INTERNACIONAL
Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén

El conflicto en Yemen experimentó una nueva escalada cuando Arabia Saudita bombardeó este martes la ciudad portuaria de Mukalla. El objetivo de este ataque, según fuentes regionales, fue una remesa de armas enviada desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) destinada a las fuerzas separatistas del Consejo de Transición del Sur (STC). Mukalla, situada en una ruta comercial internacional clave, se convierte así en un punto central cuyo control puede tener consecuencias para la seguridad en el Golfo Pérsico.
La reacción de los EAU no se hizo esperar, y tras el bombardeo, anunciaron la retirada de sus fuerzas del territorio yemení. Esta decisión, aunque significativa desde el punto de vista simbólico y político, no implica necesariamente un cese del respaldo militar y financiero que los EAU proporcionan al STC, que sigue siendo su principal aliado en el sur del país.
El ataque saudí a Mukalla marca un momento de tensión inédita entre dos actores que hasta hace poco tiempo actuaban coordinados en Yemen como parte de una coalición contra los rebeldes hutíes. Este incidente, además de poner de manifiesto la competencia creciente entre Riad y Abu Dabi por la influencia en Yemen, introduce un factor de inestabilidad en una guerra que ya ha desplomado la economía y exacerbado la crisis humanitaria.
La intervención saudí no solo responde a la preocupación de que el envío de armas fortalezca aún más a los separatistas sureños, sino que también representa una advertencia directa a Emiratos Árabes Unidos sobre los límites de su apoyo al STC. Arabia Saudita ha manifestado que cualquier amenaza a su seguridad nacional constituye una línea roja y que está dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para neutralizar riesgos percibidos en su frontera sur.
La retirada emiratí, aunque presentada como un movimiento estratégico, no altera de fondo la relación de apoyo con el STC. Las autoridades emiratíes han sostenido que la integridad territorial y el destino político de Yemen deben ser decididos por los propios yemeníes, lo que reitera su disposición a respaldar a las fuerzas separatistas, mientras que, a nivel diplomático, mantienen un discurso de autodeterminación y no injerencia directa.
El Consejo de Transición del Sur (STC), respaldado por Emiratos Árabes Unidos, ha protagonizado un avance decisivo en el sur de Yemen durante las últimas semanas. Esta organización, que agrupa a movimientos separatistas con el objetivo de restaurar la independencia del antiguo Sur de Yemen, consolidó su control sobre extensos territorios, incluyendo provincias de gran importancia estratégica y económica.
Las fuerzas del STC se apoderaron de la mayor parte de las provincias de Hadramout y Mahra. En Hadramout, el grupo tomó el control de instalaciones clave como PetroMasila, la mayor compañía petrolera del país, después de enfrentamientos breves con fuerzas gubernamentales y sus aliados tribales. Esta ofensiva se produjo en un contexto en el que la Alianza Tribal de Hadramout, apoyada por Arabia Saudita, había ocupado temporalmente las instalaciones petroleras para presionar por una mayor participación en los ingresos del crudo y mejoras en los servicios públicos locales.
La rápida expansión del STC incluyó también la toma de la provincia de Mahra, en la frontera con Omán, y el control de un paso fronterizo estratégico entre ambos países. En la ciudad de Adén, el grupo separatista, con apoyo emiratí, ocupó el palacio presidencial, sede del Consejo de Liderazgo Presidencial, órgano de gobierno reconocido internacionalmente.
El avance del STC no solo modificó el equilibrio de poder en el sur de Yemen, sino que también desafió la alianza anti-hutí, exacerbando las tensiones con el gobierno yemení y sus aliados tribales. El control de puertos, zonas petroleras y pasos fronterizos proporciona al STC influencia política y capacidad de negociación en eventuales conversaciones para definir el futuro del país.
La consolidación territorial del STC fue facilitada por la retirada de tropas saudíes de bases en Adén, enmarcada en una política de “reubicación estratégica” impulsada por Riad. Como respuesta, Arabia Saudita realizó bombardeos en Hadramout, interpretados por analistas como una advertencia al STC para frenar su expansión y abandonar las provincias recientemente ocupadas.
Este avance ha fortalecido la posición del STC de cara a futuras negociaciones, ya que el control efectivo de la mayor parte del sur de Yemen y de sus recursos energéticos les otorga poder de veto y capacidad para exigir autonomía o la restauración de un Estado independiente en el sur.
El conflicto que asola Yemen tiene sus raíces en una crisis que se remonta a 2014, cuando el movimiento hutí, alineado con Irán, avanzó desde su bastión en Saada, en el norte del país, y tomó la capital, Saná. Este acontecimiento forzó al gobierno reconocido internacionalmente a exiliarse, marcando el inicio de una etapa de enfrentamientos armados a gran escala. La entrada de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en 2015, al frente de una coalición, buscó restaurar al gobierno derrocado y frenar el avance hutí, intensificando la dimensión regional del conflicto.
La guerra civil yemení se ha caracterizado por una compleja red de lealtades y rivalidades sectarias, así como por la intervención de actores regionales con intereses contrapuestos. Los hutíes consolidaron su dominio sobre las zonas más pobladas, incluida la capital, mientras que el sur del país quedó bajo la autoridad de una coalición de fuerzas leales al gobierno, respaldadas por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Esta división territorial agravó la fragmentación política y social del país.
El surgimiento del Consejo de Transición del Sur (STC) en 2017 añadió un nuevo actor al tablero. Este grupo, fundado como paraguas de organizaciones separatistas con aspiraciones de restaurar la antigua República Democrática Popular de Yemen (existente entre 1967 y 1990), recibió apoyo militar y financiero crucial de Emiratos Árabes Unidos. El STC se consolidó como la fuerza dominante en el sur, acumulando influencia y recursos, y reclamando el derecho de autodeterminación para la región.

Durante los últimos años, el conflicto derivó en una situación de estancamiento. Un acuerdo informal entre los hutíes y Arabia Saudita en 2022 redujo la intensidad de los enfrentamientos directos y las campañas aéreas, aunque la crisis humanitaria y el colapso económico persistieron. La relativa calma existente hasta hace pocas semanas se ha visto interrumpida por la ofensiva del STC y la reacción saudí, reavivando la violencia y evidenciando la fragilidad de cualquier equilibrio logrado.
El desarrollo de la guerra civil en Yemen ha tenido consecuencias devastadoras para la población. El prolongado enfrentamiento ha generado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de personas desplazadas, escasez de alimentos y servicios básicos, y una economía colapsada por años de conflicto, bloqueo y destrucción de infraestructuras.
La escalada entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en Yemen repercute más allá de las fronteras del país, afectando el delicado equilibrio geopolítico en el Golfo y el mar Rojo. El enfrentamiento abierto entre ambos actores siembra incertidumbre sobre la estabilidad de la región y podría desencadenar una reconfiguración de alianzas y estrategias en otros frentes.
Uno de los principales riesgos es la posibilidad de que la fractura entre Riad y Abu Dabi derive en una guerra civil dentro del propio sur de Yemen, donde facciones rivales podrían disputar el control de territorios y recursos. Además, la falta de consenso sobre el futuro político de Yemen impide avanzar hacia una solución negociada que ponga fin a la guerra civil. El apoyo continuo de los EAU al STC y la negativa saudí a aceptar la independencia del sur auguran un periodo de inestabilidad prolongada.
El conflicto también puede extenderse a otros escenarios donde ambos países tienen intereses contrapuestos, como Sudán y el Cuerno de África. La rivalidad y la competencia por el control de rutas marítimas y accesos comerciales estratégicos podrían intensificarse, generando tensiones adicionales en áreas ya marcadas por la volatilidad.
Para los hutíes, el distanciamiento entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos representa una oportunidad. La división entre sus principales adversarios les permite consolidar posiciones y reducir la presión militar sobre sus territorios, en un momento en el que el conflicto parecía encaminado a una relativa contención. Observadores internacionales apuntan a que los hutíes podrían aprovechar la fragmentación de la coalición anti-hutí para reforzar su control en el norte y aumentar su influencia en el panorama político nacional.
A nivel diplomático, la reacción de las potencias occidentales ha sido contenida. Aunque existe un respaldo tácito a la integridad territorial de Yemen y a la continuidad de un Estado unitario, los gobiernos occidentales han evitado pronunciamientos directos contra Emiratos Árabes Unidos y han apostado por respuestas prudentes. Esto podría dificultar la formación de consensos internacionales en torno a cualquier salida negociada o intervención de mediación.
La situación en Yemen, lejos de avanzar hacia una resolución, se adentra en una fase de incertidumbre, con múltiples actores locales y regionales persiguiendo objetivos divergentes. La competencia entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la consolidación del STC en el sur y la persistencia de los hutíes en el norte configuran un escenario donde el futuro del país depende de la evolución de las rivalidades regionales y la capacidad de las partes para negociar acuerdos viables.
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INTERNACIONAL
La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen

La dictadura de Nicolás Maduro ordenó el refuerzo militar en dos de las principales instalaciones energéticas de Venezuela en medio de la presión por parte de Estados Unidos, que en las últimas semanas ejecutó ataques directos contra infraestructura vinculada al narcotráfico y avanzó en el bloqueo del comercio petrolero del país.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), pilar del sostenimiento del régimen chavista, informó que mantiene unidades desplegadas en el Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón, y en el Complejo Petroquímico Ana María Campos, en Zulia, una región fronteriza con Colombia históricamente atravesada por el contrabando y el crimen organizado.
El anuncio fue realizado por el jefe militar de la región occidental, Pedro González Ovalles, en un mensaje difundido por el alto mando castrense.
Según afirmó, el despliegue busca “garantizar la seguridad” de ambas instalaciones, aunque la decisión se produce en medio del aislamiento internacional del régimen y de denuncias sobre el uso de puertos venezolanos para actividades ilícitas.

El refuerzo coincide con la revelación del diario The New York Times de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones contra un muelle en Venezuela que, según funcionarios estadounidenses, era utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para almacenar y despachar cargamentos de droga. De acuerdo con el diario, la operación no dejó víctimas y representa la primera acción conocida de Estados Unidos dentro del territorio venezolano.
El propio presidente Donald Trump confirmó la ofensiva.
“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, declaró a periodistas en Mar-a-Lago. Washington sostiene que el ataque forma parte de una campaña ampliada contra redes narcotraficantes que operan con protección de la dictadura de Nicolás Maduro.
El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en el Caribe como parte de esa estrategia. Según The New York Times, la operación marca un giro en la política estadounidense, que hasta ahora se había concentrado en interceptar embarcaciones en aguas internacionales. Trump había anticipado que Estados Unidos comenzaría a atacar objetivos en tierra vinculados al narcotráfico.
La presión aumentó además tras la incautación de dos buques que transportaban crudo venezolano y el anuncio de un bloqueo total a petroleros sancionados que entren o salgan del país caribeño. La medida golpea directamente a la principal fuente de ingresos del régimen en un contexto de colapso económico y deterioro de la industria energética.
El Centro de Refinación Paraguaná, uno de los complejos más grandes del mundo, opera muy por debajo de su capacidad desde hace años por falta de inversión, corrupción y sanciones. El complejo Ana María Campos, dedicado a fertilizantes y derivados del gas, también ha sufrido paralizaciones recurrentes.
Desde Caracas, funcionarios del régimen denunciaron “amenazas” y “ataques”, sin referirse directamente a la operación estadounidense. El llamado “número dos” del chavismo y ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, habló de una campaña de “acoso”, mientras que la chavista Delcy Rodríguez instó a trabajadores petroleros a permanecer en “alerta permanente”.
La dictadura venezolana habló sobre supuestos planes de sabotaje contra instalaciones energéticas, incluidos ataques con explosivos.

Estados Unidos mantiene desde mediados de año un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, que justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico transnacional.
Para Washington, el régimen de Venezuela se ha convertido en un nodo central de esas redes.
(Con información de EFE)
INTERNACIONAL
US judge orders suspect detained for threatening to kill Richard Grenell

NEWYou can now listen to Fox News articles!
A federal judge in Alexandria, Virginia, on Tuesday ordered the detention of a 33-year-old man charged with threatening to kill President Donald Trump ally and Kennedy Center President Richard Grenell, in what Justice Department officials described as a win for the Trump administration – and for Lindsey Halligan, the acting U.S. attorney for the Eastern District of Virginia.
Grenell, a former U.S. ambassador to Germany, was not in court for the arraignment Tuesday afternoon, and was identified in a press release only as a «federal employee.»
The Justice Department identified Grenell to Fox News Digital as the individual in question.
The suspect, Scott Allen Bolger, was charged with transmitting threats in interstate commerce, and with making false statements to federal officers, who later used phone evidence to trace the threats back to him. He was arraigned in federal court in Alexandria.
Justice Department officials told Fox News Digital that the decision to hold an individual in pretrial detention is somewhat rare, and described the win as a victory for the Justice Department.
According to court documents, Bolger used Google Voice to send threatening messages to Grenell, including allegedly threatening to kill him. Google Voice allows users to make calls and send messages to phone numbers that are not tied to their primary devices.
Bolger is also accused of lying to members of a federal task force who went to his residence in McLean to question him, falsely identifying himself as «Brian Black.»
COMEY SEEKS TO TOSS CRIMINAL CASE CALLING TRUMP PROSECUTOR ‘UNLAWFUL’ APPOINTEE
If convicted, he faces up to five years in prison.
Ambassador Richard Grenell, Kennedy Center president, speaks at the 48th Kennedy Center Honors Medallion Reception at the U.S. Department of State on Dec. 6, 2025, in Washington, D.C. (Paul Morigi/Getty Images)
They also noted that Halligan, who Trump installed as U.S. attorney for EDVA earlier this year, attended the arraignment.
Halligan attended the proceedings, but did not play a formal role, Fox News Digital confirmed.
The Justice Department also shared a victim statement from Grenell with Fox News Digital that was read aloud in court.
«In my current role as a presidential envoy, I have been attacked and harassed by people who don’t know me and who simply want to leave nasty, rude and angry messages because I don’t share their political viewpoint,» Grenell said in the statement.
«But I strongly believe it is their right to be bitter and angry. I understand the passion. And I think the freedom to be rude and angry is a cherished right.»
«But today is much different,» he said. «Today we are dealing with someone who went far beyond sharing his angry opinion. Today we see a man who wants to kill someone because of their political differences.»
«And as we have sadly learned from my friend Charlie Kirk’s death, we must take talk of violence and calls for death seriously. «
«This individual crossed the line from sharing his viewpoint to wanting to shoot someone in the face because he disagrees with them politically. It is very troubling,» he said, adding, «The people doing what he is doing, and there are many, must be given clear instructions from community leaders that their calls for shooting people in the head will have swift and severe consequences. Unstable people are watching what we do today.»
SCOTUS TO REVIEW TRUMP EXECUTIVE ORDER ON BIRTHRIGHT CITIZENSHIP

Former Acting Director of National Intelligence of the U.S. Richard Grenell, Sen. Mike Lee, former President Trump, and Glenn Beck participate in a private roundtable discussion on Oct. 13, 2024, in Prescott Valley, Arizona. (Rebecca Noble/Getty Images)
Notably, the determination to hold Bolger in pretrial detention was made by U.S. Magistrate Judge William Fitzpatrick.
Fitzpatrick most recently made headlines for issuing scathing broadsides against DOJ for its handling of grand jury materials in the Comey case, which he said, last month, presented «irregularities» that «may rise to the level of government misconduct.»
The suspect’s arrest comes at a time when threats and intimidation aimed at high-profile figures across all three branches of government have appeared to escalate.
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Polls have shown that people believe political violence is on the rise in the wake of Kirk’s assassination, the murder of two Minnesota Democratic lawmakers and violence toward immigration enforcement officials.
Brooke Singman contributed to this report.
This story is developing. Check back for updates.
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INTERNACIONAL
Michael Ignatieff, historiador y ex político canadiense: “El genocidio comenzó como un concepto legal y ahora es simplemente un instrumento para deslegitimar»

«Lo que está sucediendo es una catástrofe para los derechos humanos. Es una catástrofe para los palestinos. Y como alguien que ha apoyado al Estado de Israel toda su vida, es una catástrofe para Israel».
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