INTERNACIONAL
Traslado forzoso de uigures en China: revelan una nueva dimensión de las violaciones a los derechos humanos
Desde hace años, la región de Xinjiang en China ha sido un foco de atención internacional debido al tratamiento al que se somete a la población de los uigures, una minoría étnica musulmana. Según un informe de The New York Times, las políticas implementadas por el régimen chino incluyen la detención masiva y la intensa vigilancia de los uigures, convirtiendo esta región en un símbolo global de abusos a los derechos humanos y trabajo forzoso. En respuesta, en 2021, el Congreso de los Estados Unidos decidió prohibir las importaciones provenientes de Xinjiang, en un intento de poner fin a estas prácticas deshumanizantes.
No obstante, Beijing ha encontrado mecanismos para esquivar estas restricciones impuestas por Estados Unidos. Se ha implementado un sistema que desplaza a los uigures hacia fábricas ubicadas fuera de Xinjiang. Este esquema busca no solo eludir las prohibiciones de importación, sino también servir como un método de control integral sobre una población históricamente resistente al dominio chino.
Una investigación conjunta llevada a cabo por The New York Times, el Bureau of Investigative Journalism y Der Spiegel revela la dimensión desconocida de estos programas de trabajo estatal previamente. Los esfuerzos por trasladar a los uigures no se limitan a simples cambios de ubicación geográfica; se trata de un fenómeno en el que los trabajadores son redistribuidos en fábricas de todo el país, produciendo para algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Este movimiento ocurre con escasa, e incluso nula, transparencia para los auditores de las cadenas de suministro o los funcionarios aduaneros, lo que provoca un vacío en la detección de abusos laborales y la importación de bienes contaminados por estas prácticas.
En respuesta a estos hallazgos, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han adoptado leyes con el objetivo de impedir que los consumidores y las empresas financien, indirectamente, la persecución de las minorías en China. No obstante, el seguimiento de estos programas de trabajo fuera de Xinjiang resulta ser una tarea ardua, lo que plantea un desafío significativo para evitar que el trabajo forzado sea parte de la cadena de producción global.
La investigación sobre los programas de transferencia de trabajadores por parte del gobierno chino destaca la magnitud de esta operación. Se estima que decenas de miles de uigures están implicados en este esquema, donde las condiciones de trabajo no siempre son del todo claras. Pese a que el gobierno chino declara que estos programas son voluntarios y que buscan proporcionar oportunidades económicas, activistas y expertos insisten en que en realidad, los uigures se ven obligados a aceptar estas asignaciones laborales. Este movimiento es percibido como parte de un esfuerzo sistemático por parte del gobierno de Beijing para ejercer un control más estricto sobre una minoría que ha mostrado resistencia histórica al dominio chino.
El régimen de China argumenta que la diseminación de los uigures en puestos de trabajo a lo largo del país responde a una iniciativa para combatir la pobreza crónica en Xinjiang. Sin embargo, la narrativa del estado chino choca con las declaraciones de activistas y defensores de derechos humanos que sostienen que los trabajadores frecuentemente carecen de verdadera libertad para rechazar las ofertas laborales, una característica distintiva de los patrones de trabajos forzados ya documentados.
En el ámbito internacional, la situación de los trabajadores uigures tiene un fuerte impacto legal y comercial, especialmente a raíz de la Ley de Prevención de Trabajo Forzado Uigur que Estados Unidos puso en marcha para prohibir las importaciones desde Xinjiang, salvo que se pueda demostrar que los productos no se fabricaron mediante trabajo forzoso. Sin embargo, la implementación de esta ley presenta desafíos significativos, debido a que el seguimiento de los trabajadores que se reubican fuera de Xinjiang representa un gran reto logístico y administrativo.
Simultáneamente, estas medidas no solamente marcan un punto de tensión en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ya había acusado a China de beneficiarse injustamente del comercio exterior gracias a las condiciones laborales explotativas. La situación se agrava con la participación de empresas multinacionales que, consciente o inconscientemente, podrían estar integrando en su cadena de suministro productos fabricados bajo estas condiciones.
Marco Rubio, quien fuera senador por Florida y uno de los principales autores de esta ley en 2021, enfatizó la necesidad de cerrar las brechas legales que permiten que prácticas laborales deshonestas pasen desapercibidas. A nivel europeo, se han promovido normativas similares, aunque su aplicación de manera efectiva aún se encuentra en etapa de preparación, con la intención de comenzar a ser operativas recién en el año 2027.
La compleja relación comercial y diplomática que induce la situación de los uigures en China se destaca como un nuevo campo de batalla en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, reflejando no sólo tensiones económicas, sino también profundas diferencias en cuestiones de derechos humanos y prácticas laborales.
La investigación arroja luz sobre las prácticas poco visibles de transferencia de trabajadores uigures. Utilizando declaraciones públicamente accesibles, anuncios corporativos, informes mediáticos estatales, y redes sociales, los investigadores destaparon el alcance de estas políticas laborales. Documentos oficiales y publicaciones en redes sociales mostraron a uigures partiendo de Xinjiang e integrándose a líneas de ensamblaje en otras provincias, a menudo bajo estricta supervisión y condiciones laborales de alta intensidad.
Dichas publicaciones expusieron cómo las autoridades buscan ejercer control sobre estos trabajadores, mostrándolos en filas ordenadas en estaciones de tren y detallando condiciones que podrían interpretarse como restrictivas. Asimismo, el personal de seguridad en ciertas fábricas ha confirmado que los uigures fueron enviados a trabajar allí por intermediación gubernamental.
La investigación reveló que una amplia variedad de empresas multinacionales podrían estar involucradas directa o indirectamente en el uso de trabajadores uigures. Según el informe, más de 100 compañías parecen recibir trabajadores o productos realizados por ellos.
Toda esta situación pone a muchas marcas globales en una encrucijada, donde podrían ver un riesgo real de tener bienes incautados por las aduanas estadounidenses si se demuestra el uso de trabajo forzado en sus cadenas de suministro. Además, la inminente aplicación de legislaciones europeas similares añade otra capa de complejidad a la operación global de estas empresas.
Expertos y activistas aseguran que estos trabajadores tienen escasa capacidad de elección en la aceptación de empleos fuera de Xinjiang y que cualquier desacato podría acarrear serias repercusiones, como ser etiquetados como “alborotadores”. En una región donde actos menores, como poseer un Corán, pueden derivar en detenciones prolongadas, el peso de estas acusaciones es especialmente oneroso.
Los beneficios económicos de los trabajos ofrecidos, en contraste, son un fuerte aliciente ante las limitadas oportunidades disponibles y la estricta vigilancia que enfrentan dentro de Xinjiang. Sin embargo, las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los uigures empleados bajo estos programas continúan generando dudas y crítica internacional.
En el escenario comercial global, la transferencia de trabajadores uigures presenta complicaciones legales considerables para las empresas, especialmente en aquellos países con regulaciones estrictas sobre el trabajo forzoso. Las leyes internacionales como la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur en Estados Unidos crean un marco difícil para las empresas que dependen de cadenas de suministro que puedan estar, consciente o inconscientemente, contaminadas por estas prácticas.
Se ha documentado que componentes manufacturados en fábricas chinas, potencialmente operadas con trabajadores uigures, son exportados globalmente a mercados como India, Indonesia, México, y también Europa y América del Norte, incluyendo negocios estadounidenses que podrían enfrentar restricciones bajo el marco legal actual.
Las empresas tienen la difícil tarea de garantizar prácticas laborales éticas en sus extensas cadenas de suministro. Por un lado, grandes marcas corren el riesgo de que sus bienes sean requisados por las aduanas en Estados Unidos si se encuentra evidencia de trabajo forzoso. Por otro, tanto la reputación como la viabilidad económica de estas empresas están en juego, en una época en que los consumidores exigen transparencia y responsabilidad ética.
El conflicto de intereses entre el expansionismo económico chino y los estándares internacionales de derechos humanos se erige como un desafío crítico para el comercio global. Las marcas enfrentan una decisión crucial: asegurar que sus suministros estén libres de prácticas laborales explotativas o buscar alternativas fuera de China para preservar la confianza del mercado y evitar posibles sanciones legales.
INTERNACIONAL
Quiénes son los líderes europeos que firmaron una carta pidiendo mantener la presión sobre Rusia antes de la cumbre Trump-Putin
Por ahora, posiciones irreconciliables
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INTERNACIONAL
Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia antes de cumbre entre Trump y Putin
Los principales líderes europeos reafirmaron este domingo su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia para alcanzar la paz, días antes de la reunión prevista entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump el próximo 15 de agosto en Alaska.
La cumbre, anunciada por Trump el viernes, forma parte de sus esfuerzos por buscar una salida al conflicto iniciado con la invasión rusa en febrero de 2022. El encuentro se celebrará sin la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien ha reclamado participar en las negociaciones.
Trump adelantó que el eventual acuerdo “incluirá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, en referencia a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles. Zelensky rechazó esa posibilidad: “No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada. Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, afirmó el sábado en redes sociales.
En conversaciones separadas con Zelensky, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresaron su respaldo a Kiev. Macron señaló en X que “el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos”, mientras que Sánchez abogó por “una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía” del país.
Además, los mandatarios europeos firmaron una declaración conjunta en la que sostienen que “solo un enfoque que combina una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa” podrá poner fin a la guerra. “Aplaudimos el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania” y “estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania”, añade el texto.
Entre los firmantes figuran Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro polaco, Donald Tusk; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
En paralelo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó el sábado por teléfono con Putin y expresó la disposición de Brasil a contribuir a una solución pacífica. Según la presidencia brasileña, el mandatario ruso agradeció el interés.
Las tres rondas de conversaciones celebradas este año entre Rusia y Ucrania no produjeron avances. Moscú exige la cesión de cuatro regiones parcialmente ocupadas —Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson—, además de Crimea, anexionada en 2014, y que Kiev renuncie a suministros de armas occidentales y a su ingreso en la OTAN. Ucrania considera estas condiciones inaceptables y exige la retirada total de las tropas rusas y garantías de seguridad que incluyan más armamento y presencia militar europea.
Sobre el terreno, los combates continúan. En la región de Donetsk, bombardeos rusos mataron el sábado a cuatro personas y dejaron una veintena de heridos; en Kherson, otras dos personas murieron.
La reunión de Alaska será la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde la celebrada en Ginebra en junio de 2021 entre Putin y el ex presidente Joe Biden. Trump y Putin no se encuentran cara a cara desde la cumbre del G20 en Japón en 2019, aunque han mantenido contactos telefónicos desde enero.
Los líderes europeos subrayaron que “el camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania” y reiteraron su compromiso con garantías de seguridad “creíbles y robustas” para Kiev. Además, calificaron la invasión rusa como una “flagrante violación” de la Carta de la ONU, el Tratado de Helsinki de 1975, el Memorándum de Budapest de 1994 y otros compromisos internacionales suscritos por Moscú.
“Seguiremos trabajando con el presidente Trump y los Estados Unidos y con el presidente Zelensky y el pueblo ucraniano por una paz en Ucrania que proteja nuestros intereses vitales de seguridad”, concluye la declaración.
(Con información de EFE y AFP)
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Boston’s sanctuary sheriff was arrested Friday on federal charges after allegedly leveraging his elected position to extort $50,000 from a cannabis executive who was seeking state approval to open a dispensary—a scheme FBI Director Kash Patel called a betrayal of public trust.
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins, 67, who oversees more than 1,000 employees in the Boston-area, was handcuffed Friday morning in the Southern District of Florida after a federal grand jury indicted him on two counts of extortion under color of official right, according to a statement from the U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts.
«When someone entrusted with enforcing the law is accused of breaking it for personal gain, it undermines the public’s trust in every honest officer who wears the badge,» Patel told Fox News Digital. «The FBI will pursue corruption at every level, because no one is above the law. The people of Suffolk County, and the country, deserve leaders who serve them, not themselves.»
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins was arrested on Friday in connection to an illegal licensing scheme. (Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)
SUSPECTED ICE FACILITY ATTACKERS ARRESTED IN BLUE CITY, CHARGED WITH ASSAULTING FEDERAL OFFICERS
Tompkins was appointed sheriff of the Suffolk County Sheriff’s Department (SCSD) in 2013, elected in a 2014 special election, and later re-elected to serve successive six-year terms.
He made headlines in 2019 after booting Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents out of the county jail, signing an eviction notice that required hundreds of illegal immigrant detainees to be moved out within 60 days, according to a report from the Boston Herald.
FLORIDA EX-SHERIFF ARRESTED FOR ALLEGEDLY RUNNING ILLEGAL GAMBLING HOUSE THAT GENERATED MILLIONS
According to court documents, a cannabis company applied in 2019 for a retail dispensary license in Boston through the Massachusetts Cannabis Control Commission (CCC). To meet the state’s Positive Impact Plan (PIP) requirement, the company partnered with the sheriff’s department, which agreed to screen and refer graduates from its re-entry program for work at the dispensary’s retail store.
The company’s partnership with SCSD was formalized in a letter signed by Tompkins in 2019 and submitted with its dispensary license application in 2020. The cannabis commission approved the license in 2021 and renewed it in 2022 and 2023, with the company citing the partnership to meet the PIP requirement in each application.
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins is accused of pressuring an executive into selling him stocks and then demanding a refund. (John Wilcox/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)
To raise capital for an initial public offering (IPO) and expand as a publicly traded company, executives sought multimillion-dollar investments from institutions and other high-net-worth investors—not the general public, according to court documents.
By mid-2020, the company was preparing for its IPO by producing audited financial statements, hiring attorneys and obtaining additional financing.
Prosecutors allege Tompkins pressured the cannabis executive for stock, reminding the executive he had helped the company in its licensing efforts. The executive feared Tompkins might exploit his position as sheriff to undermine the partnership with the department, putting both the license and the company’s planned IPO in jeopardy.
PATEL’S IMMIGRATION PUSH AT FBI YIELDS 10,000 ARRESTS SINCE JANUARY
In October 2020, the company asked Tompkins for an updated partnership letter to submit with its license renewal application, according to court documents. Within a month of signing the letter, and after alleged pressure on the executive, Tompkins obtained a pre-IPO stake in the company.
Prosecutors claim that in November 2020, Tompkins wired $50,000 from his retirement account to an account controlled by the executive, purchasing nearly 29,000 shares at $1.73 each. Following a reverse stock split, he held about 14,400 shares valued at $3.46 each.
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins is facing up to 20 years in prison for each count of extortion. (Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)
Once the company launched its IPO in 2021, the stock value jumped to $9.60 per share, increasing the value of Tompkins’ $50,000 purchase of 14,417 shares to $138,403.
By May 2022, the value of Tompkins’ stock had dropped thousands of dollars below his $50,000 investment, but he allegedly demanded a full refund. The executive agreed, issuing five checks between May 2022 and July 2023.
Prosecutors claim some checks were marked as «loan repayment» and «[company] expense» at Tompkins’s direction to disguise the nature of some of the payments.
Copies of checks showed payments allegedly made to the Suffolk County sheriff.
US ATTORNEY FOR MASSACHUSETTS SAYS INTERFERENCE WITH ICE OPERATIONS IS ‘DISTURBING,’ THREATENS ARRESTS
U.S. Attorney Leah Foley wrote in a statement that elected officials, particularly those in law enforcement, are expected to be ethical, honest and law-abiding, «not self-serving.»
«His alleged actions are an affront to the voters and taxpayers who elected him to his position, and the many dedicated and honest public servants at the Suffolk County Sheriff’s Department. The people of Suffolk County deserve better,» Foley wrote. «Public corruption remains a top priority for my administration, and we will continue to investigate and prosecute anyone who uses their position of trust and power for their own gain.»
FBI Boston special agent in charge Ted Docks added the act was «clear-cut corruption.»
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«From his very first day as Suffolk County Sheriff, Steven Tompkins sought to portray himself as a man of the people–a principled public servant and reformer, devoted to the cause of justice. That’s why it’s beyond disappointing that he’s now accused of gaming a system instituted in the interests of public safety and fair play,» Docks wrote in a statement. «We believe what the Sheriff saw as an easy way to make a quick buck on the sly is clear-cut corruption under federal law. The citizens of Suffolk County deserve better, not a man who is accused of trading on his position to bankroll his own political and financial future. Public servants must be held to the highest of ethical standards, and those falling short will be rooted out.»
Tompkins, who faces a sentence of up to 20 years in prison for each count, will appear in Boston federal court at a later date.
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