Tras dos semanas de negociaciones, los países reunidos en la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, la COP30 de Belém, aprobaron un documento final que no hace referencia explícita a los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón). Los textos que surgen de estas cumbres deben ser aprobados con el acuerdo de todas las partes, y países petroleros como Arabia Saudita o Rusia presionaron para dejar afuera de la declaración final las palabras fossil fuels.

El documento sí reconoce que el cambio climático producto de los gases efecto invernadero es una preocupación y que es responsabilidad de los países ocuparse del tema.

Leé también: “Era solo tierra pelada”: cómo granjeros familiares lograron volver a la vida parte de la Amazonía deforestada

“El resultado de la COP30 estuvo muy por debajo de lo que el mundo necesita en estos tiempos de múltiples crisis. El reglamento de la CMNUCC está claramente roto. No podemos permitirnos esperar otro año para otra señal política débil mientras comunidades se queman y se ahogan”, dijo en declaraciones posteriores Kumi Naidoo, presidente de Fossil Fuel Treaty Initiative (Iniciativa de Tratado de los Combustibles Fósiles).

Durante toda la duración de la COP30, hubo una fuerte presión de la sociedad civil -hasta se organizó un funeral de los combustibles fósiles al que asistieron 50 mil personas- para que de esta cumbre salga un documento ambicioso en términos de dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón. El propio Lula Da Silva visitó la cumbre esta semana e instó a los negociadores a ir en el mismo sentido.

Incluso, una coalición de países liderados por Colombia pidieron una hoja de ruta concreta con plazos y planes para transicionar a energías renovables.

Carolina Sánchez Naranjo, coordinadora de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles dijo: “Nuestros territorios en el Sur Global no tienen tiempo para esperar por otra COP que no considere seriamente la necesidad de transicionar más allá de los combustibles fósiles. Cada año muchos de nuestros países en el Caribe necesitan entre un 5% y un 10% de su PIB tan sólo para recuperarse de huracanes y desastres climáticos provocados por las emisiones del Norte Global. Teníamos la esperanza de que la COP30 iba a cumplir y escuchar a la gente, asegurando no sólo que construyamos una verdadera hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles y transicionar de manera justa y equitativa, sino también acordar el financiamiento libre de deuda que nuestros países necesitan para adaptarse y transicionar».

Pese a lo diluido del texto final, la presidencia de la COP30, encabezada por el brasileño André Correa do Lago, se comprometió a seguir trabajando durante un año en su rol en dos temas fundamentales: una hoja de ruta para revertir la deforestación y otra para “organizar la transición energética lejos de los combustibles fósiles”. “Será respaldado por la ciencia e inclusivo”, remarcó Correa do Lago. El auditorio entero lo aplaudió.

La rebelión de los países latinoamericanos

Para aprobar el texto (que tiene una declaración política central y luego otros escritos de distintos temas), todos los países deben estar de acuerdo. Si alguno levanta la mano y hace una objeción, el proceso no puede avanzar. Sin embargo, si el presidente de la COP asume que hay consenso y baja el martillo, el texto se da por aprobado.

Si bien luego se abre un espacio para que los países presenten sus objeciones, ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, fue en ese momento que se desató el malestar de un grupo de países latinoamericanos que provocaron un gran revuelo.

Panamá tomó la palabra: “Estoy muy decepcionada de este proceso. Prometió un proceso transparente y yo levanté mi bandera (antes de que baje el martillo) y usted me ignoró”, dijo Ana Aguilar, jefa de delegación panameña. Y siguió visiblemente molesta: » Panamá quería aprobarlo presidente, se que usted hizo mucho esfuerzo durante este proceso, pero no podemos apoyar esto. No podemos apoyar un acuerdo sobre adaptación que retrocede lo acordado».

Aguilar hizo referencia a un punto central que se discutió durante la COP30: la aprobación de 100 indicadores de la Meta Global de Adaptación (GGA). Esta meta y estos indicadores son una suerte de paraguas que busca organizar cómo el mundo se prepara para adaptarse a los efectos de la crisis climática. Van desde mejorar el sistema de salud para recibir a las personas afectadas por las olas de calor a cambiar la infraestructura ante más frecuentes inundaciones o rebustecer los sistemas de alerta temprana por incendios.

La idea es que durante esta conferencia se apruebe por primera vez un marco común con 100 puntos largamente discutidos para evaluar la resiliencia de cada país, que se puedan monitorear y reportar progresos. Y también acompañar eso con financiamiento de los países más ricos y más responsables de la crisis climática hacia los más perjudicados.

Los países latinoamericanos empujaron mucho durante la cumbre por lograr esta aprobación y que se refleje en el texto final. Pero durante el viernes a la madrugada, mientras se trabajaba por alcanzar el consenso, Brasil decidió adoptar 59 indicadores nuevos y dar de baja los 100 ya trabajados. Esta era una demanda de los países africanos. La presidencia aportó un nuevo borrador a las delegaciones cerca de la madrugada del sábado. La queja de Panamá, a la que luego se sumó Uruguay es que ese no era el objetivo acordado y que no hubo tiempo de mirar los cambios antes del plenario.

Después de Panamá, tomó la palabra la representante de Colombia, Diana Mejía, y también objetó el procedimiento de la presidencia de la COP: aseguró que Correa do Lago la ignoró cuando levantó la mano para oponerse al texto.

“Presentamos un punto de orden sobre mitigación y me ignoraron. No me deja otra opción que objetar el programa de mitigación a menos que se incluya lo siguiente en el texto: ‘tenemos que implementar la transición de los combustibles fósiles’. (…) no podemos pensar en un plan de transición energética sin que estén las palabras combustibles fósiles”. La representante colombiana dejó en claro que para su país, era una línea roja no incluir un plan claro y concreto para dejar atrás el petróleo, el carbón y el gas y pidió que se revea la decisión de adoptar el texto.

Esto dejó pasmado al presidente Correa do Lago que llamó a un cuarto intermedio. Al volver, aseguró que estaba “cansado” y “viejo” y que no había notado que nadie hubiera levantado la mano para oponerse al texto final. Si bien pidió disculpas, dejó firme que el texto aprobado era el definitivo y solo tomaría nota de estas objeciones.

Tres de los hijos de Jair Bolsonaro cargaron este sábado con dureza contra Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que dictó la orden de prisión preventiva del ex presidente brasileño, al acusarlo de querer “matar” a su padre.

“El objetivo de Alexandre de Moraes es bien simple: matar a mi padre”, escribió en sus redes sociales el diputado Eduardo Bolsonaro en un extenso mensaje en el que tachó al magistrado de “psicópata”.

Eduardo se encuentra desde marzo pasado en Estados Unidos, donde ha mantenido reuniones con representantes del Gobierno de Donald Trump en busca de ayuda para intentar tumbar el proceso por el cual el ex mandatario fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

El Supremo ya imputó al legislador por su actuación en EEUU, que se tradujo en aranceles del 50% sobre los productos brasileños, la revocación de los visados a varios jueces del alto tribunal y funcionarios del Ejecutivo, y sanciones financieras contra De Moraes.

“Cualquier régimen de excepción busca eliminar físicamente a sus disidentes; Alexandre de Moraes simplemente sigue el ejemplo de todos los tiranos psicópatas que lo precedieron”, expresó Eduardo.

“Nada de esto nos hará retroceder ni rendirnos. El martirio de mi padre solo encenderá la llama de la justicia en nuestros corazones. Todos los involucrados en el actual intento de Alexandre de Moraes de asesinar a mi padre rendirán cuentas”, prometió.

En la misma línea, el senador Flávio Bolsonaro manifestó que su padre “nunca hizo nada malo” y que la prisión preventiva se basa en una decisión judicial “frágil” construida a partir de “hipótesis”.

“¡Si le pasa alguna cosa, Alexandre de Moraes, es culpa tuya! ¡Si mi padre muere allí dentro, la culpa es tuya! ¡¿Quiere matar a Bolsonaro, Alexandre de Moraes?!”, exclamó en un directo en redes sociales que finalizó entre lágrimas mientras pronunciaba una oración.

Por su parte, el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro insinuó que los problemas judiciales del ex gobernante, quien también está inhabilitado para cargos electivos, forman parte de un plan para acabar con su carrera política y disipar el movimiento de extrema derecha que encabeza en el país.

“El objetivo no cambia: quieren a Jair Bolsonaro enterrado vivo. O muerto, como ya intentaron”, aseguró.

El ex jefe de Estado (2019-2022) fue detenido preventivamente este sábado en su residencia de Brasilia, donde desde el pasado 4 de agosto cumplía prisión domiciliaria por incumplir varias medidas cautelares impuestas en el marco de la causa de golpismo.

Un equipo de agentes condujeron al ex gobernante hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia, donde permanecerá bajo custodia hasta nueva orden.

Su arresto se produjo en vísperas de que el Supremo ordene la ejecución de su condena de 27 años y tres meses por su papel en la trama que intentó revertir el resultado de las elecciones de 2022.

El Supremo Tribunal Federal lo consideró responsable de “liderar” un plan para desconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. El proceso reunió registros de reuniones con altos mandos militares, discursos que cuestionaron sin pruebas el sistema de voto electrónico y documentos que describieron escenarios para activar un Estado de Sitio sin base constitucional.

El juez Moraes fundamenta la prisión preventiva en tres hechos recientes. Primero, la convocatoria de Flávio Bolsonaro a una “vigilia por la salud de Bolsonaro y la libertad de Brasil”. La Policía Federal advierte que un tumulto cerca de la vivienda podía facilitar una fuga. Segundo, la ruptura registrada de la tobillera electrónica a la madrugada del sábado. El magistrado interpreta el episodio como una señal de intento de evasión. Tercero, la fuga de Alexandre Ramagem, exdirector de Inteligencia y condenado por golpismo, que escapa desde Roraima hacia Estados Unidos.

La justicia menciona además la proximidad entre la casa de Bolsonaro y la zona de embajadas, incluida la de Estados Unidos.

Minneapolis Police Chief Brian O’Hara apologized to the Somali community for a comment he made connecting «East African kids» to crime.

«The Somali community here in Minneapolis has been welcoming and has shown love towards me, and I appreciate it,» O’Hara said at a news conference on Thursday. «Over the last three years we have been working together to try and address some of the real serious problems that we have in our community.»

«We have to be honest at times with the problems that we’re having in our community, and we need our community to help us fix those problems together because it’s real and it’s serious. At the same time, if people have taken anything that i have said out of context in a way that’s caused harm, I apologize, and I’m sorry for that because that’s not my intention at all,» O’Hara added.

In an interview with WCCO earlier this month, O’Hara was speaking about a deadly Halloween shooting as well as juvenile crime plaguing the city when he made the comment. Alpha News reported that the Dinkytown area, where the shooting took place, has seen a series of crimes including assaults, robberies, shootings and auto thefts.

TRUMP TERMINATES DEPORTATION PROTECTIONS FOR SOMALI NATIONALS LIVING IN MINNESOTA ‘EFFECTIVE IMMEDIATELY’

During the interview, he stated that the young people committing the crimes were not «poor kids from Minneapolis,» but rather kids that come from out of town who take «mommy’s Mercedes-Benz to Dinkytown, and they don’t know where they are.»

«Groups of kids, groups of East African kids that are coming from surrounding communities and not just one community, kind of all over the place,» O’Hara told WCCO.

After the interview, a petition on Change.org demanded an apology from O’Hara, saying that the East African community of Minneapolis «has already been carrying the weight of unfair scrutiny for years» and that the chief’s comment would «deepen that burden.»

The Minneapolis Somali community has faced scrutiny on a national level in recent days after a bombshell report revealed a series of alleged financial schemes that ended with terrorists getting taxpayer dollars. Ryan Thorpe and Christopher F. Rufo of the Manhattan Institute found that Al-Shabaab, an al Qaeda-linked terrorist organization in Somalia, was receiving funds that could be traced back to Minnesota.

«Every scrap of economic activity, in the Twin Cities, in America, throughout Western Europe, anywhere Somalis are concentrated, every cent that is sent back to Somalia benefits Al-Shabaab in some way,» a former official who worked on the Minneapolis Joint Terrorism Task Force told Thorpe and Rufo.

Women walk along a tree-lined street in Minneapolis’ Cedar–Riverside neighborhood, home to one of the largest Somali communities in the U.S. (Michael Dorgan/Fox News Digital)

Following the report, President Donald Trump announced he was ending Temporary Protected Status (TPS) for Somalis in Minnesota. 

The Secretary of Homeland Security may designate a country for TPS if nationals cannot return safely or if the country «is unable to handle the return of its nationals adequately.» Countries currently under TPS are Burma, El Salvador, Ethiopia, Haiti, Lebanon, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Ukraine, Venezuela and Yemen.

«Minnesota, under Governor Waltz, is a hub of fraudulent money laundering activity. I am, as President of the United States, hereby terminating, effective immediately the Temporary Protected Status (TPS program) for Somalis in Minnesota. Somali gangs are terrorizing the people of that great State, and BILLIONS of dollars are missing. Send them back to where they came from. It’s OVER!,» Trump wrote on Truth Social.

Rufo, one of the authors of the bombshell report, said Trump’s announcement was a «great start» but that there is still more work to do.

«Canceling TPS for Minnesota Somalis is a great start. Next: review all asylum, refugee, and citizenship applications for any hint of fraud or technical error; then initiate denaturalizations and mass deportations up to the furthest limits of the law. They have to go home,» Rufo wrote on X.

Women walk along a tree-lined street in Minneapolis’ Cedar–Riverside neighborhood, home to one of the largest Somali communities in the U.S. (Michael Dorgan/Fox News Digital)

MINNESOTA TAXPAYER DOLLARS FUNNELED TO AL-SHABAAB TERROR GROUP, REPORT ALLEGES

House Majority Whip Tom Emmer, R-Minn, who praised Trump’s decision, wrote a letter on Friday to U.S. Attorney for the District of Minnesota Daniel Rosen demanding an investigation. The letter was also signed by Emmer’s fellow Minnesota Republicans, Rep. Pete Stauber, Rep. Michelle Fischbach, and Rep. Brad Finstad.

«It is alleged that Minnesota’s Somali community, the largest in the nation, has been sending millions back to Somalia via the hawala network, an informal money trafficking network which is notorious for funds ending up in terrorist networks, and in this instance, Al-Shabaab,» the letter reads.

House Majority Whip Tom Emmer (R-MN) speaks during a press conference with members of the Republican Study Committee and other members of House Republican leadership, on the 28th day of the government shutdown in Washington, D.C., on Oct. 28, 2025.  (Nathan Posner/Anadolu via Getty Images)

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FOX NEWS APP

The lawmakers cited the various cases involving members of the Somali community, including the Feeding our Future fraud scheme, fraud in the Housing Stabilization Services program, Child Care Assistance program and Minnesota’s Early Intensive Developmental and Behavioral Intervention program.

«It is bad enough that these individuals are defrauding our state, taking services and funds away from children and the most vulnerable, but now there is a good reason to believe that Minnesota taxpayer dollars are going straight into terrorists’ hands. These new allegations present not only a serious betrayal of taxpayer trust, but also a grave threat to our national security,» the letter states.

Fox News Digital has reached out to Walz’s office for comment.