la autorización de determinadas fases del proyecto minero, lo que podría alargar los plazos administrativos, aunque el decreto no fija tiempos concretos para la tramitación de todos los procedimientos reformados.
En materia de exploración, la reforma delimita con mayor precisión las etapas de exploración inicial y exploración avanzada, estableciendo condiciones para el cómputo de plazos, la ejecución de actividades simultáneas y la obligación de contar con autorizaciones ambientales antes de iniciar determinadas fases.
El decreto señala que el inicio del plazo de exploración avanzada estará condicionado a la emisión de la declaratoria correspondiente y a la obtención de la licencia ambiental, aunque deja abierta la posibilidad de que esta última sea emitida incluso después del inicio formal del período, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la autoridad competente. El texto no aclara cómo se resolverán eventuales superposiciones o retrasos entre ambos actos administrativos.
Otro aspecto relevante es la regulación de la cesión y transferencia de derechos mineros. La reforma incorpora de forma expresa contratos de cesión, transferencia y garantías sobre derechos mineros dentro del ámbito de control de la ARCOM, e incluye operaciones como contratos de crédito minero, de operación y de transacción.
Estos actos deberán cumplir con condiciones específicas y ser registrados ante la autoridad, lo que refuerza el control estatal sobre las operaciones económicas asociadas a las concesiones.
En el plano económico, el decreto introduce ajustes en la forma de cálculo y pago de regalías mineras, especialmente para la mediana y gran minería metálica. Se establece una diferenciación de la base imponible según el tipo de mineral y el régimen aplicable, tomando como referencia el ingreso bruto o el ingreso neto efectivo, con deducciones limitadas para ciertos costos.
El texto detalla fórmulas específicas para oro, plata y otros minerales metálicos, y dispone que las regalías deberán pagarse conforme a calendarios definidos en función del noveno dígito del RUC del concesionario. No obstante, el decreto no evalúa el impacto fiscal de estos cambios ni precisa si implicarán un aumento o reducción efectiva de la carga económica para los operadores.
La reforma también regula de manera más estricta los procesos de renegociación de contratos de explotación minera, estableciendo que durante la etapa de exploración únicamente podrá iniciarse una negociación precontractual, y que los contratos solo podrán suscribirse una vez cumplidos los requisitos técnicos, económicos y ambientales previstos en la ley y el reglamento.
El Ministerio sectorial conserva la facultad de revisar, modificar o condicionar estos procesos para alinearlos con las políticas públicas del sector minero.
Desde el punto de vista institucional, el decreto se apoya en las disposiciones constitucionales que atribuyen al Estado la administración y control de los sectores estratégicos, incluidos los recursos naturales no renovables.
Sin embargo, el texto no desarrolla cómo estas reformas se articularán con los derechos de comunidades, pueblos indígenas o gobiernos locales, ni aborda de manera específica los posibles efectos sociales o ambientales derivados de la aplicación de las nuevas reglas.
En términos generales, la reforma al Reglamento General de la Ley de Minería apunta a un mayor control estatal y a una estandarización más detallada de los procedimientos técnicos y económicos del sector.
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NEWYou can now listen to Fox News articles!
A massive fraud scandal tied to taxpayer-funded daycare, Medicaid and social services programs in Minnesota — involving potentially billions of dollars in suspicious billing — is prompting renewed scrutiny of whether some naturalized Americans obtained U.S. citizenship under false pretenses and whether denaturalization could now be used more aggressively.
The fallout has already led the Department of Health and Human Services to freeze certain childcare payments to Minnesota, citing alleged fraud involving daycare providers throughout the past decade.
Immigration authorities have confirmed they are reviewing whether fraud uncovered in Minnesota could provide the legal basis to revoke U.S. citizenship from naturalized individuals who concealed or misrepresented material facts during the immigration process.
Denaturalization is legally constrained, requires individualized civil court proceedings and historically has been used sparingly.
KAROLINE LEAVITT WARNS ‘PEOPLE WILL BE IN HANDCUFFS’ AS FEDS ZERO IN ON MINNESOTA FRAUD SCANDAL
Attorney David Schoen said it remains legally viable but under extraordinary circumstances.
He said on Fox News the process would likely trigger «significant» court challenges but «it is legally possible. In an extraordinary circumstance, we’d have to know the facts.»
Quality Learning Center in Minnesota was found at the center of an alleged childcare fraud scandal in the state. (Madelin Fuerste / Fox News Channel)
Schoen emphasized that immigration law already provides clearer mechanisms for removing noncitizens, particularly lawful permanent residents who violate the law, describing denaturalization as a far more extraordinary step requiring fact-specific scrutiny.
COMER SUMMONS MINNESOTA OFFICIALS AS HOUSE PROBES MASSIVE SOCIAL SERVICES FRAUD
White House press secretary Karoline Leavitt said on «Fox & Friends» that the administration is «not afraid to use denaturalization,» and confirmed that the Department of Homeland Security (DHS) and the State Department are «looking at» whether citizenship could be revoked in connection with those of Somali origin in the Minnesota fraud probe.
DHS confirmed it is actively reviewing immigration and naturalization cases involving migrants from 19 countries of concern, including Somalia, to determine whether any individuals obtained U.S. citizenship through fraud that could warrant denaturalization.
«Under U.S. law, if an individual procures citizenship on a fraudulent basis, that is grounds for denaturalization,» DHS Assistant Secretary Tricia McLaughlin said in a statement to Fox News.
The review focuses on whether fraud occurred during the immigration or naturalization process, including false statements or marriage fraud used to obtain legal status or citizenship. DHS stressed that denaturalization is governed by strict legal standards and applies only under limited circumstances.
President Donald Trump weighed in on the Minnesota investigations Wednesday, sharply criticizing the state’s handling of fraud and linking the scandal to illegal immigration in a Truth Social post.
«Much of the Minnesota Fraud, up to 90%, is caused by people that came into our Country, illegally, from Somalia,» Trump wrote.
«Lowlifes like this can only be a liability to our Country’s greatness,» he added. «Send them back from where they came, Somalia, perhaps the worst, and most corrupt, country on earth.»
Federal prosecutors say their investigation has expanded to suspicious billing across 14 Medicaid-funded programs, where providers billed about $18 billion since 2018. A preliminary assessment cited by prosecutors suggests «half or more» of that amount could be fraudulent.
The widened probe builds on yearslong scrutiny of Minnesota following some of the largest benefit-fraud cases ever prosecuted in the state, including a pandemic-era food aid scheme involving roughly $250 million in alleged losses. Federal officials say those cases exposed systemic weaknesses in oversight that may extend across multiple aid programs.
Quality Learning Center manager Ibrahim Ali denied any fraud took place, despite a recent report by independent journalist Nick Shirley. (Pool)
HHS CUTS OFF MINNESOTA CHILD CARE PAYMENTS OVER ALLEGED DAYCARE FRAUD SCHEME
Minnesota is home to one of the largest Somali communities in the country. Census Bureau–based estimates suggest roughly 260,000 people of Somali descent live in the U.S. and close to 100,000 are in Minnesota.
Republican lawmakers argue that fraud on such a scale raises broader questions about whether individuals involved were truthful throughout the immigration process — and whether citizenship should shield offenders who obtained it through deception.
House Majority Whip Tom Emmer, R-Minn., called for the deportation of all Somali immigrants involved in fraud cases in Minnesota.
SENATE PRESSURE MOUNTS AS MINNESOTA FRAUD SCANDAL CONTINUES TO UNFOLD
«I have three words regarding Somalis who have committed fraud against American taxpayers: Send them home. If they’re here illegally, deport them immediately; if they’re naturalized citizens, revoke their citizenship and deport them quickly thereafter. If we need to change the law to do that, I will,» he wrote on X.
The renewed focus on denaturalization also aligns with broader efforts inside the Trump administration to tighten the naturalization process itself.
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U.S. Citizenship and Immigration Services Director Joseph Edlow has previously criticized the current citizenship test as «too soft,» calling for deeper civics knowledge and more rigorous English evaluation throughout the naturalization interview.
Historically, the federal government has pursued only a small number of denaturalization cases each year. Civil liberties groups warn that expanding its use could raise due-process concerns, teeing up a potential legal battle.
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«Derechos» de anexión
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