Thabo Bester era conocido en Sudáfrica como el “Facebook rapist” (el violador de Facebook, traducido del inglés) y durante años utilizó esa red social para atraer mujeres a las que engañaba con falsas promesas de trabajo o negocios. De esta manera, con un perfil cuidadosamente armado y un discurso convincente, lograba que sus víctimas confiaran en él para después estafarlas.

Sin embargo, el caso no se limitó solo a fraudes, ya que en 2012 una de las mujeres fue asesinada y la Justicia determinó que él era el asesino. Tras el crimen, Bester fue condenado a cadena perpetua y además recibió 75 años adicionales por otros delitos vinculados a sus estafas.

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Fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Mangaung Correctional Centre, administrada por la empresa privada G4S. Allí parecía que cumpliría arresto por toda su vida vida. Sin embargo, en 2022 las autoridades anunciaron su muerte tras un incendio en su celda. Todo parecía cerrado, hasta que meses después se reveló que el cuerpo encontrado en realidad no era el suyo y que había protagonizado una fuga cuidadosamente planeada.

El inicio del horror

Thabo Bester nació en Sudáfrica el 13 de junio de 1986 y desde joven se inició en el mundo de la delincuencia a través de pequeñas estafas y engaños, lo cual lo llevó a perfeccionar su capacidad para manipular a los demás. Con el correr del tiempo, trasladó ese tipo de actividades a Internet y las redes sociales, donde encontró un terreno ideal para explotar la vulnerabilidad de sus víctimas.

Su modus operandi se basaba en el uso de Facebook. Allí creaba perfiles falsos y se presentaba como un empresario exitoso con vínculos internacionales. Pero además, ofrecía oportunidades laborales, entrevistas y negocios que supuestamente podían mejorar la vida de las mujeres que lo contactaban.

En cuanto lograba convencerlas, las citaba en hoteles o casas particulares y allí se concretaban las agresiones sexuales, los robos o, en el caso más extremo, un asesinato.

El apodo de “Facebook rapist” surgió a partir de estos hechos y rápidamente se volvió conocido en todo el país. La forma en la que operaba llevó a las autoridades a iniciar una investigación que terminó exponiendo la magnitud de sus delitos.

En 2012, Bester, que en ese entonces tenía 26 años, fue encontrado culpable del asesinato de su exnovia modelo, Nomfundo Tyhulu. Según la investigación, la citó en un lugar apartado, la atacó sexualmente luego de mantener una discusión y la mató.

Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que lo vinculaban no solo con este asesinato, sino también con múltiples violaciones y estafas. La condena fue contundente: cadena perpetua más 75 años por los distintos delitos cometidos.

La fuga

Thabo Bester fue enviado a cumplir su condena en la prisión privada Mangaung Correctional Centre, ubicada en la provincia de Free State. Se trataba de un establecimiento de máxima seguridad administrado por la empresa británica G4S, que en teoría contaba con estrictos mecanismos de control. Sin embargo, allí se gestó una de las fugas más escandalosas de la historia reciente del país.

El 3 de mayo de 2022 se registró un incendio en su celda. Los guardias informaron que el cuerpo encontrado era el de Bester y que había muerto calcinado. Durante meses, la versión oficial no fue cuestionada, aunque comenzaron a circular sospechas por la falta de pruebas concluyentes.

En marzo de 2023, una autopsia independiente confirmó que el cadáver correspondía a otra persona y que había sido colocado allí antes de que se iniciara el fuego.

La investigación reveló que Bester había contado con ayuda externa: la principal sospechosa fue Nandipha Magudumana, una cirujana estética con gran exposición mediática y un alto perfil social.

Según los fiscales, ella mantuvo una relación sentimental con él y lo asistió en la organización del plan. También se descubrió que habían utilizado documentos falsos y que varios funcionarios de la cárcel habrían colaborado a cambio de sobornos.

La captura

En abril de 2023, las autoridades sudafricanas confirmaron la detención de Bester y Magudumana en Arusha, Tanzania, a pocos kilómetros de la frontera con Kenia. Ambos intentaban huir con pasaportes falsos cuando fueron interceptados por la policía local. Su captura se produjo tras un operativo conjunto de las fuerzas sudafricanas y tanzanas.

Bester fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Kgosi Mampuru II, en Pretoria, mientras que Magudumana fue llevada a un penal femenino. En paralelo, varios funcionarios penitenciarios fueron detenidos bajo sospecha de haber colaborado en la fuga.

El escándalo derivó en una investigación interna y en la revisión de los contratos con la empresa G4S, acusada de graves fallas en la supervisión del penal.

Actualmente, Bester sigue cumpliendo su condena original de cadena perpetua, pero además enfrenta cargos adicionales por los delitos de fuga, fraude, incendio intencional y corrupción.

Magudumana, por su parte, está procesada por fraude, violación de cadáveres, encubrimiento y complicidad en la evasión. En 2025, la Corte Suprema de Apelaciones rechazó su pedido de anular la extradición desde Tanzania, lo que allanó el camino para que el juicio siga adelante.

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El proceso judicial contra ambos y contra sus coacusados aún está en curso. Se espera que se extienda varios meses debido a la cantidad de imputaciones y a la complejidad de la investigación.

The Supreme Court is set to reexamine a landmark decision about the president’s ability to fire members of independent agencies, and the outcome could expand executive power and have far-reaching implications.

The high court revealed in an order last week it would revisit Humphrey’s Executor v. United States, a 1935 decision that Hans von Spakovsky, a legal fellow at the conservative Heritage Foundation, said is now on «life support.»

Contrary to the decision in Humphrey’s, von Spakovsky said agencies like the Federal Trade Commission, the Securities and Exchange Commission and various labor boards ought not to be insulated from presidential firings.

«The Constitution says the president is the head of the executive branch,» von Spakovsky told Fox News Digital. «That means, just like the CEO of a big corporation, they get to supervise and run the entire corporation, or in this case, the entire executive branch, and you can’t have Congress taking parts of that away from him and saying, ‘Well, they’re going to keep doing executive branch things, including law enforcement, but you won’t have any control over them.’»

SCOTUS ALLOWS TRUMP TO FIRE BIDEN-APPOINTED FTC COMMISSIONER

The Supreme Court’s decision came in response to a challenge from a Biden-appointed FTC commissioner whom President Donald Trump fired at will after taking office.

The high court said in a 6-3 emergency decision Trump’s termination of the commissioner, Rebecca Slaughter, could remain in place for now while it uses her case to take on Humphrey’s Executor, which centered on an FTC firing under President Franklin D. Roosevelt. The high court found Roosevelt could not fire a commissioner without cause.

Slaughter has called her firing illegal, pointing to Humphrey’s and the FTC Act, which says commissioners cannot be fired from their seven-year terms without cause such as malfeasance or negligence.

Joshua Blackman, a professor at South Texas College of Law, told Fox News Digital that if Humphrey’s is overturned or narrowed, it will likely also apply to other agencies that have statutory protections against firings designed to preserve their independence.

«I think this ruling will necessarily reach beyond the FTC,» Blackman said. «The only question is whether they maintain that the Federal Reserve is different.»

SUPREME COURT SAYS TRUMP CAN PROCEED WITH FIRING DEMOCRAT-APPOINTED CPSC MEMBERS

Federal Trade Commission Commissioners Rebecca Kelly Slaughter and Alvaro Bedoya chat during a House Judiciary Committee hearing on Capitol Hill in Washington, D.C., on July 13, 2023. (Shuran Huang for The Washington Post via Getty Images)

The high court indicated in an earlier shadow docket decision about labor board firings this year that it views the Federal Reserve as unique, a ‘quasi-private’ structure rooted in the traditions of the first central banks. A separate case involving Federal Reserve Governor Lisa Cook’s firing is testing that position.

Von Spakovsky said the Supreme Court has been inching toward addressing Humphrey’s. The 2010 decision to narrow the Sarbanes-Oxley Act by stripping independence from an accounting oversight board and the decision five years ago finding the president could fire the Consumer Financial Protection Bureau director at will were hints of this.

In the latter case, Chief Justice John Roberts wrote that the president’s power «to remove — and thus supervise — those who wield executive power on his behalf follows from the text of Article II.» The CFPB’s «novel» structure defied that presidential power because a single director oversees an agency that «wield[s] significant executive power.»

TRUMP ADMIN URGES SUPREME COURT TO ALLOW PRESIDENT TO FIRE FEDERAL TRADE COMMISSION MEMBER

U.S. Supreme Court Chief Justice John Roberts attends inauguration ceremonies in the U.S. Capitol on Jan. 20, 2025 in Washington, DC. (Chip Somodevilla/Pool via REUTERS)

Ruling in Trump’s favor would help the president and his conservative allies realize their stated goal of achieving a unitary executive, a theory that says the president should have sole control over the executive branch.

As part of this vision, Trump abruptly sidestepped numerous statutes to pluck out protected appointees at independent agencies when he took office, moves the Supreme Court is now poised to weigh in on in Slaughter’s case.

Boston University School of Law professor Jed Shugerman said in a statement online that Trump has done «more to establish a unitary executive than all the judges and legal scholars in the world could ever do.»

However, Shugerman criticized the president, saying his tests of authority have also «done more to discredit and expose the unitary executive theory as lawless authoritarianism than any judge or legal scholar could ever do.»

John Shu, a constitutional law expert who served in both Bush administrations, recently told Fox News Digital he believed the Supreme Court would narrow Humphrey’s Executor because the FTC’s powers have greatly expanded since its inception.

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«The Federal Trade Commission of 1935 is a lot different than the Federal Trade Commission today,» Shu said.

Shu said today’s FTC can open investigations, issue subpoenas, bring lawsuits, impose financial penalties and more. The FTC now has executive, quasi-legislative and quasi-judicial functions, he said.

Irán ahorcó este lunes a un hombre acusado de espiar para Israel, en lo que representa un nuevo episodio de la mayor ola de ejecuciones dictada por el régimen de los ayatollahs en las últimas décadas.

Según información publicada por la agencia Mizan, portavoz del poder judicial, el ajusticiado, identificado como Bahman Choobiasl, fue condenado por mantener una cooperación extensa con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí.

El caso de Choobiasl no había trascendido previamente en medios iraníes ni entre organizaciones que monitorean la pena de muerte en esa nación. El hombre fue acusado de reunirse con funcionarios del Mossad y de participar en “proyectos de telecomunicaciones sensibles” para una empresa no identificada. De acuerdo con la versión oficial, Choobiasl informaba al Mossad sobre “las vías de importación de dispositivos electrónicos” en Irán y facilitaba información sobre instituciones gubernamentales y centros de datos del Estado.

La ejecución de este lunes ocurrió días después de que Irán prometiera adoptar medidas firmes contra sus enemigos en respuesta a la reimposición de sanciones adoptadas por las Naciones Unidas a raíz del programa nuclear iraní.

Las autoridades describieron al ajusticiado como “uno de los espías más importantes de Israel en Irán”. Las investigaciones del régimen persa sostienen que Choobiasl mantuvo reuniones y contactos con agentes del Mossad en varios países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Armenia, India, Tailandia, Vietnam, Irlanda y Bulgaria. Según el relato recogido por los medios de propaganda, habría transitado por entrenamientos para “mejorar sus capacidades personales y provisionales” a solicitud de la inteligencia israelí.

En 2025, Teherán ha intensificado la aplicación de la pena de muerte, particularmente contra personas condenadas por espionaje. Según estimaciones de organizaciones como Derechos Humanos de Irán, con sede en Oslo, y el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington, la cifra de ejecuciones en Irán ya supera las 1.000 en lo que va del año, aunque advierten que los números reales podrían ser mayores, ya que no todas las sentencias mortales son informadas públicamente.

El endurecimiento de la política represiva se produjo en un contexto de máxima tensión luego del conflicto abierto entre Irán e Israel en junio, cuando ambos países se enfrentaron en ataques aéreos que provocaron la muerte de alrededor de 1.100 personas, incluidos altos mandos militares iraníes. En ese escenario, Irán ha incrementado la frecuencia de sentencias por espionaje.

Incluida la ejecución de Choobiasl, ya son por lo menos nueve las personas ajusticiadas por cargos similares desde el inicio de la escalada. El mes pasado, Irán también ejecutó a Babak Shahbazi, acusado de espiar para Israel, aunque grupos de derechos humanos afirman que la confesión fue obtenida bajo tortura y que Shahbazi habría escrito una carta previa al presidente de Ucrania, ofreciéndose a combatir del lado de Kiev.

La ola de ejecuciones coincide además con un aumento en los conflictos internos en Irán. Durante los últimos años, se registraron protestas masivas en rechazo a la situación económica, la restricción de libertades civiles y la falta de avances en derechos de las mujeres bajo el régimen teocrático. Tras estas manifestaciones y la crisis regional con Israel, el régimen iraní ha empleado la pena máxima como herramienta para disuadir acciones de disidencia y espionaje.

La ejecución de Bahman Choobiasl amplía una tendencia que, según grupos internacionales, retrotrae al país al escenario de represión más severo desde el final de la guerra Irán-Irak en 1988, cuando miles de personas fueron ajusticiadas en un corto periodo. El régimen iraní asegura que el proceso legal está siendo cumplido de acuerdo con la ley nacional, aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre falta de transparencia, posibles confesiones bajo coerción y la utilización de las ejecuciones como instrumento político.

En los últimos meses, los condenados por espionaje han sido señalados por las autoridades como “enemigos del Estado” e imputados de mantener vínculos con agencias extranjeras. En múltiples casos recientes, Irán acusa a los sentenciados de colaborar activamente con la inteligencia israelí y de asistir en la penetración de redes de información gubernamental.

(Con información de Europa Press y AFP)