INTERNACIONAL
Tras su triunfo en el balotaje, Daniel Noboa obtiene más poder para luchar contra el crimen organizado en Ecuador
Tras el contundente triunfo de Daniel Noboa en el balotaje de este domingo, Ecuador entró este lunes en un nuevo período político bajo la amenaza latente del crimen organizado y de una fuerte ofensiva del correísmo que denunció fraude y no reconoció su derrota.
El resultado fue tan inesperado como aplastante. Fueron más de 11 puntos de diferencia (55,87% a 44,13%) que el actual presidente le sacó a su rival de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ahijada política del exmandatario Rafael Correa, exiliado en Bruselas.
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Noboa, un empresario heredero de una de las mayores fortunas del país y que ha gobernado desde la centroderecha en los últimos 16 meses tras la renuncia de Guillermo Lasso, no solo obtuvo su reelección por otros cuatro años. Además, le dio un durísimo golpe al correísmo y sus aspiraciones de volver al gobierno tras ocho años en la oposición.
“No entiendo nada. Esa diferencia ni ellos la tenían. Hay algo raro”, confió a TN una fuente de la Revolución Ciudadana muy cercana a Correa a medida que llegaban los primeros resultados. De hecho, González apenas sobrepasó el 44% de los votos alcanzados en la primera vuelta del 9 de febrero. Poco después, la candidata denunció fraude y anunció que no reconocerá su derrota.
La izquierda, más allá de sus denuncias, recibió un fuerte cachetazo que salpicó a las encuestadoras que vaticinaban un empate técnico y la elección más reñida de la historia democrática local.
Más poder para Noboa y lucha contra el crimen organizado
Noboa salió con un enorme poder de esta segunda vuelta, aunque deberá negociar en una dividida Asamblea (legislativo unicameral) para mantener la gobernabilidad y sortear el desconocimiento a su triunfo desde la izquierda correísta. Su partido ADN no tiene estructura ni mayoría en el Parlamento y deberá consensuar un pacto con el movimiento indígena u otras agrupaciones menores.
Ese será un punto clave antes del comienzo de su segundo mandato. Además, el temor a actos de violencia aún no se disipó del todo, aunque las elecciones se celebraron con normalidad y sin incidentes relevantes. Un eventual llamado a protestas desde la Revolución Ciudadana iniciaría una peligrosa escalada que pondría en jaque al gobierno, como ya ocurrió en 2019 y 2022.
Daniel Noboa fue reelecto por otros cuatro años (Foto: Reuters/David Diaz Arcos)
Mauricio Alarcón, Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y contacto de Transparencia Internacional en Ecuador, le dijo a TN que el correísmo no tiene justificación para denunciar fraude y mucho menos riesgos de violencia.
“No lo hay. Había riesgos reales si el resultado era apretado. Pero la diferencia es de más de 10 puntos. Cualquier llamado a la violencia no tiene asidero”, señaló.
El analista dijo que ahora “es el momento de darle vuelta a la página. El resultado afortunadamente ha sido claro. No da lugar a dudas ni a especulaciones. El Consejo Nacional Electoral ha estado a la altura”, indicó.
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Para Alarcón, “hay que empezar un nuevo período de gobierno pensado en el país. No solo en una organización política, sino en cómo darle a los ecuatorianos seguridad, estabilidad económica y transparencia”.
¿Carta blanca para luchar contra el crimen organizado?
El contundente triunfo de Noboa le da un amplio poder para profundizar la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que mantiene maniatado al país. Ecuador es hoy la nación más violenta de la región, con un índice de más de 38 asesinatos por cada 100.000 habitantes (Argentina tiene una tasa de 3,8).
El presidente le ha pedido ayuda al gobierno de Donald Trump para enfrentar al narco y a los grupos mafiosos que dominan amplias zonas del territorio. Se habla incluso de la posibilidad de que vuelvan las bases militares al país, como la de Manta, cerrada durante el gobierno de Correa.
Además, su triunfo le permitirá negociar un acuerdo de colaboración con el polémico empresario y exmilitar estadounidense Erik Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, ahora llamada Academi, que tiene varias denuncias de violaciones a los derechos humanos en Irak.
Militares ecuatorianos realizan un operativo antidrogas en Guayaquil (Foto: AFP)
“Veo con preocupación que no hay una propuesta clara del candidato ganador. Ha habido propuestas políticas. El traer a un mercenario cuestionado internacionalmente o destinar a mansalva fondos sin una hoja de ruta especifica, tiene que ser replanteado”, dijo Alarcón.
El temor a la violencia se palpa en cada rincón del país, incluso en Quito, donde la situación es más tranquila que en el corredor costero, en especial Guayaquil, bastión de las bandas narcos y del crimen organizado que han irrumpido con fuerza en los gobiernos locales.
En ese marco, Alarcón alertó: “La inseguridad no se combate con acciones aisladas o de campaña. Es necesario que el país presente un plan que se aplique en los próximos cuatro años para enfrentar el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado”.
Steve Dudley, codirector de Insight Crime, una fundación dedicada a la investigación sobre las amenazas a la seguridad nacional de América Latina y el Caribe, dijo a TN en Quito que la seguridad privada podría llegar a Ecuador a través de Prince, pero no con fuerzas en el terreno.
“Hay posibilidad de que entre de manera fuerte en ciertas partes como el área de inteligencia, el mayor uso de drones y cuestiones más tecnológicas y de Inteligencia Artificial. Pero no veo riesgo de que entren mercenarios en el terreno”, precisó.
Para Dudley, “la privatización nunca resuelve los grandes problemas. Lo que resuelve estos problemas son instituciones fuertes, desde la parte judicial hasta la policial, y la pacificación de las cárceles. No se resuelve con la participación de empresas privadas” en la lucha contra la inseguridad.
Ecuador, Luisa González, Daniel Noboa
INTERNACIONAL
Energía renovable gana peso en Panamá, Gobierno busca aumentar su participación en la matriz energética
Panamá aspira a que más del 85% de su generación eléctrica provenga de fuentes renovables en los próximos años, una meta que, según las autoridades, debe construirse sin descuidar la seguridad energética ni la estabilidad del sistema.
Así lo afirmó el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., durante el Foro de Energía organizado por la Asociación Panameña de Ejcutivos de Empresa (APEDE), al señalar que actualmente el país registra cerca de 65% de su matriz energética basada en fuentes limpias, principalmente hidroeléctricas.
Rodríguez explicó que, aunque el objetivo es elevar progresivamente la participación de las energías renovables, Panamá no puede prescindir completamente de un componente térmico que respalde el sistema en momentos de baja generación solar, ausencia de viento o períodos de sequía que afecten a las hidroeléctricas.
“No todo el parque puede ser renovable”, sostuvo, al subrayar que la confiabilidad del suministro sigue siendo una prioridad para el Estado.
El funcionario detalló que, en términos regionales, Panamá parte de una posición favorable, ya que su matriz histórica ha sido mayoritariamente limpia en comparación con otros países.
Entre el 60% y 65% de la generación anual proviene de fuentes renovables tradicionales, especialmente plantas hidroeléctricas de embalse y de pasada. Sin embargo, reconoció que el desafío está en diversificar esa base con solar, eólica y almacenamiento energético.
Durante el encuentro, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, destacó que el tema energético es fundamental no solo para las empresas, sino también para los hogares y la competitividad del país.
Afirmó que el foro permitió debatir sobre redes, hubs y el potencial de Panamá como un centro energético regional, así como los retos regulatorios y tecnológicos que enfrenta el sector.
De Santis subrayó que uno de los ejes centrales de las discusiones fue el desarrollo de licitaciones públicas con reglas claras, transparencia y criterios técnicos actualizados. “No basta con los avances tecnológicos, también se necesita seguridad jurídica y procesos confiables”, indicó, al referirse a la importancia de atraer inversión privada en proyectos de generación y transmisión.
En ese contexto, Rodríguez confirmó que el Gobierno prepara dos licitaciones clave: una para plantas nuevas, principalmente eólicas e hidroeléctricas, y otra para plantas existentes.
La primera está prevista para inicios de marzo y la segunda para finales del mismo mes. Según el secretario, existe un alto nivel de interés empresarial, tanto de inversionistas locales como extranjeros.
El funcionario señaló que estas licitaciones forman parte de una estrategia para fortalecer la capacidad instalada, reducir la volatilidad tarifaria y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico. Añadió que los procesos se han diseñado para garantizar competencia sana, participación abierta y criterios técnicos acordes con las nuevas demandas del mercado.
Otro de los ejes abordados fue el impulso al bioetanol como parte de la transición energética. Rodríguez recordó que el Ejecutivo presentó en octubre pasado un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para establecer una mezcla obligatoria del 10% de etanol en las gasolinas. De aprobarse la iniciativa, el país podría iniciar la producción local y la mezcla comercial hacia finales de 2027.
“El proceso legal es clave”, afirmó el secretario, al indicar que el proyecto se encuentra en manos de la Comisión de Comercio, donde se desarrollan consultas con los sectores involucrados. Estimó que, si el cronograma se cumple, la primera producción nacional de etanol podría concretarse entre 2027 y 2028, marcando un hito en la política energética.
De acuerdo con estimaciones del sector azucarero, la puesta en marcha del programa de bioetanol implicaría una inversión inicial cercana a los $500 millones, destinada a la compra de tierras, construcción de destilerías e instalación de infraestructura. También se requeriría ampliar la superficie cultivada de caña en unas 22 mil hectáreas para abastecer el 10% de la demanda.
El gremio azucarero ha señalado que el proyecto podría generar más de 30 mil empleos directos e indirectos, principalmente en el interior del país. Además, destacó que el financiamiento multilateral y bancario ya ha mostrado interés, condicionado a la estabilidad normativa y al respeto de los plazos legales.
Desde APEDE, De Santis respaldó el enfoque del bioetanol como una oportunidad para fortalecer la autosuficiencia energética y reducir la dependencia del petróleo importado. No obstante, insistió en que cualquier política pública debe construirse con consenso, claridad regulatoria y garantías para los inversionistas y consumidores.
En materia de planificación, Rodríguez adelantó que en marzo se lanzará oficialmente el proceso para elaborar el nuevo Plan Energético Nacional 2026-2040, cuya formulación tomará alrededor de 18 meses. El documento definirá las metas de generación, transmisión, almacenamiento y eficiencia energética para las próximas dos décadas.
El secretario también se refirió a los avances en la digitalización del sistema eléctrico, incluyendo procesos tarifarios y operativos. Explicó que la modernización debe realizarse de forma escalonada, para evitar impactos abruptos en las tarifas, especialmente en un contexto de transición tecnológica.
Rodríguez respondió además sobre los estudios para explorar posibles hidrocarburos en aguas del Caribe panameño, desarrollados en cooperación con Colombia. Ante la pregunta de Infobae sobre el tema, el funcionario indicó que el tema está siendo retomado, aunque por ahora no existe ninguna decisión concreta. “Se hicieron análisis preliminares, pero estamos en fase de revisión”, precisó.
El funcionario aclaró que cualquier avance en esta materia estará sujeto a evaluaciones técnicas, ambientales y económicas, y que no se trata de un proyecto inmediato. La eventual exploración, dijo, deberá alinearse con los compromisos de sostenibilidad y transición energética del país.
Para el sector privado, la combinación entre energías renovables, respaldo térmico, biocombustibles y planificación de largo plazo será determinante para mantener la competitividad. De Santis destacó que Panamá cuenta con una base legal sólida, pero necesita fortalecer la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas.
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Reporter’s Notebook: Clintons call for open Epstein files hearing after months of defying subpoenas
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Since there was such a tempest over Bad Bunny’s Super Bowl halftime show, perhaps there’s a solution at hand. This compromise would satisfy both red and blue America. And the exhibition would transfix the country: Have former President Bill Clinton and President Donald Trump testify at halftime about the Epstein files.
Republicans believe former President Clinton has something to hide about Jeffrey Epstein. Democrats think the same about President Trump. The House Oversight Committee subpoenaed the former president and Hillary Clinton to testify about the Epstein files. After a lot of wrangling, the Clintons are due to appear for closed-door depositions later this month.
But both Bill and Hillary Clinton are now calling for open sessions. And Democrats believe that such an appearance at a public session — by a former President — would establish a precedent to lug in President Trump to answer questions about what he knew about Epstein.
GHISLAINE MAXWELL TO APPEAR BEFORE HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE LAWMAKERS FOR EPSTEIN PROBE DEPOSITION
Hillary Clinton addresses her staff and supporters about the results of the U.S. election as her husband, former U.S. President Bill Clinton, applauds at a hotel in the Manhattan borough of New York, Nov. 9, 2016. (Reuters/Carlos Barria)
One architect of the law compelling the release of the Epstein files, applauded demands last week by the former First Couple to testify at a televised open hearing. Rep. Ro Khanna, D-Calif., said the former president is an important witness.
«As long as [the hearing is] focused on Epstein, and it’s not a wild goose chase — it’s not trying to score political points or embarrass either President Clinton or President Trump, it is asking legitimate questions about what they knew took place and who they knew were participating in heinous acts,» said Khanna. «That should be a legitimate point of inquiry.»
After agreeing to a closed-door deposition later this month, Hillary Clinton took to X. She wrote to Oversight Committee Chairman James Comer, R-Ky., saying, «If you want this fight let’s have it in public.»
Former President Clinton echoed his wife the next day on X, also calling for a public session. The former commander-in-chief declared that he won’t be used «as a prop in a closed door Kangaroo Court.»
A spokeswoman for Comer accused the former first couple of «moving the goalposts.» Comer was always open to a hearing. But after a closed-door deposition.
«Depositions have historically been much more substantive than hearings,» said Comer. «Hearings unfortunately, have become more of an entertainment thing.»
It’s hard to track exactly what the Clintons wanted.
The House Oversight Committee voted on a bipartisan basis last August to subpoena both Bill and Hillary Clinton for depositions — along with a host of other prominent figures like former Attorney General Bill Barr. After a lot of haggling, the committee subpoenaed them to appear at dates in October. The Clintons defied those. Then the committee assigned them dates just before Christmas. But neither showed then because of a funeral. The committee requested that the Clintons give them dates for January appearances. They didn’t. The committee then assigned them additional dates for January testimony. They skipped out on those. That’s when Comer threatened to hold the Clintons in contempt of Congress if they didn’t appear in January. The Oversight Committee voted — in bipartisan fashion — for contempt. The House Rules Committee planned last week to prep a measure to force the entire House to vote on contempt — and send criminal referrals for the Clintons to the Justice Department for prosecution after they defied the subpoenas.
REVEALED: TRUMP CALLED POLICE CHIEF TO SUPPORT EPSTEIN PROBE, AND LAWMAKERS NAMED 6 MEN SHIELDED FROM EXPOSURE
House Oversight Committee Chairman James Comer, R-Ky., alongside Rep. Andy Biggs, R-Ariz., left, speaks to reporters after a closed-door deposition with Ghislaine Maxwell, the former girlfriend and confidante of sex trafficker Jeffrey Epstein, at the Capitol in Washington, D.C., on Feb. 9, 2026. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
But the Clintons finally agreed to depositions at the end of this month. And once that was on the calendar, the duo began calling for public hearings.
There is a method behind this madness. There isn’t a loyalty among younger Congressional Democrats to the Clintons. In fact, former House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., was steamed at some Democrats for wanting the Clintons to appear. Younger Democrats don’t have the same reverence for the Clintons as older Democrats. Hillary Clinton ran for president a decade ago. She hasn’t been a senator since 2009. She last served as Secretary of State in early 2013. President Clinton left the Oval Office more than a quarter-century ago.
However, this is the Democrats’ gambit:
If former President Clinton appears about the Epstein files, it may be tough to make the case that President Trump shouldn’t appear.
«Certainly it does set the precedent. President Trump was subpoenaed during the January 6th investigations and didn’t come in. He cited some form of executive privilege. And so we’re kind of forcing the Clintons to come in with the threat of criminal contempt. Then that is a precedent that we are setting,» said Rep. Suhas Subramanyam, D-Va. «In other countries, like the UK, the Prime Minister regularly comes before the Parliament. And so it’s not like it’s unprecedented around the world.»
Granted, that’s a parliamentary system where the prime minister is a member of Parliament in the United Kingdom. British Prime Minister Keir Starmer regularly appears for «Prime Minister’s Questions» every Wednesday at noon in London. Members of Parliament usually pepper the prime minister with questions and scoff in a scene which resembles something out of Monty Python.
But the American and British systems are fundamentally different.
Getting a sitting or former President — and even first lady — before Congress is rare but not unheard of.
BONDI TO FACE GRILLING IN HOUSE JUDICIARY COMMITTEE OVER EPSTEIN FILES, WEAPONIZATION ALLEGATIONS
Former President Bill Clinton was seen in photos with Jeffrey Epstein as part of a DOJ Epstein files release on Friday, Dec. 19. (Department of Justice)
There are three prominent examples of sitting Presidents appearing before Congress. President Abraham Lincoln testified voluntarily before the House Judiciary Committee in 1862. The New York Herald published his «State of the Union» message to Congress just before it was sent to Capitol Hill. Presidents sent written «reports» in those days. They did not give speeches to Congress. Lawmakers probed the leak of the message to Congress. It was speculated that Herald reporter Henry Wikoff got the message ahead of time thanks to his friendship with Mary Todd Lincoln. The House Sergeant at Arms briefly held Wikoff — and released him after the president spoke to the Judiciary Committee.
President Woodrow Wilson appeared before the Senate Foreign Relations Committee in 1919 to discuss a treaty with Germany and establishing the League of Nations. Wilson’s push for the League of Nations failed. The Senate rejected the Treaty of Versailles.
President Gerald Ford had been in office two-and-a-half months before he appeared voluntarily before the House Judiciary Committee in the fall of 1974. Ford told lawmakers that his pardon of former President Richard Nixon wasn’t something they bargained about. Ford told the committee that he pardoned Nixon because his physical and mental health fell into a steep decline.
Former President Harry Truman appeared before the Senate Foreign Relations Committee in 1955 to testify about the United Nations Charter.
Ford came back as a former president in 1983 for a Senate hearing on the bicentennial of the Constitution.
And there are examples of both sitting and former first ladies testifying, too.
Eleanor Roosevelt testified twice as first lady. Once about labor issues. Then, about the organization of volunteers for the civilian defense agency before World War II.
Rosalynn Carter testified about mental health as first lady.
Hillary Clinton famously testified about her husband’s health care plan — even though it was dubbed (often derisively) «Hillarycare» in the fall of 1993. She testified multiple times as Secretary of State. Most notably in early 2013 regarding Benghazi.
And, first lady Laura Bush was en route to Capitol Hill to testify before a Senate panel about early childhood education on 9/11. The committee cancelled the hearing after the attacks in New York and at the Pentagon.
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So, many Republicans are game to hear from the Clintons about the Epstein files. Frankly, some were more interested in just holding them in contempt than actually gleaning anything about Epstein. But it looks like the Clintons will at least sit for depositions in a few weeks. Whether there’s a hearing or not is unclear. Some Republicans may even push for that. But caveat emptor. An open session for the Clintons will only intensify the push by Democrats — and some GOPers — to hear from President Trump.
Their testimony might not come during the Super Bowl halftime show. But open testimony by a former President and a sitting President would be a political Super Bowl.
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