Río de Janeiro amaneció este martes bajo fuego. Desde las primeras horas, helicópteros, blindados y drones de la policía irrumpieron en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte carioca, en una ofensiva contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El balance al cierre de la jornada era estremecedor: 64 muertos, entre ellos cuatro agentes, y más de 80 detenidos.

La operación comenzó antes del amanecer con bloqueos vehiculares en las autopistas que rodean los complejos y el cierre de avenidas estratégicas. Helicópteros sobrevolaron las favelas desde la noche anterior, mientras vehículos blindados rompían barricadas de neumáticos incendiados. Drones detectaron movimientos y guiaron el avance de 2.500 agentes por las callejuelas estrechas.

Las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre y detuvieron a 81 personas. Desplegaron una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones de reconocimiento y ataque, y diez vehículos de demolición para abrir paso por rutas obstruidas. El objetivo declarado: capturar al capo apodado “Doca”, jefe regional del Comando Vermelho en Penha, y desmantelar una red de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

El Comando Vermelho nació en 1979 en una cárcel de Río de Janeiro y se ha transformado en una estructura de ámbito nacional, considerada por el gobierno británico como una de las dos organizaciones criminales más grandes de Brasil. Opera mediante una red descentralizada: capos en cárceles, lugartenientes en favelas, soldados que controlan los puntos de venta y una sofisticada red de lavado de dinero. Su poder se sustenta no solo en el narcotráfico, sino en el control territorial de barrios donde el Estado históricamente está ausente.

Según la fiscalía coordinadora del combate al crimen organizado, el complejo de Penha y Alemão es “un punto estratégico para el flujo de drogas y armas” por su cercanía a varias autopistas y accesos logísticos de la ciudad. El gobernador estatal, Cláudio Castro, calificó la acción de “guerra” y afirmó que Río está “sola en este enfrentamiento”. Señaló que el narcotráfico dispone de armas entregadas por redes internacionales y que las Fuerzas Armadas rechazaron hasta tres veces su pedido de apoyo con blindados.

La población del norte de Río vivió escenas propias de un conflicto bélico: ráfagas de tiros, granadas lanzadas desde drones insurgentes —según la policía—, autobuses desviados y más de 200.000 personas afectadas por la interrupción de servicios públicos. Las clases fueron suspendidas en 45 centros educativos y doce líneas de buses cambiaron su itinerario. Para los habitantes de Alemão y Penha, la jornada fue de tensión, miedo y parálisis: comercios cerrados, transporte ausente, aulas vacías.

En ese entorno convulso se advierte un dilema clásico de las operaciones en favelas: la frontera entre combate al crimen organizado y vulneración de derechos ciudadanos se vuelve difusa. Organizaciones de derechos humanos tienen un historial de denuncias contra este tipo de intervenciones. Human Rights Watch alertó en septiembre de 2025 que un proyecto de ley aprobado en Río establecería incentivos económicos para que la policía dispare a sospechosos, lo que “crea un incentivo financiero para que los oficiales disparen en lugar de arrestar”.

Una investigación de HRW publicada en 2009 ya señalaba que muchas de las muertes en enfrentamientos oficiales no eran combates legítimos, sino ejecuciones extrajudiciales, con policías que manipulaban la escena para ocultar responsabilidades. La impunidad y la letalidad policial en Río son parte de un problema estructural que persiste.

El uso de drones con explosivos y el despliegue de blindados en favelas densamente pobladas generan preguntas sobre proporcionalidad. La diputada Dani Monteiro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la asamblea estatal, afirmó que “exigiremos explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Río en escenario de guerra y barbarie”.

No es la primera operación con alta letalidad. En mayo de 2022, una redada en la favela de Vila Cruzeiro —parte del mismo entorno de Penha y Alemão— dejó al menos 23 muertos y denuncias de civiles atrapados en el fuego cruzado. Los críticos señalan que las acciones puntuales no desmantelan la estructura de las organizaciones criminales y que la repetición de homicidios y enfrentamientos termina por normalizar la violencia.

Desde el punto de vista operativo, el despliegue masivo apunta a una lógica de ofensiva total: tomar control del territorio. Pero desde la óptica social y de derechos humanos, el riesgo es estructural: ¿qué pasa con los moradores de las favelas cuando la artillería estatal convierte su barrio en zona de guerra? ¿Quién garantiza su protección y reparaciones?

El futuro de la misión se jugará en qué tan rápido el Estado pueda no solo capturar capos o incautar armas, sino reducir la violencia residual, abrir investigaciones independientes sobre las muertes y reconstruir el tejido social en zonas abandonadas. Sin eso, la lógica de control seguirá siendo momentánea y el ciclo de violencia, recurrente.

Para los habitantes de Alemão y Penha aparece una esperanza tenue: que esta intervención marque un cambio real. Sin embargo, la historia de Río enseña que el cambio no surge solamente de la derrota de un capo, sino del ascenso persistente del Estado como garantía de derechos y no solo como fuerza bruta.

La pregunta que queda es si este operativo será recordado como un punto de inflexión o como otro episodio más en una ciudad atrapada entre narco-control y represión estatal.