Una reivindicación, una expresión de renovada confianza y la directiva de hacer un trabajo más coordinado. Así interpretan en las Fuerzas Armadas el decreto 941/2025 firmado en diciembre por el presidente Javier Milei, que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y fortaleció la participación de los militares en el Sistema de Inteligencia Nacional.

Milei eliminó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar que funcionaba en el Ministerio de Defensa y resolvió concentrar la toma de decisiones de esa área en las Fuerzas Armadas. Así, revitalizó la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, por lo que las tareas en ese espacio sensible responderán a los mandos militares.

Se trata de un área que hoy, entre las tres fuerzas militares, maneja un presupuesto de $112.032 millones, un monto levemente superior al presupuesto oficial de la SIDE, que ronda los $100.000 millones, sin contar los fondos reservados.

Pero los recursos son más. Se completan con otros $71.175 millones que hasta hoy se asignaron para esa tarea al Ministerio de Defensa, lo que incrementa los fondos. “Todo el presupuesto de inteligencia del Estado lo manejará la SIDE”, aseguró a una fuente cercana al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, al desestimar cualquier disputa interna por los recursos.

Fuentes de Defensa explicaron que la reforma del sistema de inteligencia nacional apunta a lograr “un trabajo más coordinado y de mayor confianza entre las fuerzas militares y la SIDE, sin compartimentos estancos”.

Las dimensiones del sector de Inteligencia en las unidades militares habían disminuido con la recuperación de la democracia, luego de la traumática dictadura militar. Pero su influencia creció significativamente en la gestión del exjefe militar César Milani como hombre fuerte de la inteligencia del Ejército en la presidencia de Cristina Kirchner. La mandataria peronista alentó la expansión del aparato militar en momentos en que desconfiaba de la estructura de la SIDE que respondía a Antonio “Jaime” Stiuso.

El nuevo diseño fijado ahora en el decreto de Milei, que aún debe ser convalidado por el Congreso, convivirá con el esquema establecido en la ley de defensa nacional, que fue sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín y pone en cabeza del ministro de Defensa “en forma directa e inmediata” la producción de inteligencia en el nivel estratégico militar. La explicación que dan cerca de Presti es que si bien el decreto coloca al frente del sistema de inteligencia militar al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sus agentes tendrán “una dependencia funcional” del ministro del área.

El fortalecimiento de la inteligencia militar es acompañado, en general, por el mundo castrense, donde sim embargo hay conciencia de que el área tuvo un crecimiento desmesurado en los últimos años.

Los militares celebran la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la decisión de dejar sin efecto la resolución 1020 firmada en 2009 por la entonces ministra del área, Nilda Garré, que impedía a las Fuerzas Armadas realizar esa actividad.

“Es sentido común. El nivel estratégico militar del Estado Mayor Conjunto producirá su propia inteligencia y el Comando de Operaciones la inteligencia operacional. Ambas las hacía hasta ahora el Ministerio de Defensa, lo cual es absurdo. Y las tres fuerzas seguirán haciendo la inteligencia del nivel táctico. Así funciona en el 99% de los países del mundo”, expresó a el teniente general retirado Juan Martín Paleo, que condujo las Fuerzas Armadas entre 2020 y 2024.

El exjefe militar opinó que el nuevo esquema “sale de la lógica ideologizada del consenso democrático que buscaba licuar el poder de los militares, aunque se quedaron en el tiempo y se enamoraron de la herramienta”. Tras señalar que “el kirchnerismo lo tomó como dogma”, advirtió que “habrá que estar atentos a cómo se instrumentarán los cambios”.

El analista Rosendo Fraga, en tanto, señaló que “con esta medida, el Gobierno vuelve a poner los servicios de inteligencia en la órbita militar” y mencionó que el jefe del Estado Mayor Conjunto designado por Milei, el vicealmirante Fernando Dalle Nogare, se desempeñó como director general de Inteligencia en se organismo cuando el área estaba “prácticamente vaciada”.

En el presupuesto 2026 sancionado a fines de diciembre por el Senado se asignaron $40.182 millones al Ejército para sostener la inteligencia operacional táctica, a través de la Dirección General de Inteligencia, y otros $727 millones para el funcionamiento de unidades de Inteligencia, dentro de la Dirección General de Organización y Doctrina.

La Armada contará, en tanto, con $34.206 millones para tareas de inteligencia. Así surge de los $21.046 millones asignados para las agregadurías y representaciones navales en el exterior, y los $13.160 millones que se girarán al área de Inteligencia Operacional Táctica de la Dirección General de Inteligencia.

La Fuerza Aérea, por su parte, tendrá $32.997 millones, repartidos entre las delegaciones y agregadurías aeronáuticas en el exterior ($19.391 millones) y la Inteligencia Operacional Táctica ($13.606 millones).

El Estado Mayor Conjunto, que en adelante tendrá la responsabilidad de todo el funcionamiento de la inteligencia militar, es hoy la estructura de las Fuerzas Armadas que menos fondos recibe.

El presupuesto le asigna para esa finalidad $3920 millones, de los cuales $2677 millones se envían a las delegaciones y agregadurías en el exterior; $650 millones se destinan a la capacitación en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y $650 millones a la formación de Inteligencia Conjunta en el mencionado instituto militar.

En tanto, con preocupación, fuentes castrenses indicaron a que “el Estado Mayor Conjunto transformó hace 15 años la Dirección General de Inteligencia en un departamento dedicado a las agregadurías militares en el exterior y no tiene analistas”. Y arriesgó: “Los que están en el Ministerio de Defensa serán absorbidos por la SIDE, ya que si bien los medios materiales pasarían a las Fuerzas Armadas, no es seguro que ocurra lo mismo con el personal”.

Otras voces, en cambio, advierten que “es un error militarizar la inteligencia de defensa, dado que se suprime la instancia de producción de inteligencia a nivel ministerial, que actúa como una guía y referencia gubernamental” para las políticas del área.

La fuente explicó, así, que la intervención del Ministerio de Defensa “supone evaluaciones de carácter estratégico y político en materia de defensa”. Además, observó que no se aplica el mismo criterio en el área de Seguridad, donde permanecerá la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

Un alto oficial de experimentada trayectoria dijo a que el presupuesto sale del funcionamiento de las propias fuerzas, como cualquier Unidad, pero existen, además, fondos reservados que se manejan a nivel de la conducción superior de la especialidad.

Las Fuerzas Armadas guardan bajo siete llaves el número y las identidades de las personas destinadas al área de Inteligencia. En rigor, la cantidad varía, en función de la incorporación anual de civiles y militares a esta especialidad, a la que los oficiales y suboficiales del Ejército llegan luego de formarse en las armas tradicionales, como infantería, caballería, artillería y comunicaciones. Lo mismo ocurre en la Armada y en la Fuerza Aérea.

Son cuadros asignados a las unidades militares, a la Dirección General de Inteligencia de cada fuerza y a los comandos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que también se nutren de personal civil, lo que conforma una estructura grande, distribuida orgánica y territorialmente.

En los tiempos de Milani se promovió la formación de unidades de nivel táctico, compañías y secciones de Inteligencia, incluso, en lugares alejados de las grandes ciudades. Muchos civiles son destinados a las direcciones generales de Inteligencia y, por lo general, cumplen tareas de analistas, asumen roles de servicio de custodia de los jefes de las fuerzas y desempeñan tareas administrativas.

Además, varios militares enviados a misiones en el exterior cobran sus remuneraciones con partidas del área de Inteligencia.