En medio de la reestructuración del Gobierno, formalizaron dos nuevas designaciones en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Así, Manuel Adorni terminó de conformar se mesa chica de trabajo. Esta medida se oficializó este lunes mediante la publicación de dos decretos en el Boletín Oficial, que incluyen la aceptación de renuncias y el nombramiento de funcionarios en cargos clave.

Federico Esteban Sicilia, como nuevo secretario de Coordinación Legal y Administrativa, es una de las nuevas incorporaciones al Gabinete de la cartera que gestiona el equipo ministerial. Entra en lugar Juan Manuel Gallo. De hecho, mediante el decreto 882/2025, el Gobierno aceptó su renuncia y agradeció al funcionario saliente “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Sicilia es un funcionario de estrechísima confianza del vocero presidencial, ya que se desempeñaba como secretario administrativo en la Secretaría de Comunicación y Medios. En los cambios dispuestos por decretos se le transfirió el manejo de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

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Otra de las incorporaciones es la de Ian Lionel Vignale, como secretario Ejecutivo. Con el Decreto 881/2025, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Nicolás Andrés Germán a este cargo, con vigencia desde el 27 de noviembre de 2025.

Tal como sucedió con Gallo, le agradecieron por su labor. De esta manera, la desiGnación de Vignale tiene carácter retroactivo a partir del 6 de diciembre.

Se trata de otro funcionario proveniente de la Vocería Presidencial. De esta manera, pasa a ser el titular de la Secretaría Ejecutiva, que tiene una rol vital en lo que refiere a la coordinación al interior del Gobierno. También tiene la responsabilidad sobre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de la compañía Corporación Puerto Madero.

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Estos cambios en la Jefatura de Gabinete se dan luego de que Adorni determinara que dejen de existir las vicejefaturas y se pase a un esquema de secretarías.

A principio de mes, el funcionario decidió echar al vicejefe de Gabinete, José Rolandi; un técnico que se posicionó como número dos de la cartera, tanto en las gestiones de Nicolás Posse y Guillermo Francos.

Si bien Rolandi le había dado varias alternativas a Adorni para poder seguir colaborando en la función, ninguna de ellas terminó por convencerlo, dando por terminado el vínculo e iniciando una transición ordenada.

Otro nombramiento destacado de esta semana fue el de Ignacio Devitt, como nuevo secretario de Asuntos Estratégicos. El funcionario fue presentado el martes pasado en la reunión de mesa política de la Casa Rosada, en la cual estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

Se les explicó que Devitt tendrá un rol de vital importancia de aquí en adelante. Además de tener funciones como la coordinación entre las políticas de Defensa, Seguridad Nacional e Inteligencia; Adorni lo presentó como quien hará de enlace parlamentario entre la Casa Rosada y el Congreso.

Devitt tiene pasado reciente en puestos jerárquicos en Philip Morris y Genneia, aunque mantuvo diversos cargos en la función pública. Estuvo en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, en un puesto de director nacional del Ministerio de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri y fue concejal por el PRO en el Concejo Deliberante de Vicente López.

Se prevé que cumpla la función de Rolandi de acá en adelante, aunque bajo el paraguas de su secretaría. Es por eso que se le transfirió la exsecretaría de Relaciones Parlamentarias que presidía el franquista, Oscar Moscariello, que aunque todavía no fue desplazado formalmente, no seguirá siendo parte del Gobierno.

El empoderamiento de Adorni hacia Devitt se plasma en otra decisión clave que salió hoy en el Boletín Oficial: el jefe de Gabinete creó la subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno, un área que no existía antes. “Va a estar direccionada a auditar y coordinar más al interior del Gobierno”, explicó un funcionario libertario. En el Gobierno alegan que durante la gestión de Guillermo Francos hubo un déficit en ese aspecto y que quieren “volver a convertir a la Jefatura en una cartera de gestión y no en una política”.

En estos días también se traspasó la Secretaría de Comunicación y Medios, la cual tiene las tareas de vocería presidencial y el manejo de las empresas de medios públicos más relevantes: APE (la ex-Télam), Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina. Esta cartera quedó en manos del periodista Javier Lanari.

Por decisión del vocero, el exgobernador bonaerense Daniel Scioli seguirá a cargo de la secretaría de Turismo y Ambiente, que ahora quedó bajo la órbita de Jefatura. Solo se le quitó la responsabilidad sobre Deportes, que pasó a ser una subsecretaría que se quedó en el Ministerio del Interior que preside Diego Santilli.

Además de recuperar Deportes, al ministerio santillista se le volvió a transferir el Renaper, una área que había sido delegada al Ministerio de Seguridad Nacional. Aquello había sido objeto de controversia y esa decisión se retrotrajo a pedido de Milei.

El kirchnerismo presentará en el Congreso un proyecto de reforma laboral alternativa, una respuesta directa a la iniciativa de “modernización” promovida por el gobierno de Javier Milei. La propuesta fue elaborada en el marco del Partido Justicialista (PJ), con participación de sindicatos de la CGT y la CTA, y el aval de Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo central es instalar una suerte de “contrarreforma” en el debate parlamentario y confrontar el diagnóstico oficial sobre la situación del empleo, los salarios y los derechos laborales.

La Secretaría de Relaciones Laborales del PJ Nacional, liderada por la diputada Vanesa Siley, coordinó la redacción del borrador del proyecto y articuló su presentación con la bancada de senadores de Unión por la Patria, como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. Así, se busca una estrategia legislativa coordinada entre ambas cámaras para unificar la postura opositora frente al proyecto del Ejecutivo.

El fundamento político del proyecto es explícito: para el kirchnerismo, la reforma laboral de Milei no generará empleo, sino que implicará una reducción de derechos y un cambio regresivo en la protección social. “Lo primero que vamos a plantear es un diagnóstico”, señaló Siley. “El Gobierno dice que flexibilizar el trabajo sirve para crear empleo registrado. Ese latiguillo lo vamos a desarmar y lo vamos a plasmar en los fundamentos de nuestro dictamen”, sostuvo la diputada.

Tres ejes: ingresos, descanso y salud

El proyecto parte de un diagnóstico: los trabajadores enfrentan salarios insuficientes, falta de tiempo de descanso y deterioro de la salud física y mental. Según el borrador que trabajan en el PJ, la pérdida del poder adquisitivo llevó a la expansión de la pluriactividad laboral, la informalidad y nuevas formas de trabajo asociadas a las plataformas digitales. “La principal necesidad es la plata, porque el sueldo no alcanza. Como consecuencia de eso, la clase trabajadora está tomando más de un empleo o de actividades”, indicaron fuentes que trabajaron en el borrador.

En consecuencia, el aumento de horas trabajadas para compensar bajos ingresos deja menos tiempo para la vida personal y genera mayor desgaste. A esto se suma el deterioro de la salud, no solo por los accidentes laborales, sino por el estrés, la fatiga y el impacto en la salud mental.

Sobre estos tres ejes se estructura la contrarreforma: cambios en materia salarial, en la extensión de la jornada laboral, licencias, negociación colectiva, trabajo en plataformas y una nueva regulación tecnológica.

“Salariazo” mínimo y paritarias libres

Uno de los capítulos más destacados es la recuperación del poder adquisitivo. El proyecto plantea que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debe cubrir el costo de la Canasta Básica Total. Según datos oficiales, mientras el salario mínimo es de 338.400 pesos, la canasta supera el 1.257.000 pesos, una diferencia que, para el PJ, muestra el incumplimiento de la ley. Si bien el texto no fija un monto específico, reclama restituir el sentido “vital y móvil” del salario mínimo.

La propuesta exige respetar las paritarias libres, sin topes ni restricciones, defendiendo la negociación entre sindicatos y empleadores. Esta posición contradice la política del Gobierno, que promueve acuerdos atados a productividad, lo que los gremios interpretan como un límite encubierto a la negociación.

Además, se establece que el salario deberá ser abonado íntegramente en dinero, en pesos o cualquier otra moneda reconocida, dejando fuera la opción de pagos en especie, alimentos o vivienda, como contempló la propuesta oficial.

Reducción de la jornada laboral

Otro pilar es la reducción de la jornada semanal, actualmente de 48 horas, que el kirchnerismo propone llevar a 42 horas, con el objetivo de alcanzar las 40 horas en el mediano plazo. El fundamento, para el PJ, es claro: los avances tecnológicos permiten reorganizar el trabajo y reducir cargas sin afectar la producción. Desde el PJ, rechazan la propuesta oficial de habilitar jornadas de hasta 12 horas mediante bancos de horas.

“Es un absurdo retroceder dos siglos, como plantea el Gobierno. Hoy, la nanotecnología, la inteligencia artificial y la digitalización permiten una reducción de la jornada laboral. Esto es algo que tiene que ver con la lógica, no con lo ideológico”, afirman fuentes partidarias. Para la oposición, menos horas de trabajo significan más descanso y mejor salud, elementos que consideran centrales en la legislación regulatoria.

Licencias, cuidados y seguridad social

La contrarreforma amplía la licencia por paternidad: de los dos días actuales a 90 días, igualando la cobertura con la licencia materna. El financiamiento, como ocurre con el caso de las mujeres, surge de la ANSES y se incluirá a los monotributistas, eliminando el costo para los empleadores. “Si el Estado financia la licencia del nacimiento, debe hacerlo para todas las familias, sin importar el tipo de empleo”, sostienen en el PJ.

Se establece la creación obligatoria de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene en empresas de más de 50 trabajadores, integrados por representantes sindicales y empresariales, con técnicos en seguridad e higiene laboral y especialistas en salud mental. Estos comités abordarán riesgos físicos y riesgos psicosociales, señalando que lo laboral ya no puede concebirse sin perspectiva de salud mental.

Plataformas, algoritmos y derechos digitales

El trabajo en plataformas digitales -de Rappi, a PedidosYa o Uber- ocupa un capítulo propio. A diferencia del Gobierno, que introduce la figura del “repartidor independiente” y niega la relación de dependencia, el kirchnerismo impulsa las negociaciones colectivas por empresa.

La propuesta incluye la prohibición de bloqueos sin justificación, el acceso a instancias de defensa para trabajadores, estaciones sanitarias obligatorias con baños y zonas de descanso, atención física personalizada, transparencia algorítmica y portabilidad de los datos del trabajador.

Se incorpora también el derecho a la desconexión digital, que limita el contacto laboral fuera de la jornada de trabajo. Por último, el proyecto anticipa el debate sobre la regulación del uso de inteligencia artificial en la administración del trabajo y los procesos productivos.

El contrapunto con el oficialismo

El proyecto del kirchnerismo se enfrenta directamente a la reforma del Gobierno, que propone cambios en las indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con un descuento del 3% de las contribuciones patronales y el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, junto a cambios en el financiamiento sindical y la ampliación de las actividades esenciales, lo que restringe el derecho a huelga.

La oposición considera especialmente adverso el FAL, estimando que implicaría una pérdida de USD 2.500 millones anuales para la Seguridad Social. “¿Qué tiene de moderno que el trabajador pague su propio despido? ¿Y qué tiene de moderno dejar sin fondos jubilatorios a los actuales y futuros jubilados?”, cuestionan desde el bloque.

Vanesa Siley habló con Infobae sobre los detalles que trascendieron de la contrarreforma laboral que propone el kirchnerismo y rechazó la perspectiva oficialista: “No existe que las leyes, en sí mismas, generen empleo. Ningún país lo ha demostrado en la historia. El empleo se crea o se destruye por el modelo económico”.

Como antecedente, la diputada citó la reciente Ley Bases, que incorporó modificaciones laborales: “Se amplió el período de prueba, se crearon nuevas figuras, se eliminaron multas y sanciones. Un año y medio después hay menos empleo y menos empresas”, expuso Siley.

Debate en el Congreso y disputa de modelos

El kirchnerismo intenta así instalar una discusión de fondo sobre el sentido del trabajo y la función de la legislación laboral. El objetivo declarado es disputar no solo artículos, sino el modelo productivo y social que la sociedad argentina debe asumir en el contexto actual.

Mientras el oficialismo apunta a la flexibilización y la reducción de costos, el peronismo presenta un modelo vinculado a la defensa del salario, la reducción de la jornada y una regulación estatal amplia. La contrarreforma laboral opositora configura uno de los debates políticos centrales de la agenda parlamentaria y anticipa una confrontación de modelos en el Congreso Nacional.

El avance de ambos proyectos expone un escenario de máxima tensión política para el universo laboral argentino, donde se definirán el poder adquisitivo, la extensión de la jornada y el alcance de las nuevas tecnologías.

El desenlace de esta disputa será clave para la estructura laboral y social en los próximos años.

El Gobierno dispuso, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, el otorgamiento de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

La medida, publicada este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, busca facilitar los preparativos y desplazamientos familiares en vísperas de las festividades de Navidad y Año Nuevo, fechas que la legislación argentina reconoce como feriados nacionales inamovibles.

El decreto se fundamenta en la Ley N° 27.399, que establece el 25 de diciembre y el 1° de enero como feriados nacionales, y en el carácter social y familiar de estas celebraciones.

Según el Decreto 883/2025, “tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina y para quienes habitan en el territorio de la República Argentina, constituyendo tradicionalmente motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos”.

El Gobierno consideró que las vísperas, es decir, los días 24 y 31 de diciembre, suelen destinarse a los preparativos y traslados necesarios para posibilitar el encuentro familiar, por lo que resulta “oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones”.

El decreto también señala que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico, al favorecer los desplazamientos internos y el aprovechamiento de los días no laborables para actividades recreativas. Además, aclara que el asueto no implica ningún gasto adicional para el Estado nacional y que “garantizará que todos los argentinos puedan disfrutar de las fiestas en un marco de libertad”.

En cuanto al alcance de la disposición, el artículo 1° establece que el asueto será para el personal de la Administración Pública Nacional, mientras que el artículo 2° instruye a los distintos organismos a implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales. El artículo 3° especifica que la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, por lo que estos sectores deberán funcionar con normalidad durante las fechas mencionadas.

Siendo asueto los días 24 y 31 de diciembre, los empleados no cumplirán sus funciones durante dos días seguidos, dado que el 25 de diciembre y el 1 de enero, son feriados inamovibles, por lo que el personal que deba trabajar en esas fechas cobrará el doble.

En el caso del ámbito privado, el panorama será diferente dado que allí cada empleador podrá decidir si concede el día libre a sus trabajadores. En tal caso, si la empresa decide que no se trabaje, ese día no será un feriado, de modo que no se generará un pago adicional. De acuerdo con la normativa vigente, el 24 y el 31 de diciembre son días laborables comunes, por lo que quienes trabajen recibirán un pago estándar, salvo que su empresa disponga lo contrario.

La decisión se adoptó en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

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