Con la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei estudia la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para lunes 2 de febrero, según reveló una inobjetable fuente a Infobae. Si bien resta más de un mes para la fecha, la posibilidad está siendo discutida por la mesa chica del mandatario que evalúa otras opciones, aunque con menor fuerza.

El mandatario aspira a que el Congreso trate el proyecto de Reforma Laboral y la Ley de Glaciares, un reclamo central de los gobernadores, para completar el temario enviado a principios de diciembre por lo que ya estudia las opciones para extender las sesiones extraordinarias. La “modernización” laboral configura una obsesión para la administración libertaria que se vio obligada a posponer su debate legislativo.

A principios de febrero, la flamante jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, trabajará para repetir la fórmula que le permita sumar un nuevo acierto legislativo luego de que cerrar el 2025 con la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Para la tarea, la mesa negociadora que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que incluye al ministro del Interior, Diego Santilli; a los primeros Eduardo “Lule” y Martín Menem; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, deberá doblegar esfuerzos para conquistar los respaldos necesarios para dar cumplimentar a los deseos del libertario.

Si bien el lunes 2 de febrero destaca entre las posibilidades, una fuente legislativa reveló que aún madura el debate para la extensión de las sesiones. Arruinadas las intenciones que pregonaba el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de sesionar en enero, estudian la posibilidad de llaman el lunes 19 de enero, para organizar las asistencias, y dar inicio a las comisiones el mismo 2 de febrero. “Tal vez se pueda replicar algo similar a lo que pasó esta vez. Se llamó el 10, pero recién arranco la actividad a la otra semana”, ejemplificaron ante este medio.

A principios de este mes, el Gobierno Nacional delimitó un temario acotado que incluía seis proyectos de los cuales sancionó dos y dictaminó otros tres. Pese a las manifiestas intenciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, finalmente no enviarán durante las sesiones extraordinarias la actualización del Código Penal. Según argumentan fuentes involucradas, se trata de un proyecto extenso que requerirá meses de debate y el que aún resta ser pulido.

En su debut en traje legislativo, Bullrich logró el dictamen de la reforma laboral y las modificaciones en la Ley de Glaciares, pero pospuso su tratamiento para el 10 de febrero.

NOTICIA EN DESARROLLO

Nicolás Pizzi,Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,Conforme a

El Gobierno prevé volver a convocar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero, con el objetivo de retomar el tratamiento de la reforma laboral y de las modificaciones a la Ley de Glaciares. Se trata de la fecha que tiene en carpeta el Ejecutivo para retomar la actividad legislativa. Lo definió en reuniones de este lunes.

En la Casa Rosada tienen previsto que el presidente firme el decreto que oficializa la convocatoria en la última semana de enero. La intención de la mesa política de Balcarce 50 es acelerar las negociaciones con los legisladores y gobernadores aliados durante enero para llegar al Congreso con acuerdos macro.

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La reforma laboral ya cuenta con dictamen, pero no llegó al recinto porque el oficialismo definió priorizar la sanción del Prespuesto 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal, que promueve el uso de dólares del “colchón”. Los cercanos al jefe de Estado no descartan cambios en el texto que modifica el régimen del trabajo para lograr su sanción.

“Todo lo que no tenga que ver con la creación de empleo puede quedar afuera”, agregan. Los interlocutores oficiales mantienen la postura igualmente de que no planean convocar a las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) para negociar en el corto plazo y le bajan el tono a la posibilidad de que se convoque a un paro general.

En el Gobierno reconocen que los cambios tributarios de la reforma laboral implican un costo fiscal estimado en torno al 0,5% del PBI, pero apuestan a que el impacto sea compensado por un aumento de la formalidad y del empleo registrado. Según proyecciones privadas, ese porcentaje equivale a una merma de ingresos cercana a US$3500 millones anuales.

Es una cifra que es superior a las estimaciones difundidas que se concentraron en el impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y lo ubicaron en torno a US$2500 millones por año. Se trata de la reasignación del 3% de las contribuciones patronales desde el sistema previsional hacia un fondo destinado a financiar indemnizaciones por despido.

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Los rendimientos quedan exentos del impuesto a las ganancias y del IVA, con excepción de las comisiones. Es la parte del articulado que más le interesa al Ejecutivo porque buscan recapitalizar el mercado local a través de la inversión de ese monto. El documento que la Casa Rosada envió al Senado abarca además otros cambios tributarios.

Contempla la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativo, la exención de ese tributo sobre la venta de inmuebles por parte de personas humanas, la ampliación de exenciones para ciertos rendimientos financieros, la devolución acelerada del saldo técnico de IVA para medianas inversiones y la eliminación de varios impuestos internos selectivos.

El Gobierno argumenta que una pérdida de US$3500 millones -equivalente a 0,5% del PBI— no pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas si se cumplen las metas del Presupuesto 2026. Según las proyecciones oficiales, el Tesoro prevé un superávit primario cercano al 1,5% del PBI, lo que permite absorber ese costo sin incurrir en déficit.

La apuesta del Ejecutivo se basa en que la reforma laboral reduzca el costo del empleo formal, incentive la registración y eleve la base imponible, lo que permitiría compensar parte de la baja inicial de ingresos con mayor recaudación por IVA, Ganancias y aportes sociales. El sector menos optimista del oficialismo advierte que el impacto puede ser “muy lento”.

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En la Casa Rosada descartan por el momento enfocar los esfuerzos en negociar otras iniciativas como el nuevo Código Penal o el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La estrategia oficial es avanzar de manera escalonada, priorizar las reformas vinculadas a lo económico e intentar evitar choques con aliados.

En Balcarce 50 admiten que la estrategia fiscal está atada a una secuencia política y económica más amplia. Es por eso que definieron fragmentar la reforma tributaria y avanzar primero con los cambios incluidos en la reforma laboral, mientras postergan un rediseño integral del sistema impositivo -como la modificación del IVA, la eliminación del impuesto al cheque y cambios en la coparticipación- por falta de margen fiscal y consenso político.

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