INTERNACIONAL
Un hombre asesinó a su familia, los enterró en el patio y no se supo más nada de él desde hace casi 15 años
A mediados de abril de 2011, los vecinos de la familia francesa Dupont de Ligonnès comenzaron a preocuparse: desde hace una semana que no se los veía y sus persianas se mantenían bajas las 24 horas. La casa del boulevard Robert-Schuman estaba en un inquietante silencio.
Tras las reiteradas llamadas que no fueron contestadas, la policía inició una investigación y registró la propiedad. Todo estaba ordenado y en perfecto estado, como si hubieran salido solo por unas horas.
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Sin embargo, uno de los agentes alertó que la tierra del patio había sido removida recientemente e insistió en una inspección más profunda. En cuestión de horas, los investigadores hicieron un macabro hallazgo: cinco cuerpos habían sido enterrados en una fosa que estaba oculta por un piso de cemento.
Los cadáveres estaban envueltos en sábanas junto a objetos religiosos como crucifijos y medallas, y mostraban signos de haber sido asesinados con una escopeta. También hallaron a los dos perros labradores de la familia, muertos en otro sector.
Inmediatamente, la policía identificó a las víctimas: se trataban de Agnès Dupont y sus cuatro hijos Arthur, Thomas, Anne y Benoît. En este escenario, el padre, Xavier, estaba desaparecido y se convirtió en el principal sospechoso.
Un plan macabro
La familia Dupont de Ligonnès se trataba de un antiguo linaje aristocrático originario de Annonay, en el sudeste de Francia. Entre sus antepasados figura Édouard du Pont de Ligonnès, casado con la hermana del reconocido poeta Alphonse de Lamartine, y cuyo hijo menor llegó a ser obispo de Rodez.
Más de un siglo después, esa línea distinguida parecía muy lejana: en 2011, Xavier y Agnès vivían con sus cuatro hijos en una casa sencilla ubicada en el número 55 del boulevard Robert-Schuman, en los suburbios de Nantes.
La casa de la familia Dupont de Ligonnès en los suburbios de Nantes, Francia. (Foto: Ouest-France)
La cronología que reconstruyó la policía permitió entender que los preparativos para el crimen comenzaron al menos un mes antes.
Xavier Dupont de Ligonnès obtuvo su licencia de armas en febrero de 2011 y, semanas más tarde, compró municiones de fusil e inició prácticas en un campo de tiro cercano a Nantes. En total, asistió cuatro veces entre el 26 de marzo y el 1 de abril. También sus hijos Thomas y Benoît habían empezado a aprender a disparar.
En paralelo, el padre de la familia compró bolsas de basura industriales, baldosas plásticas autoadhesivas y materiales de ferretería, como si se estuviera preparando para una reforma. Nada parecía fuera de lugar hasta que se descubrió lo que estaba por venir.
El 1 de abril, Arthur -el hijo mayor- dejó de ir al colegio y tampoco pasó a buscar su sueldo por la pizzería donde trabajaba, algo que solía hacer puntualmente cada inicio de mes. Ese mismo día, Xavier compró cemento, una pala y una azada.
Al día siguiente, sumó a la lista cuatro bolsas de óxido de calcio, sustancia que acelera la descomposición de los cuerpos. El domingo 3, un vecino vio a Agnès por última vez, mientras que otro observó a Xavier cargando grandes bolsas en su auto. Esa noche, la familia (sin Thomas) fue al cine y luego cenó en un restaurante.
El lunes 4 de abril, Anne y Benoît faltaron al colegio por una supuesta enfermedad. Xavier habló por teléfono con su hermana durante media hora y nada le llamó la atención. Esa noche, cenó a solas con su hijo Thomas en un restaurante de Angers. Los mozos recordaron que casi no hablaron y que Thomas se sintió mal al final de la cena.
Los investigadores creen que Xavier asesinó a Agnès, Arthur, Anne y Benoît entre la noche del 3 y la madrugada del 4, y que mató a Thomas al día siguiente, luego de pedirle que regresara a Nantes con la excusa de que su madre había sufrido un accidente de bicicleta.
Posteriormente, las autopsias a los cuerpos confirmaron que el hombre primero drogó a los cinco y luego los asesinó a tiros con una escopeta mientras dormían.
Hasta hoy, Xavier Dupont de Ligonnès está prófugo de la Justicia. (Foto: L’Est Républicain)
Los días posteriores estuvieron marcados por mensajes inquietantes. Thomas no volvió a comunicarse normalmente: sus amigos recibieron textos breves y fríos, muy distintos a su estilo habitual.
El viernes 8, Xavier escribió en un foro católico y mandó correos electrónicos a familiares. Les decía que todo estaba bien y que pronto tendrían noticias más detalladas. Ese mismo día, se envió una carta a su entorno donde aseguraba que había trabajado encubierto para la DEA y que toda la familia se había mudado a Estados Unidos bajo un programa de protección de testigos. Recomendaba decir que se habían ido a Australia.
A su vez, Xavier fue visto en varios hoteles del sur de Francia, siempre solo y usando su tarjeta de crédito. El 14 de abril fue grabado por última vez por una cámara de seguridad en un hotel de Roquebrune-sur-Argens. Al día siguiente abandonó el establecimiento y dejó su auto en el estacionamiento. Fue la última señal concreta que se tuvo de él.
Las hipótesis y un misterio sin resolver
Desde 2011, la investigación sobre el paradero de Xavier Dupont de Ligonnès generó más de 800 pistas, cientos de búsquedas y teorías que van desde el suicidio hasta la fuga internacional. A pesar de los esfuerzos, sigue siendo uno de los fugitivos más buscados de Europa.
Uno de los principales indicios apunta a que Xavier preparó su desaparición con ayuda profesional. Tenía vínculos con una empresa en Florida que ofrecía servicios para abrir cuentas bancarias anónimas y operar con identidades falsas. También había creado una firma registrada en Estados Unidos, lo que alimentó la teoría de que pudo haber huido al extranjero.
Las fuerzas de seguridad francesas realizaron múltiples operativos en los Alpes, en minas abandonadas del Macizo de los Maures y hasta en monasterios, donde se pensaba que podía haberse ocultado.
Incluso se exploraron campamentos precarios hallados en bosques, donde se encontraron restos humanos y objetos que podrían haber pertenecido a él. Sin embargo, ninguno de los ADN analizados coincidió con el del sospechoso. Los peritos trabajando en la casa donde encontraron los cuerpos de la familia. (Foto: El Mundo)
El episodio más mediático ocurrió en 2019, cuando un hombre fue detenido en el aeropuerto de Glasgow, en Escocia. Durante horas, se creyó que se trataba de Xavier. Pero tras una prueba de ADN, se confirmó que era un ciudadano francés sin relación con el caso.
A lo largo de los años, la policía recibió más de 900 reportes de personas que afirmaron haberlo visto. Uno de los avistamientos más llamativos fue en un casino en Néris-les-Bains, registrado por cámaras de seguridad, aunque nunca se pudo confirmar su identidad.
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Mientras la fiscalía mantiene la hipótesis del suicidio, su familia -incluida su hermana Christine- sostiene que Xavier no cometió los asesinatos y que la familia está viva, oculta por razones desconocidas. Incluso pusieron en duda los resultados de las autopsias y las dimensiones de los cuerpos hallados.
Francia, misterio, Homicidio
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Marjorie Taylor Greene urges Trump to commute George Santos’ federal prison sentence: ‘Far worse offenses’
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Rep. Marjorie Taylor Greene, R-Ga., is urging that President Donald Trump commute former Rep. George Santos’ seven-year sentence, calling the punishment «a grave injustice» and an «abusive overreach by the judicial system.»
The former New York congressman was sentenced to 87 months, or just over seven years, after pleading guilty in 2024 to wire fraud and aggravated identity theft. Santos reported to prison on July 25 to begin serving his sentence.
Santos was assessed the maximum sentence in April by U.S. District Judge Joanna Seybert. He was also ordered to pay nearly $374,000 in restitution and forfeit more than $205,000 in fraud proceeds.
Santos’ guilty plea followed an investigation into campaign finance fraud, donor identity theft and false COVID-era unemployment claims.
FORMER CONGRESSMAN GEORGE SANTOS DELIVERS ‘GLAMOROUS’ FAREWELL BEFORE GOING TO PRISON: ‘THE CURTAIN FALLS’
On Monday, Greene said in a post on X that she sent a letter to the Office of the Pardon Attorney urging Trump to commute Santos’ sentence.
«A 7-year prison sentence for campaign-related charges is excessive, especially when Members of Congress who’ve done far worse still walk free,» she wrote in the post. «George Santos has taken responsibility. He’s shown remorse. It’s time to correct this injustice. We must demand equal justice under the law!»
Greene addressed her letter to the Honorable Edward R. Martin Jr., pardon attorney for the U.S. Department of Justice (DOJ), and she acknowledged the gravity of the actions by her former colleague.
ABREGO GARCIA LAWYERS SEEK SANCTIONS ON TRUMP OFFICIALS OVER STONEWALLING, DEFYING COURT ORDERS
Former U.S. Rep. George Santos arrives to court in Central Islip, N.Y., Aug. 19, 2024. (Stefan Jeremiah/AP Photo)
«As a Member of Congress, I worked with Mr. Santos on many issues and can attest to his willingness and dedication to serve the people of New York who elected him to office,» she wrote. «He is sincerely remorseful and has accepted full responsibility for his actions. Furthermore, my office has spoken with a pastor of his who discussed the regret and remorse of Mr. Santos, agreeing that the sentence imposed is a grave injustice.
«While his crimes warrant punishment, many of my colleagues who I serve with have committed far worse offenses than Mr. Santos yet have faced zero criminal charges,» Greene continued. «I strongly believe in accountability for one’s actions, but I believe the sentencing of Mr. Santos is an abusive overreach by the judicial system.»
Prosecutors shared how Santos and his campaign treasurer, Nancy Marks, doctored donor reports to qualify for national Republican Party funding. They fabricated contributions from Santos’ family and falsely reported a $500,000 loan from Santos, though he had under $8,000 in his accounts.
TRUMP COMMUTES SENTENCE OF MAJOR POLITICAL DONOR IN LATEST ROUND OF CLEMENCY
Rep. Marjorie Taylor Greene, R-S.C., is urging President Donald Trump to commute the seven-year sentence of former Rep. George Santos, who was sentenced for wire fraud and identity theft. (Anna Moneymaker/Getty Images)
He also stole credit card information from donors, including «victims he knew were elderly persons suffering from cognitive impairment or decline» and made unauthorized charges to fund both campaign and personal expenses, according to the DOJ. Santos also used a fake political fundraising company to solicit tens of thousands of dollars, which he spent on «designer clothing.»
During the pandemic, Santos fraudulently claimed over $24,000 in unemployment benefits while employed at an investment firm. He also submitted false congressional financial disclosures to the House.
Santos was elected in 2022 after flipping New York’s 3rd District for the GOP. His resumé was easily debunked. He falsely claimed academic degrees, Wall Street jobs and family ties to the Holocaust and 9/11.
He was expelled from Congress in December 2023 after a scathing ethics report, becoming just the sixth member ever removed from the People’s House.
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Santos has remained publicly active after his sentencing, selling video messages on Cameo and making social media posts.
Unless pardoned, Santos is expected to remain incarcerated until at least early 2032. He has reportedly appealed to President Donald Trump for clemency.
Greene and the White House did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.
Fox News Digital’s Jasmine Baehr contributed to this report.
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La experiencia de navegar por internet en Rusia se ha transformado en una rutina cada vez más limitada y vigilada. Plataformas como YouTube que no cargan, páginas de medios independientes que no se muestran o redes móviles que se interrumpen por horas ya no son fallos técnicos, sino manifestaciones concretas de una política deliberada del Kremlin.
El presidente Vladimir Putin instó al gobierno a “reprimir” los servicios de Internet extranjeros y ordenó a los funcionarios elaborar una lista de plataformas de estados “hostiles” que deberían ser restringidas.
Desde hace más de una década, el gobierno ruso ha desplegado una estrategia progresiva para someter el espacio digital a su control. A través de una combinación de legislación restrictiva, vigilancia masiva y presión sobre empresas tecnológicas, busca asegurar que el contenido disponible en línea se adecue a los lineamientos oficiales. Esta tendencia se intensificó tras las protestas de 2011-2012, cuando internet fue una herramienta clave para la organización ciudadana y la crítica al poder.
El objetivo es claro: construir una infraestructura digital que pueda ser aislada del resto del mundo. En paralelo, se han perfeccionado herramientas de inspección profunda de paquetes (DPI) y sistemas de censura selectiva, inspirados en el modelo chino del “Gran Cortafuegos”.
La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 aceleró este proceso. X, Facebook, Instagram, Signal y otros servicios quedaron bloqueados. También se intensificó la persecución del uso de redes privadas virtuales (VPN), las únicas herramientas capaces de sortear las restricciones.
El acceso a YouTube, plataforma utilizada tanto para el entretenimiento como para el activismo opositor —incluido el canal de Alexei Navalny—, fue limitado intencionalmente. Según el Kremlin, la interrupción se debió a la falta de mantenimiento de equipos por parte de Google, pero expertos en derechos digitales señalan que se trató de una acción deliberada.
Empresas como Cloudflare y proveedores occidentales de servicios de alojamiento web también han sido objeto de restricciones, forzando a muchos sitios rusos a trasladarse a servidores nacionales, donde la vigilancia y el control estatal son mayores.
Una reciente legislación rusa amplía la criminalización de búsquedas en línea de materiales considerados “extremistas”. La definición es amplia e incluye desde contenidos LGBTQ+ hasta las memorias de Navalny. Aunque todavía es difícil rastrear búsquedas individuales a gran escala, los expertos advierten que unos pocos juicios bastan para sembrar el miedo.
El uso de WhatsApp, que tenía más de 97 millones de usuarios mensuales en abril, también está en la mira. Legisladores oficialistas amenazan con su posible bloqueo y promocionan MAX, una nueva aplicación de mensajería nacional creada por la red social VK. La aplicación, todavía en etapa beta, permite enviar mensajes, pagar servicios y acceder a trámites estatales, pero establece que los datos de los usuarios pueden ser compartidos con las autoridades.
Además, una nueva ley exige que MAX venga preinstalada en todos los smartphones vendidos en Rusia, mientras se incentiva a instituciones públicas y empresas a migrar sus comunicaciones a esta plataforma.
El Estado también ha avanzado en consolidar el ecosistema técnico de la red. Aumentó drásticamente el costo de las licencias para proveedores de internet y concentra más de la mitad de las direcciones IP en siete grandes empresas, entre ellas Rostelecom, de propiedad estatal.
Según Human Rights Watch, estas medidas buscan sofocar la infraestructura independiente, y reflejan años de aprendizaje técnico y adaptación del gobierno ruso. La combinación de sanciones occidentales y la salida de empresas tecnológicas tras la invasión a Ucrania ha facilitado este proceso.
Aunque Rusia aún no ha alcanzado el nivel de aislamiento digital de China, se acerca cada vez más. Las interrupciones puntuales de servicios como WhatsApp y Telegram durante el último julio podrían ser ensayos para bloqueos futuros.
El abogado y activista Sarkis Darbinyan advierte que el único modo de imponer aplicaciones como MAX será “cerrar y sofocar” toda alternativa extranjera. Sin embargo, recuerda que los hábitos de uso de internet no se transforman fácilmente: “Estos hábitos se adquirieron durante décadas, cuando internet era rápido y libre”.
Desde el punto de vista técnico, Roskomnadzor —el ente regulador estatal— ha logrado avances en la vigilancia y censura del tráfico digital, refinando métodos de inspección y estrangulamiento selectivo del contenido.
Expertos y organizaciones de derechos humanos califican el avance del Kremlin como una “muerte por mil cortes”. En lugar de un apagón abrupto, la estrategia de Moscú apunta a un control paulatino, multifacético y profundo. En ese camino, Rusia está construyendo una red paralela, cerrada al escrutinio externo, y sometida al poder estatal.
El resultado es un ecosistema digital en retroceso, donde el acceso a información libre se reduce progresivamente y donde las consecuencias por buscar, leer o compartir ciertos contenidos pueden ser graves. Un internet cada vez menos global y más ruso.
(Con información de AP)
Europe,Government / Politics,MOSCOW
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