El servicio de inteligencia de Nueva Zelanda advirtió este jueves que el régimen de China realiza la mayor cantidad de operaciones de injerencia extranjera en el país, superando ampliamente a cualquier otro actor estatal.

En su más reciente informe anual de riesgos, la institución subrayó que China es el poder más activo que busca manipular al gobierno, la sociedad y las instituciones democráticas neozelandesas.

La agencia de inteligencia señaló que Nueva Zelanda enfrenta actualmente “el entorno de seguridad nacional más desafiante de los últimos tiempos”, impulsado por el aumento de tensiones internacionales, polarización social y agravamiento de conflictos globales.

El informe detalla que, aunque varios países intentan ejercer presión e infiltración, “China sigue siendo el más activo”.

De acuerdo con el documento, el Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido Comunista Chino lleva a cabo operaciones destinadas a ampliar la influencia del régimen fuera de sus fronteras. Estas acciones incluyen prácticas de manipulación, engaño y esfuerzos para corromper organizaciones en el extranjero. La NZSIS aseguró que “las actividades del Frente Unido suelen ser engañosas, coercitivas y corruptoras, y representan riesgos para las organizaciones de Nueva Zelanda”.

El organismo de inteligencia advirtió a las empresas neozelandesas sobre los peligros directamente asociados a las leyes de seguridad nacional chinas. Bajo esa legislación, cualquier persona u organización establecida en China está obligada a colaborar con las autoridades de seguridad cuando lo requieran, lo que extiende la capacidad de control y vigilancia de Beijing sobre intereses y ciudadanos fuera de sus fronteras.

El informe identificó la región del Indopacífico como escenario central de la creciente competencia estratégica entre potencias, con China descrita como un actor “especialmente asertivo y poderoso” que busca consolidar y expandir su influencia en toda la zona. Los servicios de inteligencia advirtieron que China “ha demostrado su disposición y capacidad para ejecutar actividades de inteligencia que apuntan directamente contra los intereses nacionales de Nueva Zelanda”.

El documento indica que agentes chinos han llegado a involucrar a integrantes de la diáspora residente en Nueva Zelanda en prácticas consideradas como “represión transnacional”. Estas consisten en la cooptación de ciudadanos para recabar información sobre personas de origen chino o críticos del régimen. Estas operaciones han sido denunciadas en numerosas ocasiones por organismos de derechos humanos internacionales.

El fenómeno no es nuevo: según la NZSIS, la recopilación de datos y la intimidación abarca a comunidades migrantes y defensores de derechos humanos, afectando la libertad de expresión y la seguridad relativa de quienes escaparon del control estatal chino.

En el terreno digital, el informe alertó sobre la intensificación de ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas, empresas tecnológicas y centros de investigación. La inteligencia neozelandesa especificó que la infiltración no se limita a agentes oficiales, sino que el régimen emplea a empresas, universidades, organizaciones de fachada y actores cibernéticos para obtener acceso a información privilegiada, políticas públicas, alianzas de seguridad e innovaciones tecnológicas. “Algunos gobiernos adoptan un enfoque de Estado total para la recolección de inteligencia, utilizando todos los recursos y redes a su alcance”, sentenció el reporte.

La NZSIS advirtió que existen “múltiples ejemplos” de intentos sistemáticos por acceder a información confidencial de organismos estatales, investigaciones científicas y posiciones en política exterior. El espionaje, según el informe, suele pasar inadvertido y es “casi seguro” que parte de la actividad encubierta aún no ha sido detectada.

El análisis de riesgos también identificó otras posibles amenazas internas, como la radicalización de personas jóvenes vulnerables en entornos digitales fragmentados y altamente polarizados, lo que mantiene la alerta sobre potenciales ataques violentos cometidos por individuos solitarios.

El informe concluye que la inseguridad y la competencia global alimentan los intentos de otros Estados por obtener acceso encubierto a recursos estratégicos y que la vigilancia reforzada es imprescindible para salvaguardar la soberanía y el funcionamiento democrático de Nueva Zelanda.

(Con información de AFP)

Four additional International Criminal Court (ICC) officials are facing U.S. sanctions over actions targeting Americans and Israelis. The State Department cited President Donald Trump’s executive order titled «Imposing Sanctions on the International Criminal Court,» as its reasoning for issuing the sanctions.

Those named are ICC Judge Kimberly Prost (Canada), ICC Judge Nicolas Yann Guillou (France), and ICC Deputy Prosecutors Nazhat Shameem Khan (Fiji) and Mame Mandiaye Niang (Senegal).

«These individuals are foreign persons who directly engaged in efforts by the International Criminal Court (ICC) to investigate, arrest, detain, or prosecute nationals of the United States or Israel, without the consent of either nation,» Secretary of State Marco Rubio said in a statement.

US SANCTIONS PALESTINIAN AUTHORITY OFFICIALS AFTER REJECTING GLOBAL PUSH TO GIVE IT CONTROL OF GAZA

While neither the U.S. nor Israel are members of the ICC, the individuals at the center of the sanctions have taken actions against both nations in their official capacities. According to the State Department, Prost ruled to authorize an investigation of U.S. personnel in Afghanistan, while Guillou ruled to authorize the ICC arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Minister of Defense Yoav Gallant.

Meanwhile, Khan and Niang are subject to the sanctions «continuing to support illegitimate ICC actions against Israel,» including the arrest warrants, since assuming leadership of the ICC’s Office of the Prosecutor in May.

«The [ICC] continues to disregard national sovereignty and facilitate lawfare through efforts to investigate, arrest, detain, and prosecute American and Israeli nationals,» Rubio wrote on X announcing the sanctions. «In response, I am sanctioning four additional ICC officials. We will continue to hold accountable those responsible for the ICC’s morally bankrupt and legally baseless actions against Americans and Israelis.»

Flag with the logo of the of the International Criminal Court (ICC) on March 29, 2022 in Den Haag, Netherlands. (Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)

TRUMP ADMIN SANCTIONS BRAZILIAN JUDGE OVERSEEING BOLSONARO COUP-PLOT PROBE

In response to a request for comment, the ICC pointed Fox News Digital to a public statement.

The ICC said it «deplores the announcement of new designations for sanctions by the U.S. administration.»

«These sanctions are a flagrant attack against the independence of an impartial judicial institution which operates under the mandate from 125 States Parties from all regions. They constitute also an affront against the Court’s States Parties, the rules-based international order and, above all, millions of innocent victims across the world,» the ICC’s statement read.

US President Donald Trump listens to Secretary of State Marco Rubio speak during a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on July 16, 2025.  (NDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

WATCHDOG BACKS RUBIO’S SANCTIONS ON UN OFFICIAL OVER ‘SHAMEFUL EFFORTS’ TARGETING US, ISRAEL

The State Department said that the sanctions are meant to «impose tangible and significant consequences» against Prost, Guillou, Khan and Niang. Their U.S. assets have been frozen, and U.S. persons and businesses are prohibited from dealing with them. This also applies to companies in which they hold at least 50 percent ownership. Additionally, the sanctions cover workarounds, such as indirect transactions.

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In February, Trump signed an executive order in which he claimed that the ICC had «engaged in illegitimate and baseless actions targeting America and our close ally Israel.» The order also stated that the U.S. rejects any ICC actions against it or its allies who have «not consented to ICC jurisdiction.» The order lists the types of sanctions that can be imposed, many of which are now being applied to Prost, Guillou, Khan and Niang.

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, concedió el miércoles un plazo de 48 horas a la defensa del ex presidente Jair Bolsonaro para que explique el “incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga”.

La decisión judicial surge en el contexto del proceso penal contra el ex mandatario, acusado de intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El requerimiento se dictó después de que la Policía Federal encontrara en uno de los celulares de Bolsonaro incautados un “documento de 33 páginas” cuya finalidad era solicitar asilo político al gobierno argentino de Javier Milei. El texto, sin fecha ni firma, pero dirigido al presidente argentino, permanecía en el teléfono de Bolsonaro desde 2024, año en que comenzó la investigación por el caso de intento de golpe de Estado.

Según la investigación, los elementos reunidos señalan que Bolsonaro, bajo régimen de prisión domiciliaria, “tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión de Brasil hacia la República Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación”. Además, en el escrito, el ex mandatario sostiene que sufre “persecución por motivos y por delitos esencialmente políticos” y alega que vive bajo medidas cautelares desde entonces.

Las autoridades consideran que la autora del archivo con el pedido de asilo sería la esposa del senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente. De Moraes incluyó en su resolución que la Policía identificó también “el reiterado incumplimiento” de Bolsonaro a la medida cautelar que prohíbe el uso de sus redes sociales.

Estos hechos integran las conclusiones de la investigación que abarca al propio ex mandatario y a otro de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, por actos de coacción contra el Supremo Tribunal Federal en el juicio por golpismo.

La Policía sostiene que ambos intentaron interferir en el proceso, lo que podría configurar los delitos de coacción y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho mediante la restricción de los poderes constitucionales.

De acuerdo con las autoridades, Bolsonaro y su hijo Eduardo, radicado en Estados Unidos desde hace unos seis meses, buscaron “inducir, instigar y ayudar” al gobierno estadounidense de Donald Trump a realizar actos hostiles contra Brasil para lograr el archivamiento de la causa judicial contra el ex mandatario.

Bolsonaro enfrenta un juicio penal ante el Supremo por presuntamente liderar una conspiración con el objetivo de mantenerse en el poder e impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva después de perder las elecciones generales. De acuerdo con la causa, la instrucción del proceso penal se encuentra en una fase avanzada.

El Departamento de Estado de Estados Unidos endureció el lunes su posición en la disputa abierta con Brasil en torno al juez Alexandre de Moraes. A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió que “ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones de Estados Unidos, ni salvar a nadie de las graves consecuencias de violarlas”.

En el mismo mensaje, publicado en X, la oficina añadió: “Alexandre de Moraes es tóxico para todas las empresas legítimas e individuos que buscan acceder a los Estados Unidos y a sus mercados. Personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con él, y personas que no son estadounidenses deben actuar con cautela: quienes brinden apoyo material a violadores de derechos humanos enfrentan riesgo de sanciones”.

Con esa advertencia, Washington buscó dejar en claro que sus sanciones tienen efectos extraterritoriales y que el fallo emitido horas antes por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil no altera el alcance de la legislación estadounidense.

(Con información de EFE)